Crímenes y ética en la guerra urbana…séptima parte.

Introducción. El famoso filósofo de la guerra Carl von Clausewitz sugirió que la guerra es “la continuación de la política por otros medios.” Seguramente, como descripción, este concepto es de gran alcance: la guerra la promueve un gobierno, usando violencia en vez de medidas pacíficas, para resolver problemas políticos. Esta noción de Clausewitz parte de la definición general de la guerra como “acto de violencia provisto para obligar a un opositor a satisfacer la voluntad de otro. La guerra”, dice, “es como un duelo”, pero en “una escala extensa.” Como Michael Gelven ha escrito más recientemente, la guerra es intrínsecamente extensa, comunal (o política) y violenta. Es un conflicto armado, extenso y deliberado entre comunidades políticas, motivadas por un desacuerdo sobre un asunto o asuntos de gobierno. De hecho, puede ser que, como dice Clausewitz, la guerra si es la continuación de la política por otros medios; la guerra es sobre la misma cosa que crea la política, el gobierno en sí mismo.

La guerra es el uso intencional de la fuerza para resolver conflictos sobre y de los gobiernos. Como vemos se presumen en estas acepciones que dicha actividad (o actividades) son legítimas que lo quiere decir es que surgen por decisiones autorizadas en derecho por los cuerpos que la proponen. Sin embargo, ¿son todas las guerras verdaderamente ‘legales’? ¿Qué consideración, si alguna, se merece el que el objetivo o la intención que promueve la operación militar sea, o en su defecto no sea, en el beneficio justo y prudente de la comunidad? ¿Qué rol o valor tienen los intereses genuinos de las partes implicadas, afectadas o atacadas? ¿Qué significa o cómo se caracterizan los delitos y crímenes en el escenario de un conflicto militar o de guerra?

La guerra es, de hecho, un gobierno enfrentado en un proceso adversativo aparentemente insalvable mediante otros medios. En última instancia, la guerra es profundamente antropológica: qué grupo de personas dice lo que se decide en un territorio dado. Tres tradiciones del pensamiento dominan la ética de la guerra y de la paz: Realismo; Pacifismo; y la Guerra justa (o como igual se llama Derecho internacional).

Quizás hay otras perspectivas posibles pero parece que muy pocas teorías tienen mayor éxito o popularidad. Son claramente hegemónicas a este respecto. Para discutir los elementos centrales de cada tradición veamos las diferencias conceptuales básicas entre “las tres” perspectivas grandes. La base, y el polémico asunto de la teoría de la guerra es que, a veces, los estados pueden tener justificación moral para recurrir a la fuerza. La guerra es, a veces, pero por supuesto no todo el tiempo, moral. La idea aquí no es que la guerra es simplemente política o prudente. Es supuestamente un uso ético apropiado de la violencia política.


La guerra. La Segunda Guerra Mundial, en el lado aliado, se plantea como el ejemplo definitivo de una Guerra justa. El realismo, por el contrario, plantea con escepticismo el uso de conceptos morales, tales como la justicia, a los problemas dominantes de la política exterior. El poder y la seguridad nacional, para los realistas, motivan a los estados durante tiempos de guerra y las súplicas morales son, si acaso, solo optimismo a ultranza. La doctrina de la moralidad de la guerra es retórica pura: la ética no tiene nada que hacer con el mundo de la política global, donde solamente el fuerte y el astuto sobreviven. Un país debe tender a sus intereses vitales de seguridad, influencias sobre otros, y aspectos económicos de crecimiento,y no a los ideales morales.

El pacifismo no comparte el escepticismo del realismo. Para el pacifista puro, los conceptos morales se pueden y deben aplicar a los asuntos internacionales. Tiene sentido preguntar si una guerra es significativa como un imperativo moral que va por encima de cualesquiera circumstancias o hechos. Pero el resultado de tal uso normativo, en el caso de la guerra, es siempre que la guerra no debe ser emprendida. Donde está a veces permitida la teoría de la Guerra justa con respecto a guerra, para el pacifismo es siempre prohibitivo. Para el pacifista, la guerra es siempre incorrecta; siempre, supuestamente, puede haber una mejor resolución al problema que la lucha.

Para efectos del objetivo de este esfuerzo no habremos de ahondar extensamente sobre la perspectiva pacifista. Solo debemos anotar, que como en cualquier otro cuestionamiento, su respuesta es rechazo total a los hechos bélicos per sé que como parte de su ‘praxis’ sugieren medios de desobediencia civil y expresiones de protesta como método de expresión y movilización.








La teoría de la Guerra justa.
Es probablemente la perspectiva más influyente en la ética de la guerra y de la paz. La tradición de la Guerra justa ha gozado de un pedigrí largo y distinguido, incluyendo personas notables tales como Augustine, Aquinas, Grotius, Suárez, Vattel y Vitoria. Hugo Grotius es probablemente el miembro clásico más comprensivo y más formidable de la tradición; James T. Johnson es el historiador autoritario de esta tradición; y muchos reconocen a Michael Walzer como el decano de los teóricos de la guerra contemporánea. Muchos acreditan a Augustine con la fundación de la teoría de la Guerra justa. Como Johnson observa, la teoría de la Guerra justa en los orígenes apenas es una síntesis del pensamiento Greco-romano clásico, (así como cristiano). Si tenemos que “nombrar nombres”, los fundadores de la teoría de la Guerra justa son probablemente Platón, Aristóteles, y, Cícero, entre otros.

Muchas de las reglas de la Guerra justa se crearon por tradición y se codificaron en el Derecho internacional contemporáneo que gobernaban los conflictos armados, tal como la carta de Naciones Unidas y las convenciones de La Haya y de Ginebra. La tradición ha sido así doblemente influyente, dominando guerras con un discurso moral y legal. Fija el tono, y los parámetros, para la gran discusión. La teoría de la Guerra justa se puede dividir en tres porciones, que en la literatura se refieren, por conveniencia, en latín.


Estas son: 1) ) jus ad bellum, que se refiere a la justicia de la guerra en su inicio; 2) ) jus in bellum, que se refiere a la justicia de la conducta dentro de la guerra, después de que haya comenzado; y 3) jus post bellum, que se refiere a la justicia de los acuerdos de la paz y a la fase de la terminación de guerra.

(Para efecto de esta entrada no trataremos el Jus post bellum.)

(Para información al respecto ver: http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/776mf3/$File/irrc_864_Canizzaro.pdf)

Jus ad bellum. Las reglas de jus ad bellum tratan, sobre todo, a los jefes de estado. Puesto que los líderes políticos son los que incian las guerras, ordenando sus fuerzas armadas en movimiento, deben ser responsables ante los principios del jus ad bellum. Si fallan en su responsabilidad, cometen crímenes de guerra. En la lengua de los querellantes de Nuremberg, los líderes que inician guerras injustas cometen “crímenes contra la paz.” Qué constituye un emplazamiento violento justo o injusto de la fuerza armada es definido por las reglas del jus ad bellum. Jus ad bellum afirma que, para cualquier emplazamiento violento justo, una comunidad política, o el estado, debe satisfacer ciertos requisitos:


Justa causa. Ésta es claramente la regla más importante; fija el tono para todo lo que sigue. Un estado puede poner en marcha una guerra solamente por la razón correcta. Las causas justas lo más frecuentemente mencionadas incluyen: autodefensa de un ataque externo; la defensa ; la protección de innocentes contra regímenes brutales, agresivos; y castigo por una fechoría extremadamente penosa. Vitoria sugirió que todas las causas justas estén incluidas bajo una categoría “de un agravio recibido.” Walzer, y la mayoría de los teóricos modernos de la guerra, hablan de la causa para recurrir a la guerra que es la resistencia de la agresión. La agresión es el uso de la fuerza armada en violación de algún otro derecho fundamental.

Hay dos clases de derechos fundamentales implicados aquí: los de los estados; y los de sus ciudadanos individuales. El derecho internacional afirma que los estados tienen muchos derechos, notablemente la soberanía política e integridad territorial. Afirma así que la agresión implica el uso de la fuerzas armadas,-ejércitos, marinas de guerra, fuerzas aéreas, infantes de marina, misiles-en violación de estos derechos. Los casos clásicos serían Alemania nazi en Polonia en 1939, e Iraq en Kuwait en 1990, en donde el agresor utilizó sus fuerzas armadas para invadir otro territorio nacional, para derrocar su gobierno y establecer un nuevo régimen en su lugar.

Crucial es que la agresión hace que el agresor pierda su propio derecho de estado, permitiendo (legitimando) de tal modo la resistencia violenta. Un agresor no tiene derecho de no ser (contra)atacado; de hecho, tiene el deber de parar la agresión. ¿Pero por qué los estados tienen derechos? La única respuesta respetable parece ser que necesitan estos derechos para proteger a su gente y ayudar a proveerles sus derechos humanos.


Como John Locke, y los fundadores de los EU, declararon: la gente instituyen a los gobiernos para realizar derechos fundamentales de la gente. Los gobiernos así pues, son legítimos; si no, no tienen ni derecho ni razón de existir. Esto es vital: desde el punto de vista moral, solamente los gobiernos legítimos tienen derechos, incluyendo el de ir a la guerra.

Necesitamos una teoría del gobierno legítimo para fundamentar la teoría de la Guerra justa, y Aquinas quizás vio esto más claramente que cualquier otro de la tradición clásica. Esta conexión con la legitimidad es constante en la perspectiva de la guerra ofrecida hasta ahora: la guerra, es un choque violento sobre cómo un territorio y su gente deben ser gobernados. De acuerdo con el derecho internacional (véase Roth), hay tres criterios básicos para que un gobierno sea legítimo. Si se cumplen estas condiciones, el estado tiene derecho de gobernar y estar en paz.

Estas son:
Primero, el estado es reconocido como legítimo por su propia gente (la constitución como fuente de derecho) y por la comunidad internacional. Hay una paz y un orden general dentro de esa sociedad, y el estado no es rechazado por el resto del mundo.

En segundo lugar, el estado evita violar los derechos de otros estados legítimos. Particularmente, gobiernos legítimos no agreden a otras sociedades.


Finalmente, los estados legítimos hacen cada esfuerzo razonable para satisfacer los derechos humanos de sus propios ciudadanos, notablemente los derechos a la vida, libertad y subsistencia. Los estados que fallan en uno de estos criterios no tienen derecho de gobernar o de ir a la guerra. Podemos hablar de los estados que satisfacen estos criterios como legítimos, o las comunidades políticas.

¿Por qué necesitamos hablar de estos derechos? Primero, dar al estado legitimidad moral y evitar crear un supuesto derecho de estado para satisfacer motivos ilegítmos como por ejemplo de una exigua minoría autocrática (dictaduras y ‘apartheid‘). En segundo lugar, describir la agresión y como justifica la guerra en respuesta. La agresión es tan seria porque implica la imposición de la fuerza física y la violación de los derechos más elementales de la gente y sus comunidades: poder sobrevivir; estar físicamente seguros; tener bastantes recursos para subsistir; vivir en paz; y a elegir para sí mismos sus propias vidas y sociedades. La agresión ataca la misma espina dorsal de la civilización humana. Tercero, el discurso de la legitimidad es esencial para explicar la justicia en una guerra.

La clave a discernir la moralidad en tales casos gira alrededor de la idea de la legitimidad: ¿cuál es la justicia mínima?







La agresión es el uso de la fuerza armada en violación de los derechos fundamentales de otro. Ese “otro” puede ser: a) otra persona (delito violento); b) otro estado (internacional o agresión “externa”); o, c) mucha otra gente dentro o “interna” de la comunidad.

La agresión, en ninguno de estas formas, hace al agresor perder sus derechos. El agresor no tiene derecho de impedir encontrarse opuesto a la fuerza defensiva del agredido, de hecho, el agresor tiene el deber de detener (la agresión) y no someterse al castigo (de parte del agredido). Si el agresor no logra detener su agresión, la defensa del agredido o repeler la agresión, es enteramente permitido, es legítimo que las víctimas recurran a la fuerza para protegerse a sí mismos y es legítimo que cualquier persona vaya en la ayuda de las víctimas.

Planteado de esta manera Israel si le asiste inicialmente un derecho a defenderse de los ataques de Hamas pero siquiera como argumento Hamas puede plantear que por ejemplo el bloqueo salvaje que cercaba a Gaza puede haberle otorgado a su vez un derecho a luchar por zafarse del yugo. Igual como veremos hasta ahora hemos solo planteado el Jus ad bellum, cuestionamientos previos a la guerra.

Bajo el derecho internacional, hay dos maneras distintas de mirar la guerra- porqué se lucha y cómo se lucha. En teoría, es posible romper todas las reglas mientras se lucha una guerra justa o hasta en una guerra injusta mientras que se adhiere a las leyes del conflicto armado. Por esta razón, las dos ramas de la ley son totalmente independiente de una otra.

El Jus ad Bellum es el título dado al concepto legal que define las razones legítimas por las que un estado puede declarar una guerra y se enfoca en ciertos criterios que caracterizan una Guerra justa.

La doctrina legal moderna principal de Jus ad Bellum se deriva de la carta de las Naciones Unidas, que declara en el artículo 2: “Todos los miembros se refrenarán en sus relaciones internacionales de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o de cualquier otra manera contraria con los propósitos de los Naciones Unidas”; y en el artículo 51: “Nada en la actual carta deteriorará el derecho inherente de la autodefensa individual o colectiva si un ataque armado ocurre contra un miembro de los Naciones Unidas.”

Jus en Bello, por el contrario, es el concepto legal que entra en efecto una vez una guerra ha comenzado. Su propósito es regular cómo se luchan las guerras, sin prejuicio alguno para las razones de cómo o de porqué habían comenzado. Tanto una parte dedicada a una guerra que podría ser definida injusta (por ejemplo, la invasión agresiva de Iraq de Kuwait en 1990) todavía tendría que adherirse a ciertas reglas durante el proceso de la guerra, tanto e igual que el lado dedicado a enderezar la injusticia inicial.












Esta doctrina es basada en la ley tradicional (consuetudinario), en prácticas reconocidas de la guerra, así como en tratados (tales como regulaciones de La Haya de 1899 y 1907), que precisan las reglas para la conducta de hostilidades. Otros documentos principales incluyen las cuatro convenciones de Ginebra de 1949, que protegen a las víctimas- heridas (primeros); naufragos (en segundo lugar); prisioneros de guerra (tercero); y los civiles en las manos de un adversario y, en cierto modo, todos los civiles en los territorios de los países en el conflicto (cuarto) - y los protocolos adicionales de 1977, que definen los términos tales como combatientes, contienen provisiones detalladas de proteger los transportes médicos, y la defensa civil, y prohíben prácticas tales como el ataque indistinto.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y muchos eruditos, lo llaman derecho humanitario internacional para acentuar su meta de atenuar los excesos de la guerra y de proteger a civiles y otros no-combatientes. Pero los pensadores militares acentúan que las leyes de la guerra están extraídas directamente de las prácticas de la guerra en sí mismo, y sirven a los ejércitos del estado.

Doctrinas de lo que constituye una guerra justa fueron desarrolladas de la ley romana, encíclicas religiosas, teorías y práctica militar, teoría política moderna y filosofía, así como del derecho internacional y la jurisprudencia. Las raíces pueden ser remontadas a las fuentes morales, legales, e históricas clásicas e incluyen la tradición escolástica así como las nociones medievales del código de caballería y del honor.

Un discusión crítica en los Estados Unidos sobre la participación y la conducta en la guerra de Vietnam restablecieron teorías de la Guerra justa en el mundo occidental. La discusión era un intento de determinar si la participación de los EU en la guerra era injusta en origen o de la manera que era luchada. Nociones distintamente diversas pero significativas se presentaron en teorías comunistas en la guerra contra el fascismo en los años 30 y 40, la “liberación nacional” luchaba contra potencias coloniales después de la Segunda Guerra Mundial, y la “guerra santa” en el Islam moderno, por ejemplo, durante la guerra de Irán-Iraq. El “Jihad” se ha convertido en un cliché para la lucha de fuerzas musulmanes radicales contra sobretodo poderes occidentales.


Los criterios para clasificar a una guerra como justa, primero fueron resumidos por el filósofo holandés Hugo Grotius en el siglo XVII y en más viejos, medievales teólogos católicos, consisten en siete elementos:
(1) que sea una causa justa;
(2) que haya una autoridad correcta (sobreano legítimo) para iniciar la guerra;
(3) una intención correcta de parte de las partes usando fuerza;
(4) que la fuerza sea proporcional;
(5) que el uso de fuerza sea un último recurso;
(6) que la guerra se emprenda con la paz como su meta (no para un motivo personal o privado);
(7) y, que haya una esperanza razonable de éxito.

Más recientemente, la Guerra justa ha sido sustituida en gran parte por los principios contenidos en la carta de Naciones Unidas, que reafirma la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza. Aunque la conquista fue prohibida legalmente en Europa a mediados del siglo diecinueve (XIX), las potencias europeas compensaron realizando a conquistas en el resto del mundo. Dentro de Europa seguía siendo una parte del pensamiento, en gran parte prusiano, que continuó sosteniendo que la conquista era un principio de derecho válido que proporcionaba la causa para una guerra justa. Esta escuela de pensamiento perdió toda la legitimidad como resultado de la Segunda Guerra Mundial.








Hoy, la Guerra justa se entiende que significa lucha de autodefensa, según lo autorizado en el artículo 51 de la carta de la ONU. Éste es el principio que ha sido bien definido y acentuado constantemente a través de la historia de la teoría de la Guerra justa. La Asamblea General de Naciones Unidas también ha precisado una definición comprensiva y terminante de la agresión ilegal y ha justificado la autodefensa. Una escuela de pensamiento surge de las luchas para la emancipación colonial. Los Naciones Unidas pasaron la aprobación de esta doctrina con las resoluciones de la Asamblea General de los años 60.

Crímenes de Guerra. El término crímenes de guerra evoca la letanía de los campos de concentración y de la limpieza étnica, de la ejecución de presos, de la violación, y del bombardeo de ciudades. Estas imágenes corresponden en gran medida a las definiciones legales del término. Los crímenes de guerra son las violaciones de las leyes de la guerra -o derecho humanitario internacional- e incurre en responsabilidad criminal individual. Mientras que las limitaciones de conducta en el conflicto armado datan por lo menos desde del guerrero chino Sun Tzu (siglo VI ac), los griegos clásicos estan entre los primeros en mirar las prohibiciones como cuestiones de derecho. La noción de crímenes de guerra por sí mismo apareció más completamente en el código hindú de Manu (circa 200 ac), e hizo eventualmente su aparicion en el dercho romana y europeo.

El primer juicio por crímenes de guerra se considera generalmente como el de Peter von Hagenbach, en 1474 en Austria condenado a la muerte por atrocidades de guerra. En la Primera Guerra Mundial, los estados habían aceptado que ciertas violaciones de las leyes de guerra -mucho de lo cual está tenido codificado en las convenciones de La Haya de 1899 y 1907- eran crímenes.

La carta del tribunal militar internacional en Nuremburgo de 1945 definió crímenes de guerra como "violaciones de las leyes o de las costumbres de la guerra," incluyendo asesinato, mal tratamiento o deportación de civiles en territorios ocupados; asesinato o mal tratamiento de prisioneros de guerra; matanza de rehenes; pillaje del público o de la propiedad privada; destrucción insensible de los municipios; y devastación innecesaria.


Las convenciones de Ginebra de 1949, codificaron el derecho humanitario internacional después de la Segunda Guerra Mundial, también marcaron la primera inclusión en un tratado humanitario de un sistema de crímenes de guerra. Cada una de las cuatro convenciones de Ginebra (heridos y enfermos en tierra, heridos y enfermos en el mar, los prisioneros de guerra, y los civiles) contiene su propia lista de delitos graves. La lista en su totalidad es: matanza voluntariosa; tortura o tratamiento inhumano (experimentos médicos incluyendo); voluntariosa causa de gran sufrimiento o lesiones serias al cuerpo o a la salud; la destrucción extensa y la apropiación de propiedad no justificada por necesidad militar y realizada ilegalmente e insensiblemente; obligar a un prisionero de guerra o a un civil que sirva en las fuerzas enemiga; voluntariosa privación de un prisionero de guerra o de un civil de los derechos de un juicio justo y regular; deportación o transferencia ilegal de un civil; confinamiento ilegal de un civil; y toma de rehenes.

El protocolo adicional I de 1977 amplió las protecciones de las convenciones de Ginebra para incluir cierta experimentación médica; hacer a civiles y lugares no-militares el objeto o las víctimas inevitables de ataques; el uso ilegal de la Cruz Roja o del emblema de la luna roja; transferencia de población al territorio ocupado; retrasos injustificables en la repatriación de prisioneros; apartheid; ataque contra monumentos históricos; y privar a personas de un juicio justo.


Bajo las convenciones de Ginebra y el protocolo adicional I, los estados deben procesar a las personas acusadas de delitos graves o entregarlas a un estado que quiere hacerlo. Las provisiones graves aplican solamente en conflictos armados internacionales; y se aplican solamente a los actos contra personas protegidas o durante actividades del campo de batalla. Las personas protegidas son, los combatientes generalmente heridos y enfermos en tierra y mar, combatientes prisioneros, y los civiles que se encuentran en las manos de un estado del cual no son nacionales.

Generalmente, en la intervención humanitaria, la ayuda de la comunidad internacional es esencial para una resistencia eficaz contra la agresión, puesto que las poblaciones domésticas están en una desventaja enorme, y vulnerables, a la violencia.

Algunas consideraciones adicionales. Prevención, previsibilidad y debido procedimiento. Vitoria dijo, sobre la posibilidad de procesos judiciales preventivos (previo a los hechos) que la acción judicial, para cumplir con el requisito de debido procedimiento, debe esperar los actos de facto, puesto que sería absurdo “castigar alguien para una ofensa que tiene todavía se tiene que confirmar.” Otros, como Walzer, se esfuerzan en definir los criterios excepcionales: la seriedad de la agresión anticipada; la clase y la calidad de la evidencia requeridas; la velocidad con cuál debe decidir; y la aplicación de la imparcialidad y el deber de proteger la gente.

La mejor defensa, como dicen, es una buena ofensiva. ¿Por qué dejar a un eventual agresor la ventaja del primer golpe? Pero: ¿puede usted atacar primero? y si es de esta manera, ¿el supuestamente potencial agredido se convierte en el agresor?










El derecho internacional, por su parte, prohíbe acciones militares preventivos con derecho preferente a menos que sean autorizadas claramente por adelantado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Aspectos de esta polémica son temas que han surgido en la consideración de los procedimientos 'de seguridad nacional' bajo el ‘Patriot Act’ tal como las detenciones extraordinarias, la suspensión de la Carta de derechos (garantías constitucionales) y el intrusivo sistema de vigilancia exento de supervisión jurídica. Lo cierto es que debemos reconocer siquiera mínimamente que la razonabilidad y prudencia ante un escenario de peligrosidad extrema de cierta manera tienden a sugerir alguna clase de programa de prevención basado en un sistema confiable de infracción previsible.

Lo planteado es un reto extraordinario poder compaginar ambos requisitos: el de las garantías constitucionales con el deber de cuidado que obliga al gobierno a proteger su comunidad. Las variantes de causales de conspiración siquiera en nivel teórico buscan de alguna manera proveer mecanismos en dicha dirección pero en la realidad es casi imposible, de manera sistemático y legal lograr evidencia apriori que supere las pruebas de admisibilidad.

Intención correcta. Un estado debe preponerse luchar una guerra solamente por causa justa. Tener la razón correcta de poner en marcha una guerra no es, sin embargo, bastante ni suficiente: la motivación real debe también ser moralmente apropiada.


La única intención correcta permitida es considerar la causa justa para recurrir a la guerra.

Si otra intención se presenta se presume prima face un caso de corrupción moral. El derecho internacional no incluye esta regla, probablemente debido a las dificultades evidenciarias en la determinación de un motivo estatal.

Declaración de la autoridad competente y del público. Un estado puede ir a la guerra solamente si la decisión ha sido tomada por las autoridades apropiadas, según el proceso apropiado, y tomada públicamente, notablemente incluyendo una consulta a sus propios ciudadanos (aunque sea mediante el recurso legislativo) y a los estados vecinos (ya sea mediante organismos multinacionales como la ONU o regionales como la OEA).

La “autoridad apropiada” se especifica generalmente en la constitución del país.

Último recurso. Un estado puede recurrir a la guerra solamente si ha agotado todas las alternativas plausibles, negociaciones y mediaciones pacíficas para intentar resolver el conflicto, particularmente la negociación diplomática.









La carta de la ONU reconoce el derecho de la autodefensa contra un ataque armado, y el derecho consuetidinario requiere que cualquier guerra emprendida en autodefensa sea limitada de modo que su grado sea proporcional a la amenaza.

Puesto que Gaza no es un estado independiente, y Hamas no es reconocido como gobierno legítimo, hay una cierta ambigüedad sobre cómo estas reglas se aplican. Sin embargo hay un acuerdo amplio que el lanzamiento repetido de cohetes de los militantes palestinos contra Israel cuenta como razón legítima de la acción israelí.

Es totalmente impugnable el grado de la ofensiva israelí de acuerdo al criterio de proporcionalidad en relación al objetivo 'justo' de parar los ataques de Hamas contra Israel. Podemos decir que este es un desgraciamente excelente ejemplo de como bajo una intención original justa se puede perder la legitimidad mediante una respuesta totalmente desproporcionada que para colmo ha atacado masivamente a civiles que no tienen ninguna relación causal con el agravio original.




Sin embargo, vale observar que la diferencia en víctimas civiles en ambos lados no es necesariamente evidencia suficiente del uso de fuerza desproporcionada (recordamos nuevamente el necesario elemento de intención vis a vis negligencia crasa y temerario). La doctrina distingue en la selección de armas, operaciones y el monto de la fuerza militar en aras de conseguir los supuestos objetivos legítimos.

Ni es obvio que las opciones militares habrían alcanzado la meta indicada. Por esta razón, parece más fácil sostener que la acción de Israel era miope, brutal, prejuiciado y potencialmente contraproducente, algo que viola claramente reglas internacionales de autodefensa.













En Gaza, Israel ha apuntado deliberadamente no sólo a los combatientes de Hamas y las instalaciones de cohetes, pero también a los miembros de las fuerzas de policía de Hamas (incluyendo un grupo de reclutas sin graduarse del curso preparatory), el ministerio interior, la estación de televisión controlada por Hamas, y la universidad islámica.

Israel piensa, evidentemente, que todos los miembros de Hamas, y cualquier facilidad usada para hacer cumplir su control físico o ideológico sobre Gaza, son objetivos justos. Es altamente cuestionable que incluyan ataques en zonas densamente de civiles no-combatientes. El artículo 3 (Ginebra) prohíbe el uso de la violencia contra cualquier persona “que no toma ninguna parte activa en las hostilidades”, y se conviene extensamente que también prohíbe el alcance de los civiles que no están participando directamente en hostilidades. La interpretación exacta que se debe dar a este concepto (el Comité Internacional de la Cruz Roja publica un informe sobre el tema) comúnmente acepta inclusive excluir a los miembros de las alas políticas de los de los grupos armados, cuando son claramente distintos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su estudio reciente, demandó que los ataques indistintos y desproporcionados fueran prohibidos en conflictos armados. El portavoz para la agencia de ayuda humanitaria de la ONU en Gaza, Christopher Gunness, dijo que la organización estaba “99.9% seguros” que no había habido militantes o actividad militar dentro de la escuela de la ONU que fue atacada. La agencia también acentuó que todas sus escuelas y otras instalaciones fueron marcadas claramente y había sido proporcionado (información pertinente) a las fuerzas de defensa de Israel.



Algunos sostendrían que los principios de humanidad requerirían que Israel no bombardee una localización civil. Pero un portavoz israelí, Mark Regev, alega que los militantes palestinos son responsables porque habían utilizado a los civiles como “escudos humanos” para intentar hacer sus propias posiciones inmunes de ataque.

Es verdad que el uso de escudos humanos probablemente está prohibido extensamente. Aunque mucha gente pueda creer que Hamas ha violado esta disposición, la regla se expresa en contra de operaciones militares dentro de áreas civiles a menos que sea la única opción disponible y el objeto de la acción se justifica de alguna manera. Pero los aspectos que disturban del conflicto van más allá de estas violaciones potenciales de la ley, y parecen arraigados en la naturaleza esencial de la animosidad, en la cual las tácticas israelíes implican posiblemente agendas y programas ilegítimos (terrorismo de estado) que pueden tener visos fuertes de genocidio y de lesa humanidad.









Conclusión preliminar. Si repasamos los diferentes articulados y disposiciones vigentes (los planteados en las partes 5-6), si estudiamos las doctrinas que inciden en el escenario bélico a gran escala (parte 4-6), si escuchamos los testimonios que se han ofrecido (partes 1-3, et al.) y hacemos el necesario ejercicio de aquilatar de entrada la voluminosa oferta de prueba física y documental (partes 1-6, et al.), en fin si hacemos caso de las miles de voces que claman por justicia y paz, tenemos que al menos insistir en la necesidad imperiosa de celebrar un proceso judicial independiente y eficiente.

Sugerencia- Entra al portal de Amnistia Intenacional, sección especial dedicada a Gaza; contiene un llamado a la acción de procesar por delitos militares y violaciones al derecho humanitario internacional a Israel:

http://www.amnesty.org/es/gaza-crisis






Veamos algunas partes de prensa recientes:

Según Olmert, Israel actuó dentro del derecho

TEL AVIV. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que Israel actuó "en conformidad con el derecho internacional" durante la ofensiva militar contra Hamas en la Franja de Gaza, que dejó más de 1.300 muertos palestinos, más de la mitad civiles, y aseguró que dará protección estatal al personal militar ante posibles acusaciones extranjeras.

Israel "actuó en absoluta conformidad con el derecho internacional e hizo todo lo posible para evitar golpear a inocentes", dijo el primer ministro al abrir la sesión semanal del Consejo de Ministros. Olmert encomendó al ministro de Justicia, Daniel Friedman, la tarea de enfrentar las acusaciones por la acción militar israelí en la Franja de Gaza, ante las iniciativas internacionales que intentarán responsabilizar a los militares israelíes de "crímenes de guerra", por los 1.300 muertos palestinos y 5 mil heridos que dejó el operativo Plomo Fundido, luego de semanas de ocupación.

Luego de finalizada la operación militar, que comenzó el 27 de diciembre, protestas públicas en varias capitales del mundo reclamaron por el alto número de civiles muertos mientras funcionarios de Naciones Unidas demandaron investigaciones independientes sobre si Israel cometió "crímenes de guerra".

También el organismo defensor de los derechos humanos Amnistía Internacional denunció el uso de municiones de fósforo blanco -que pueden causar quemaduras extremas- , por parte del ejército israelí, en áreas edificadas en la Franja, lo que según AI constituye un crimen de guerra, informó el diario el País en su edición digital.

El gobierno israelí, sin embargo, aseguró que usó en Gaza sólo armas dentro de los límites de la ley internacional. En tanto, la organización para la resistencia islámica Hamas se declaró dispuesta a negociar un alto el fuego con Israel de máximo 18 meses, según informó en El Cairo el representante de esa organización palestina, Aiman Taha.
Taha precisó al canal de noticias en árabe Al Arabiya que su organización "no está dispuesta a aprobar un alto el fuego indefinido", informó la agencia ANSA.

Las declaraciones de Taha se produjeron luego que una delegación de Hamas y otras facciones palestinas se reunieran en El Cairo con representantes egipcios con el objetivo de continuar las conversaciones sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza, según informó la agencia oficial de noticias local MENA.

http://www.elsigloweb.com/portal_ediciones/676/portal_notas/30399-segn-olmert-israel-actu-dentro-del-derecho

Israel protegerá a sus soldados de denuncias contra los derechos humanos
26.01.09 - LAURA L. CARO
GAZA. El Estado de Israel ha empezado a dar preocupantes síntomas de nerviosismo ante la avalancha de iniciativas internacionales que están acusando a su Ejército de haber cometido crímenes de guerra en Gaza. El Consejo de Ministros presidido por Ehud Olmert aprobaba ayer un proyecto de ley que garantizará defensa legal a cualquiera de sus militares que pudiera verse obligado a responder por este tipo de delitos en tribunales extranjeros, o ser arrestado cuando salga de Israel.

La medida acordada por el Gabinete ha llegado acompañada de una recomendación a los oficiales para que se lo piensen dos veces antes de viajar a Europa, todo ello en función de un mapa de riesgos definido por las autoridades judiciales hebreas, en el que se advierte que podrían afrontar órdenes de arresto y juicio en países como España, Reino Unido o Francia.

La reacción política se producía ayer, no obstante, a remolque de la decisión del censor militar, que esta semana ya mandaba a los medios de comunicación borrar los rostros de los comandantes del Ejército en las fotos y vídeos de la ofensiva perpetrada en Gaza, para evitar que puedan ser identificados o detenidos fuera de Israel. En paralelo, el Ministerio de Defensa ha designado a un coordinador jurídico, ante el que deberán registrarse todos los uniformados que aparecieron en prensa con sus nombres y apellidos entre el 27 de diciembre y el 18 de enero, con objeto de que puedan ser convenientemente alertados en caso de que se presente una denuncia contra ellos.

Tras la reunión de su Ejecutivo, Olmert proclamó que habrá «pleno apoyo para cualquiera que haya luchado por Israel y en nombre de Israel», al tiempo que atribuía las acusaciones sobre crímenes de guerra a las «tácticas diplomáticas moralistas» de grupos que «intentan ajustar cuentas con este Estado». De sus Fuerzas Armadas dijo que son «el Ejército más moral del mundo».

En contra de ello, colectivos como Human Right Watch ya han documentado en Gaza el uso «indiscriminado» de fósforo blanco en zonas densamente pobladas y de artillería de 155 milímetros «que puede ser letal en un radio de 350 metros».

http://www.eldiariomontanes.es/20090126/internacional/destacados/israel-protegera-soldados-denuncias-20090126.html

Israel defenderá a militares si los acusan de crímenes de guerra

El primer ministro de Israel Ehud Olmert anunció el domingo la formación de un equipo legal especial para defender a soldados israelíes contra potenciales acusaciones de crímenes de guerra, tras la devastadora ofensiva de tres semanas en la Franja de Gaza donde murieron 1.285 palestinos, de los cuales por lo menos la mitad eran civiles, según el Centro de Derechos Humanos Palestino.

La gran cantidad de civiles muertos ha causado preocupación en el gobierno israelí, pues tribunales internacionales podrían considerar esas muertes como crímenes de guerra.
El ejército israelí ha dicho que fueron los milicianos del movimiento Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, quienes causaron esas muertes al lanzar ataques desde áreas residenciales. En total, 13 israelíes, entre ellos tres civiles, murieron en el curso de la ofensiva. Algunos de los soldados israelíes fueron víctimas de las balas de sus propios compañeros.

Olmert dijo durante la reunión semanal de gabinete que el ministro de Justicia de Israel encabezará un equipo de funcionarios que coordinarán la defensa legal de cualquier militar involucrado en la ofensiva.

"El estado de Israel respaldará plenamente a aquellos que actuaron en su defensa", dijo Olmert. "Los soldados y comandantes que fueron enviados a misiones en Gaza deben saber que están protegidos de la acción de varios tribunales".

Además de los civiles palestinos muertos, Israel fue muy criticada por usar fósforo blanco en sus ataques.

Ese químico causa graves quemaduras en la piel y en ocasiones ceguera. Naciones Unidas denunció además que proyectiles de artillería israelíes dañaron escuelas e instalaciones de la organización que habían sido acondicionados para servir de refugio a los civiles.

Decenas de personas murieron en esos ataques.
Grupos de defensa de los derechos humanos israelíes, palestinos e internacionales han dicho que piensan presentar una demanda acusando al ejército de Israel de violar las leyes de guerra. Esos grupos también han acusado a Hamas de usar a civiles como escudos humanos y de disparar cohetes contra poblaciones civiles en Israel.

Como otra medida de precaución, el censor militar de Israel prohibió publicar los nombres o fotografías de comandantes que participaron en la ofensiva en Gaza.

Por otra parte, Hamas inició el domingo su primera semana de vuelta en el poder, operando desde oficinas provisionales debido a que la mayoría de sus edificios administrativos fueron bombardeados.

El grupo informó que distribuirá 52 millones de dólares para ayudar a las personas afectadas por las tres semanas de ofensiva militar israelí en contra del movimiento Hamas, que dejó destruido un buen sector de la Franja de Gaza.

Las compensaciones monetarias por la pérdida de familiares o de daños en sus casas podrían provenir de sus propios fondos, indicó el movimiento Hamas, hasta que la ayuda prometida por donantes internacionales pueda llegar a la Franja de Gaza.

Hamas recibe millones de dólares en fondos de parte de Irán y de simpatizantes en todo el mundo, dinero que es introducido de contrabando a ese territorio aislado a través de túneles.

En El Cairo, una delegación de Hamas propuso el domingo una tregua de un año con Israel y la apertura de los cruces hacia la Franja de Gaza.
En una nueva ronda de reuniones diplomáticas para afianzar el frágil cese al fuego en el territorio palestino, el funcionario Ayman Taha de Hamas dijo a periodistas que autoridades egipcias le comunicaron a su delegación un planteamiento de Israel para instalar una tregua de año y medio con la apertura parcial de la frontera.
Hamas rechazo el planteamiento y en cambio propuso su plan, que será examinado por el liderazgo del grupo en Damasco, indicó Taha, citado por la agencia egipcia oficial de noticias MENA.

En Jerusalén, la Suprema Corte de Israel aceptó una queja de la Asociación de Prensa Extranjera y ordenó al gobierno israelí que permita el acceso libre de corresponsables extranjeros a Gaza.

La APE, que representa a periodistas en Israel y los territorios palestinos, denunció que el gobierno de Israel les había prohibido el ingreso durante la ofensiva en Gaza.

El periodista de Associated Press Salah Nasrawi en El Cairo contribuyó en la información.

http://noticias.prodigy.msn.com/Landing.aspx?cp-documentid=17138801

Gobierno israelí garantiza ayuda legal frente a denuncias por crímenes guerra

El Gobierno israelí garantizará defensa legal y política para cualquiera de sus militares que sea denunciado fuera del país por crímenes de guerra en la reciente ofensiva militar en Gaza, en la que murieron unos 1.400 palestinos.

En una resolución aprobada hoy por el Consejo de Ministros, que preside Ehud Olmert, el Gobierno garantiza que no dejará a su suerte a ninguna de las personas que participaron en esa ofensiva, si algún tribunal fuera de Israel decidiera abrir una causa por este tipo de crímenes, se informó en un comunicado oficial.

'Israel dará todo su apoyo a cualquier persona que haya actuado en nombre del Estado o enviada por él. Los comandantes y soldados que estuvieron en Gaza deben saber que están seguros frente a estos tribunales', afirmó Olmert al iniciar la sesión del Consejo.

Propuesta por el ministro de Defensa, Ehud Barak, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General, la nueva ley trata de hacer frente a los temores de muchos militares de ser procesados en tribunales extranjeros o ser arrestados cuando salgan de Israel.

El Ministerio de Defensa ordenó a todos los uniformados que hayan aparecido en medios de prensa con nombre y apellido entre el 27 de diciembre y el 18 de enero, período de la ofensiva militar, que informen a un coordinador jurídico designado especialmente para poder alertarles de posibles demandas.

Numerosos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han acusado estas últimas semanas a Israel de haber cometido crímenes de guerra en Gaza y exigieron la apertura de procesos judiciales tanto en tribunales internacionales como nacionales.

Según el 'mapa' definido por los autoridades judiciales de Israel, los países en los que militares israelíes podrían afrontar órdenes de arresto y juicio son España, Reino Unido, Francia y los nórdicos.

A estos países les recomiendan no viajar hasta que se aclare la situación, a la vez que sugieren a los militares que informen de sus futuros viajes para verificar con las embajadas israelíes si existen denuncias contra ellos.

Barak destacó que el Estado defenderá a todos sus militares tanto de amenazas en el extranjero como dentro de Israel, donde también hay organizaciones que exhortan a abrir un proceso por crímenes de guerra.

Según datos del Ministerio de Salud palestino en Gaza, unas 1.400 personas, más de la mitad civiles y cientos de ellos menores de edad, murieron en los bombardeos israelíes en Gaza, en la que fueron arrasados numerosos objetivos considerados civiles por el derecho internacional.

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/gobierno-israeli-garantiza-ayuda-legal-3027886.htm


Martes, 27 de Enero de 2009 HRW pide investigar presuntas violaciones del derecho internacional en Gaza
EFE - Human Rights Watch (HRW) pidió hoy la creación de una comisión de investigación imparcial que indague las supuestas violaciones del derecho internacional que pudieran haber cometido Israel y el movimiento radical islámico Hamás durante el reciente conflicto en Gaza.

La organización de derecho humanos aseguró en un comunicado que esta investigación es "esencial para que se aclaren los hechos más importantes y para recomendar mecanismos para depurar responsabilidades y conceder compensaciones a las víctimas".

"El Consejo de Seguridad y el secretario general (de la ONU, Ban Ki-moon) deberían lanzar una investigación independiente sobre las supuestas violaciones cometidas por ambos bandos", propuso el director adjunto de HRW para Oriente Medio y el Norte de África, Joe Stork.

Aseguró que es apremiante el inicio de las indagaciones para esclarecer lo sucedido durante la ofensiva de tres semanas que el Ejército israelí lanzó contra Hamás el pasado 27 de diciembre, y en la que murieron unas 1.300 personas.

HRW recordó que la investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, se limita a investigar las presuntas violaciones cometidas por militares israelíes y no contempla analizar la actuación de las milicias palestinas.

Ello, además del "pobre historial" de las investigaciones del Ejército israelí de sus propias acciones, hace imperativo la creación de una comisión internacional e independiente.

"Los civiles, de largo, fueron los que pagaron el precio más caro en este conflicto y se necesita una investigación independiente para asegurar que se alcanza la justicia y la depuración de responsabilidades a la que tienen derecho", agregó Stork.

La organización con sede en Nueva York pidió a los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que respalden la creación de una comisión del organismo compuesta por expertos y con el mandato de estudiar las acciones de todos los bandos.

Si el máximo órgano de la ONU se muestra reacio a actuar, entonces el secretario general debería tomar el relevo y establecer la investigación, según HRW.

"Por un lado el Consejo de Derechos Humanos actúa como si Israel fuera el único que merece ser criticado, y por otro EE.UU. a menudo ha impedido que el Consejo de Seguridad le exija responsabilidades a Israel", valoró Stork.

HRW recalca también en su comunicado que la ONG realiza su propia investigación de las presuntas violaciones del derecho internacional.

Las supuestas violaciones que investiga son el uso indiscriminado de artillería pesada en zonas pobladas, el uso de civiles como escudos humanos, los ataques e intimidaciones contra ambulancias y el lanzamiento de cohetes contra zonas residenciales, entre otros.

http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=269072

ONG israelíes piden que se investigue el trato "inhumano" dado a detenidos palestinos en Gaza

JERUSALEN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) - Siete organizaciones de defensa de los Derechos Humanos israelíes han presentado una denuncia ante el fiscal del Ejército hebreo, general Avichai Mendelbit, y el fiscal general, Menachem Mazuz, al que piden que se investigue el trato "inhumano" que según ellas recibieron algunos detenidos palestinos durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

En una carta enviada a los dos fiscales, las ONG, que incluyen a la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, el Comité Público contra la Tortura en Israel, B'Tselem y Médicos para los Derechos Humanos, afirman que los detenidos arrestados por los soldados israelíes sufrieron malos tratos bajo custodia.

Según los testimonios de algunos detenidos recabados por abogados que trabajan para el Comité Público Contra la Tortura, muchos de los detenidos permanecieron en agujeros en el suelo durante horas, mientras estaban esposados, con los ojos vendados y expuestos al mal tiempo, informa el diario 'Yediot Ahronot' en su edición electrónica.
"Fuimos esposados y nos taparon los ojos. Nos pusieron en un agujero de tres metros de profundidad junto con otras 70 personas", relató Majdi Muhamad Ayid al Atar, de 43 años y procedente del norte de Gaza. "Pasamos dos días ahí sin alimentos, agua ni mantas.

Tampoco nos dejaron ir al baño. Luego nos trasladaron a otro agujero y los soldados golpearon a todos los que se atrevieron a pedir algo", agregó.

Samir Ali Muhamad Atar, otro de los detenidos, explicó que "los soldados nos obligaron a bajar a un agujero y nos dejaron allí durante dos días, expuestos al frío y sólo el tercer día nos dieron a cada dos una manta para compartir". "Durante todo este tiempo estuvimos esposados y dormimos en el suelo", precisó.

Según las organizaciones denunciantes, los detenidos pasaron hambre y, "lo que es peor, algunos de ellos permanecieron recluidos cerca de tanques y en zonas de guerra en una flagrante violación del Derecho Internacional humanitario".

Ante estos testimonios, pidieron que se lleve a cabo una investigación independiente "para garantizar que este tipo de tratos no se repite" y anunciaron que se presentarán denuncias separadas sobre los casos específicos de tortura y abusos.

http://www.europapress.es/internacional/noticia-oproximo-ong-israelies-piden-investigue-trato-inhumano-dado-detenidos-palestinos-gaza-20090128140957.html

Israel se indigna por las acusaciones de crímenes de guerra

JERUSALÉN (AFP) — El anuncio de la justicia española de investigar a un ex ministro de Defensa israelí por crímenes de guerra presuntamente cometidos en la franja Gaza en 2002 y las críticas a la reciente ofensiva han sido acogidas con indignación en Israel.

Nadie niega que en 2002, y aún más durante la reciente ofensiva Plomo Endurecido, el ejército causó la muerte de civiles inocentes durante sus bombardeos masivos, pero estas muertes de "personas no implicadas", según la terminología utilizada, son calificadas en Israel de lamentables errores, para nada intencionados.

Los responsables incriminados y los dirigentes israelíes como el viceprimer ministro, Haim Ramon, acusan al mundo de "hipocresía" y afirman que el ejército toma muchas más precauciones en evitar "víctimas colaterales" que lo hacen las fuerzas de la coalición en Afganistán y en Irak o lo hicieron en el pasado los rusos en Chechenia o la OTAN contra Serbia.

La justicia española investiga al ex ministro de Defensa israelí Benjamin Ben Eliezer y a otros seis altos responsables militares por la muerte de 14 civiles y de un responsable militar de Hamas en 2002.

"Aquellos que nos dan lecciones de moral harían mejor en acusar a Hamas", responde Ben Eliezer.

"Todo este caso es político. El objetivo es ilegitimar a Israel", afirmó el viernes en la radio militar uno de los responsables incriminados, jefe del Estado Mayor en la época de Moshe Yaalon, hoy candidato del Likud (derecha) en las legislativas del 10 de febrero.

Es una acusación "delirante" indica por su parte Avi Dichter, el ex jefe del Shin Beth (servicio de seguridad interior) y ministro de la Seguridad Interior.

El ministro de Defensa, Ehud Barak, estimó que "cualquiera que designe como un crimen contra la Humanidad la eliminación de un terrorista vive en un mundo al revés".

La ministra de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Livni, llamó a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, para informarle de que Israel consideraba la investigación "con la mayor gravedad" para las relaciones bilaterales y reprochaba a la justicia española no haber esperado los resultados de una investigación israelí.

Pasaron cinco años antes que una "comisión de verificación" israelí fuera encargada, en 2007, de investigar la muerte de los 14 civiles durante el asesinato de Salah Chehadé, a petición de una organización pacifista israelí.

El 22 de julio de 2002, un F16 israelí tiró una bomba que mató junto a Salah Chehade, jefe del brazo armado de Hamas, a su mujer, sus ocho hijos y otros civiles.
Israel llevaba varias tentativas de asesinato en contra de Chehade, implicado en una serie de atentados antiisraelíes.

El juez madrileño Fernando Andreu aceptó a trámite la demanda del Centro Palestino para los Derechos Humanos sobre el bombardeo, que dejó heridos a otros 150 palestinos.

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jUj44B179b_GYNQek7jpV18BxDwQ