'The Right to Privacy' de Louis Brandeis y Samuel Warren
(4 Harvard Law Review 193 (1890)
Dedicado a Ivette Ramos Buonomo.
'Se hace camino al andar' (Machado). ROF
Un juez de la corte del distrito federal el pasado miércoles derogó la interdicción del estado de California sobre el matrimonio homosexual, planteando que la prohibición viola la Constitución de los E.E.U.U. La decisión, que se espera que sea apelada, representa la primera vez que un juez federal ha dictaminado que la Constitución de los E.U. protege el derecho de parejas del mismo sexo a casarse.
El juez de la corte de distrito federal Vaughn Walker indica que los parejas homosexuales disfrutan de un derecho fundamental a casarse. Este derecho, según Walker, es protegido por las cláusulas del debido proceso y de igual protección de las leyes de la Emnienda catorce.
ENMIENDA XIV (julio 9, 1868)
1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningun Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.
...
privacidad. ámbito de la vida que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.
intimidad. zona reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.
Perry v. Schwarzenegger, fue incitado por la Propuesta 8, una iniciativa electoral de 2008 en California que enmendó la constitución del estado para prohibir el matrimonio homosexual. Walker dijo que la Propuesta 8 no respondió a ninguÌn propósito real más allá de la discriminación contra parejas del mismo sexo. "La Propuesta 8 no hace nada más que afirmar que en la constitución de California la noción de que parejas hetereosexuales son superiores (en cuanto a derechos) a las parejas del mismo sexo" escribió, agregando: "Porque la Propuesta 8 evita que el estado de California satisfaga su obligación constitucional de proporcionar uniones en una base igual, la corte concluye que la Propuesta 8 es inconstitucional."
La Propuesta 8 había sobrevivido un desafío anterior en los tribunales estatales. Ese caso fue hasta el Tribunal Supremo de California, que, en mayo de 2009, dictaminó que la Propuesta 8 era válida.
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El derecho a la intimidad (privacidad).
Aunque la batalla judicial sobre matrimonio homosexual se arraigue, en parte, en la cuestión de si el estado y las constituciones protegen el derecho a la intimidad, la palabra "privacidad" nunca aparece realmente en la Constitución de los E.U. Sin embargo, la Constitución reconoce varios derechos referente a la intimidad. Por ejemplo, la Cuarta enmienda reconoce la importancia de los intereses de la privacidad cuando estipula que los ciudadanos "[e]l derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosimil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas." El gobierno no puede realizar "búsquedas y confiscaciones irrazonables." Además, la Novena enmienda abre la posibilidad de un derecho de privacidad más amplio cuando declara que "[n]o por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo." Lo expreso tiene que aparecer en la Declaración de Derechos.
El Tribunal Supremo primero puso el fundamento para un derecho a la intimidad ampliado temprano en el vigésimo siglo en Lochner v. New York (1905). En este caso, confió en la referencia a la "libertad" en la Enmienda XIV del debido proceso para derogar una ley del Estado de Nuevo York que limitaba el número de las horas que los panaderos podían trabajar cada semana. Según la mayoría de la Corte, la cláusula del debido proceso garantiza a los ciudadanos el "derecho fundamental", libre de la intromisión del estado, para firmar acuerdos laborales.
El razonamiento de Lochner animó muchas decisiones subsiguientes que forman lo que se conoce hoy como el derecho constitucional a la intimidad.
Quiero hacer un aparte para mencionar uno de los ensayos jurídicos más importantes de la literatura de dicho género. 'The Right to Privacy' de Louis Brandeis y Samuel Warren (4 Harvard Law Review 193 (1890)) define la protección de lo privado como el fundamento de la libertad individual en la edad moderna. Dado la capacidad cada vez mayor del gobierno, la prensa, y otras agencias e instituciones de invadir aspectos previamente inaccesibles de la actividad personal, sostuvieron que la ley debe desarrollarse en respuesta al cambio tecnológico. Para mantener el "derecho a la personalidad" frente a prácticas empresariales modernas y a invenciones, concluyeron que remedios legales deben ser desarrollados para hacer cumplir límites definidos entre la vida pública y privada. Se convirtió en uno de los ensayos más influyentes de la historia de la ley americana, Brandeis fue un campeón del derecho a la intimidad durante su estancia como miembro del Tribunal Supremo a partir de 1916 hasta 1939. Así, en su disenso famoso en Olmstead v. Estados Unidos (1928), Brandeis definió el "derecho a estar solo" como "el más comprensivo de los derechos, y el derecho más valorado por hombres civilizados." En otra nota en estos momentos de la sociedad de informaciones y comunicaciones los principios esbozados por Brandeis y Warren cobran vigencia renovada y sugiero que ameritan revisitarse.
Favor ver:
"The Right to Privacy" by Samuel Warren and Louis D. Brandeis.
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2007/06/right-to-privacy-by-samuel-warren-and.html
En una de tales decisiones (aparentemente influenciadas por Lochner), Pierce v. Society of Sisters (1925) se deroga una ley de Oregon que prohibía toda la educación privada porque dirige cómo los padres pueden educar a sus niños, infringiendo sobre el derecho fundamental de los padres a criar a sus niños como vean justo. En su opinión de mayoría, James Clark McReynolds enumera otros derechos garantizados por la cláusula del debido proceso, incluyendo "el derecho del individual… de casarse, establecer un hogar y críar niños… y de disfrutar generalmente de esos privilegios reconocidos en la ley común como esenciales para la búsqueda ordenada de la felicidad (bienestar)".
Cuatro décadas luego en Griswold v. Connecticut (1965) el Tribunal Supremo dirige su atención a si la Constitución contiene garantías fundamentales de intimidad. En este caso, la Corte sostuvo por un voto de 7-2 que una ley de Connecticut que prohibía la venta y uso de controles de natalidad era inconstitucional porque viola el derecho de intimidad marital. Escribiendo para la mayoría, Douglas afirmó que un derecho a la privacidad existe porque fluye de varias provisiones referentes a la intimidad, tal como la Tercera enmienda que permite rechazar el acuartelamiento de soldados durante tiempo de paz y la Cuarta enmienda. Éstas y otras provisiones relativas a la vida privada, Douglas escribe, crean "penumbras" (o sombras) en las que "zonas de privacidad" existen. Dentro de estas zonas, declaró, hay otros derechos, incluyendo el derecho de parejas casadas de determinar independientemente si tener hijos.
Ecos de Griswold se escuchan dos años más tarde en Loving v. Virginia (1967), un caso famoso que implica un desafío a una ley de Virginia que prohibía la unión interracial. En una decisión unánime, la Corte dictaminó que esa ley violó la Enmienda XIV (igual protección de las leyes), que garantiza igual protección de los ciudadanos bajo la ley y así le prohíbe al gobierno discriminación a base de raza. Pero la Corte se movió más allá de la discriminación racial para afirmar que el derecho a casarse es protegida por la Constitución. "La libertad de casarse ha sido reconocida como uno de los derechos personales vitales esenciales para la búsqueda ordenada de la felicidad por los hombres libres," escribió Earl Warren para la mayoría. "La unión matrimonial es uno de los derechos civiles básioas del hombre, ' fundamental a nuestra misma existencia y supervivencia, " agrega.
En Eisenstadt v. Baird (1972), la Corte ensanchó el derecho a la intimidad declarado en Griswold para incluir a gente soltera. Este caso implicó una ley de Massachusetts que prohibía la distribución de controles de natalidad. Por un voto de 6-1 (había dos vacantes en la corte en ese entonces), la Corte derogó la ley. "El derecho de intimidad significa cualquier cosa," Brennan escribió, " Es el derecho del individuo, casado o soltero, estar libre de la intromisión gubernamental injustificable en las materias que afectan tan fundamentalmente a una persona como la decisión de engendrar un hijo."
El año siguiente la Corte amplió el derecho de privacidad incluso más en Roe v. Wade (1973), y estableció un derecho constitucional al aborto. Escribiendo para la mayoría, Blackmun explicó que el "derecho de privacidad… fundado en la Enmienda XIV (establece que) el concepto de libertad de restricciones personales sobre la acción del estado es bastante amplio para abarcar una decisión de una mujer de si terminar su preñez." La Corte volvió así a localizar el derecho a la intimidad en la cláusula del debido proceso.
El camino a Lawrence.
Durante los años 70, el movimiento de derechos de los homosexuales cobra ímpetu e incitaron a las legislaturas a abrogar muchas leyes estatales que regulaban la sexualidad. Por ejemplo, unos 20 estados, incluyendo California y Ohio, eliminaron sus leyes anti-sodomía. No obstante, a mediados de los años ochenta, las leyes que prohibieron ciertos actos entre la gente del mismo sexo, y en algunos casos entre los del sexo opuesto, estaban en vigor en 25 estados y en Puerto Rico.
Una de estas leyes estatales, un estatuto de anti-sodomía del estado de Georgia, se convirtió en el tema del caso, Bowers v. Hardwick (1986). La policía de Atlanta arrestó a Michael Hardwick por tener sexo consensual en su propio dormitorio con otro hombre. Georgia, como la mayoría de los estados, raramente hizo cumplir su ley anti-sodomía y, de hecho, el estado eventualmente retira los cargas contra Hardwick. Sin embargo, Hardwick demandó al estado, alegando que la criminalización del sexo privado y consensual entre la gente del mismo género violó su derecho constitucional a la intimidad. En un acto 5-4, un Tribunal Supremo amargamente dividido dictaminó que el derecho constitucional a la intimidad no protege el derecho de tener sexo privado, consensual con una persona del mismo género. Escribiendo para la mayoría, Byron White declaró que casos anteriores de privacidad e intimidad, tales como Griswold y Loving, se refirieron a la "familia, unión matrimonial o procreación." Sería un estirar insosteniblemente los derechos, White razonó, ampliar los derechos de intimidad a "cualquier clase de conducta sexual privada entre adultos."
En una disenso fuertemente redactado, Blackmun escribió, que lo verdaderamente en juego era "el más comprensivo de los derechos y el derecho valorado más por los hombres civilizados, a saber, el derecho a estar solo" (repitiendo a Brandeis en su disenso famoso en Olmstead). Discutió que la Constitución garantiza específicamente a cada persona, sin importar la orientación sexual, la libertad para tener relaciones íntimas consensuales en su propio hogar.
En 1996 el Supremo decide a Romer v. Evans, la Corte considera una enmienda a la constitución de Colorado (aprobada en 1992) que anuló las protecciones locales anti-discriminatorias para homosexuales y prohibió el paso de cualesquiera leyes anti-discriminatorias en el futuro. Por un voto 6-3, el Supremo sostuvo que la enmienda de Colorado violó la Enmienda XIV en cuanto a la igual protección de las leyes. "Un estado no puede así juzgar que una clase de personas son extranjeros a sus leyes," escribió Anthony Kennedy en la opinión de mayoría. Particularmente, él encontró que, "la enmienda [de Colorado] impone una inhabilidad especial sobre [los homosexuales]," a quiénes le son "prohibidas las salvaguardas que otros disfrutan o pueden buscar sin restricciones."
Lawrence v. Texas.
Lawrence v. Texas (2003), es notablemente similar a Bowers en muchos de sus hechos. De nuevo, la policía descubrió a dos hombres que tenían sexo consensual en una residencia privada y los arrestó bajo la ley anti-sodomía del estado. Y, de nuevo, los demandados desafiaron la constitucionalidad del estatuto, llevando el caso hasta el Tribunal Supremo. A pesar de estas semejanzas, la Corte invalidó su decisión anterior, de tal modo invalidando no sólo el estatuto de Tejas pero todas las leyes de anti-sodomía. Escribiendo para la mayoría, Kennedy indicó que la Corte en Bowers se había equivocado en concluir que el gobierno había restringido históricamente relaciones íntimas privadas y consensuales entre la gente del mismo sexo. Por otra parte, Kennedy explicó, que los usos sexuales habían cambiado desde Bowers, evidenciado por el hecho que en los 17 años entre Bowers y Lawrence, 12 estados habían abrogado sus estatutos anti-sodomía y nueve dejaron de hacer cumplir estas leyes, dejando solamente cuatro (y Puerto Rico) vigentes. Finalmente, Kennedy escribió, la gente homosexual tiene "la libertad... a conducta [íntima] sin la intervención del gobierno."
La decisión de Massachusetts y la progenie de Lawrence.
En los años 90, los Tribunales Supremos en Hawaii y Vermont interpretaron sus constituciones respectivas para requerir que sus gobiernos estatales ofrezcan a parejas del mismo sexo los mismos derechos y las ventajas de la unión matrimonial, incluso si el estado eligió no definir estos derechos y ventajas como matrimonio. En respuesta, muchos estados pasaron Actas de defensa del matrimonio (DOMAs), que definen específicamente el matrimonio como unión de una pareja heterosexual.
Goodridge v. Department of Public Health (2003) encendió una discusión nacional sobre el significado del matrimonio. En Goodridge, el Supremo de Massachusetts sostuvo por un voto de 4-3 que la constitución requiere al gobierno ofrecer "las protecciones, las ventajas y las obligaciones conferidas por la unión civil a dos individuos del mismo sexo que desean casarse." El caso se presentó después que Julia e Hillary Goodridge, una pareja lesbiana, buscó una licencia de matrimonio del Departamento de salud de Massachusetts. El departamento negó la petición, alegando que Massachusetts no reconocie el matrimonio homosexual. Goodridge entonces demanda el departamento, alegando que esta negación viola su derecho a la libertad individual y a la igualdad legal según lo garantizado por la constitución de Massachusetts. Escribiendo para la mayoría, Marshall sostuvo que negar las ventajas de la unión matrimonial a las parejas del mismo sexo viola la constitución de Massachusetts porque no logra una meta legítima del gobierno. De hecho, la corte explica, las razones que el gobierno ofrece para prohibir el matrimonio homosexual - promover la procreación, asegurae un buen de menores y ahorrar recursos financieros estatales no son ciertas y era una desaprobación de su forma de vida. La corte concluyó que condenar una forma de vida no es constitucional y sostuvo que el estado debe permitir que las parejas del mismo sexo se casen.
El entonces gobernador de Massachusetts Mitt Romney respondió a la decisión de Goodridge proponiendo enmendar la constitución de Massachusetts para definir la unión matrimonial como unión entre un hombre y una mujer. Bajo la ley de Massachusetts, la legislatura debe aprobar una enmienda constitucional en dos sesiones consecutivas antes de que la gente pueda votar sobre ella. Después de luchar una batalla larga la legislatura aprobó una enmienda transaccional en 2004 que prohibió el matrimonio homosexual pero creó las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. En la sesión siguiente, sin embargo, la legislatura cambia y rechaza esta enmienda propuesta, negando a los electores la oportunidad de considerarla.
El éxito de los demandantes en Goodridge inspiró a otras parejas homosexuales a que radicaran demandas similares. Hasta mayo de 2008, sin embargo, solamente uno de estos casos, Lewis v. Harris (2006), fue en parte acertado. En ese caso, el Tribunal Supremo de New Jersey encontró que la garantía constitucional de la igualdad de las leyes requirió la legislatura estatal conceder a parejas del mismo sexo los mismos derechos y ventajas de la unión matrimonial que las parejas del sexo opuesto han disfrutado tradicionalmente. Aunque sea importante, la decisión de Lewis no empareja la anchura de Goodridge porque la corte permitió que los legisladores del estado decidieran cómo conceder estos derechos. La legislatura de New Jersey pasó una medida permitiendo que las parejas homosexuales entren en uniones civiles pero no se casen.
En 2006 y 2007, las tribunales supremos de Nueva York, Washington y Maryland encontraron que sus constituciones del estado no garantizan a parejas del mismo sexo el derecho de casarse. Cada una de estas decisiones sostuvo que es una cuestión de política, no una cuestión constitucional, y que la decisión debe por lo tanto decidirse en el legislativo y ejecutivo.
Victorias importantes alrededor del mismo tiempo ocurren en dos otros tribunales supremos estatales. El primer de estos triunfos ocurrió en octubre de 2008, en el Tribunal Supremo de Connecticut. En Kerrigan v. Connecticut Department of Health (2008), con un voto de 4-3 se deroga una ley estatal que prohibía el matrimonio homosexual aduciendo que viola la garantía de igual protección bajo la ley. Además, el Tribunal Supremo de Connecticut elevó la personalidad jurídica de los homosexuales, dándoles mayor protección contra la discriminación que la que fue concedido en la decisión de Massachusetts, pero no al nivel de la protección que fue establecida en California. En Kerrigan, se dictaminó que las leyes que discriminan contra homosexuales deben ser sujetadas a lo que se conoce como "escrutino intermedio": Esto significa que una ley que discrimina contra homosexuales será derogada a menos que el estado pueda demostrar que fomenta sustancialmente un interés importante (apremiante y legítimo) del gobierno.
Cinco meses después de la decisión de Connecticut, el Tribunal Supremo de Iowa afirma unánimemente un acto de un tribunal inferior que deroga un DOMA que prohíbe el matrimonio homosexual. Como en Connecticut, se estableció el "escrutinio intermedio" para determinar la validez de leyes discriminatorias.
El momento actual.
Tal vez debo plantear que la regla general y fundamental es que todo el sistema de ley y por consiguiente el sistema judicial no debe regular ni condicionar la conducta humana a menos que se imponga una necesidad clara y justa de imponer dichas normas. Se entiende por lo tanto que toda conducta humana sana, saludable y edificante debe ser totalmente libre de intromisiones. Igual debo aclarar que el proceso de emancipaciones de los diferentes derechos de los individuos, los grupos y las comunidades ha tenido que enfrentarse en su momento y actualmente sigue siendo de esta manera, a las limitaciones ideológicas y el autoritarismo de sectores moralistas.
Es imposible predecir cómo el Supremo ha de dictaminar en un caso de matrimonio homosexual, si los conservadores y los liberales se dividen 4-4, el resultado en tal caso caería probablemente en Kennedy, cuyo voto puede ser difícil de predecir. Mientras que la opinión de Kennedy en Lawrence demostró gran condolencia para el derecho de los homosexuales, Kennedy también acentuó que, de una perspectiva constitucional, el caso "no implica si el gobierno debe dar el reconocimiento formal a cualquier relación que las personas homosexuales busquen." Kennedy rechazó así explícitamente comunicar de un modo u otro si la Constitución requiere el reconocimiento de matrimonios homosexuales.
Nota de salida.- Las menciones a los procesos en Puerto Rico han sido mínimas, si acaso en cierta referencia directa a la vigencia prolongada de los estatutos anti-sodomía en la isla, reconozco dichas limitaciones pero lo cierto e indiscutible es que la gran mayoría de los avances, logros y cambios fundamentales en cuanto a los temas planteados han surgido, tal como evidencia Roe v. Wade y Lawrence v. Texas, de decisiones que han ocurrido en la esfera del Supremo de los Estados Unidos y por ende han repercutido directamente en Puerto Rico (muchas veces en contra de iniciativas legislativas, leyes y jurisprudencia local). No debemos malinterpretar este hecho ni subestimar los valiosos y esforzados desempeños y empeños de tanto comprometidos abogados y abogadas boricuas como de las organizaciones e individuos que luchan por adelantar el proceso emancipador de los derechos de la plena igualdad individual, grupal y colectiva. En todo caso pudiese uno entender que los argumentos finos elaborados y valientes esgrimidos por juristas puertorriqueños, que han sido corroborados constantemente en la esfera federal, debiesen abrir puertas y ventanas de entendimiento en la judicatura y el legislativo pero sigue por verse. Sugiero que de todos modos y a pesar de los diques que puedan crear ciertos seres humanos todos los tributarios llegan al cauce y finalmente desembocan en el mar.
Referencia (enlace) directa a los documentos oficiales del tribunal (Perry v. Schwarzenegger):
https://ecf.cand.uscourts.gov/cand/09cv2292/
Nota adicional: Interesados favor ver:
'Prop. 8 trial frames debate on marital rights', un excelente artículo proviniente del San Fransisco Chronicle (Sunday, August 8, 2010)
(http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/08/08/MNPM1EQ0IP.DTL)
'What Landmark Proposition 8 Ruling Means for the Future', igualmente excelente ensayo sobre el tema de Truthout (Tuesday, 10 August 2010)
(http://www.truth-out.org/what-landmark-proposition-8-ruling-means-future62149?print)
o mediante copias que obran en los comentarios de esta entrada al blog, gracias. ROF (8/10/10)
Un atardecer languidece en el Río Grande de Loíza.
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13 comentarios:
"Buena reflexión"
The first federal trial on same-sex marriage may have a limited impact on the higher courts that ultimately decide whether gays and lesbians have the right to wed. But the trial served at least one significant public function: as a platform for the debate that never happened during the Proposition 8 campaign.
"It's the campaign we never had, the hearings we never had, and it was subjected to legal testing," said Rory Little, a law professor at UC Hastings in San Francisco. In the courts, "you can't rest your position on opinions and deeply held feelings. We say, 'Give us the facts.' "
Sponsors of Prop. 8, the November 2008 initiative that limited marriages in California to opposite-sex couples, disdained the trial from the outset and sought to downplay Chief U.S. District Judge Vaughn Walker's ruling Wednesday.
oice for public discourse
The celebration among gays and lesbians at Walker's decision to overturn Prop. 8, meanwhile, was tempered by awareness that the victory could be short lived. The higher courts that review his ruling will be free to disregard his conclusion that Prop. 8 serves no rational purpose and violates the right to marry one's chosen partner.
Regardless of the outcome, however, the trial - and Walker's epic summation of it - have added a formidable voice to the public discourse.
As in many election campaigns, the two sides, which spent more than $80 million, traded slogans - like "Protect our children" and "No on hate" - and broadcast messages in ads, flyers and robo calls. Like-minded people gathered together, but there were few public forums and no occasions to argue to a neutral arbiter.
In January, Walker gave both sides a chance to back up their claims that Prop. 8 was a constitutional endorsement of traditional marriage or a discriminatory ban.
After 12 days of testimony and voluminous written filings, Walker dissected the evidence in a 136-page opinion.
His conclusion - that Prop. 8 was based on its backers' "moral disapproval" of gays and lesbians - was based on his findings that the measure's sponsors had offered little support for their other justifications: encouraging procreation, protecting children and preserving tradition.
"The evidence presented at trial fatally undermines the premises underlying proponents' proffered rationales," Walker wrote.
His assessment may not change many minds. But his ruling provides the most detailed record of the debate over marital rights in California, in the eyes of scholars, advocates and ordinary people.
(sigue...)
(desde anterior)
Prop. 8's campaign committee, Protect Marriage, opposed holding a trial and said the facts Walker demanded were irrelevant. Instead, its lawyers argued, the judge should have upheld the measure summarily by finding - as some courts elsewhere have - that voters could have had a rational basis for banning same-sex marriage, such as a belief that children are better off with married, biological parents.
After withdrawing four of its six expert witnesses as the trial began - blaming Walker's decision to televise the proceedings, even after the Supreme Court barred that telecast - Protect Marriage offered studies that it said showed the disruptive effects of same-sex marriage in European countries.
ontrast in witnesses
But its case for the merits of Prop. 8 relied largely on one witness, David Blankenhorn, founder of the Institute for American Values.
Blankenhorn, author of books on fatherhood and the future of marriage, testified that marriage is historically and inherently a male-female union for bearing and nurturing children, who fare best when raised by a husband and wife.
Same-sex marriage, he said, would benefit gays and lesbians and their children, but would increase "de-institutionalization," the weakening of marriage by divorce, cohabitation and out-of-wedlock childbirth.
Walker said Blankenhorn lacked scholarly credentials and credibility. He said the witness had not conducted independent research, but instead selectively cited studies written by others that contradicted mainstream scholarship and some of Blankenhorn's own writings.
By contrast, the judge said, Harvard historian Nancy Cott, one of the plaintiffs' nine expert witnesses, cited her own studies in testimony that marriage in the United States has been a secular, evolving institution based on mutual commitment and the free choice of one's partner, and has never been limited to couples who have children.
(sigue...)
(desde anterior)
UCLA psychologist Letitia Peplau, another plaintiffs' witness, testified that same-sex marriage would benefit gays and lesbians and would not harm opposite-sex couples or the marital institution, Walker said. He also found credible the testimony of University of Cambridge psychologist Michael Lamb that children fare just as well with same-sex parents as with opposite-sex parents.
Walker said Blankenhorn and the Prop. 8 lawyers offered only unfounded speculation about the dangers of same-sex marriage, while the plaintiffs - two gay men from Burbank, two lesbians from Berkeley - described tangible harm they suffered by being excluded from marriage.
Incidents cited by Walker ranged from the seemingly trivial - a passenger on a plane assuming she could take the seat that plaintiff Kris Perry had been saving for her "partner" - to the traumatic - plaintiff Paul Katami hearing Prop. 8 ads that suggested children needed to be protected from him.
ears exploited, judge says
Quoting a video message from the Prop. 8 campaign chairman that "children will be indoctrinated" if same-sex marriage remains legal, Walker said the campaign, despite its public theme of protecting marriage, exploited parental fears of gays as molesters and recruiters of vulnerable youths.
The judge's findings may prove to have little legal impact. UC Davis law Professor Vikram Amar said the decision by Prop. 8's defenders to put on a minimal case could actually help them argue in higher courts that the evidence was irrelevant and that there is no constitutional right to same-sex marriage.
But the trial also was a public event that could affect attitudes in a state that may vote on the issue again in two years. And some Californians may have the same questions that Walker said Prop. 8's sponsors failed to answer.
As UC Hastings' Little put it, "If you're claiming that (same-sex marriage) destabilizes families, couldn't you call one person (as a witness) to say so? It changes the character of the argument."
ead ruling online
To read Chief U.S. District Judge Vaughn Walker's ruling, and to review evidence submitted at trial, see: sfg.ly/9FIyoX.
Bob Egelko, Chronicle Staff Writer
Sunday, August 8, 201
begelko@sfchronicle.com.
http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/08/08/MNPM1EQ0IP.DTL
This article appeared on page A - 8 of the San Francisco Chronicle
Citas textuales del Juez Walker:
"Proposition 8 fails to advance any rational basis in singling out gay men and lesbians for denial of a marriage license. Indeed, the evidence shows Proposition 8 does nothing more than enshrine in the California Constitution the notion that opposite sex couples are superior to same-sex couples," Walker wrote in his ruling. "Because California has no interest in discriminating against gay men and lesbians, and because Proposition 8 prevents California from fulfilling its constitutional obligation to provide marriages on an equal basis, the court concludes that Proposition 8 is unconstitutional."
"Plaintiffs have demonstrated by overwhelming evidence that Proposition 8 violates their due process and equal protection rights and that they will continue to suffer these constitutional violations until state officials cease enforcement of Proposition 8."
Last week, in a stunning, carefully crafted, 136-page opinion, US District Court Judge Vaughn Walker held in Perry v. Schwarzenegger that California's Proposition 8, which outlaws same-sex marriage, is unconstitutional. The lawsuit was filed by two gay couples who sought to overturn Proposition 8. Interestingly, the named defendant, Gov. Arnold Schwarzenegger, did not defend Proposition 8. Neither did California's Attorney General Jerry Brown; in fact, he conceded that Proposition 8 is unconstitutional. It was the official proponents of the ballot initiative in the California election who defended Proposition 8 in the lawsuit.
Both Schwarzenegger and Brown asked Walker to permit gay marriages to proceed in California even while the case proceeds through the appellate courts. In ruling on this request, the judge will consider whether his opinion is likely to be upheld on appeal as well as whether same-sex couples who seek to marry would suffer irreparable harm by a postponement.
In his opinion, after making 80 bullet-proof findings of fact, Walker concluded that Proposition 8 violates both the Due Process Clause and the Equal Protection Clause of the 14th Amendment. The judge agreed with all of the legal arguments advanced by the plaintiffs. The forces for marriage equality hit a grand slam. It remains to be seen, however, whether Walker's ruling will hold up on appeal.
Walker presided over the first trial in US history that raised the issue of whether same-sex marriage violates the federal Constitution. He heard testimony for two weeks, including that of plaintiffs' myriad experts and the plaintiffs themselves. The anti-marriage equality side presented only two witnesses, who were unable to articulate any rational reason to treat straights and gays differently when it comes to the right to marry. Walker found that the opinions of one of those witnesses, David Blankenhorn, who is founder and president of the Institute for American Values, were "not supported by reliable evidence or methodology ... and entitled to essentially no weight." Kenneth Miller, a professor of government at Claremont McKenna College, also testified for the pro-Proposition 8 side. The judge noted that Miller's research did not focus on gay and lesbian issues, and the opinions he gave at trial conflicted with his prior opinions, which undermined his credibility.
(sigue...)
(desde anterior)
When trial judges make factual findings, they are rarely disturbed on appeal; appellate courts usually confine themselves to reviewing legal conclusions. Walker's detailed findings of facts included the following:
Marriage in the United States has always been a civil matter. Civil authorities may permit religious leaders to solemnize marriages, but not to determine who may enter or leave a civil marriage.
California, like every other state, has never required that individuals entering a marriage be willing or able to procreate.
Individuals do not generally choose their sexual orientation.
Same-sex couples are identical to opposite-sex couples in the characteristics relevant to the ability to form successful marital unions.
Proposition 8 does not affect the First Amendment rights of those opposed to marriage for same-sex couples. Prior to Proposition 8, no religious group was required to recognize marriage for same-sex couples.
The sexual orientation of an individual does not determine whether the individual can be a good parent. Children raised by gay or lesbian parents are as likely as children raised by heterosexual parents to be healthy, successful and well adjusted.
Walker determined that "Proposition 8 both unconstitutionally burdens the exercise of the fundamental right to marry and creates an irrational classification on the basis of sexual orientation." Same-sex couples, the judge found, are situated identically to opposite-sex couples regarding their ability to perform the rights and obligations of marriage under California law. He rejected the argument that domestic partnerships are a worthy substitute for marriage, which he called "a culturally superior status."
Because the plaintiffs sought to exercise the fundamental right to marry, their claim was subject to strict scrutiny. "The minimal evidentiary presentation made by proponents [of Proposition 8]," the judge said, "does not meet the heavy burden of production necessary to show that Proposition is narrowly tailored to a compelling government interest. Proposition 8 cannot, therefore, withstand strict scrutiny." Thus, the judge ruled that Proposition 8 violates the Due Process Clause.
Walker then held, "Proposition 8 cannot survive any level of scrutiny under the Equal Protection Clause." All classifications based on sexual orientation, he wrote, "appear suspect, as the evidence shows that California would rarely, if ever, have a reason to categorize individuals based on their sexual orientation." When there is a suspect classification, the court will judge it with strict scrutiny.
But, Walker noted, strict scrutiny is unnecessary here because Proposition 8 fails even if the court uses the "rational basis" test, in which case the Proposition 8 proponents would only need to show that there was a rational basis for treating homosexuals differently than heterosexuals. This is how the judge shot down each one of the rationales the proponents set forth for denying gays the right to marry:
(sigue...)
(desde anterior)
Reserve marriage as only a union between a man and a woman.
- Judge: Tradition alone cannot form a rational basis for a law.
Proceed with caution when implementing social changes.
- Judge: "Because the evidence showed that same-sex marriage has and will have no adverse effects on society or the institution of marriage, California has no interest in waiting and no practical need to wait to grant marriage licenses to same-sex couples."
Promote opposite-sex parenting over same-sex parenting.
- Judge: The evidence shows "beyond any doubt that parents' genders are irrelevant to children's developmental outcomes." Proposition 8 has nothing to do with children; it simply prevents same-sex couples from marrying.
Protect the freedom of those who oppose marriage for same-sex couples.
- Judge: Proposition 8 does not affect any First Amendment right or responsibility of parents to educate their children, or the rights of those opposed to homosexuality or to same-sex marriage.
Treat same-sex couples differently from opposite-sex couples.
- Judge: Proposition 8 creates an administrative burden on California because it must maintain a parallel institution for same-sex couples.
Any other conceivable interest.
- Judge: Proponents have not identified any rational basis that Proposition 8 could conceivably further.
A private moral view that same-sex couples are inferior to opposite-sex couples is not a proper basis for legislation, the judge said. Thus, he held, "Proposition 8 fails to advance any rational basis in singling out gay men and lesbians for denial of a marriage license."
(sigue...)
(desde anterior)
To the proponents' arguments that the purpose of marriage is procreation, Walker retorted, "Never has the state inquired into procreative capacity or intent before issuing a marriage license." Moreover, the fact that a majority of California voters supported Proposition 8 is irrelevant, according to Walker, who wrote that "fundamental rights may not be submitted to [a] vote."
If this case reaches the US Supreme Court, it will likely fall to the swing Justice Anthony Kennedy to decide whether he wishes to be on the right side of history by affirming Judge Walker's ruling. Kennedy authored Lawrence v. Texas, which overturned Texas' anti-sodomy law, and Romer v. Evans, which struck down Colorado's anti-gay ballot initiative. But Kennedy joined with the four conservative justices in overruling Walker's decision to broadcast the Proposition 8 trial to some locations, although this may reflect Kennedy's views about the effect of televising trials rather than the way he feels about same-sex marriage.
Well aware that Kennedy may cast the critical vote, Walker cited Romer and Lawrence several times in his ruling. For example, Walker held that "moral disapproval of homosexuality, animus towards gays and lesbians or simply a belief that a relationship between a man and a woman is inherently better than a relationship between two men or two women ... is not a proper basis on which to legislate," citing Romer.
Walker also wrote, "The arguments surrounding Proposition 8 raise a question similar to that addressed in Lawrence, when the Court asked whether a majority of citizens could use the power of the state to enforce 'profound and deep convictions accepted as ethical and moral principles' through the criminal code. The question here is whether California voters can enforce those same principles through regulation of marriage licenses. They cannot."
Judge Walker's ruling may or may not survive. Nevertheless, in overturning Proposition 8, he struck a mighty blow against homophobia and in favor of equality.
Tuesday 10 August 2010
by: Marjorie Cohn, t r u t h o u t | News Analysis
http://www.truth-out.org/what-landmark-proposition-8-ruling-means-future62149?print
Washington -La mayoría de los estadounidenses considera que los homosexuales deberían tener el derecho constitucional a contraer matrimonio, en lo que es el primer sondeo a nivel nacional que refleja un apoyo mayoritario de la población a este tipo de uniones entre personas del mismo sexo.
El 52 por ciento de los encuestados en un sondeo publicado hoy por la cadena de televisión CNN cree que los gays deberían de tener el derecho de casarse y la ley tendría que reconocer los matrimonios como válidos.
El 46 por ciento de los preguntados rechaza esta idea. Sin embargo, el 51 por ciento de los participantes considera que los homosexuales no tienen ahora el derecho constitucional a casarse, frente al 49 por ciento que piensan que sí.
La encuesta fue llevada a cabo entre el 6 y el 10 de agosto y tiene un margen de error de 4,5 puntos porcentuales.
El experto en encuestas, Nate Silver, explica en su blog, que, si se combina las dos preguntas, entonces el resultado que arroja es el siguiente: el 50,5 por ciento de los ciudadanos de este país respalda los matrimonios entre personas del mismo sexo, y el 47,5 por ciento los rechaza.
"Es una mayoría mínima, pero es una mayoría", señala.
Silver recuerda, no obstante, que los sondeos tienen su margen de error, y que por ello "no se puede asumir todavía que el apoyo a los matrimonios homosexuales se ha convertido en la posición mayoritaria" en EE.UU.
No obstante, agrega, "tampoco se puede asumir más que el rechazo a los matrimonios entre parejas del mismo sexo sea la posición mayoritaria, y es dudoso llamarlo la posición mayoritaria".
La encuesta de CNN se publica cuando el juez federal que revocó la prohibición de los matrimonios homosexuales en California decidirá hoy si esas uniones pueden celebrarse de nuevo inmediatamente o tendrán que esperar a que se resuelva la apelación.
El juez Vaughn Walker consideró la semana pasada que la Proposición 8, aprobada en referéndum en noviembre de 2008 en California y que reformó la Carta Magna del estado para definir matrimonio como un enlace entre un hombre y una mujer, no es compatible con los principios de igualdad y proceso legal.
El juez declaró esa normativa "inconstitucional" y decidió que las bodas gays deberían reanudarse, aunque accedió a esperar a dar luz verde a esas uniones hasta que pudiera examinar toda la argumentación jurídica.
Los votantes de California aprobaron la Proposición 8 en noviembre de 2008, seis meses después de que la Corte Suprema de California legalizara las uniones del mismo sexo, y se calcula que en ese periodo 18.000 parejas homosexuales se dieron el "sí quiero".
Los opositores de este tipo de uniones defienden que la Proposición 8 debe permanecer en vigor hasta que una corte superior decida sobre el recurso que han interpuesto contra el fallo de Walker.
http://www.elnuevodia.com/mayoriaenee.uu.apoyabodasgay-758578.html
Esta nota la publiqué hace aproximadamente cuatro años, fue muy bien recibida y gozó de amplia difusión. Hoy, se siente chévere haber coincidido con tanta gente que compartíamos los argumentos fundamentales de que el derecho no tenía manera racional ni lógica de negarle los mismos derechos sociales a la gente más diversa.
Histórica la postura del gobierno sobre el matrimonio gay
No será el último paso en medio de la lucha por la equidad en Puerto Rico.
El anuncio del secretario de Justicia, César Miranda, de que el gobierno local no defenderá la constitucionalidad del artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico -que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer- es un paso histórico hacia el reconocimiento del derecho de personas del mismo sexo a casarse, pero no será el último.
“Ya se veía venir un cambio en la postura del gobierno de Puerto Rico sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo”, aseguró Víctor Rivera Hernández, abogado laboral y exsecretario del Trabajo, al resaltar esfuerzos en esa dirección realizados por la administración del gobernador Alejandro García Padilla. Uno de estos fue la aprobación de la Ley 22 de 2013, que prohíbe el discrimen en el área de trabajo por razón de orientación sexual e identidad de género. “En Puerto Rico ya hay una política pública establecida, la cual no voy a juzgar personalmente”, reiteró.
En sí mismo, el anuncio del secretario no implica que en la Isla se comenzarán a celebrar bodas entre dos hombres o dos mujeres, pues falta que el Primer Circuito de Apelaciones en Boston del Tribunal Federal tome una decisión en el caso que encabeza la pareja de Ada Conde e Ivonne Álvarez, casadas en Massachusetts en 2004 y quienes reclaman que su matrimonio sea reconocida en la Isla.
“La posición del gobierno frente a este caso no cambia el estado de derecho, solo plantea cómo piensa el Ejecutivo con relación a este caso”, sostuvo el abogado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE). “El estado de derecho cambiaría mediante una decisión del Tribunal federal de Apelaciones o del Tribunal Supremo federal acerca de la inconstitucionalidad del artículo 68 del Código Civil, o por la vía legislativa”.
Indicó que es probable que el Tribunal federal de Apelaciones decida en favor de las cinco parejas demandantes, puesto que de las cinco jurisdicciones que están cobijadas bajo el Primer Circuito de Apelaciones en Boston, Puerto Rico es la única en donde aún no son legales los matrimonios entre personas del mismo sexo. Las otras jurisdicciones son: Massachusetts, New Hampshire, Maine y Rhode Island.
http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/historicalaposturadelgobiernosobreelmatrimoniogay-2023158/
Desde 2010 compartimos propuestas sobre la validez del matrimonio igualitario. No debemos malinterpretar ni subestimar los valiosos y esforzados desempeños y empeños de tantos comprometidos abogados y abogadas boricuas como organizaciones e individuos que luchan por adelantar el proceso emancipador de los derechos de la plena igualdad individual, grupal y colectiva en la isla. En todo caso pudiese uno entender que los argumentos finos elaborados y valientes esgrimidos por juristas puertorriqueños, han sido nuevamente corroborados en la esfera federal, abiertas las puertas y ventanas de entendimiento. A todos y todas, seguimos...
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