miércoles, 22 de febrero de 2012

El Cuco y el derecho a la fianza...


"Duermete niño, duermete ya, que viene el cuco y te comerá..."

Todos sabemos del Cuco, el monstruo mitológico del cual los padres advirtieron para asustarnos y para hacernos que hagamos su voluntad. Hay quienes en un curioso desdoble de los prejuicios raciales han creído que dicho personaje tenebroso proviene de nuestros antepasados africanos ya que "suena africano". Tal vez sorprende saber que de donde llega es de un personaje europeo. El mito se originó en Portugal y Galicia. Según la Real Academia Española el "coco" se deriva de la lengua portuguesa, y se refiere a un fantasma con cabeza de calabaza. La leyenda del Cuco es ampliamente utilizada por los padres en España y Latinoamérica para hacer que sus niños vayan a dormir.

Este mecanismo tan simple es lo que podemos llamar un método disuasivo a diferencia de un persuasivo que es convencer.

Disuadir. Inducir, mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a desistir de un propósito.

Todos sabemos qué ocurre con el Cuco una vez los niños se convencen que no existe y por otra lado el sistema requiere que le instales en los valores y creencias del menor ese conjunto temible de imágenes que se concretan en el personaje.

Anoche (Mensaje al Estado del Gobernador) escuchamos un replanteamiento del sistema del Cuco en el contexto de las necesidades que tenemos como pueblo de enfrentar la realidad de la violencia y la delincuencia. El Cuco "moderno" es eliminar el derecho a la fianza que ha de atemorizar a los propuestos asesinos de manera tal que se inhiban de llevar a cabo su fechoría. Este replanteamiento no es enteramente novel ya que hemos escuchado y atestiguado una serie prolongada de medidas "disuasivas" cada vez que el fracaso del sistema de justicia ante las estadísticas de criminalidad "inspira" a algún legislador y propone valientemente subir las penas de tal o cuales delitos. Sin embargo, el patrón de conducta delictiva sigue en aumento aunque debo reconocer que el "carjacking" parece haber sido impactado por el hecho de que se extendió jurisdiccionalmente a la esfera federal conjuntamente con una pena significativa.

Sobre el tema de la fianza confío que muchos excelentes comentaristas, abogados y profesores de Derecho nos han de brindar todos los argumentos y ángulos doctrinales. No pienso tratar ese aspecto que reconozco es de urgencia y fundamental.

Por mi parte me interesa hablar del asunto desde otra perspectiva: reformular el derecho de fianza como asunto de método de lograr cambios en patrones de conducta, es o no es realmente efectivo.

Toda disuasión (hasta en el contexto militar) es una estrategia que intenta desalentar acciones o amenazas. Se define la disuasión como: "estrategia y acciones que influencian la inhibición en la naturaleza de conductas futuras." El proponente se supone que puede ejercer tal influencia en la conducta de los sujetos-objetivos y mediante sus programas de investigación, verificar el desarrollo de dicho programa. Dada la disponibilidad de la tecnología avanzada y sistemas, la disuasión también requiere experimentar con conceptos operacionales revolucionarios, capacidades de organización y el desarrollo de una cultura que sin embargo por su naturaleza contiene un elemento alto de riesgos. Para tener un efecto disuasivo, la combinación de actividad técnica, experimental y operacional tiene que tener un foco estratégico claro. Nuevos procesos y esquemas de organizaciones son necesarios para proporcionar este foco.

La estrategia social como tema nunca ha sido particularmente realista. Esto significa que si usted intenta entender el realismo subyacente de una estrategia se ha de topar con niveles de suposiciones teóricas. Si usted intenta criticar una estrategia el ejercicio realista puede ser de gran ayuda. Se ha presumido que la ciencia de la disuasión es en gran parte un tema cuantitativo. Manteniendo niveles altos de imágenes o influencias en números relativamente elevados se asume que eventualmente logre resultados deseados, seguramente esto es un eufemismo para justificar la represión y la opresión oficializada.

Si la disuasión se deriva más de números, de infraestructura, y de políticas que de enfoques técnicos de sistemas sociales como el trabajo en las comunidades es meramente el Cuco aplicado. Las críticas principales de la disuasión en la literatura estratégica se centran en su naturaleza altamente ambigua, especialmente en lo referente a su operación. Se ha discutido que la disuasión no se traduce realmente a una estructura y doctrina apropiada de ley: de no haber resultados requiere mayores niveles de represión, menos derechos civiles, eventualmente arrestos y juicios sin debido proceso. Hay un buen elemento de verdad en eso, pero ese enfoque (del Cuco) tiende a ver la disuasión de una manera demasiado discreta.

La disuasión como parte integrante de una estrategia integrada por procesos culturales en las comunidades supera la negación implícita en dicho ejercicio. Debe ser analizada como tal. La estrategia de la disuasión trabaja en conjunto con el proceso educativo e informativo que al sumarse logra alterar el impulso delictivo de eso si hay volúmenes de data y estudios empíricos que se fortalecen con el sistema educativo.

Sin embargo por si solo primero requiere que el sujeto-objetivo sepa -digamos en el caso que nos ocupa- que ha habido cambios en los derechos a fianza (lo cual es una presunción bastante irreal); segundo, requiere que exista en la mente del sujeto-objetivo una clara noción de que va a cometer tales acciones (en el caso sugerido cometer asesinato premeditado lo que es tal vez una limitación muy seria de las definiciones); y tercero, es absolutamente incompatible con los niveles bajos de imputabilidad lo cual puede redundar hasta en peores consecuencias (eliminación violenta de testigos, propuestas criminales con mayor grado de sofisticación táctica cuasi-militar -parecido a lo que ocurre en las regiones dominadas por organizaciones criminales en México donde se llevan a cabo batallas a gran escala con narcos fuertemente armados hasta con recursos de artillería liviana y uso de explosivos/bombas).

Como se dice en la calle cuando "está dañao, el tipo no piensa y va pa' encima comoquiera..." ¿Cómo funciona el disuasivo en estos estados alterados como en muertes por venganzas, vendettas, eventos de violencia de género, etc. ??? Simplemente es inpertinente. ¿Cómo funciona en escenarios de muertes por contrato o de luchas de punto/ territorio...??? Simplemente es inpertinente. No funciona, nada.

Los realistas basan sus objeciones en el expediente empírico. Una política de disuasión, dentro del modelo de equilibrio de fuerzas, puede animar cambios de conducta social pero dejado por si sola a su suerte redunda en seguir aumentando la población penal de delincuentes a nivel de soldados rasos.

Esto aumenta la tensión social y significa que es, en última instancia, autodestructiva desde un punto de vista de la seguridad pues afecta negativamente la estabilidad de familias y comunidades. Por supuesto la disuasión es especialmente autodestructiva para una administración que desatiende la economía doméstica.

Si, sin embargo, el propósito de la política de seguridad es mantener superioridad estratégica de modo que pueda actuar como protector sin importar la estabilidad, tal vez la disuasión sea una política que tiene cierto limitado sentido. Pero observe que la mayoría de los aspectos de dicha postura -uso de fuerza y presencia numérica de efectivos- realmente no son elementos de disuasión y este efecto es si acaso un subproducto de decisiones tomadas por otras razones digamos cuasi-militares. Este planteamiento tiende a estar en armonía con visiones clasistas de la política pública a ver, se crean zonas seguras, comunidades fortalecidas y vigiladas, y el patrullaje se intensifica en ciertas áreas donde vive "la gente buena".

Vemos en la ciudad de Nueva York como las estrategias policiales han generado y de hecho han instaurado un reinado de terror que se nutre de las violaciones frecuentes de derechos ciudadanos. El infamoso "stop and frisk" que tiende a ser enteramente racista y prejuiciado hacia los sectores de clases menos aventajadas al grado que digamos los "homeless" son para todos los efectos reales seres humanos sin derechos.

Analizando el poder de la semántica: el lenguaje de la disuasión. El gobierno está hablando el idioma de la disuasión, ellos proponen "cambiar las reglas del juego" para demostrar un poder indiscutible que obligue a cualquier agresor potencial a considerar su conducta dos veces. Esto tiene muchas implicaciones, comenzando con la incompatibilidad fundamental entre la política democrática y el uso de medios extremos, aun así las materias implicadas son hasta un poco más complicadas.

La base social amplia implica la presencia de ciudadanos comunes, que es muy probable que se conviertan en "daños colaterales", comunidades asediadas y zonas en las que en ciertos espacios operan bajo otros códigos sociales (no hay suficientes policías para cada calle y cada esquina). Aquí es adonde el lenguaje de la disuasión empieza a tener resultados negativos. Los errores también tienen un significado en el idioma de la disuasión. El mensaje es "cambia o pierde tu vida" ya que los efectivos policiales saben que dicho sospechoso no tiene digamos protecciones constitucionales. Los casos que hemos visto de personas imputadas por delitos violentos que no cometieron se pueden convertir en terreno fértil para tanto los prejuicios raciales, los estereotipos sociales y el 'dispara primero y pregunta después'. Debemos ser cuidadosos porque podemos olvidar nuestra prioridad fundamental: no tener víctimas inocentes en absoluto.

Lo cierto es que hay otro aspecto en este asunto y es económico, las actuales políticas en el área de la seguridad son un negocio multimillonario (se advierte que en los estudios económicos de la isla es de los sectores que más ha crecido como actividad productiva): la industria carcelaria es una empresa multimillonaria, que ha sido privatizada porque deja ganancias desde el punto de vista económico. Ninguna solución duradera vendrá en un futuro próximo mientras se invierta más en encarcelar gente que en educarlos. Simplemente es realmente difícil de aceptar como lógica en términos de unilateralismo contraproducente.

Todos queremos paz con cierta dignidad. Sabemos la clase de respuesta que el idioma de la disuasión produce: más presos por más tiempo. Se puede justificar solamente a través del doble estándar entre "lo(s) bueno(s)" y "lo(s) malo(s)" que suele ser un criterio enraizado en los prejuicios, el discrimen y la ausencia de análisis científico. Éste es el razonamiento que exacerba el odio. Líderes que parecen estar convencidos de llevar una "santa" guerra, una cruzada moralista no pueden realmente buscar juicios realistas para basar sus argumentos. Promueven una versión contemporánea de totalitarismo. Esto tiene muchas implicaciones, comenzando con la incompatibilidad fundamental entre la política democrática y el idioma de los Derechos civiles.



Nota de salida.- Recomiendo que observes el concepto llamado apoderamiento o empoderamiento ("empowerment") en contraste con lo que hemos planteado, a saber: una propuesta de práctica social ("praxis") basado en compartir la información, recompensas, y el poder decisional con los ciudadanos de modo que puedan tomar iniciativas y decisiones para solucionar problemas y mejorar servicios y el funcionamiento de la comunidad. Se basa en la idea que dando a ciudadanos habilidades, recursos, autoridad, oportunidad, motivación, también incentivándolos a llevar a cabo responsabilidades se sienten autores de los resultados de sus acciones, y contribuirán a su capacidad y satisfacción.



Nota: Favor importantes actualizaciones y comentarios en la sección correspondiente de comentarios. ROF

20 comentarios:

Joe Perrelli dijo...

Tambien, si lo vemos mas alla, hay uso de psicología: "condicionar". La repetición de algo, con el tiempo la gente lo cree.

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

Que mucho se aprendió de la sociología fascista..

Raimon Botet dijo...

Gracias por ese comentario, que realmente es un ensayo

Ricardo Delestre dijo...

El Cuco existe en Argentina y se usa "ad hoc"..

"Propuesta de fianza no bajará criminialidad" dijo...

Una carta política "magistral", que en nada resolverá el problema de criminalidad que se vive en el país.

Así calificó a NotiCel el criminólogo Gary Gutiérrez, la propuesta hecha ayer por el gobernador Luis Fortuño, de eliminar el derecho a libertad bajo fianza en los casos de asesinato con intención, acecho o premeditación. Según el Primer Mandatario, buscará que se celebre este año un referéndum para enmendar la Constitución de Puerto Rico y permitir a los jueces que a nivel estatal también se puedan denegar el derecho a fianza en estos casos, como se hace en el Tribunal Federal.

Sin embargo, para Gutiérrez, la medida de Fortuño es "una excelente medida politiquera para ganar elecciones y poner en jaque a su contrincante político (el senador Alejandro García Padilla) que se ha distinguido por su timidez".Y puntualizó que "es una carta política magistral, aprovechándose del miedo que sienten los ciudadanos y apostando al voto del sector conservador de Puerto Rico".

De hecho, indicó que la propuesta obliga a García Padilla, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), a asumir una postura con relación a este tipo de criminales.

Por otra parte, planteó que la medida tiene serios problemas conceptuales y que denota "enorme ignorancia".

Por ejemplo, Gutiérrez sostuvo que para que se desate un asesinato, tiene que haber premeditación. Igualmente, estableció sus reservas en cómo coexistiría esta medida con la presunción de inocencia que se le debe dar a todo imputado de un delito que todavía no ha sido convicto.

De acuerdo a un análisis del licenciado José Efraín Hernández, "la presunción de inocencia del acusado está consagrada en la sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y reconocido en la Regla 110 de Procedimiento Criminal. Esta presunción sólo puede ser refutada con prueba más allá de duda razonable, imperativo del debido proceso de ley".

Por su parte, Gutiérrez determinó que en cierta medida la propuesta de Fortuño sería innecesaria al considerar que para algunos crímenes violentos se han entablado acuerdos con el Gobierno Federal, lo que da paso a que se puedan procesar esos casos en dicho foro judicial.

Asistencia Legal en desacuerdo

Entretanto, el licenciado Federico Rentas Rodríguez, director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, concordó que la medida "no va a tener efecto alguno en la criminalidad, porque el problema principal de la criminalidad es la droga". Al mismo tiempo, observó que la baja tasa de esclarecimiento de los casos, lleva a muchos a perpetra un delito al sentir cierto grado de impunidad.

Rentas Rodríguez indicó que el argumento de Fortuño de que con esta medida se le daría más discreción a los jueces, "es una falacia", pues dijo que en la última década se ha minimizado su consideración en la imposición de sentencias o el otorgamiento de libertad, al requerir como condición la imposición de grilletes electrónicos en ciertos casos. En esa línea, manifestó que el nuevo Código Penal lo que abonaría es en seguir reduciendo la discreción del juez.

(sidue...)

"Propuesta de fianza no bajará criminialidad" dijo...

(desde anterior)

Al hablar sobre la posible enmienda a la Constitución, el abogado sentenció que se debe tomar con cuidado, y reiteró que la misma es una de avanzada en la que su fin es proteger a todos los ciudadanos. Más aún, dijo que "las garantías individuales son envidiadas en otros países".

También Rentas Rodríguez dijo que la medida "choca de frente con la presunción de inocencia", que se le debe otorgar a todo imputado.

En la Sociedad se atiende un 50 por ciento de los acusados del país, que no pueden prestar la fianza, en algunos casos hasta millonarias, que imponen los jueces a nivel estatal. Estas personas al no prestar fianza deben permanecer en prisión hasta la celebración de una vista.

Para hacerle frente a la tasa de criminalidad del país, Rentas Rodriguez recomendó que el Gobierno debe atender lo que denominó la "crisis de tensión social". En ese sentido, mencionó que hay que mejorar las opciones que tienen los ciudadanos para gozar de una mejor calidad de vida, dar una mejor distribución de los recursos del país, mejorar la calidad de la educación y devolver el "orgullo" de ser puertorriqueños.

"Hay una situación de iniquidades que llevan a la criminalidad", puntualizó.

Ex Secretario de Justicia con objeciones

Mientras tanto, el licenciado Antonio Sagardía, ex secretario del Departamento de Justicia, manifestó a NotiCel que tiene sus objeciones con la medida pues "en Puerto Rico ya existen mecanismos para que se puedan someter mayores cuantías de la fianza o condiciones a tono con el delito".

De hecho, recordó su oposición a realizar enmiendas a la Constitución en este punto, como había planteado el convicto ex senador Héctor Martínez, para casos de crímenes contra menores de 16 años, o una pareja o ex pareja por casos de violencia de género, robo de vehículos a mano armada y asesinato de más de una persona en un mismo incidente o a agentes de ley y orden,

No obstante, para el ex titular de Justicia, Fortuño ha hecho "bien" en dejar que sea el pueblo el que se exprese si quiere enmendar la Constitución.

Y recordó que la determinación del tipo de fianza que se le aplicará a un imputado lo tiene a su consideración el Gran Magistrado. De hecho, apuntó que de dar paso a la medida estaría en manos de la Fiscalía presentar evidencia de que la persona imputada de cometer el delito es violenta, que los testigos del caso corren peligro o que el individuo que alegadamente cometió los actos es reincidente, para que un juez estatal pueda evaluar no ofrecer derecho a fianza.

Sagardía dijo que aunque en el Tribunal Federal "la fianza es un privilegio", aclaró que "no es automático" que se deniega, sino que el juez toma en consideración la evidencia presentada por la Fiscalía para basar su decisión.

Del mismo modo, sostuvo que pese al acuerdo que existe entre el gobierno federal y el estatal para procesar cierto tipos de caso,"en la federal no se procesan casos de asesinato, son de jurisdicción estatal".

Sagardía añadió que "el hecho de que una persona no pueda prestar una fianza o se le deniegue, no significa que se esté violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia". A lo que expuso que la determinación del juez sería una instancia procesal de la fianza, pero no entra a evaluar los méritos del caso.

http://www.noticel.com/index.php/ahora/item/18894-propuesta-de-fianza-no-bajar%C3%A1-criminialidad

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

Enfoque disuasivo no tiene argumentos empíricos que lo respalden, es una propuesta sustentada con suposiciones teóricas ausentes de datos y estudios de apoyo, es 'jugar pa' los bleechers' (proponer cosas de aparente simpatía) como se ha hecho repetidas veces con aumentos en las penas de los delitos que tampoco reflejan haber causado impacto en los patrones de conducta delictiva...

Fortuño defiende enmienda constitucional respecto a imposición de fianzas dijo...

..Luis Fortuño defendió nuevamente esta mañana su intención de que la ciudadanía vote el 19 de agosto para enmendar la Constitución con el fin de darles discreción a los jueces sobre la imposición de fianzas en ciertas modalidades de asesinato.

Además, en conferencia de prensa en un hotel del Condado como parte de la ceremonia de Valores del Año de la Policía, brindó más detalles sobre otros proyectos de legislación dirigido a limitar el derecho a la fianza en otras circunstancias.

Por ejemplo, mencionó que persigue enmendar la regla de procedimiento criminal 228 a los fines de que cualquier imputado de asesinato (que no sea por asecho o premeditación), robo de vehículo a mano armada, robo domiciliario, secuestro con arma de fuego, agresión sexual y violación a la ley de violencia doméstica con agresión no tenga derecho a la fianza.

Otro proyecto de ley busca imponer mínimos de fianza para ciertos delitos imputados. En los cargos de asesinato (que no estén incluidos en la enmienda constitucional) el mínimo sería de $250,000 por cada cargo.

Otros delitos como agresión sexual, utilizar menor para pornografía infantil, secuestro y robo agravado la fianza sería de no menos de $75,000 por cada cargo.

También se fijarían fianzas mínimas para delitos como homicidio negligente, robo, escalamiento, ciertas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, a la Ley de Armas y la Ley de Violencia Doméstica y el delito de conspiración para cometer delito grave.

Fortuño no fue responsivo, a pesar de que los intentos de los periodistas, a la pregunta de si no era más factible enmendar la ley que crea la Oficina de Servicio con Antelación al Juicio para que esta dependencia no difiera fianzas de imputados de estos delitos.

"Aquí hay una libertad que deben tener los jueces para determinar (si se es elegible para fianza)", dijo Fortuño al insistir en que lo único que busca es atemperar las leyes locales a las leyes federales.

Fortuño rechazó que se haya probado en Puerto Rico que limitar el derecho a la fianza no sea un disuasivo, recordando que el estado de derecho actual garantiza la fianza, aunque es harto conocido que jueces tienen la facultad de fijar fianzas astronómicas.

"En este momento tenemos que poner por encima de todo la libertad individual y la tranquilidad de la gente decente de Puerto Rico. A esa gente es a la que estoy defendiendo", dijo.

"Si funciona bien en el ámbito federal y no hay razón para que no funcione bien en el ámbito estatal", insistió.

http://www.elnuevodia.com/fortunoestaganandotiempoconelgasoducto-1196936.html

Lourdes Rosario dijo...

Yo entiendo que no deben de darle fianza y mucho menos el privilegio del grillete a pedofilos, ley 54, violadores y asesinos y maltrato a menores

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

Podemos estar de acuerdo (si hubiese procesalmente manera de plantear que acusaciones y alegatos son ciertas de manera apriori) lo que sucede es que entonces de cierta manera estamos adjudicando previo al juicio (al decir que son tal o cual cosa) lo que de facto es una grave excepción a la presunción de inocencia, pilar del sistema de derecho...

NO DEBE LIMITARSE EL DERECHO A FIANZA dijo...

La propuesta del gobernador Luis Fortuño de enmendar la Constitución de Puerto Rico para limitar el derecho absoluto a fianza en ciertos tipos de asesinatos, representa un ejercicio en futilidad, sin justificación científica, que atenta contra libertades básicas a las que el País ya ha demostrado que no está dispuesto a renunciar.
Porque hay plena conciencia de que las salvaguardas en las constituciones, desde su nacimiento, se establecieron para proteger al ciudadano de los excesos del Estado. Y por cada puerta que la manipulación política logre abrir explotando la frustración colectiva a causa de la violencia, el Estado colará esos excesos.

A pesar del argumento del gobernador de que su propuesta no tiene que ver con la derrotada consulta promovida por la administración de su partido en 1994, lo cierto es que se centra en el mismo planteamiento: castigar con prisión a un imputado cuya culpabilidad no ha sido probada ante los tribunales.

Recurre en primer lugar el gobernador a una medida que no merece estar en ninguna lista de prioridades en la lucha contra el crimen, porque lo que el País necesita es adoptar un plan enjundioso que ataque la violencia desde su raíz, como reclamamos en nuestro editorial del martes en anticipo a su mensaje de Estado de situación del País.

Un plan abarcador tiene también que incluir una Policía bien remunerada, equipada y dirigida, capaz de investigar, obtener evidencia y detener al sospechoso para que pueda ser llevado ante un juez.

En un año electoral, plagado ya de consultas adicionales como el referéndum sobre status a realizarse junto a los comicios del 6 de noviembre, y la propuesta reducción del número de legisladores -a votarse en agosto-, pretende el Ejecutivo manosear la Constitución con una medida imponderada de dudosa efectividad.
...
lo que se debería explorar antes de optarse por una enmienda constitucional son las distintas alternativas que existen para, mediante legislación o reglamentación y el debido adiestramiento y concienciación de jueces y fiscales, establecer fianzas más rigurosas a imputados de asesinatos, narcotráfico y otros crímenes violentos.

Se pueden también establecer criterios más estrictos que restrinjan o limiten significativamente la intervención de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ), en la mirilla pública a raíz del asesinato en Ceiba de una mujer a manos de su excompañero a pesar de que el hombre llevaba grillete electrónico.

Debemos, igualmente, insistir en que los jueces sigan rigurosamente los criterios de gravedad del delito, peligrosidad del imputado y riesgo de fuga, y que los apliquen en conjunto a la hora de fijar fianza.

Insistimos en que el crimen se combate efectivamente con un plan integral que llene los centros de trabajo y las escuelas, que cree condiciones socioeconómiocas adecuadas y eleve la calidad de vida.

El crimen se combate respetando y ampliando los derechos básicos garantizados. No con medidas que juegan con la frustración colectiva frente al crimen para talar esos derechos consagrados en la Constitución.

Editorial
http://www.elnuevodia.com/editorial-nodebelimitarseelderechoafianza-1196881.html

Aministía Itl.-Puerto Rico re: Derecho a la fianza dijo...

El Derecho a la Fianza está fundamentado en el derecho constitucional a la
presunción de inocencia del ciudadano y el 'habeas corpus'. Implicar eliminarlos va en detrimento de la responsabilidad del Estado en garantizar la justicia, afectando potencialmente a toda la ciudadanía. Cualquier enmienda a la Constitución debe ir dirigida a ampliar derechos y a reivindicarlos, hacer lo contrario constituiría un retroceso a la lucha por el respeto de los derechos. Recalcamos que la participación democrática no se limita a ir a las urnas a votar en una consulta, sino que requiere participación en toda la discusión previa a la consulta.

Pedro Santiago, director ejecutivo de la Sección de Puerto Rico, opinó: No es eliminando libertades individuales ni derechos civiles que garantizamos justicia a la ciudadanía, sino precisamente fortaleciendo y respetando los mismos. Ni eliminar la fianza, ni incrementar las medidas punitivas en el Código penal traerán como consecuencia la reducción de la criminalidad. La criminalidad la reducimos con acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al deporte y a la cultura. No esperemos descuidar todos estos aspectos y al final mantener el orden basados en mano dura y represión.

(sigue)

Aministía Itl.-Puerto Rico re: Derecho a la fianza dijo...

(desde anterior)

Por su parte Osvaldo Burgos, Presidente de la Sección puntualizó: la mejor forma de reducir el crimen es la prevención y el esclarecimiento de los casos, no lo fuerte o punitiva de la condena. En este sentido el Gobernador debió enfocarse en mejores criterios de reclutamiento, supervisión y evaluación en la policía. A su vez de mayores recursos, mejor paga y mejores condiciones de trabajo. Por último, como abogado me preocupa que se tome a la ligera un cambio a la Constitución. Este proceso requiere de un profundo y sosegado análisis donde participen todos los sectores del país y donde se analicen con detenimiento todas las posibles repercusiones. La desesperación que sufre la ciudadanía no debe utilizarse como un balón político para adelantar agendas particulares.

COMUNICADO DE PRENSA

la mano dura... dijo...

propuesta de eliminar la fianza se une a la tendencia latinoamericana de quitar derechos para enfrentar el crimen.

La tendencia se repite en la mayoría de los países del hemisferio: cuando la violencia aumenta los gobiernos recurren a cambiar leyes, militarizar las “soluciones” y hasta cambiar derechos constitucionales como medidas drásticas para atender el crimen.

Brasil, México, El Salvador, Honduras, Trinidad y Tobago, Jamaica y Guatemala, son tan solo algunos de los ejemplos Puerto Rico no está muy lejos, con recurrentes activaciones de la Guardia Nacional para atender situaciones policiacas y la más reciente propuesta de limitar el derecho a la fianza a los acusados de asesinato en primer grado.

Según el informe del Estado de los Derechos Humanos Mundial de Amnistía Internacional, del 2011, en Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala, por ejemplo, la respuesta de sectores gubernamentales ha sido buscar la reinstauración de la pena de muerte.

En Brasil, México, Colombia y El Salvador, entre otros, se militarizaron las intervenciones en los puntos de alta incidencia criminal, en ocasiones, sin proveer capacitación a las fuerzas armadas para salvaguardar los derechos humanos. En Brasil, se estima que 855 personas murieron a manos de las fuerzas armadas o de la policía en intervenciones del gobierno en “actos de resistencia” en el 2010.

Uno de los casos más dramáticos fue en el Caribe. A mediados del 2010, el gobierno de Jamaica reaccionó a la violencia relacionada con pandillas de narcotráfico decretando un estado de emergencia que le dio poderes extraordinarios a las autoridades policiales. El saldo del estado de emergencia fue de 4,000 arrestados y 76 homicidios en enfrentamientos directos. Más de la mitad de las muertes fueron “extrajudiciales”. Es decir, muertes a manos de funcionarios gubernamentales sin que mediara un proceso judicial.

Pedro Santiago, director ejecutivo de la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional, indicó que esos enfoques represivos y contra de los derechos humanos son continuaciones de la ideología que está detrás de la llamada “mano dura” que no funcionan.

“En el caso de Puerto Rico ni eliminar la fianza, ni incrementar las medidas punitivas en el Código Penal traerán como consecuencia la reducción de la criminalidad. La criminalidad la reducimos con acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al deporte y a la cultura. No esperemos descuidar todos estos aspectos y al final mantener el orden basados en mano dura y represión”, dijo Santiago.

(sigue...)

la mano dura... dijo...

(desde anterior)

Según William Ramírez, director ejecutivo del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), los países usualmente adoptan este tipo de decisiones “represivas” cuando existe un disgusto generalizado en la población en torno al crimen. “Es la manera más fácil de dar a entender que están atendiendo el crimen: darle la vuelta a la constitución y cambiar las leyes y hasta limitar los derechos”, añadió Ramírez.

Ramírez indicó, por ejemplo, que Estados Unidos tuvo una reacción similar con la Ley Patriótica, aprobada tras los ataques del 11 de septiembre. En esa ocasión, según el representante de ACLU, se permitió la detención indefinida de personas y se flexibilizaron los métodos de interrogatorios al punto que se generaron múltiples denuncias de tortura.

Santiago, por su parte, explicó que además de los cambios en las leyes y las constituciones, una de las denuncias que más consistentemente ha atendido Amnistía Internacional gira en torno a excesos en la intervenciones del gobierno al momento de atender el crimen. En República Dominicana, por ejemplo, según un estudio de la organización, alrededor del 15% de los homicidios son muertes “extrajudiciales”. En un informe reciente, que se hizo en respuesta a denuncias hechas por la ACLU, la Fiscalía federal en Puerto Rico denunció los excesos de la Policía en violación de los derechos humanos de puertorriqueños.

“Es la salida más fácil que ven al problema y que apacigua mejor las masas. Es una decisión política más que de seguridad”, dijo Ramírez.

Precisamente, Ramírez indicó que el problema principal de la propuesta del gobernador Luis Fortuño, en torno a la fianza es que, al parecer, nace de motivaciones políticas. “Están buscando cambiar un derecho que no fue concebido como un castigo, sino como una garantía de comparecencia al tribunal. Los castigos son las sentencias pero eso es después de que se declaran culpables”, señaló.

“Estas son decisiones del gobierno que no fortalecen la democracia. El debate no puede ser en echar a un lado nuestros derechos a cambio de algo que según dicen puede darnos seguridad. Los cambios deben ser para ampliar derechos, no quitarlos”, dijo.

http://www.elnuevodia.com/popularlamanodura-1199220.html

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

Recientemente a principios de mes al discutir posibles implicaciones de la política pública del gobierno de Puerto Rico en torno a la criminalidad (enfocado a la propuesta de revisión al Derecho de fianza) comentamos que la insistencia en interpretar las estrategias en enfoques cuasi-militares (más intervenciones, menos derechos y más represión) podría conllevar el escalar la disposición y capacidad armada de las empresas criminales y propiciar situaciones en los que los narcos asumieran operaciones militares por su parte (más fuertemente armados, involucrando mayores cantidades de efectivos y en tácticas de guerrilla urbana). El racional es que estas empresas cuentan con un capital impresionante para invertir en sus operaciones y pueden "reclutar" muchas personas dispuestas a "jugársela", ante el asedio policial podrían plantearse acciones más impactantes y aumentar el peligro notablemente para ciudadanos inocentes. Este proceso es similar al ocurrido en las "narco-gangas" que tienen en estado de guerra urbana a varios sectores de México. Hoy vemos alarmados y preocupados que la frecuencia de tiroteos masivos a plena luz se incrementa a la vez que la impunidad de dichos hechos campea a sus anchas. Reiteramos el llamado que se convoque una Cumbre multisectorial y no-sectaria que proponga nuevos enfoques al problema, si seguimos como vamos podemos lamentar no tomar decisiones a tiempo... ROF

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

Sostenemos, con argumentos racionales y evidencias un contundente cuestionamiento sobre la verdadera efectividad de dichas medidas, impugnamos los argumentos que han presentado como puramente demagógicos. Luce a todas luces esta movida como una de corte publicitario de un partido en bancarrota moral, hecho para que sirva de estribillo y eslogan mientras en realidad es una limitación constitucional que no promete resolver nada en nuestra crisis de criminalidad... El Senado de Puerto Rico aprobó ayer, de espaldas al pueblo, con el voto de la bancada del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), una medida que tiene como fin realizar un referendo para limitar el derecho constitucional a la fianza... El Senado aprobó ayer –en votación partidista– la resolución concurrente que propone enmendar la Constitución de Puerto Rico para limitar el derecho a la fianza en casos de asesinato en primer grado, dos medidas que buscan enmendar la Constitución de Puerto Rico para restringir el derecho a la fianza...

Estadísticas oficiales rebaten teoría del Gobe de la fianza. dijo...

"Mientras el gobernador Luis Fortuño no acaba de presentar estadísticas que demuestren que un imputado es más propenso a cometer otro delito estando en libertad bajo fianza, uno de argumentos cardinales para justificar su propuesta de enmendar la Constitución para eliminar este derecho en casos de asesinato, una ponencia de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) expuso que solo un 2.4% de los imputados que supervisaban habían cometido un nuevo delito estando en libertad bajo fianza...Fortuño presentó el jueves unas estadísticas que crearon más confusión sobre el asunto.
..[U]na ponencia de julio 2009 de la OSAJ precisó que solo un 6% de los casos que supervisaban reflejaban incumplimientos. Asimismo indicó que solo un 2.4%, o lo mismo que 1,315 de los 53,866 casos que atendieron, reflejaban que el imputado hubiera cometido un nuevo delito...las estadísticas de OSAJ desde el 1996 hasta el 2009 establecen que evaluaron 256,102 casos y. que de éstos, 53,866 se beneficiaron de los servicios de OSAJ. Sin embargo, aclara que otros imputados gozaban de la libertad bajo fianza gracias a las compañías fiadoras. De los 53,866 casos supervisados en este tiempo por OSAJ, unos 3,681 fueron cancelados, lo que equivale a un 6.8%...[D]el análisis de OSAJ se desprende que de los 3,681 casos cancelados, solo un 35.7% o lo mismo que 1,315 casos se habían cancelado por la comisión de un nuevo delito. El restante que equivalía a unos 2,366 casos o lo mismo que el 64.3% fueron cancelados por incumplimientos...Por otra parte, la criminóloga y profesora de Derecho, Dora Nevares, aseguró a NotiCel que al momento no existen estadísticas actuales que establezcan la correlación de que un individuo que gozaba del derecho a libertad bajo fianza haya cometido un nuevo delito. En esa línea, sostuvo que las últimas estadísticas que hay sobre el asunto datan del 1994 y las de ahora presentadas por Hernández.
Nevares, es una de las tantas personas que se ha expresado en contra de la eliminación del derecho a la libertad bajo fianza. De hecho, durante el 2009 había manifestado sobre el proyecto de Martínez que "la criminalidad es un asunto complejo que en gran medida es un síntoma o reflejo de la sociedad, de sus valores, identidad y objetivos colectivos. Con restringir o eliminar el derecho de todo ciudadano a permanecer bajo fianza en espera de que se demuestre su culpabilidad en un juicio, no vamos a resolver el problema de la criminalidad cotidiana, ni siquiera reducirlo. Tampoco lo vamos a resolver legislando sin una base empírica que demuestre que efectivamente hay un número significativo de personas cometiendo delitos mientras están bajo fianza por otro delito en espera de juicio. Legislar sin saber si efectivamente eliminar la fianza reducirá los asesinatos es continuar dando 'palos a ciegas'....añadió que "estudios hechos en el pasado (1974-1987) demostraron que el número de personas que cometían un nuevo delito mientras gozaban de libertad bajo fianza era mínimo y dentro del margen de tolerancia del sistema de justicia criminal. Antes de legislar es necesario actualizar esos estudios para determinar si hoy hay base empírica que justifique limitar la fianza. Hace unos años no se justificaba empíricamente limitarla, porque no tendría impacto en reducir la criminalidad. Tampoco se avaló por el pueblo en 1994 una propuesta de enmienda a la Constitución para restringir el derecho a fianza".
Y puntualizó que "pensar en que el problema del crimen le corresponde resolverlo a la Policía, legislar penas más altas y eliminar derechos civiles es continuar dando palos a ciegas"."
http://www.noticel.com/noticia/120397/estadisticas-oficiales-rebaten-teoria-del-gobe-de-la-fianza.html#.T66JIr6QjVA.facebook

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

La Cámara de Representantes aprobó realizar un referendo que busca enmendar la constitución de Puerto Rico a fin de eliminar el derecho absoluto a la fianza que tienen los imputados de crímenes.
La mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) sumó esta vez a sus 36 votos, siete de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) para reunir las tres cuarta partes de los miembros de la Cámara, por lo que ahora solo falta la firma del gobernador Luis G. Fortuño para hacer la consulta el 19 de agosto de este año.
"La oferta que ofrece el PPD al referéndum es que nos crucemos de brazos y que tengamos un México porque no se hizo nada para detener el ascenso de los asesinatos vinculados al tráfico de drogas", afirmó la presidenta del cuerpo legislativo, Jenniffer González, previo a la votación.
Atribuyó a la oposición reclamar estadísticas para dar su visto bueno a la medida, "pero cuando quebraron al gobierno no pidieron ninguna estadística", dijo. González afirmó que este año hay 750 convictos reincidentes por casos de asesinatos en las cárceles.
Se refirió a los casos de varios delincuentes que cometieron asesinatos cuando estaban bajo fianza.

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

...la fianza no es un castigo sino un mecanismo para garantizar comparecencia a la corte, esto a la ligera se interpreta que mediando el derecho a la presunción de inocencia lo que es interés apremiante es que se asegure el sistema judicial que los imputados/ posteriormente acusados no se fuguen o desaparezcan antes de culminarse su "día en corte". Hay una impresión generalizada (y que de hecho tiene juristas que lo postulan) de que la fianza es un castigo, pero si es un castigo entonces eso equivale de cierta manera a imponerle una cuota de responsabilidad adicional tanto a la vista de causa para arrestar como a la vista misma de la fianza (pues adjudica esa pena/castigo), vamos el ejercicio es si la persona imputada/sospechosa/acusada resulta ser exonerada ¿qué hubo de los meses que estuvo, primero sumariado, luego encarcelado con causa probable esperando el juicio...??? ¿Qué, un perdona sae'...??? ...realmente creo que los criterios de eficiencia/ efectividad deben ser prioritarios porque si realmente al eliminar derechos constitucionales no estamos atendiendo el problema de la criminalidad surge la interrogante ¿para qué..??? otro asunto medular es que plantean la eliminación del derecho de fianza a presuntos asesinos (asesinato en primera) pero este ejercicio presupone que la evaluación de la prueba/evidencias que apoya la vistas de cargos tengan el rigor de excluir los casos por homicidio a priori lo que no deja ser nuevamente una carga procesal que violenta el proceso del juicio en su fondo y de procesarse el caso por jurado constituye una presión e influencia indebida en la imparcialidad del jurado (que se entera que el preso ya sido "prejuzgado" como asesino en primera)... estamos hablando de un figura abominable ya que estamos hablando de celebrar mini-juicios en las etapas iniciales y prelimminares del proceso lo que contamina el proceso en su fondo...