El Departamento de Policía de Nueva Orleans y el Departamento de Justicia anunció un acuerdo de gran alcance para reformar la fuerza policial y mejorar la seguridad en la ciudad. El acuerdo de 124 páginas, conocido como un Decreto de consentimiento ("consent decree") , establece que "la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad que sirve es tan fuerte como la relación que tiene con esa comunidad."
El acuerdo detalla una serie de requisitos estrictos para reformar las políticas del departamento de policía y los procedimientos. El acuerdo también se ocupa de las evaluaciones de selección y formación del rendimiento y las promociones, las cuestiones de faltas y denuncias/querellas, etc.
El acuerdo de Nueva Orleans se caracteriza por la amplia gama de cuestiones que aborda. El acuerdo está sujeto a la aprobación de un juez federal.
Decreto de consentimiento. Un decreto judicial, expresa un acuerdo voluntario entre las partes, especialmente un acuerdo a cesar sus actividades supuestas ilegales a cambio de poner fin a los cargos. El acuerdo entre partes es sancionada por el Tribunal; por ejemplo, para detener ciertas prácticas cuestionables sin admitir culpabilidad. En un decreto de consentimiento típico, el demandado ya ha cesado o se compromete a cesar la conducta alegada por el demandante y consiente a la orden judicial.
Un decreto de consentimiento puede ser prejudicial, interlocutorio o final. El primero se da en algún motivo o problema que surja en la causa que no decide la cuestión principal; el último asienta el asunto en disputa, y un decreto final tiene el mismo efecto que un fallo en derecho. Una vez introducido, un decreto de consentimiento es vinculante para las partes y no puede revisarse excepto en una muestra de que el consentimiento fue obtenido mediante fraude o que el Decreto se basó en error mutuo o un fallo de consentimiento.
Si la parte contra quien se dicte la sentencia viola los términos del Decreto de consentimiento, el juicio es tan vinculante como cualquier otro, y no incumplir puede implicar una acción de desacato. Nota de ROF.
"Hemos pelado la cebolla hasta la médula", dijo Thomas E. Pérez, Assistant Attorney General for the Civil Rights Division, en marzo de 2011, el Departamento de Justicia dio a conocer los resultados de una investigación de 10 meses encuentra disfunción y corrupción en casi todas las facetas del departamento. Los investigadores federales encontraron evidencias de uso de fuerza excesiva contra civiles, discriminación, la incapacidad para investigar delitos graves y una alarmante falta de rendición de cuentas.
El Decreto de consentimiento se basa en ese informe y ofrece un camino para cambiar las actividades de la policía. La sección del acuerdo sobre el uso de la fuerza, por ejemplo, requiere de políticas y capacitación en toma de decisiones adecuadas para determinar cuándo la fuerza es adecuada y constitucional.
El Departamento de Policía también se ha comprometido a poner en efecto un sistema de información para realizar un seguimiento de los incidentes cuando se usa la fuerza, y un comité de revisión para examinar los episodios en los media uso de la fuerza. El acuerdo también requiere un seguimiento continuo independiente.
Peter Scharf, un criminólogo de la Universidad de Tulane que ha estudiado el departamento policial de 1.300 miembros, dijo que los oficiales locales temían que la nueva iniciativa era para "desmembrar" el Departamento de Policía, en medio de una epidemia de asesinatos. El año pasado hubo 200 asesinatos en la ciudad (considerada una de las más violentas de los Estado Unidos), Scharf señaló "estamos en camino de batir el récord del año pasado."
Los funcionarios que negociaron el acuerdo, sin embargo, argumentaron que acuerdos similares en Los Ángeles y Pittsburgh demostraron que la función policial en general, mejora.
El Departamento de Justicia ha llegado a acuerdos similares con los departamentos de policía en Los Ángeles, Cincinnati, Pittsburgh, Oakland, California y Detroit. Sin embargo, el alcance de este decreto de consentimiento es considerado como el más amplio de su clase.
Informaciones procedentes/ favor ver:
http://www.nytimes.com/2012/07/25/us/plan-to-reform-new-orleans-police-department.html?_r=1&nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20120725
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/new-orleans-agrees-to-major-police-reforms/2012/07/24/gJQA47Rk7W_story.html?wpisrc=nl_headlines
Justice Department Announces Consent Decree with City of New Orleans to Resolve Allegations of Unlawful Misconduct by New Orleans Police Department
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/July/12-ag-917.html
Traducciones, edición y redacción adicional: ROF
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2 comentarios:
Hablando de planes, quizás debemos, sin argumentos politiqueros (tal vez imposible en nuestro ambiente tan polarizado a pesar del reclamo general de la ciudadanía) empezar con una verdadera re-estructuración de las fuerzas policiales. Luego a tenor con los resultados recientes urge replantear el Ministerio fiscal como organización eficiente (ineficiente), el aparente desfase de coordinaciones entre fuerzas policiales estatales y municipales, etc.. Tema a ser explorado con urgencia ante negación oficial del gobierno de iniciar debate sincero e incidencia de enfoques "sensacionalistas" de la oposición del PPD mientras notamos que los grupos emergentes asumen posturas de poco pragmatismo y sin objetivos operacionales a corto plazo. Hay un asunto que debemos plantear, es prioritario entender que los niños/niñas de 8-9-10 años de edad hoy en cuatro años son potenciales de riesgo inminente de contagio, inclusión en patrones delictivos lo cual significa que podemos y debemos de implementar programa de salvar dicha generación sin dejar de atender el problema de deserción escolar que es el semillero actual de reclutamiento de nuevos delincuentes.
"Mañana se cumplen 13 meses de la publicación del duro informe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las violaciones de derechos civiles cometidas, desde 2007, por la Policía de Puerto Rico. En el documento, la oficina estadounidense determinó que por los casos de brutalidad policial – que aumentaron durante este cuatrienio -, discriminación contra minorías, desatención a la violencia doméstica, ausencia de transparencia y corrupción, la propia Policía de Puerto Rico ha generado una crisis de derechos civiles en la Isla...Durante los pasados 13 meses – por medio de la contratación de empresas en Estados Unidos que ya le deben haber costado cerca de $5 millones -, el gobierno de Fortuño ha tratado de convencer a las autoridades estadounidenses de que han comenzado ya las reformas, principalmente sobre el adiestramiento y la respuesta de la Policía a manifestaciones públicas, y que el proceso de ajustes debe hacerse por acuerdos administrativos fuera del tribunal. En La Fortaleza prefieren un “memorando de entendimiento”, un acuerdo administrativo y se oponen al nombramiento de un “monitor federal” que supervise a la Policía por instrucciones de un tribunal...En Los Angeles, donde después de presentar su informe Justicia federal tardó 13 meses en negociar la demanda judicial por consentimiento, las reformas le pueden haber costado a la ciudad cerca de $200 millones.
Ha habido fechas preliminaries para la presentación del caso judicial contra la Policía..La última fecha que se conoció era la del 17 de septiembre...“Los políticos, si no ven un beneficio concreto, deciden no actuar”, dijo el congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois), quien desde el Congreso ha denunciado los casos de brutalidad policial en la Isla y ha seguido de cerca la investigación del Departamento de Justicia federal en torno a la Policía.Sin un acuerdo entre ambos gobiernos, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, también descarta un anuncio este mes..."
'La política y la reforma de la Policía'
http://www.elnuevodia.com/blog-la_politica_y_la_reforma_de_la_policia-1358525.html
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