Saludos, dentro de la vorágine cotidiana hay cosas que por necesidad uno no hace en el momento justo que hubiese querido, en ese proceso repiensas si seguir hacia adelante y si este movimiento implica abandonar la tarea por completo o si tiene validez en un breve paréntesis retomar lo inacabado. Este proceso es como una ola que constantemente con mayor o menor agresividad rodea tu navegar. Hoy regreso a una de esas inconclusas tareas porque entiendo que urge comunicar el contenido de dos sucesos de naturaleza jurisprudencial tanto a los niveles de conocimiento general como tal vez como hitos para que algunos posibles implicados puedan nutrir sus investigaciones correspondientes y fijar donde se dirige la vista o puntería para acertar el esfuerzo esclarecedor. Sin más por el momento, procedo:
Primero-
Padilla v. Kentucky
Acusados tienen derecho a asesoría sobre inmigración
WASHINGTON (AP) - Los inmigrantes en Estados Unidos tienen el derecho constitucional de que sus abogados les digan si una declaración de culpabilidad podría conducir a su deportación, dijo el miércoles la Corte Suprema.
El fallo del alto tribunal extiende la garantía de "asesoría legal eficaz" en casos penales, consagrada en la sexta enmienda de la Constitución, a la asesoría para el inmigrante, sobre todo en casos que implican deportación.
"La severidad de la deportación -equivalente del destierro o el exilio- pone de manifiesto lo crucial que es que el abogado informe a su cliente no ciudadano sobre el riesgo de la deportación", dijo el juez John Paul Stevens, quien redactó el fallo.
La decisión obliga a los abogados a que expliquen a sus clientes inmigrantes las consecuencias de declararse culpables, aunque más de 20 estados consideran de antemano que se les facilite cierta asesoría.
Veintisiete estados también afirman que se elevará el costo de proveer abogados a los procesados inmigrantes pobres, debido a que los estados también tendrían que pagar por asesoría migratoria.
La decisión tuvo lugar en el caso del hondureño José Padilla, quien se había declarado culpable en 2001 de narcotráfico en Kentucky, lo que hacía obligatoria su ulterior deportación.
Padilla ha vivido en Estados Unidos durante más de 40 años como residente permanente. Dijo que preguntó a su abogado en ese entonces si una declaración de culpabilidad afectaría su situación inmigratoria y éste le respondió que no.
Pero el abogado estaba equivocado y Padilla enfrenta una posible deportación.
Los jueces también escucharon el miércoles los argumentos en un caso que plantea otros aspectos del mismo ordenamiento de la ley de inmigración que afectó a Padilla.
La corte considera la apelación de un mexicano que fue deportado tras vivir legalmente más de 20 años en Estados Unidos.
José Angel Carachuri Rosendo fue enviado a México después de que no impugnó un cargo de posesión de una tableta del ansiolítico Xanax. Carachuri Rosendo carecía de prescripción médica cuando tenía el medicamento en Texas.
Un año antes, Carachuri Rosendo se había declarado culpable de poseer menos de 56 gramos (dos onzas) de marihuana.
Los jueces al parecer tienen dificultades para examinar la deportación prácticamente automática que sigue a una reincidencia en drogas, aun cuando el segundo delito sea menor.
El gobierno del presidente Barack Obama, en defensa de la ley, dijo que la segunda condena de Carachuri Rosendo podría haber sido considerada resultante de un crimen grave conforme a la ley federal.
En el caso de Padilla, su abogado en la apelación dijo a la Corte Suprema que la información incorrecta proporcionada al afectado violaba el derecho de "asesoría legal eficaz" consagrado en la Sexta Enmienda.
La mayoría de la corte coincidió.
"Es responsabilidad nuestra bajo la Constitución garantizar que ningún acusado penal, sea ciudadano o no, quede 'a merced de un abogado incompetente'", escribió Stevens.
Los jueces remitieron la causa a la Corte Suprema de Kentucky para decidir si la declaración de culpabilidad de Padilla debe ser anulada.
El caso es Padilla v. Kentucky, 253 S. W. 3d 482.
Nota de ROF.- El derecho a recibir los servicios de un abogado (que opera en directa implicación con el deber del tribunal de proveer dichos servicios de abogado) están en el fundamento de nuestro sistema de justicia penal. La Corte Suprema afirma que los inmigrantes no deben ser responsables cuando confían en consejos incorrectos de sus abogados o si la representación legal falla al asesorar adecuadamente en lo que respecta a consideraciones de inmigración. La decisión nos recuerda que en última instancia, la criminalización creciente de la ley de la inmigración y la carencia de flexibilidad ha dado lugar a resultados adversos a la justicia.
Recordamos rápidamente el caso de ciertos dominicanos de Villas del Sol que fueron arrestados por policías estatales (por supuestamente violar leyes de tránsito) en las inmediaciones en Arecibo de la finca donada por el Dr. Ibarra y que fueron conducidos directamente a las instalaciones de detención del Servicio de inmigración sin mediar proceso en el sistema de justicia penal ni acceso a representación legal. De acuerdo a lo dictaminado por el Supremo en Padilla v. Kentucky se puede plantear que los derechos de estos dominicanos (que eventualmente fueron deportados producto de este proceso citado) fueron violados flagrantemente. Cabe la posibilidad de replantear a la luz de lo dictaminado la posibilidad de cuestionar procedimientos similares.
El texto del caso se puede ver en:
Padilla v. Kentucky
http://www.law.cornell.edu/supct/html/08-651.ZS.html
Nota adicional.- Favor ver editorial del New York Times (06.04.10) sobre Padilla v. Kentucky y 6ta enmienda en comentarios. ROF/ 09.04.10
Segundo-
Al Haramain v. Bush
Juez federal dictamina que intervenciones telefónicas del NSA fueron ilegales
Un juez federal decidió que el programa de la Agencia de seguridad nacional (NSA) de la vigilancia sin autorizaciones era ilegal, rechazando el esfuerzo de la administración de Obama de mantener secreto una de las políticas de contraterrorismo del presidente anterior George W. Bush.
En una opinión de 45 páginas, el juez Vaughn R. Walker determinó que el gobierno había violado un estatuto federal del 1978 que requere la autorización judicial para la vigilancia doméstica cuando interceptó llamadas de teléfono del Al Haramain, una organización caritativa islámica de Oregon, y de dos abogados que lo representaban en 2004. Declarando que habían sujetado a los demandantes “a vigilancia ilegal,” el juez dijo que el gobierno estaba obligado a pagarles daños a los perjudicados.
La decisión es un golpe contundente a los reclamos de la administración de Bush que su programa de vigilancia, que el Sr. Bush autorizó secretamente poco después de los atentados terroristas del 11 de sept. del 2001, era legal. Bajo el programa, la Agencia de seguridad nacional (NSA) supervisó correos electrónicos y las llamadas de teléfono internacionales de ciudadanos sin autorización judicial, aunque el Acta de vigilancia de inteligencia extranjera (FISA) requiere autorizaciones judiciales.
El Departamento de justicia federal dijo que revisaba la decisión y que no había tomado ninguna decisión sobre si apelar o no. El juez Vaughn R. Walker, el principal juez de la corte del distrito federal en San Francisco, rechazó las alegaciones del Departamento de justicia - primero planteadas por la administración de Bush y continuadas bajo Obama - que el pleito se debe desatender sin verse los méritos porque permitir su procesamiento podría revelar secretos de estado.
El juez caracterizó que el uso expandido del alegado privilegio de los secretos de estado es instaurar a una “discreción sin restricciones de la rama ejecutiva” que tenía el “potencial obvio para el abuso gubernamental y exceder” los límites procesales de la jusrisdicción constitucional. En palabras sencillas es la extralimitación oficializada. Esa posición, él dijo, permitiría a oficiales del gobierno burlarse de la ley que requiere la autorización que la rama legislativa había decretado “específicamente para refrenar y crear una comprobación judicial de posibles abusos de la rama ejecutiva de la autoridad (o realmente la desautoridad) de la vigilancia” y los registros irrazonables.
Porque el gobierno simplemente intentó bloquear (como había hecho en previos procesos similares con aparente eficacia) el proceso judicial acogiéndose al supuesto privilegio de los secretos de estado, nunca montó una defensa legal directa del programa de N.S.A. en el caso de Haramain. El juez no trató directamente las discusiones legales hechas por la administración de Bush en defensa del programa de N.S.A. después de que New York Times divulgara su existencia en diciembre del 2005: que el presidente en situaciones de guerra se le permite eliminar el estatuto de FISA. Pero los abogados de Al Haramain sostuvieron racionalmente que el acto en cuestión mina los mismos fundamentos legales de la llamada guerra contra el terrorismo.
El abogado Jon Eisenberg dijo que lo dicatminado por el juez era una “negación implícita de la teoría de Bush-Cheney del poder ejecutivo.” El juez está diciendo que FISA y los estatutos federales no son opcionales,” Eisenberg dijo. “El presidente, como cualquier otro ciudadano es limitado por la ley. La obediencia a la legislación no debe ser opcional para el presidente de los E.U.”
Es la segunda vez que un juez federal ha declarado el programa de vigilancia ('wiretapping') sin autorizaciones como un procedimiento ilegal. Pero una decisión de 2006 de la juez federal en Detroit, Ana Diggs Taylor, fue revocada considerando que los demandantes no podían probar que fueron intervenidos y por ende por falta de legitimación ('standing') carecían del derecho a demandar (sin prueba clara de daños reales un demandante está imposibilitado de proceder a demandar por daños y perjuicios: carece de legitimidad). Varios otros pleitos sobre el programa han fracasado debido a preocupaciones similares de jurisdicción o debido a la inmunidad concedida a las compañías de telecomunicaciones que participaron en el programa de N.S.A.
Por el contrario, en el caso de Haramain el gobierno divulgó inadvertidamente un documento clasificado que hizo claro que el demandante había sido sujeto de vigilancia sin autorizaciones judiciales previas. Aunque no se permite, en el curso del pleito, a los demandantes en el caso de Haramain utilizar el documento para probar dicha situación, (un aspecto procesal interesante: el juez adviene en conocimiento del documento pero no acepta que se presente (entre) como pieza evidenciaria) el Sr. Eisenberg y seis otros abogados que trabajaban en el caso pudieron utilizar la información pública (introducidas como materia de conocimiento judicial) - incluyendo un discurso de 2007 por un funcionario de F.B.I. que reconoció que Al Haramain había sido colocado bajo vigilancia - para probar las intervenciones como cuestión de hechos.
El juez aceptó la otra oferta de evidencia y declaró que los demandantes habían demostrado que la vigilancia ocurre de una forma que requiere una autorización judicial previa. Dijo que el gobierno no había podido producir esa autorización, así que concedió una sentencia sumaria a favor de los demandantes. Pero la responsabilidad fue limitada, por el juez, al gobierno como institución, rechazando el esfuerzo de los demandantes de incluir a Roberto S. Mueller III, el director del F.B.I., en su carácter personal.
El descubrimiento en 2005 de la existencia del programa propició una discusión sobre los límites de poder ejecutivo y el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos civiles.
El Acta referida (FISA) ha sufrido cambios para atemperarla a las exigencia judiciales tanto durante las postrimerías del gobierno de Bush como ahora en el gobierno de Obama.
La ley reacondicionada, sin embargo, todavía requiere al gobierno obtener una autorización si está centrando en un ciudadano americano o una organización dentro de los Estados Unidos. La vigilancia de Al Haramain todavía sería hoy ilegal si ninguna corte la había aprobado, actuales y anteriores funcionarios del Departamento de justicia dijeron. Pero desde que Obama tomó la oficina, el N.S.A. ha violado varias veces los límites impuestos por la nueva ley de FISA. La administración ha reconocido los lapsos pero ha dicho que han sido corregidos.
Información a base de reportajes del New York Times.
http://www.nytimes.com/2010/04/01/us/01nsa.html?th=&emc=th&pagewanted=print
El caso con documentos relacionados se puede ver en:
Al Haramain v. Bush
http://www.eff.org/cases/al-haramain
Nota de ROF.- Este hecho judicial revierte una importancia de dimensiones históricas pero a la vez actuales ya que dichos procedimientos de vigilancia, allanamientos y registros ilegales (entre otros procedimientos ilegales del estado) siguen siendo parte del escenario nacional y local. En Puerto Rico por ejemplo es una muestra contundente que los desmanes asociados al proceso del carpeteo y que alegadamente han sido superados pueden estar totalmente funcionales disfrazados o reencarnados en otros programas ilegales por ejemplo del FBI. Por otra parte igualmente la controversia y sus implicaciones nuevamente apuntan a la existencia de un cuadro mayor de ilegalidad e inconstitucionalidad rampante dentro del cual han operado y operan las diferentes y diversas unidades del sistema de seguridad de los Estados Unidos.
En un plano de consideraciones doctrinarias se puede sostener para efecto de argumento lógico que las ilegalidades e inconstitucionalidades del sistema de seguridad operan bajo el palio, las alegaciones y la supuesta autorización de poderes extraordinarios de la rama ejecutiva que se conocen como el derecho de excepciones. Este estado de derecho de excepciones, se puede argumentar, es ilegal a 'prima facie' ya que opera bajo el supuesto fundamental de una contradicción insalvable: se instalan las excepciones sin haber probado las circunstancias que justifican su existencia.
Una posible aplicación de este error de constructo es la implantación en Puerto Rico de leyes (tales como la nefasta Ley 7) que han creado este escenario de excepciones (por ejemplo incumplir contratos existentes tales como los convenios laborales o invalidar 'de facto' derechos adquiridos). El Estado de Derecho tiene dos componentes: por un lado, el Estado como poder político, y por otro, el Derecho como conjunto de normas. Como estructura que se antepone a los previos poderes absolutos de ciertos sectores o actores sociales, el Estado de Derecho no se crea para castigar al ciudadano, sino para limitar el poder.
La fecha de publicación de esta entrada refleja el inicio del esfuerzo en su forma de borrador, ha sido publicado finalmente el martes 6 de abril del 2010. Traducciones, edición y redacción adicional.- ROF
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1 comentario:
Immigration laws have changed over the years to make it easier to deport noncitizens convicted of crimes, even nonviolent crimes. But that does not mean they should be treated unfairly in court — a point the Supreme Court drove home last week by ruling that lawyers for noncitizens must advise their clients if a guilty plea would put them at risk of being deported.
Jose Padilla, a commercial truck driver, Vietnam veteran and native of Honduras, has lived legally in the United States for 40 years. He was arrested in Kentucky after he was found with a large amount of marijuana in his tractor-trailer. He was charged with drug offenses that would make his deportation virtually mandatory.
When Mr. Padilla asked his lawyer about the consequences of pleading guilty, he said he was told that he did not need to worry about his immigration status since he had been in the country so long. When he faced deportation, Mr. Padilla argued that he pleaded guilty only because of that erroneous advice. The Supreme Court of Kentucky rejected his claim. It said his right to effective assistance of counsel did not apply because deportation was merely a “collateral” consequence of his conviction.
The Supreme Court voted 7-to-2 to reverse. Justice John Paul Stevens, writing for a 5-member majority, said judges used to have considerable discretion about whether a noncitizen should be deported after being convicted of a crime. Because much of that discretion has been taken away, correct legal advice is more important than before for immigrants. Justice Stevens said it was wrong to dismiss deportation as a “collateral” issue because deportation is nearly automatic in many cases.
The court went on to rule that if Mr. Padilla’s account was correct, his lawyer had not met the constitutional standard. The court noted that the ability to remain in the country can be more important to a client than the possibility of a jail sentence. And it would not have been difficult for Mr. Padilla’s lawyer to ascertain that a guilty plea would put him at considerable risk of deportation.
To get relief, Mr. Padilla still needs to show that he was actually prejudiced by the bad advice. No matter how this case is resolved, it has already established a constitutional principle that will help ensure that the Sixth Amendment rights of immigrants are protected.
EDITORIAL
http://www.nytimes.com/2010/04/06/opinion/06tue2.html?ref=global-home
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