People of Puerto Rico vs. Federal Bureau of Investigations (FBI) Rev. 03/09/09

La necesidad es la justificación que aduce toda violación de la libertad humana. Es el argumento de los tiranos, es el credo de la esclavitud.
- Paul Revere, patriota revolucionario americano.

Exordio. People of Puerto Rico vs. Federal Bureau of Investigations (FBI).

Para efectos de redacción, como tesis quisiera plantear, que a mi parecer, hay un escenario de grandes posibilidades que sugiere la celebración de un proceso judicial que es de mucha mayor importancia histórica real. Me refiero a la posibilidad de que los hechos relacionados a la muerte de Filiberto Ojeda Ríos sean investigados penalmente y los responsables (incluyendo los implicados por responsabilidad vicaria léase las entidades gubernamentales relacionados directamente tal como el FBI) encausados judicialmente.

Por la presencia de autoridades federales, la jurisdicción federal es incuestionable, por la naturaleza del delito existe la posibilidad de que se pueda plantear una violación de derechos humanos. En la era de Bush, el Departamento de Justicia federal era un impedimento sino una muralla, en contra de cualquier procesamiento judicial real y honesto de una operación dudosa del FBI, en los nuevos tiempos del gobierno de Obama, apoyado masivamente y sin precedentes por el pueblo americano, y ante un giro radical de las circunstancias ¿qué podemos esperar, y tal vez, más urgente, qué debemos exigir?

Aproximación hacia el marco general del delito de asesinato político.

Habiendo planteado la tésis citada quisiera dedicar esta publicación a enmarcar los hechos dentro de la panorámica que explica su razón de ser como hecho abominable de una política represiva en el mayor desprecio de los derechos fundamentales que otorga un sistema constitucional como el que supuestamente preconiza el gobierno estadounidense y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Inclusive por las dimensiones negativas del delito: el asesinato políticamente motivado, este proceso adquiere proporciones de violación de derecho humano. En este contexto cuando lo insertamos dentro de la perspectiva de los pleitos que se están desarrollando en las cortes federales referente a las violaciones de derechos incoados por la administración de George W. Bush, incluyendo acusaciones por tortura, el proceso de la muerte de Filiberto Ojeda Ríos y el rol de los federales tiene el potencial de ser un caso que tanto desenmascare el carácter ilegal de ciertas operaciones federales, en este caso por lo menos del FBI, como que implique en su carácter personal a muchos de los que intervinieron en ese proceso.

Responsabilidad penal de funcionarios del FBI en el asesinato de Ojeda Ríos.

Veamos, existe la posibilidad de que tanto el actual director del FBI en la isla, Fratichelli como el incumbente Superintendente de la Policía, Figueroa Sancha, quien en ese momento estaba activo en el FBI y presente en un rol directivo dentro de los hechos alegados, sean investigados, procesables y acusados.

Estipulamos: Que conste que producto de la autopsia se deduce que Ojeda Ríos muere desangrado luego de recibir el disparo del francotirador. Que conste que Ojeda Ríos, un anciano de setenta años con una pistola 9 milímetros, se enfrentó a un contingente de cientos de agentes con armas largas. Que conste que se levantaron cientos sino miles de casquillos que fueron disparados contra este solitario anciano que estaba totalmente cercado y que según profesionales de estrategias policíacas pudo ser tratado de manera que obligase que Ojeda Ríos se entregara o sucumbiera por desmayo inducido. Que conste que al tratarse de una operación militar presupone la intención lo que constituye motivo penal. Que conste que la obediencia jerárquica no exime de culpabilidad y requiere que se pruebe que alguien de mayor rango y autoridad diese una orden contundente para que si acaso opere como atenuante.

Pero esta historia de la muerte de un anciano en Hormigueros, a la que volveremos, se inserta en todo un momento histórico que le sirve de marco de referencia. A este ejercicio de acercamiento a la panorámica relevante es que quiero dedicar esfuerzos reconociendo de entrada que nuestra exposición es un boceto de una teoría, comprensivo con ciertos detalles pero boceto al fin del cuadro completo que se ha descubrir mediante los procesos investigativos pertinentes por lo menos eso esperamos al igual que millones de personas en todo el mundo.

Permítanme alejarme del árbol para que podamos ver todo el bosque: un mundo viviendo con miedo.

Digamos que se trata de un testigo pericial reconocido en lo que respecta a política americana: Zbigniew Brzezinski fue Consejero de Seguridad Nacional del presidente de E.U. Jimmy Carter de 1977 a 1981. En 1981 fue premiado con la Medalla Presidencial de la Libertad por su importante papel en la normalización de las relaciones E.U.A-China y por sus contribuciones a las políticas de derechos humanos y seguridad nacional de E.U.A. Actualmente, es consejero y miembro del consejo de administración del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un importante foco de pensamiento político. También impartió la asignatura Política Exterior Americana en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. El Dr. Brzezinski se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard en 1953 y fue académico de la Facultad de la Universidad de Columbia de 1960 a 1989 y de la Universidad de Harvard de 1953 a 1960.

Recientemente estuve escuchando a este hombre hablar a sus anchas sobre aspectos relevantes de la realidad nacional e internacional de los Estados Unidos. Entre otras cosas me llamó la atención dos cosas. La primera la voy a citar para si acaso discutirla en otra ocasión, que en 16 años la industria financiera ha transferido miles de billones a las manos de la élite bancaria estadounidense. La segunda era que para el no existe ni ha existido nunca una 'guerra al terrorismo' sino como mera excusa para justificar un disloque fundamental del sistema constitucional y trastocar el sistema republicano de gobierno de facto confiriéndo un poder cuasi omnímodo a la rama ejecutiva léase la presidencia sin que medie una orden congresional de ley marcial o sea carente de ulterior legitimadad.

Dice Brzezinski que la ‘guerra al terrorismo’ ha creado una cultura del miedo en América, y que la frase en sí mismo carece de sentido. No define ni un contexto geográfico ni a enemigos presumibles. El terrorismo no es enemigo sino una técnica de guerra -la intimidación política mediante la muerte de personas desarmadas y civiles inocentes- pero el pequeño secreto es que la ambiguedad de la frase fue calculada deliberadamente por sus patrocinadores. Referencia constante a la ‘guerra al terrorismo’ logró un objetivo importante: estimuló la aparición de una cultura del miedo. En otro momento nacional de crisis, sin embargo, se dijo, para efecto de comparación; “la única cosa que tenemos que temer es al miedo” (F.D. Roosevelt).

¿Cuál es el resultado de años de lavado nacional de cerebros ?

La cultura del miedo habia criado una intolerancia epidémica, la suspicacia paranoica de los extranjeros y la adopción de procedimientos ilegales que minaron severamente las nociones fundamentales y procesales de la justicia, que habían diluido (sino cancelado) la presunción de inocencia y el debido proceso de ley entre otros aspectos de los derechos fundamentales. Las operaciones de contraterrorismo dieron lugar a centenares de detenciones (sin debido proceso ni el consabido derecho a un día de juicio) de personas en América y el exterior, sin tener nada que ver con cualquier conflicto armado.

El miedo, el temor atroz, el sentimiento patalógicamente inseguro (e insistimos artificialmente inducido) que censura textos, decapita el pensamiento crítico, racionaliza violaciones de derechos básicos, cosecha odios ciegos, se fundamenta en prejuicios discriminatorios e impone silencios, no es ni ha sido nunca, una cuestión menor. “[Y] conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” (Juan 8:32); lo que invariablemente significa que todo aquel que vive en la mentira, es esclavo, y que es la mentira la que nos esclaviza.

Un aspecto lamentablemente clave fue el uso frecuente del subterfugio del alegado secreto de seguridad nacional como forma extrajudicial de evadir responsibilidades, el deber de divulgación y derecho a la información en lo que, a todas luces, era una manera de autoexclusión penal y civil de las diversas agencias federales de seguridad. Este recurso extremadamente útil para cualquier y todo intento de encubrimiento de delitos y violaciones a los derechos civiles fue precisamente el utilizado por las autoridades federales emplazadas por el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante su reciente intento de procesar los hechos asociados a la muerte de Filiberto Ojeda Ríos.

Recordemos que después de Richard Nixon (Watergate), el Congreso tomó medidas para abrir la oficina del Presidente. Los expedientes deberían ser retenidos por 12 años y después ser divulgados generalmente al público, conforme a todas las limitaciones generalmente de FOIA para la materia que tiene cierto motivo real para seguir siendo secreta. Por orden ejecutiva Obama ha implementado un sistema de divulgación más acelerado de los documentos que Bush había decretado que eran secretos bajo la protección de la doctrina de privilegio ejecutivo y que incluyen casi todos los documentos relacionados a la ‘guerra al terrorismo’ y todas las operaciones de la agencias de seguridad nacional.

Anti-terrorismo vs. derechos humanos.

Una investigación sobre las consecuencias de las medidas contraterroristas a nivel mundial concluyó que éstas minaron gravemente las leyes internacionales en materia de derechos humanos y aseguró que muchas de esas decisiones fueron ilegales. El estudio, realizado por iniciativa de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señaló que muchos estados utilizaron el miedo al terrorismo para introducir medidas como la tortura, la detención indefinida sin juicios y las desapariciones ilegales. La investigación, de tres años de duración, fue llevada a cabo por un panel de juristas establecido por la CIJ, que tiene su sede en Ginebra, Suiza.

Uno de los ocho integrantes del panel, Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, le dijo a BBC Mundo que el informe busca llamar a la racionalidad a la hora de enfrentar el fenómeno del terrorismo. Zaffaroni, dice: “No es posible fabricar un enemigo y hacer tabla rasa de todo lo que ha alcanzado nuestra tradición jurídica. No hay ni puede haber una 'guerra contra el terrorismo' porque el terrorismo es un método, una táctica” , manifestó. “Hay que encarar el fenómeno desde el punto de vista racional, prevenirlo a través del perfeccionamiento de la información y de la investigación,…y no rompiendo garantías (constitucionales)”, señaló.

El informe es muy crítico de la llamada ‘guerra contra el terror’ impulsada por Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. El sumario del documento destaca que “estados democráticos liberales que previamente habían defendido los derechos humanos, ahora están contribuyendo a la erosión del derecho internacional al violar ellos mismos estos estándares”. Zaffaroni dijo a BBC Mundo que eso es “lamentable porque países que a lo largo del siglo pasado perdieron a millones de personas luchando por una concepción de la vida, luchando por derechos y garantías, luchando por una cultura de libertad, de democracia y de convivencia, no pueden entregar esos valores por un fenómeno criminal de esta naturaleza”.

Informe del Panel de Juristas.

“En América Latina tuvimos una larga experiencia de terrorismo, al cual se sumó el terrorismo de estado, que casi destruyó nuestros estados y nuestra tradición democrática”, le dijo Zaffaroni a BBC Mundo. “Nos ha costado muchísimo rehacer esta tradición y recomponer nuestros órdenes constitucionales”, destacó. Los panelistas instaron a todos los organismos de la Organización de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, a desempeñar un papel de liderazgo en la restauración del respeto a los derechos humanos en los esfuerzos de sus agencias y de sus estados miembros.

‘La guerra contra el terrorismo fue un error.’

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Miliband, criticó duramente el concepto de la llamada 'guerra contra el terrorismo', al que calificó de “erróneo y engañoso”. En un artículo publicado en el diario británico The Guardian, Miliband dijo que la estrategia fue peligrosamente contraproducente, Miliband emitió sus comentarios cinco días antes del final de la presidencia en Estados Unidos de George W. Bush, quien acuñó la frase ‘guerra contra el terrorismo’ a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Sin embargo según otros esta declaración de David Miliband y del Partido Laborista es pura hipocresía: su gobierno le sirvió de perrito faldero a la doctrina de Bush en Irak y otras partes, dice Angus Robertson del Partido Nacional Escocés. El Reino Unido se convirtió en el principal aliado de E.U. en esa ‘guerra’. El líder del opositor Partido Nacional Escocés, Robertson, acusó al canciller de tratar de “reescribir la historia”.

Derechos humanos en lugar de intervenciones militares.

El canciller británico, en una visita oficial a India, también se distanció de la idea de confiar ante todo en los medios militares. “Debemos respetar nuestros compromisos con los derechos humanos y con las libertades civiles, tanto en nuestros países como en el extranjero”, agregó. Según él, ésa es la principal lección del polémico centro de detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, y por eso el gobierno británico ha recibido con beneplácito la decisión del presidente de E.U., Barack Obama, de cerrarlo.

La Constitución asediada segun Bush.

Este marco de decadencia del sistema de derecho (‘rule of law’) nace desde los niveles más altos del estado norteamericano y distorsiona todo el sistema judicial federal. En 2005, los líderes republicanos del Congreso llegaron a la Casa Blanca para encontrarse con el presidente George W. Bush para hablar de renovar el polémico Patriot Act. Varias provisiones del acta, de vigencia temporera, habian causado bastante revuelo y protestas que los grupos como la Unión americana de libertades civiles (ACLU) habían combatido y unido fuerzas con conservadores prominentes como Phyllis Schlafly y Bob Barr para oponerse a su renovación. Los líderes dijeron a Bush que su empuje incondicional para renovar las provisiones más onerosas del acta podría todavía enajenar más lejos a los conservadores ya enojados con el presidente por su deseo de nominar la asesora legal de la Casa Blanca Harriet Miers al Tribunal Supremo. “No me importa (‘I don‘t give a damn’)” Bush replicó. “Soy el presidente y el comandante en jefe. Háganlo de mi manera”; “Sr. Presidente,” un asistente a la reunión dijo. “Hay un caso válido de que las provisiones en esta ley minan la Constitución” “Dejen de tirarme la Constitución en la cara,” Bush gritó: “¡Es solo un maldito trozo de papel!” (‘It's just a goddamned piece of paper!’).

El posteriormente Secretario del Departamento de Justicia Alberto Gonzales nombrado por Bush, mientras fue asesor legal de la Casa Blanca, escribió que “[l]a constitución es un documento anticuado.” Esa visión nulificadora de los preceptos de la supremacía constitucional, sustituyendo fundamentos como las garantías de la Carta de Derechos con prerrogativas ejecutivas a la orden del delirio de perseguir y condenar terroristas sin consideraciones de debido procedimiento es la filosofía extrajurídica que justifica el funcionamiento del sistema de seguridad de los Estados Unidos durante su supuesta 'guerra contra el terrorismo'. Esa es la racionalización que permite el uso frecuente e indiscriminado de la excepción del supuesto ‘secreto de seguridad nacional’.

Gonzales recordamos que fue obligado a renunciar al revelarse sus manipulaciones de las facultades del Departamento de Justicia federal para perseguir y formularle cargos a los adversarios políticos del Partido Republicano de Bush. Igualmente recordamos que fue Gonzales quien nombra a la Fiscal Rosa Emilia Rodríguez en su puesto aunque hubiese sido rechazada previamente por el Congreso. Hoy Gonzales ha manifestado su disponibilidad a cooperar con las investigaciones de los abusos cometidos durante la era de Bush y la 'guerra al terrorismo'.

Anthony Napolitano, autor de ‘A Nation of Sheep’ (Una nación de corderos), ha descrito el asalto a los derechos mediante el ataque o la erosión de los princios de la primera y cuarta enmienda: “la mayoría de los errores constitucionales del ‘Patriot Act’ son (sobretodo) un asalto a la Primera y Cuarta enmienda. Permite que los agentes federales escriban sus propios órdenes de registro [bajo el nombre de la “seguridad nacional”] sin que un juez examine la evidencia… No sólo eso, pero el ‘Patriot Act’ le permite [a los agentes] servir órdenes de registro sin intervención judicial, y el acto de la autorización de la inteligencia de 2004 en lenguaje orwelliano incluye además de los bancos, a delis, bodegas, restaurantes, hoteles, oficinas de doctores, oficinas de abogados, telecomunicaciones, HMOs, hospitales, casinos, distribuidores autorizados de joyería, distribuidores autorizados de automóvil…y esa gran institución en quien todos descansamos nuestros destinos, la oficina de correos.”

Llega el cambio: citas textuales.

“Eso no significa que si alguien ha infringido abiertamente la ley, que están sobre la ley.”
-Presidente Obama en entrevista con George Stephanopoulos en ABC.

“…vivir nuestros valores no nos hace más débiles. Nos hace más seguros, y nos hace más fuertes. Y por eso que puedo pararme aquí esta noche y decir, sin excepción o ambigüedad, que los Estados Unidos de América no tortura. Podemos llegar a ese compromiso aquí esta noche.”
-Presidente Obama en el discurso a la sesión conjunta del Congreso el martes 24 de febrero de 2009.

“Presidente Obama invirtió las políticas de contraterrorismo de la administración de Bush el jueves… [s]us acciones el segundo día de la presidencia del Sr. Obama recibiieron elogios de los grupos de derechos humanos… intentan enviar una señal clara al mundo que él está rompiendo con las políticas de la administración de Bush, que a menudo durante su campaña presidencial llamó equivocadas y contraproducentes.”
-The New York Times.

“Es tiempo de dejar de decirle a la gente americana una cosa en público mientras que hacemos otra cosa en las sombras.”
- Mensaje de Barak Obama durante la campaña presidencial sobre la secretividad de las agencias de seguridad de la administración de Bush.

“Bajo mi administración los Estados Unidos…seguirá las convenciones de Ginebra, mantendremos nuestros valores más altos e ideales…”
- Presidente Barak Obama.

El momento actual: ¿investigación de delitos durante la administración de Bush?

En respuesta a las acciones llevadas a cabo por el Presidente Obama el ACLU resumió: “Presidente Obama… pidió el cierre del campamento de prisioneros en la bahía de Guantánamo dentro de un año y parar las comisiones militares; el fin del uso de la tortura y de las prisiones secretas en todo el mundo; y una revisión de la detención del único residente de los E.U. que esta encarcelado indefinidamente como “supuesto combatiente enemigo” en suelo americano. El detenido, Ali al-Marri, es cliente de la Unión americana de las libertades civiles (ACLU) en un caso pendiente antes del Tribunal Supremo (Nota de ROF- al momento de redacción ya Ali al-Marri ha sido acusado a nivel federal lo cual es un primer paso que lo saca del limbo judicial y lo ubica en el sistema judicial con los debidos derechos procesales).” Como muchos, el director ejecutivo de ACLU Anthony Romero expresó un entusiasmo desenfrenado: “Estos decretos representan un paso gigante adelante. Poner fin a Guantánamo, las prisiones de la tortura y el secreto son un trifecta de las libertades civiles…”

Lo cierto, sin embargo, es que en estos momentos, el gobierno de Obama bajo la dirección de Eric Holder del Departamento de Justicia está defendiendo decisiones de la administración de Bush de guardar como secretos muchos documentos sobre la interceptación de teléfonos doméstica, la recolección de datos de viajeros y ciudadanos de los E.U., y la interrogación de sospechosos de ser terroristas.

En al menos media docena de pleitos relacionados, los abogados del Departamento de justicia se han opuesto a mociones formales o han despreciado ofertas extrajudiciales para retrasar acción legal hasta lleguen las nuevas pautas del Acta de la libertad de información (FOIA) de la administración de Obama que decidan si las nuevas reglas pudieran permitir que el público tenga acceso a información denegada previamente por la administración de Bush.

Por lo menos en un caso el Departamento de Justicia acordó suspender un pleito de FOIA hasta que los documentos disputados puedan ser evaluados de nuevo bajo pautas nuevas. Ese caso implica las negociaciones en un tratado de falsificación, no las tácticas más polémicas y más secretas del anti-terrorismo identificadas en las promesas de Obama de proveer la mayor franqueza y divulgación de documentos.

De hecho (ayer lunes 2 de marzo de 2009) nos enteramos que “la CIA destruyó casi 100 videograbaciones de los interrogatorios a los que fueron sometidos algunos prisioneros en la 'guerra contra el terrorismo', muchas más de las que se había reconocido previamente, según documentos recién descubiertos." La revelación del lunes llega mientras un fiscal judicial está terminando su investigación en la materia. La admisión de decenas de cintas destruidas apareció en una carta presentada por abogados del gobierno en Nueva York, donde la Unión Americana de libertades civiles (ACLU) presentó una demanda buscando más detalles sobre los programas de interrogatorio a supuestos terroristas.

“La CIA puede ahora identificar la cifra de cintas que fueron destruidas”, señaló la carta del fiscal federal interino Lev Dassin. “Noventa y dos cintas de video fueron destruidas”, agregó. Las cintas se convirtieron en materia de juicio en el caso del conspirador de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 Zacarías Moussaoui luego que los fiscales señalaran inicialmente que no existían tales grabaciones. Después admitieron que se habían grabado dos cintas de video y una de audio.

La carta, fechada el 2 de marzo y remitida al juez Alvin Hellerstein, dice que la CIA está recabando ahora más detalles para la demanda, incluída "una lista de grabaciones destruidas, cualquier narración secundaria que describa los contenidos de las cintas destruidas y las identidades de quienes pudieran haber visto o tenido en posesión las grabaciones antes de que fueran destruidas.”

Pero por otro lado la administración de Obama está bajo presión nacional e internacional para investigar el tratamiento de los detenidos del terror tras la admisión pública de una funcionaria superior del Pentágono que un detenido fue “torturado” en Guantánamo. En una entrevista inusualmente sincera, Susan J. Crawford, de las comisiones militares, le dijo a Bob Woodward del Washington Post que “un número de técnicas de la interrogación usadas contra Mohammed al-Qahtani se adhieren a la definición legal de tortura.”

“Torturamos al-Qahtani” Crawford le dijo a Woodward.

Crawford tenía acceso directo a los archivos de al-Qahtani que nunca se han hecho públicos, incluyendo prácticas que ella dice que puso al detenido saudí en una “condición” peligrosa para su vida. “Cuento con que el paso siguiente para el Departamento de Justicia de la nueva administración es echar una ojeada a todos los hechos para determinar cualquier responsabilidad.“ dijo el Sen. Carl Levin, presidente del Comité de las fuerzas armadas del Senado, en una declaración a Newsweek. (Levin lanzó recientemente un informe que concluía que los funcionarios de la administración de Bush eran responsables penalmente de delitos de abusos criminales.)

La palabra tortura podría tener implicaciones legales inmediatas. La tortura no es solo una violación de tratados internacionales tales como las convenciones de Ginebra, es también un crimen federal. De hecho, muy recientemente el Departamento de Justicia federal publicó un comunicado de prensa que destacaba el procesamiento de Roy M. Belfast (a.k.a. ‘Chuckie Taylor’), el hijo del ex-dictador liberiano Charles Taylor, por actos de tortura cometidos bajo el régimen de su padre durante los años 90. Belfast, que dirigió una organización paramilitar conocida como la unidad antiterrorista, fue condenado a 97 años en la prisión por actos tales como quemar a víctimas con cigarrillos, plástico derretido y agua hirviendo así como darle escarpizas severas con armas de fuego y someterlos a descargas con un dispositivo eléctrico.

“Nuestro mensaje a los violadores de los derechos humanos, no importa de dónde son, sigue siendo igual: Utilizaremos el alcance completo de la ley de los E.U., y cada recurso legal en la disposición de nuestros investigadores y fiscales, para encontrarlos completamente responsables de sus crímenes.” dijo el Procurador Auxiliar Matthew Friedrich de la división criminal en un comunicado de prensa.

Defensores de los derechos civiles en E.U. instaron al presidente Barack Obama a que establezca una comisión independiente que investigue presuntos abusos en la lucha antiterrorista. Human Rights Watch (HRW) y otras 17 agrupaciones de derechos civiles pidieron que una comisión independiente investigue los abusos presuntamente cometidos en los últimos ocho años tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los abusos cometidos no sólo han minado la autoridad moral de Estados Unidos sino que también han perjudicado su seguridad nacional , dijo Jennifer Daskal, asesora legal en asuntos antiterroristas de HRW. Necesitamos entender exactamente qué pasó para así proteger nuestras libertades fundamentales y mantener seguro al país , agregó.

Entre los firmantes de la petición figuran Amnistía Internacional, el Centro para las Víctimas de Tortura, la Red Internacional de Justicia, y el Instituto de Justicia Militar. La petición fue respaldada por líderes castrenses, políticos, y religiosos, entre ellos el ex secretario de Estado Adjunto para Asuntos Políticos, Thomas Pickering; el mayor general retirado Antonio Taguba, y Juan E. Méndez, presidente del Centro Internacional de Justicia Transicional.

¿Qué quiere la gente? Un clamor creciente por la verdad y la justicia.

Visiones sobre si el uso de la tortura está justificado para conseguir información importante de sospechosos: una mayoría de la población de los E.U. dice que la tortura raramente (el 20%) o nunca (el 31%) está justificada de acuerdo a la última encuesta nacional del Pew Research Center for the People & the Press, celebrada el 4-8 de febrero con respecto a políticas antiterroristas.

Una encuesta de USA TODAY/Gallup (2-12-09) revela que una mayoría de americanos está a favor de la investigación de si las políticas de interrogación y de detención de la administración de Bush infringieron la ley. Un poco más de dos terceras partes de los encuestados dijo que debe haber investigaciones de las alegaciones de ilegalidad de prácticas represivas empleadas por la administración de Bush.

Después de más de cuatro años de litigios jurídicos y gracias a la ley estadounidense sobre la libertad de información (FOIA), el Centro por los Derechos Constitucionales, Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York han obtenido cientos de páginas de documentos oficiales que revelan excesos cometidos en virtud de la 'guerra contra el terrorismo'.

Las tres organizaciones aseguraron en rueda de prensa que estos documentos son sólo ‘la punta que asoma del témpano’. “Queremos saber qué sabían y quiénes sabían de este programa y quién lo autorizó y cuándo” , señalaron.

Si la tortura es universalmente deplorable, ¿qué tal el asesinato por razones políticas?

El asesinato el 23 de septiembre del líder independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda Rios representa un acto de terrorismo de estado porque fue una fría y cruel operación a manos de un contingente de representantes del gobierno de los E.U.

Es una prueba más de que en nombre de la ‘guerra al terrorismo global’ Washington se abrogó el derecho de cometer crímenes violentos, conducir asesinatos políticos y de actuar como juez, jurado y verdugo contra opositores de sus políticas.

Según los informes escuetos revelados sobre la operación, definitivamente muy bien organizada, coordinada y fríamente ejecutada, implicó, por lo menos, 100 agentes especializados y fuertemente armados, apoyados por helicópteros y un pelotón de expertos francotiradores militares traídos a la isla desde el centro de operaciones de las agencias de seguridad americanas en Virginia.

¿Habrá alguien con credibilidad que pueda alegar que la muerte de Ojeda Ríos no fue parte de una operación planificada y producto de una decisión informada?

Una sola bala de rifle de alta potencia de un franactirador le pegó al líder independentista aunque en la escena del crimen se levantaron cientos sino miles de casquillos de una variedad de calibres. La recreación de la acción presume un plan con visos militares llevado a cabo con conocimiento previo, la intencionalidad adquiere indiscutiblemente un carácter ‘prima facie’ derrotando de entrada cualquier presunción de inocencia.

¿Cuál fue el verdadero objetivo de la operación?

Mientras que (Ojeda Ríos) no sufrió ninguna herida a un órgano vital, lo dejaron desangrarse lentamente en el piso de su hogar mientras agentes del FBI rechazaron permitir a autoridades locales, equipos médicos y personal de emergencia puertorriqueñas acercarse a la casa, manteniendo un perímetro militarizado por 24 horas.

Más adelante, un portavoz del FBI explicó que los agentes que habían rodeado la casa y abaleado a Ojeda Rios, hasta horas luego de terminada la balacera, temieron que la casa pudiese estar minada con explosivos y que esperaron que más refuerzos llegaran desde Virginia.

Testimonio de su esposa y de un vecino, así como los resultados de una autopsia, exponen como mentiras la versión del FBI de los acontecimientos. Las autoridades del FBI insistieron que los agentes federales habían venido a arrestar a Ojeda Rios, abriendo el fuego solamente después que él había disparado primero.

La esposa del líder nacionalista, Elma Beatriz Rosado Barbosa, atestigua, “el viernes 23 de septiembre, en las horas de la tarde, hombres armados penetraron nuestra propiedad y tomaron nuestra casa por asalto, golpeando de una manera brutal y terrible, disparando con armas pesadas contra la pared delantera de nuestra residencia.” Hector Reyes, cuya casa está a aproximadamente 300 pies de la de Ojeda Rios, confirmó su testimonio al decir que el equipo de asalto de los E.U. comenzó a disparar hacia la casa tan pronto como los helicópteros llegaron a la escena. “Los primeros tiros eran de gran alcance, no de un pequeño revólver como dicen que él tenía,” dijo Reyes. El asesinato de Ojeda es un caso donde Washington autorizó a un escuadrón de la muerte a funcionar impunemente dentro de su propio territorio jurisdiccional fuera de toda consideración constitucional, al márgen de la ley.

El artículo 5 del Estatuto de Roma (tipificando los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra), establece que la gravedad de los crímenes debe establecerse teniendo en cuenta la naturaleza y la forma que se cometieron, y la situación social que afectó a la población civil.

Y ahora.

Las revocaciones fundamentales y enérgicas del Presidente Obama de las políticas de tortura y de secretos de estado asociadas a la 'guerra al terrorismo' de Bush se enfrentan a una prueba definitiva y el caso del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos puede muy bien ser un capítulo principalísimo de este proceso. Es de mi profundo pensamiento que esa mayoría del pueblo americano que exige justicia ante los abusos de la era de Bush, igual demandarán justicia en el caso de Filiberto Ojeda Ríos. Es de mi profunda convicción que debemos y tenemos que elevar este reclamo a todos los foros necesarios. Es mi humilde esperanza que el Presidente Obama no ha de tolerar que el asesinato político sea parte de su legado y de la historia constitucional de Estados Unidos, las figuras ensangrentadas de Martin Luther King, Malcolm X y John F. Kennedy no lo han de permitir.

La prueba de estos compromisos con los principios fundamentales de derechos civiles y derechos humanos vendrá en los procesos legales que implican a las agencias de seguridad y el Departamento de Justicia de la administración de Bush que habían sido sofocados mediante el desvío procesal de que supuestamente revelarían delicados secretos de estado y pondrían en peligro la seguridad nacional. Expertos jurídicos dicen que el Departamento de Justicia de Bush utilizó el “privilegio de los secretos de estado” - creado originalmente como privilegio evidenciario estrictamente aplicable para información extremadamente sensible de seguridad nacional - para proteger ampliamente al gobierno contra la exposición de su propia mala conducta.

Si un anciano con una pistola de 9mm en un campo de Hormigueros constituía un peligro de seguridad nacional, si la única opción existente en ese cuadro de hechos era la muerte de Ojeda Ríos, si dejar desangrar a un herido es éticamente aceptable, y si descubrir hasta dónde y a qué estaban dispuestos a hacer algunos agentes y operaciones de seguridad federal como parte de esa esquizofrénica 'guerra al terrorismo' es de lo que se trata. Definitivamente en el sugerido y necesario caso ‘People of Puerto Rico vs. FBI‘, estará en juicio, entre miles de consideraciones, la credibilidad de cierto brillante profesor de Derecho constitucional que es hoy el Presidente Barack Obama.

En un memorándum ejecutivo presidencial publicado a los jefes de todas las agencias, el Presidente Obama escribió: “El gobierno no debe mantener información confidencial simplemente porque los funcionarios pudieran ser desconcertados por el acceso, porque los errores y las faltas pudieran ser reveladas, o debido a miedos especulativos o abstractos. La falta de divulgación (“nondisclosure”) nunca se debe basar en un esfuerzo de proteger los intereses personales de los oficiales del gobierno...”

Este panorama, con la posibilidad muy real de que sean emplazados, investigados y acusados funcionarios que estuvieron asociados a la muerte de Filiberto Ojeda Ríos tales como Fratichelli y Figueroa Sancha, es sin dudas antesala de verdaderamente uno de los juicios más importantes en la historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América.

- Roberto 'Pachi' Ortiz Feliciano, 3 de marzo de 2009, en Puerto Rico.

Muchas fuentes de datos e información se han utilizado. Una fuente altamente valiosa es el Departamento de Justicia federal. Otras fuentes importantes incluyen (en orden alfabético):

http://blog.beliefnet.com/progressiverevival/2009/01/obama-rejects-torture.html
http://www.aclu.org/safefree/detention/38455prs20090122.html?s_src=RSS
http://www.barackobama.com/2007/10/04/obama_torture_and_secrecy_betr.php
http://humanrights.ucdavis.edu/projects/the-guantanamo-testimonials-project/index
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/international/newsid_7893000/7893607.stm. Publicada: 2009/02/16 20:12:45 GMT
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12041
http://www.humanrightsfirst.org/blog/torture/2009/02/poll-majority-of-americans-want.asp
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/international/newsid_7830000/7830789.stm
Publicada: 2009/01/15 13:02:53 GMT
http://seattlepi.nwsource.com/national/311046_fbiterror11.html
Terrorized by 'War on Terror'. How a Three-Word Mantra Has Undermined America. Zbigniew BrzezinskiSunday, March 25, 2007; Page B01
http://www.barackobama.com/2007/10/04/obama_torture_and_secrecy_betr.php
http://www.newsweek.com/id/179530
http://www.nytimes.com/2009/01/23/us/politics/23obama.html?n=Top/Reference/Times%20Topics/Subjects/E/Extraordinary%20Rendition
http://www.opednews.com/articles/Obama-Seeks-Deal-on-Bush-P-by-Jason-Leopold-090218-86.html
http://pewresearch.org/pubs/1125/terrorism-guantanamo-torture-polling
http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=786314&ref=1
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/03/23/AR2007032301613.html
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/ExecutiveOrderPresidentialRecords/

posdata- No hice más que acabar de terminar/ publicar esta entrada que me acaba de llegar la siguiente comunicación de Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU:

"Yesterday, in response to an ACLU lawsuit seeking government torture documents, the CIA acknowledged that it destroyed 92 tapes of detainee interrogations.

This confirms that the agency engaged in a systematic attempt to evade a court order and hide evidence of its deep involvement in harsh interrogation techniques. Unconscionably, the CIA also withheld these tapes from the 9/11 Commission.

It has taken years of determined efforts by the ACLU -- in the form of lawsuits, Freedom of Information Act (FOIA) requests and ongoing public pressure to get to this point. And with persistence and your help, we will expose the full extent of the Bush administration’s unlawful national security policies.

Without the full truth about what was done in our name, we can’t move forward and we can’t hold those responsible to account. And these essential efforts are having a real impact.

Just yesterday, in addition to the CIA tape revelations, the ACLU played a key role in the Justice Department’s Office of Legal Counsel (OLC) release of nine secret documents and opinions underlying the Bush administration’s unlawful expansion of presidential powers.

The memos were written by OLC lawyer John Yoo and others. And they essentially argue that the President has a blank check to disregard the Constitution during wartime, not only on foreign battlefields, but also here in the United States.

The tireless efforts of ACLU attorneys and advocates...have been the driving force behind these revelations. And now more than ever, as the full truth about what was done in our name starts to emerge, we need your ongoing support.

...

These revelations are critical as we seek to better understand who developed, justified, and advocated for policies such as torture and warrantless surveillance. And their release is fundamental to help all of us participate more meaningfully in the ongoing debate about national security, civil liberties, and human rights.

But this is just the first step. Dozens of other OLC memos are still being withheld.

Help America turn the page on a lawless era."

Trad. de ROF:
Ayer, en respuesta a documentos de ACLU en un pleito de tortura del gobierno, la CIA reconoció que destruyó 92 cintas de interrogaciones del detenido. Esto confirma que la agencia ha estado dedicada a una tentativa sistemática de evadir una orden judicial y de ocultar evidencia de su implicación profunda en técnicas rudas de interrogación. Injustamente, la CIA también retuvo las cintas de la Comisión de 9/11. Ha tomado años de esfuerzos decididos por el ACLU -- bajo la forma de pleitos, peticiones del acto de la libertad de información (FOIA) y presión pública-- conseguir este punto. Y con persistencia y su ayuda, expondremos el grado completo de las políticas ilegales de seguridad nacional de la administración de Bush. Sin la verdad completa sobre qué fue hecho en nuestro nombre, no podemos movernos adelante y no podemos procesar a los responsables. Estos esfuerzos esenciales están teniendo un impacto verdadero. Apenas ayer, además de las revelaciones de la cinta de la CIA, el ACLU desempeñó un papel predominante en que la oficina del Departamento de Justicia publicara nueve documentos del asesor legal (OLC) y opiniones secretas que eran la base de la extensión ilegal de los poderes presidenciales ilimitados bajo la administración de Bush. Las notas fueron escritas por el abogado Juan Yoo y otros de OLC y esencialmente sostienen que el presidente tiene un cheque en blanco para desatender la Constitución durante tiempo de guerra y no sólo en campos de batalla extranjeros, pero también aquí en los Estados Unidos. Los esfuerzos incansables de los abogados y de las abogadas de ACLU ha sido la fuerza impulsora detrás de estas revelaciones. Y ahora más que nunca, mientras que la verdad completa sobre qué fue hecha comienza a ser conocida y a emerger…no debemos parar…Estas revelaciones son críticas pues intentamos entender mejor quién desarrolló, qué justificaron, y quién abogó por las políticas tales como tortura y la vigilancia sin garantías. [E]s fundamental…participar más significativamente en la discusión en curso sobre la seguridad nacional, libertades civiles, y los derechos humanos. Pero éste es apenas un primer paso. Docenas de otras notas de OLC todavía se están reteniendo. Ayudemos a América a pasar la página de una era sin ley.


Nota adicional- Noticia corrobora planteamientos del blog:

Obama saca a luz trapos sucios
El Presidente denuncia como el gobierno de George W. Bush ignoró determinados derechos constitucionales.
Por Devlin Barrett y Matt Apuzzo
WASHINGTON — Después de los ataques terroristas del 2001, el gobierno de George W. Bush decidió que determinados derechos constitucionales no se aplicarían a medida que Estados Unidos intensificaba su respuesta al terrorismo, según documentos difundidos públicamente por primera vez.

En nueve opiniones legales reveladas el lunes por el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush se atribuyó poderes excepcionales.

Dos semanas después de los ataques del 11 de septiembre, los abogados del gobierno discutían los medios de interceptar sin autorización judicial conversaciones dentro del país.

El gobierno de Obama también reveló documentos según los cuales la CIA destruyó casi 100 videograbaciones, muchas más que lo que se sabía, de interrogatorios y otro tratamiento a sospechosos de terrorismo. Legisladores demócratas y otros críticos han denunciado que algunas de las técnicas de interrogatorio equivalían a tortura, lo que Bush y otros funcionarios negaron.

El gobierno de Bush abandonó muchas de las conclusiones legales, pero mantuvo los documentos en secreto. Al difundirlos, Obama siguió ventilando los trapos sucios del gobierno de Bush.

“Demasiado a menudo, durante la década pasada, la lucha contra el terrorismo ha sido considerada como una batalla contra nuestras libertades civiles”, dijo el secretario de justicia Eric Holder en un discurso, mientras se preparaba la difusión de los documentos.

“No sólo esa escuela de pensamiento es errada, sino que me temo que realmente sea más perjudicial que otra cosa”.

Los memos legales escritos por la Oficina Legal de la Presidencia durante gobierno de Bush revelaron los dilemas de un gobierno para luchar contra el terrorismo en un mundo cambiante. La conclusión, reiterada en página tras página, fue que el presidente tenía amplia autoridad para dejar de lado derechos constitucionales.

Las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional contra búsquedas y allanamientos sin orden judicial, por ejemplo, no se aplicaron en Estados Unidos mientras Bush combatía el terrorismo, dijo el Departamento de Justicia en un memo del 23 de octubre del 2001.

“Los derechos de la Primera Enmienda de libertad de palabra y de prensa también podrían quedar subordinados a la necesidad prevaleciente de librar la guerra sucesivamente”, escribió el subsecretario de justicia John Yoo, y añadió que “la actual campaña contra el terrorismo podría requerir ejercicios de poder federal aun más amplios a nivel nacional”.

El 25 de septiembre del 2001, Yoo discutió posibles cambios a las leyes sobre interceptaciones telefónicas para propósitos de espionaje. En ese memo, dijo que el interés del gobierno por mantener segura a la nación de ataques terroristas podía justificar registros sin órdenes de allanamiento.

Yoo, actualmente profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, no respondió mensajes en busca de comentario. El ex secretario de justicia Alberto Gonzáles, que dirigió la Oficina Legal cuando se escribieron muchos de los memos, tampoco respondió inmediatamente a un pedido de comentario que se le formuló por medio de su abogado.

http://www.elnuevodia.com/obama_saca_a_luz_trapos_sucios/540395.html

No puedo disimular lo bueno que es que estas cosas sucedan,
gracias por el apoyo y hasta pronto

Pachi