La Unión Americana de Libertades Civiles (o ACLU, por sus siglas en inglés) y la ACLU de Puerto Rico en el día de hoy presentaron un recurso de mandamus en contra del Gobierno de Puerto Rico, para exigirle al Departamento de Corrección de Puerto Rico y la Administración de Instituciones Juveniles que revelen información pública relacionada a las condiciones de reclusión en el Centro de Detención y Tratamiento Social (Niñas) en Ponce.
La ACLU ha recibido información sobre presuntos abusos de los funcionarios de dicha institución a través de entrevistas a las jóvenes recluidas. Sin embargo, la investigación fue interrumpida cuando el personal de la institución se rehusó a que el equipo de la ACLU continuara con la misma.
Por medio de las entrevistas, la ACLU tuvo conocimiento de que a las jóvenes que se autoagreden —por ejemplo, infligiéndose cortaduras en los brazos— automáticamente se les extiende su sentencia por seis meses adicionales y se les penaliza con confinamiento solitario. A menudo, la autoagresión es una señal de depresión o de ansiedad que requiere la atención de un profesional de la salud mental. Otras denuncias incluyen contacto sexual por parte de miembros del personal con las jóvenes, limitaciones severas para relacionarse con sus familiares, registros al desnudo innecesarios y abuso físico.
Mie Lewis, abogada senior del Women’s Rights Project de la ACLU en Nueva York, expresó que “ninguna persona que esté en la custodia del estado debería estar sujeta a estas condiciones, pero es absolutamente chocante pensar que estas cosas le están ocurriendo a jovencitas”.
El pasado mes de abril, la ACLU solicitó información pública sobre las condiciones de reclusión en la institución juvenil, con el propósito de investigar los alegados abusos a las jóvenes féminas y determinar si los varones confinados en la institución han sido víctimas de maltratos similares.
Luego de tres meses, el Departamento de Corrección no ha ofrecido respuesta alguna.
“Es muy lamentable pensar que niñas que están en gran necesidad de servicios de salud mental no solo están siendo privadas de esta atención médica fundamental, sino que están siendo aún más traumatizadas por sentencias más largas y condiciones más difíciles,” dijo William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU, Capítulo de Puerto Rico.
Para más informaciones sobre este recurso legal y la controversia que lo suscita favor de comunicarse a/con:
Lic. Michael A. Areizaga Ortega
Abogado Asociado, ACLU de Puerto Rico
Tel. 787-751-7485; 787-420-7074
Lic. Josué González Ortiz
Abogado, ACLU de Puerto Rico
Tel. 917-213-4353; 787-753-8493ACLU of Puerto Rico
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San Juan, Puerto Rico 00918
Telephone: 787-753-8493
Fax: 787-753-4268
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