A luchar en contra del abuso policíaco- tres: 6 razones para exigir justicia.

Los hechos lamentables del jueves por la noche en Río Piedras han suscitado un clamor por justicia que procede de todos los sectores, grupos y comunidades. Hay un consenso en el pueblo que pide que se investiguen y procesen los abusos y las agresiones, es un clamor que exige que los culpables de lanzar a cientos de oficiales policiacos a darle palos a diestra y sinestra a los estudiantes universitarios no queden impunes...


Los primeros ejercicios formales de acopio de evidencia sobre los sucesos de la pasada madrugada del 21 de agosto en la Ave. Universidad en Río Piedras, a nuestro saber, son el proceso administrativo de investigación de la Policía y las entrevistas que conduce la Comisión de Derechos Civiles. Sin dudas que el monto de las grabaciones de video existentes, a saber: video de los noticiarios, video de las múltiples cámaras de seguridad que abundan en las áreas implicadas y segmentos de video capturados por diferentes individuos en su calidad personal han de revelar más allá de duda razonable una gran cantidad de instancias en que se ven oficiales policiales agrediendo a personas que de ninguna manera están violando la ley. Los agreden meramente por estar donde estan aunque es su perfecto derecho estar en dicho sitio. Inclusive se ve largamente a oficiales policiales agrediendo a personas que lo que buscaban era irse del sector. Ha de ser una experiencia dolorosa revivir la secuela de escenas en que la conducta de los diferentes oficiales se aleja lamentablemente de lo que se supone que sea su ‘modus operandi’.


Se ha perdido por completo el concepto fundamental que establece la ley: (Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996, Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996 (25 L.P.R.A. secs. 1001 y ss))“…proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles…”. La evidencia ha de demostrar que quienes debieron ser protegidos, la ciudadanía, por el contrario son agredidos por los oficiales, que el desorden lo propulsan los oficiales con sus acometidas fuera de proporción y violentas y que sobretodo han dado una muestra fehaciente de violaciones a los derechos civiles. Llevar a cabo órdenes es una importante responsabilidad de los policías pero hay responsibilidades más importantes y sus deberes trascienden la obediencia jerárquica ciega: las famosas reglas de enfrentamiento ('rules of engagement') que prohiben tajantemente los abusos y las agresiones a inocentes y que implican inclusive que un oficial se puede negar, de hecho es su responsabilidad ética hacerlo, a llevar a cabo órdenes que impliquen abusos y violencia a inocentes. Una pregunta fundamental: ¿A quiénes protegían los oficiales policiales?

A continuación voy a plantear seis razones por las cuales es urgente procesar los culpables de los abusos y agresiones policiales que vemos largamente en las grabaciones y que se recogen en los testimonios tanto de los perjudicados como de la multiplicidad impresionante de testigos presenciales.


Primero, más allá del incidente inicial, de lo que se trata es de acciones conjuntas y organizadas de diferentes unidades de la policía estatal y municipal. Podemos inferir que dichos procedimientos son los procedimientos autorizados por la Policía, si dichas operaciones no contienen los elementos de control necesarios (como para evitar lo sucedido) tanto que se pueden producir una serie prolongada de situaciones abusivas e ineficiencia rampante, dichos procedimientos padecen notablemente de fallas medulares y operacionales. Esta razón nada más, que las unidades especializadas operen de una manera totalmente inadecuada al grado de que constituyen peligros graves para la población, debe significar que hay una necesidad imperiosa de auscultar dichos errores por los cuales se tiene que responsabilizar la Policía como cuerpo institucional. Es imposible que una fuerza organizada bajo mandato de ley opere como una jauría sin control.

Segundo, ya se sometieron casos por motín, resistencia al arresto y alteración a la paz a algunas personas, de hecho los primeros ya fueron desestimados por un magistrado. Sin embargo hay una víctima de un disparo/lanzamiento de gas lacrimógeno que claramente estaba fuera del perímetro de las acciones policiales lo cual implica al menos un disparo/lanzamiento totalmente negligente. El secretario de Justicia ha dicho que espera por una querella para investigar el aspecto de derechos civiles pero olvida por completo el aspecto penal. Veamos lo que dice el Código Penal sobre la naturaleza de la agresión:


Artículo 121. Agresión. Toda persona que ilegalmente por cualquier medio o forma cause a otra una lesión a su integridad corporal incurrirá en delito menos grave.

Artículo 122. Agresión grave. Si la agresión descrita en el Artículo 121 ocasiona una lesión que no deja daño permanente, pero requiere atención médica, ayuda profesional especializada o tratamiento ambulatorio, incur rirá en delito grave de cuarto grado.
Si la agresión ocasiona una lesión que requiera hospitalización, tratamiento prolongado o genere un daño permanente, incurrirá en delito grave de tercer grado. Esta modalidad incluye, además, lesiones mutilantes; aquellas en las cuales se transmite una enfermedad, síndrome o condición de tratamiento físico prolongado; o aquellas que requieren tratamiento sico-emocional prolongado.


Artículo 124. Lesión negligente. Toda persona que por negligencia le cause a otra una lesión corporal que requiera hospitalización, tratamiento prolongado o genere un daño permanente o lesiones mutilantes, incurrirá en delito menos grave, pero se le impondrá pena de delito grave de cuarto grado.

De manera que estamos suponiendo que la persona o personas que le ocasionaron la herida penetrante a la estudiante que estaba en la Residencia llamada Torre Norte pueden ser procesados penalmente al menos por un ‘delito menos grave, pero se le impondrá pena de delito grave de cuarto grado‘.


Saltarán los defensores accérimos de las autoridades a plantear que los oficiales que dispararon/tiraron hacia la Torres Norte lo hicieon en cumplimiento de su deber o bajo órdenes de sus superiores alegando impunidad. Veamos qué verdaderamente aplica:

Artículo 29. Obediencia jerárquica. No incurre en responsabilidad penal quien obra en virtud de obediencia jerárquica en la función pública, siempre que la orden se halle dentro de la autoridad del superior, respecto de su subordinado, no revista apariencia de ilicitud y el subordinado esté obligado a cumplirla.

Lo anterior significa que tiene que haber una orden expresa de un superior que justifique disparar/tirar hacia Torre Norte. El uso de armas y recursos tales como los cilindros de gases lacrimógenos no pueden ser indiscriminados y sin límites. Vemos la necesidad imperiosa de la investigación porque podemos estar hablando, al menos, de órdenes críticamente erradas, de pobre sino inexistente criterio de supervisión y posiblemente de acciones producentes de lesiones negligentes y crasas. Sin embargo hay un largo silencio cuando podríamos esperar una respuesta vigorosa de las autoridades tanto la misma Policía como del Departamento de Justicia que para estos cargos no tiene que esperar por una querella sino que el Ministerio ocupa el rol de procesar motivado meramente por la naturaleza y gravedad de la agresión. El Pueblo v. el agresor es un caso que presenta Fiscalía 'motu proprio'.


Tercero, se supone que procedimiento estándar tras una operación de campo que envolucre uso de armas o recursos extraordinarios tales como gases lacrimógenos es llevar a cabo una revisión estricta y detallada (debo añadir pública) de dichos recursos que incluye quiénes fueron autorizados a usarlos (y el oficial que emite las órdenes) y una auditoría exacta de los recursos utilizados más una narrativa convincente y razonable de los actos perpetrados. ¿Cuántas unidades (‘cannisters’) de gas lacrimógenos se utilizaron? Esta pregunta totalmente pertinente para toda investigación puede formar parte de una línea de interrogatorio que esclarezca los hechos, por ejemplo, de la responsabilidad del disparo/lanzamiento realizado (o los realizados) que resultan en la lesión grave de la estudiante de Torre Norte porque si establecemos cuál unidad se desplazó en dirección de la Avenida Ponce de León, y quienes tenían la responsabilidad de disparar/tirar el gas lacrimógeno de dicha unidad, tenemos el o los sospechosos. Si esa información no se produce hay un gran fallo e irresponsabilidad institucional del cuerpo de la Policía que debe aclararse para disipar cualquier sospecha de encubrimiento.


Cuarto, movilizar más de cien efectivos en una operación de campo cuya duración se extiende por más de tres horas tiene un costo y la ciudadanía tiene perfecto derecho a saber a cuánto ascienden los costos de dicha movilización. En este Puerto Rico de Ley #7, de crisis presupuestaria, despidos y recortes, todos queremos saber en que se gasta el dinero del pueblo para saber si es efectiva dicha inversión. En simples palabras: ¿Cuánto costó, en dólares y centavos, apoyar el llevar a cabo una multa administrativa por tener una cerveza en una zona no contemplada en el Código de Orden en Río Piedras? Claro, esto no incluye el costo immensurable e inmesurable del dolor y el sufrimiento que ocasionaron y para qué...

Quinto, todos hablan del problema tan enmarañado y extenso de la criminalidad, el mensaje reciente del Gobernador dedica una gran parte de su esfuerzo a enarbolar iniciativas para atajar dicha problemática, igual todos plantean la necesidad fundamental de que la ciudadanía aporte y coopere en el esfuerzo de resolver los problemas de la delincuencia. ¿Cómo se ubican los eventos de Río Piedras dentro de esa visión? ¿Cómo se explica que dando una muestra de represión encarnizada a una comunidad de universitarios se logra cambios positivos en la sociedad? ¿Cómo esperan tender puentes de comunicación y cooperación con alguien a quien le han dado una zafra de macanazos? Solo si asumimos la filosofía anacrónica del fascismo, la teoría de la macana no produce resultados positivos mucho menos coorperación. O realmente alguien cree que el monto de los agredidos en Río Piedras eran delincuentes, no nadie cree eso y de hecho la comunidad universitaria sin estar exenta de sus problemas, muchas veces tiene que lidiar con los delincuentes que se introducen en esa comunidad para cometer sus fechorías, ahora simplmente además de los delincuentes tiene que tener cuidado con los oficiales policíacos que los agreden sin razones aparentes. Cómo pueden aducir que esto sea beneficioso es un misterio inexplicable o meramente tremendo disparate.


Sexto, las políticas del pasado nos traen imágenes de persecución política que mediante la desgracia del carpeteo produjeron las muertes crueles del Cerro Maravilla a manos de agentes de la policía, igual nos traen recuerdos amargos de la intolerancia que produjeron años sino décadas de huelgas violentas y la muerte de una estudiante universitaria inocente igualmente a manos de un policía. Esperamos haber aprendido de esos errores, esperamos igual que las autoridades policiales hayan aprendido. Con estos hechos solo han revivido esas pesadillas y dado muestras de las grandes equivocaciones de un pasado reciente. El pueblo debe exigir que no repitamos esos capítulos funestos y eso significa aprovechar esta situación para demostrar claramente que hay una decisión firme de utilizar el diálogo en lugar de la macana.


La Policía tiene que ser parte de un acto de justicia, no hay atajos ni apologías. Vamos a estar totalmente claros, investigar y procesar adecuadamente los hechos acontecidos es un imperativo para todo Puerto Rico: tenemos derecho de saber porqué pasó lo que no debió nunca pasar y cómo podemos garantizar que no vuelva a ocurrir.