viernes, 6 de marzo de 2009

La dictadura de George W. Bush: la desconstitución de los Estados Unidos; y la llegada del principado oligárquico de Luis Fortuño.


Dedicado al profesor David Helfeld.

La primera y cuarta enmienda anuladas, fichan personas por tener ideas y opiniones diferentes al gobierno, interceptan millones de comunicaciones personales sin órdenes judiciales, torturaron a sospechosos, asesinaron a Filiberto Ojeda Ríos, suspendieron el 'habeas corpus' y decían que éramos paranóicos.

Scott Horton - profesor en la Escuela de Derecho de Columbia y escritor de un blog de la revista Harper - dice acerca de los memorandos legales de la administración de Bush recientemente revelados y que autorizaban tortura, espionaje, detención indefinida sin debido proceso judicial sin formulación formal de cargos, uso de los militares dentro de los E.U. (sospechamos que en la operación homicida del FBI que culminó en el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos operó una escuadra de expertos francotiradores militares) y la suspensión de los derechos de habeas corpus, de libre expresión y de la prensa:


“No pudimos haberlo realizado en ese entonces, pero desde el período de finales de 2001 hasta el 9 de enero de 2009, este país era una dictadura. El derecho constitucional que aprendimos desde la escuela secundaria fue suspendido. Éso fue gracias a los memorandos secretos redactados desde dentro del Departamento de Justicia que con eficacia convirtieron en basura (’trashed’) desechable a la Constitución. Ahora mismo es muy probable que sepamos muy poco de todas las cosas (violaciones) ocurridas.”

El profesor de derecho Jack Balkin de Yale está de acuerdo, escribe que los memorandos promovieron “un razonamiento mediante el cual intentaron, en secreto, justificar una teoría de la dictadura presidencial… Horton está correcto… Como la crisis económica, no podemos cambiar cosas - o aún conocer la verdad completa - a menos que tengamos el valor de hacer las preguntas difíciles y tomar medidas apropiadas para llevar a los poderosos a conciliarse con el Estado de Derecho. Y como los expertos constitucionales han precisado, Obama y el Congreso serán cómplíces de los crímenes cometidos si los encubren y no procesan los hechos delictivos y las violaciones asociadas.”









Por otro lado,
Jonathan Turley, el constitucionalista, dijo:

“Hay un nivel obvio de colusión (pacto ilícito en daño de tercero) aquí. Ahora sabemos que la dirección del Partido Demócrata sabía sobre el programa ilegal de vigilancia desde su inicio. Incluso cuando hacían campaña sobre luchar por las libertades civiles, estaban conscientes tanto del programa ilegal de vigilancia así como de la existencia de un programa de tortura. Y desde que esto salió, los Demócratas han estado intentando matar silenciosamente cualquier esfuerzo de procesar cualquier persona responsable porque esa lista podría incluir muy bien a algunos de sus propios miembros.”

Veamos algunas de los comentarios que han suscitado los primeros memorandos revelados:


Neil A. Lewis en The New York Times: “Las opiniones reflejaron una interpretación amplia de la autoridad presidencial, afirmando también que el presidente podría abolir unilateralmente tratados internacionales, no tener que hacerle caso al Congreso, haciendo cualquier cosa a los detenidos sospechosos de terrorismo, y conducir un programa de vigilancia doméstico sin autorizaciones.”

“Algunas de las posiciones se habían sabido previamente de declaraciones de los funcionarios de la administración de Bush en respuesta a desafíos en las cortes y a investigaciones del Congreso. Pero tomado en conjunto, las opiniones divulgadas lunes son la ilustración más clara hasta la fecha de la definición amplia del poder presidencial…después de sept. 11.”




Josh Meyer y Julian E. Barnes del Los Angeles Times escriben que un abogado de la administración de Bush les dijo que los memorandos son “apenas la punta del témpano” en términos de todo lo que fue autorizado.

El profesor de derecho Jack Balkin de Yale :
“Esta teoría del poder presidencial discute, esencialmente, que cuando el presidente actúa en su capacidad como comandante en jefe, puede hacer sus propias reglas y no puede ser limitado por leyes del Congreso al contrario. Ésta es una teoría de dictadura presidencial. Estas visiónes son indignantes y contrarias a los principios fundamentales de la Constitución así como con dos siglos de precedentes legales.”

Ante lo que a claras luces parece ser la corroboración indiscutible del estado dictatorial de Bush y que sugiere los desmanes que acaecieron bajo dicho estado de impunidad, decimos o recordamos que las señales habían sido claras. Recordemos:

El 18 de diciembre del 2000 como parte de un programa de CNN (disponible en la transcripción en su Web site), un desafiante George W. Bush al referirse a tener que compartir el poder con el Congreso dijo: “Si esto fuera una dictadura, sería mucho más fácil, siempre y cuando yo sea el dictador.”









(Cita del texto ad verbatim transcrita de la transmisión: Gov. George W. Bush (R-TX), Presidente electo: “I told all four that there were going to be some times where we don't agree with each other. But that's OK. If this were a dictatorship, it'd be a heck of a lot easier, just so long as I'm the dictator.”
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0012/18/nd.01.html)

Al Gore, dijo en su libro, ‘El asalto a la razón’ (2007): “(Con) [l]a falta evidente del gobierno de respetar el Estado de Derecho, hacemos frente a un gran desafío en la restauración de la autoridad moral de E.U. en el mundo. Nuestra autoridad moral es nuestra fuente más grande de fuerza. Nuestra autoridad moral ha sido puesta imprudentemente en riesgo por los cálculos baratos de este “voluntarioso presidente” [George W. Bush]".

Esto dicho por quien perdió en unas elecciónes parecidas a las elecciones falsas celebradas en dictaduras denunciadas por la ONU y de hecho por los EU. Por lo menos cuatro de los jueces del Tribunal Supremo de los E.U. que dieron a Bush la presidencia fueron designados por su padre y tenían hijos trabajando para los bufetes de los abogados que representban a Bush precisamente (y debo decir desfachatadamente) en los mismos pleitos de las elecciónes o habían indicado públicamente que tenían un compromiso personal fuerte de cerciorarse de que Gore nunca fuese presidente.

Rhenquist y Scalia tenían hijos trabajando para los bufetes de los abogados de Bush implicados en la elección. La esposa de Clarence Thomas trabaja para la fundación Heritage de la extrema derecha y trabajó en el equipo de transición de Bush.


En 2004, el juez Guido Calabresi del tribunal de apelación de los E.U. dijo ante una conferencia de abogados que la decisión de la Corte Suprema que decide la elección del 2000 fue "exactamente lo que sucedió” cuando Mussolini e Hitler llegaron al poder. Y “como Mussolini,” Calabresi dijo, Bush `“ha ejercitado el poder de manera extraordinaria-él ejercitó el poder que se abrogó para su propio bienestar.”

Cuando el Tribunal Supremo emite su decisión en Hamdan v. Rumsfeld, la reacción de Bush era fácil de prever: sin duda emularía a uno de sus precursores, Andrew Jackson, otro presidente cuyos enemigos etiquetaron como un dictador. Sería Worcester v. Georgia de nuevo.

Worcester fue un caso del 1832 en el cual el Tribunal Supremo sostuvo que el estado de Georgia no podría imponer sus leyes ante la nación Cherokee que vivía dentro de sus fronteras. Su tentativa de hacerlo, el famoso Juez Presidente John Marshall escribió en la opinión de mayoría, era “repugnante a la Constitución, a las leyes, y a los tratados de los Estados Unidos"; para Jackson la decisión era un desafío a sus políticas indígenas y se puso de lado con Georgia, rechazando obedecer la orden judicial. El caso se recuerda hoy por la observación de Jackson de que las cortes no tenían dientes. “John Marshall ha tomado su decisión,” Jackson dijo, “Ahora déjalo hacerla cumplir.”

Revisitemos la anédota citada en nuestra entrada anterior: "Sr. Presidente,” un asistente a la reunión dijo. “Hay un caso válido de que las provisiones en esta ley minan la Constitución” “Dejen de tirarme la Constitución en la cara,” Bush gritó: “¡Es solo un maldito trozo de papel!” (‘It's just a goddamned piece of paper!’)." (http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/03/people-of-puerto-rico-vs-federal-bureau.html)



No existe, para todos los efectos reales, ninguna diferencia entre un dictador militar y un presidente electo que usurpa el poder legislativo y el judicial creando un sistema de impunidad basado en la extensión arbitraria y extrajudicial del privilegio ejecutivo. Sin sistema de controles y balances, el poder político emerge como un poder dictatorial. Y aunque no todo lo que suceda en ese sistema sea producto de decisiones expresas del dictador, indudablemente el mismo sistema de impunidad y falta de respeto a los derechos civiles cosecha las más variadas y severas transgresiones tales como abusos de poder, discrimen rampante, delitos violentos y procedimientos fraudulentos.

Es decir, Bush fue un dictador literalmente y los que ayudaron a la toma ilícita del poder de manera omnímodo y los que operaron impunemente gracias a las políticas dictatoriales deben, como violadores de la Constitución, ser investigados, acusados y procesados.






Orwell y Bush:
Hemos vivido una dictadura organizada por los grandes intereses corporativos, bendecida siquiera en partes por jueces del Supremo y apoyado, al menos en esa era, por el Partido Republicano, la crisis que hoy sofoca al mundo es gracias en gran parte a esta historia reciente que, sin embargo, logró amasar miles de billones en las arcas de la élite financiera, miles de billones que le arrancaron de la productividad y los sufrimientos de los trabajadores, declararon una guerra basada en mentiras e intereses petroleros, y desviaron miles de millones del presupuesto nacional a empresas beneficiarias de la industria de guerra mientras por otro lado, cometieron lo que sin dudas es hoy una cantidad insospechada de delitos, crímenes y violaciones de derechos civiles y humanos. Es por esa razón que para poder subsanar esta era de dictadura entre miles de otras cosas, en Puerto Rico urge reabrir la investigación de la muerte de Filiberto Ojeda Ríos.

Ironía de ironías, hoy en Puerto Rico, vivimos los primeros meses de un principado oligárquico, todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) se han consolidado en la figura del gobernador que no ha perdido tiempo en iniciar su reinado imitando el desgobierno de George W. Bush, entregando la sociedad boricua a los grandes intereses, anunciando impuestos a base de discursos fraudulentos, despidiendo a miles de empleados, abriendo las puertas a la privatización rampante de nuestros recursos y servicios, facilitando cualquier despiadada expropiación de comunidades tradicionales, legislando para los ricos e intentando destruir sus adversarios políticos, los sindicatos, castrando el movimiento ambientalista y entre otras cosas, nombrando a un presunto cómplice de asesinato y enemigo acusado judicialmente del derecho de expresión como su superintendente de la policía.


¡Ay bendito que pueblito...!!!

Vamo' pa' la calle... y a exigir que reabran la investigación de la muerte de Filiberto Ojeda Ríos.











Fuente principal:

http://harpers.org/archive/2009/03/hbc-90004488

Fuentes secundarias:

http://www.latimes.com/news/printedition/front/la-na-documents3-2009mar03,0,2090482.story
http://www.nytimes.com/2009/03/03/us/politics/03legal.html?hp
http://transcripts.cnn.com/
http://voices.washingtonpost.com/white-house-watch/2009/03/bushs_secret_dictatorship.html

Traducciones por ROF.

11 comentarios:

Sylvia De Jesús dijo...

!!!!!!!SUPER TEMIBLE!!!!!!

Carlos D. Chico dijo...

Apreciado Amigo,coincidimos al cien,ahora estamos en las puertas de una terrible y bien organizada dictadura..y el pueblo,ni voz ni voto,ni nada de nada...
¿Habremos perdido la capacidad de indignarnos?

Lcdo. William Ramírez (ACLU- Puerto Rico) dijo...

En momentos en que la ACLU toma deposiciones, bajo orden protectora de confidencialidad, en el Tribunal Federal en el caso de la Prensa del País v. Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por los sucesos ocurridos en el año 2006 en el Condominio De Diego 444 de Río Piedras en otra sala del tribunal la prensa del país es nuevamente intervenida por agentes federales. Hace apenas unas horas una reportera fue sometida a violencia de parte de Aguaciles Federales en el juicio contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, mientras otra es removida de sala.

En ambos casos de las reporteras, los aguaciles han intervenido con el derecho del pueblo a ser informado, ya que la diversidad de cobertura y opiniones es esencial para el principio garantizado por la primera enmienda de la constitución federal. Le recordamos a los funcionarios federales que estos juran preservar y proteger los principios de la Constitución de los Estados Unidos en la cual el derecho a un juicio público no es solamente un derecho del acusado sinó además del pueblo.

La prensa en su relación fiduciaria con el pueblo es nuestros ojos y oídos, es el instumento que tiene el pueblo para constatar que los principios constitucionales y democráticos que se supone impere en cualquier juicio criminal sean realmente respetado. Máxime cuando se trata de un juicio de alto interés público.

En los último años la prensa del país ha tolerado abusos físicos nocivo a su salud y bienestar personal mientras desempeñan su constitucionalmente protegida labor de informar al pueblo.

Desafortunamente esta es una tendencia mundial, lo mismo a ocurrido en otras jurisdicciones.

Exhortamos al pueblo de Puerto Rico a que apoye la importante labor que realiza la prensa y que no permita el contínuo intento, tanto al nivel federal como al nivel del gobierno de Puerto Rico de suprimir la diversidad de opiniones y desmantelar instituciones que nos han servido de foros de expresión.

Sabemos que en ocasiones se difiere con algunas opiniones de los diversos medios de las noticias o con su manera de trabajar las noticias, sin embargo es esta misma diversidad de opiniones que debemos proteger si es que aspiramos coexistir en un Puerto Rico realmente democrático.

Los diversos agentes federales, así como agentes del gobierno de Puerto Rico, deberán revisar los protocolos que aplican en situaciones de esta naturaleza y controlar su impulso de aplicar la fuerza y someter a obediencia a los que acuden a realizar su labor ante el más mínimo desacuerdo con un miembro de la prensa.

Tenemos que exigir nuestro derecho a tener acceso a las procesos judicales, en un ambiente de tranquilidad y no intimidante.

Acceso a los juicios criminales es un derecho, el cual debe ser en el ambiente menos intimidante posible, de lo contrario corremos el peligro de cohibir el deseo de la prensa y de la ciudadania a acudir a dicho foro público.

Lcdo. William Ramírez
Director Ejecutivo
Union Americana de Libertades Civiles (ACLU) - Puerto Rico

Armina Ramírez dijo...

Felicidades "PUEBLO" ahí tienes lo que escogiste en las urnas, que lo disfrutes...

Luis Ponce Ruiz dijo...

Obama no debería dejar de investigar estos crímenes de Bush y si no quiere llevarlo hasta las últimas consecuencias, debería por lo menos, romper con la nefasta tradición presidencial de limpiarle los trapos sucios a su antecesor: que diga claramente las cosas como fueron, entable una Comisión por la Justicia y la Verdad y llame a sus congresistas a pasar salvaguardas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. A mi entender, lo que hizo Bush y Cía. (por su magnitud global y retraimento moral) no tiene paralelo en la historia estadounidense y si Obama quiere ser la voz del cambio que dice que es, tiene que meterle dientes a este asunto.

Luis Santiago Arce dijo...

Se les dio un cheque en blanco debidamente puesto en bandeja de plata. tienen todo el derecho a creerse dueños del pais, asi que ahora hay que bregar con el caso. Despues de todo, el pais pidió Cambio, y el Cambio llegó enseguida...

Ozzy Torres dijo...

Querian cambio ahi tienen cambio que lo disfruten!!!

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

Otro avance en el proceso:

Supremo elimina decisión que permitía detención indefinida.

El Tribunal Supremo el viernes borró una decisión que permitía detención indefinida… que había reconocido que el presidente tiene el poder de pedir la detención militar indefinida de residentes legales de los Estados Unidos. La acción legal, que había sido impulsada por la administración de Obama, eliminó una de las victorias más grandes de la administración de Bush en 2008 que amplió los límites de la autoridad ejecutiva para combatir terrorismo permitiendo tales detenciones.

Pero la decisión escueta y parca de un solo párrafo del Tribunal Supremo mantiene abierta la cuestión de si la detención militar de residentes legales como combatientes enemigos puede ser constitucional. La decisión vino en el caso de Ali Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano de Qatar que estaba legalmente en los Estados Unidos como estudiante cuando lo arrestaron en 2001. La corte, que había acordado oír el desafío del Sr. Ali Saleh Kahlah al-Marri, a su detención en diciembre, dijo que no oiría el caso después a la luz de su acusación la semana pasada en corte federal por cargos criminales.

Más perceptiblemente, el Supremo borró la decisión previa en el caso, al-Marri v. Spagone. El año pasado, en una decisión dividida, la corte de apelación de Estados Unidos para el cuarto circuito, en Richmond, Va., dijo que el presidente tenía la autoridad legal de detener a Sr.al- Marri, conforme a una declaración judicial si correctamente lo señalaron un combatiente enemigo.

La Unión Americana de libertades civiles (ACLU) que representa a Sr. al-Marri, esperaba que el Supremo consideraría su caso incluso después su acusación. Pero Jonathán Hafetz, abogado para Sr. al-Marri, expresó satisfacción con la decisión de deshacer la decisión del cuarto circuito. “El hecho de que el gobierno no defendiera su poder extraordinario de detención y que el Supremo borró la decisión previa ” Sr. Hafetz dijo, “debe dejar claro que en los Estados Unidos ningún presidente puede encarcelar residentes legales o a ciudadanos americanos sin debido procedimiento meramente llamándolos combatientes enemigos.

Comparación con el caso de José Padilla: necesidad de evidencia contundente de participación en actividades militares en el extranjero. El gobierno no defendió el poder ejecutivo de detener al Sr. al-Marri, pero de hecho dejo abierta la posibilidad que él u otros puedan ser o estar sujetos a detención militar como combatientes enemigos en el futuro. “Cualquier detención futura - sea la posibilidad hipotética - requeriría una nueva consideración conforme a circunstancias y a procedimientos existentes,” el Departamento de Justicia dijo a la corte… miércoles. El gobierno trató de negar que manipulaba el sistema judicial, una acusación hecha contra la administración de Bush cuando movió a Jose Padilla de detención militar al Tribunal Penal en 2007. … En caso de Padilla, la decisión previa había sido dejada intacta. En ese caso, el cuarto circuito mantuvo la detención de Padilla, ciudadano americano, aunque se centró sobre todo en sus actividades en el campo de batalla en Afganistán.

El Tribunal Supremo ha dicho que el Congreso concedió al presidente el poder de detener por lo menos a los combatientes enemigos capturados en el campo de batalla en Afganistán, incluso si eran ciudadanos americanos, por la duración de hostilidades. El gobierno ha dicho que Sr. al-Marri es un agente de Al-qaeda. Pero no se ha presentado evidencia que sostenga esa aserción, alegato que ahora debe probar, más allá de duda reasonable, en la corte federal.

Nota de ROF- Aunque el Supremo aprovecha la radicación de cargos en el sistema penal federal a al-Marri para no tener que resolver definitivamente el asunto mayor del poder ejecutivo de determinar unilateralmente y sin un procedimiento evidenciario contundente el carácter digamos jurídico de un supuesto sospechoso ni en el proceso define la cuestionada categoría de 'combatiente enemigo', no deja de ser un paso de adelanto aunque menor de lo deseado por los defensores de derechos civiles tales como la ACLU.

Basado en información obtenida de The New York Times en:
http://www.nytimes.com/2009/03/07/washington/07scotus.html?th=&emc=th&pagewanted=print

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

¿Borrará Obama la profunda huella de Bush?
Jose Luis de Haro/ Nueva York | 8:41 - 11/03/2009
Está bien. Nadie puede ignorar que el ex presidente, George Bush, se tomó la justicia por su mano y elaboró una legislación a su medida durante los ocho años que ocupó la Casa Blanca. Sin embargo, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama no ha tardado en solventar el asunto.
A comienzos de esta semana, el presidente norteamericano, Barack Obama, ordenó a las agencias del gobierno una revisión de la legitimidad de las denominadas declaraciones firmadas que su antecesor utilizaba para invalidar partes de leyes que le desagradaban. Así, el afroamericano prometió sujetarse a "interpretaciones de la Constitución que estén bien fundamentadas" y a hacer uso de tales declaraciones presidenciales en muy contadas ocasiones.
Aún así, Obama dejó claro que hará uso de esta táctica en el caso de que el Congreso le envie una legislación con claúsulas que el considere inconstitucionales. Ahora, tras levantar la prohibición de la investigación con células madre, muchos se preguntan qué sucederá con el Patriot Act.
"Guerra contra el terrorismo"
Cabe recordar que el pasado 26 de octubre de 2001, el presidente de EEUU firmó una ley denominada USA-Patriot Act, que recorta considerablemente las libertades públicas y civiles dentro del territorio norteamericano. La ley, diseñada como elemento legal sustentador de la denominada "guerra contra el terrorismo", contiene numerosas provisiones y enmiendas a leyes y disposiciones vigentes que según expertos en derecho y representantes de organizaciones de derechos civiles norteamericanas son anticonstitucionales y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de las actividades asociativas y un ataque contra las libertades civiles dentro y fuera de EEUU, bajo el pretexto de garantizar la "seguridad nacional".

Entre las medidas que vetó a su antojo, Bush incluyó aquellas claúsulas de este acto que penalizaban la tortura y obligaban al Departamento de Justicia a informar al Congreso sobre el uso de poderes dentro de la esta guerra contra el terrorismo. Ahora, la pregunta es qué hará la administración Obama al respecto.
Según Ari Fleischer, ex portavoz del ex presidente Bush, "esta ha sido una práctica estandarizada durante décadas, la nueva administración va a hacer lo mismo cuando lo considere oportuno". Sin embargo, de momento, el demócrata y su equipo no se ha revelado contra el polémico 'Acto Patriótico'. Muchos esperan que, pese a que la medida supone un verdadero escarnio de las libertades civiles, la legislación continue como está.
'Patriot Act'
Nathan A. Sales, profesor de Derecho de la Universidad George Mason y ex empleado del Departamento de Justicia, afirma que "la ley funciona". "El Patriot Act nos ayudó a desmantelar grupos de Al Qaeda en Búfalo, Nueva York y Portland", explica.
Desde el otro lado de la barrera, organizaciones en defensa de los derechos civiles abogan por que Obama remate su ruptura con la tradición Bush y de por finiquitada esta ley. Al fin y al cabo, bajo este mandato los agentes federales pueden entrar en mi casa o en la de cualquier otro residente de EEUU sin permiso o notificación. También pueden forzar a los operadores de teléfono a revelar el listado de llamadas de cualquier ciudadano o a registrar la biblioteca de los estadounidenses para determinar qué están leyendo.
De todas formas, buena parte de los expertos no esperan grandes cambios. La poderosa e influyente Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), ha dejado claro que en la orden de Obama "existen ciertas ambigüedades". Desde la organización aseguran que si el presidente Barack Obama y su secretario de Defensa, Rober Gates, se mantienen en la farsa legal de la administración de Bush, afrontarán "el mismo caos legal, en el que el presidente anterior estuvo durante ocho años".
Durante su etapa en el Senado, Obama votó a favor de la reautorización del Patriot Act, ahora habrá que ver si de verdad está decidido a no cometer los mismos errores que su vapuleado predecesor.

http://ecodiario.eleconomista.es/eeuu/noticias/1091045/03/09/Borrara-Obama-la-profunda-huella-de-Bush.html

David Ortiz Sevilla dijo...

Que se reabra la investigación!!!

Diana Arzola dijo...

Bien, Pachi, por estar alerta para exponer las triquiñuelas del gobierno colonial en complicidad con el gobierno federal, juntitos, de mano en mano, y su combinacion de "pitcher y catcher", contra el independentismo o cualquier amago contra su tirania.