martes, 27 de diciembre de 2011

Sobre el gasoducto: sobre el borrador de Evaluación de impacto ambiental.- problemas de inconstitucionalidad. parte dos. (revisado 2.1.12)



Referente al resumen en español del borrador de USACE:
Documentos disponibles mediante:
http://www.saj.usace.army.mil/Divisions/Regulatory/interest.htm

Don Quijote y los molinos. La escena en el capítulo 8vo, cuando Quijote percibe los molinos de viento como gigantes, es quizás la escena más famosa de la novela de Cervantes. La imaginación del punto de vista considera la yuxtaposición de lo ordinario y el absurdo: "la espantable y jamás imaginada aventura". Dos temas principales son la falsa ilusión y el engaño. La experiencia con los molinos de viento es definitiva de la falsedad y se repite varias veces en la novela. El tema del engaño llega a ser importante para separar las ilusiones falsas solamente porque ambas funcionan de manera desenfrenada.



Lo que vemos como el ataque a los molinos es una acción escénica que sin embargo representa uno de los problemas fundamentales del personaje que se inicia con el lenguaje que intenta hacer renacer sustrayendo palabras y expresiones de las novelas de caballería, afán de revivir el idioma de la Edad de Oro. Don Quijote intenta recrear imitando su lenguaje a base de sus lecturas una supuesta época pasada (supuesta porque más que referente histórico, responde a referentes fantásticos de su imaginación aguijoneada por el escapismo de dicha literatura de aventuras). El problema crea la separación entre la realidad y el lenguaje, son los gigantes y los molinos.



Entre palabra y realidad, el engaño y la falsedad constantemente puebla de ambiguedades y equívocos la vida del ingenioso hidalgo: Quijote no dice que los molinos son gigantes, al contrario, lo que en realidad dice es que aquello que se ve en la distancia son “desaforados gigantes” de “brazos largos”. Lo que hace es asimilar las diferencias entre los significados hasta hacerlos confluir en un mismo significante: en este ejercicio nace la metáfora muy aristotélica: similaridad en las cualidades (tamaño y longitud de los brazos) entre cosas diferentes (gigantes y molinos) permite la sustitución de los términos. Todo este antojo intelectual lo he procurado sugerir porque debo atender el asunto que realmente me ocupa que es como el ofrecimiento que hace el Cuerpo de ingenieros como ejercicio textual ni siquiera de metáfora ni de síntesis nos sirve. En el Quijote abreviado del Cuerpo de ingenieros los brazos son demasiados pequeños para siquiera en el vuelo imaginativo de la falsa ilusión parecer gigantes, fracasa miserablemente. Para Aristóteles la metáfora era el arte superior de poder crear a base de semejanzas, esta tarea es en su esencia una síntesis de modo tal que la metáfora perfecta se daba el lujo de reflejar o significar mucho más de lo que estrictamente las palabras encerraban, de ahí su valor excepcional como forma de expresión. Este no es el caso que nos atañe.



Ante nosotros hay un burdo experimento de una falacia de sinopsis por falta de información: el ejercicio del resumen aprovecha la falta de conocimiento para plantear lo que los lectores desconocen precisamente porque no han recibido dicha información, se les ha negado: “existe la teoría de que los extraterrestres construyeron las pirámides mayas, por lo cual debe ser cierto” (ya que el enunciado no menciona otras teorías, dudas o evidencias). El punto desacertado de esta falacia es el uso de un argumento que no define el tema —la mera falta de conocimiento, limitación obvia de espacio, hace más recomendable evitar tratarlo que emitir opiniones sobre el tema: el resumen inhibe asumir opiniones, de facto solo puede procrear presunciones apriori.

Nota editorial.- Un buen o aceptable resumen consiste básicamente en la reducción a términos breves y concisos de lo esencial de un asunto o materia. Un resumen no es un esquema, ni un conjunto de notas ordenadas. El resumen eficaz no es un procedimiento mecánico o automático requiere la presencia permanente de la imaginación y la inteligencia.

Veamos:

"En la mayoría de los documentos que norman la confección de resúmenes, se establece que en ellos debe hacerse referencia al problema y a los objetivos principales, a los métodos aplicados, a los resultados y a las conclusiones que aparecen en el texto original, de lo que se induce que deben reflejar la superestructura de los contenidos que sintetizan. En virtud de las anteriores consideraciones, viene al caso precisar que el resumen ha de cumplir la función de proporcionar elementos que estimulen la consulta del documento original."
-Domínguez Domínguez JM. Estudio para la optimización de la estructura del resumen en el proceso de condensación de publicaciones científicas. Act Inf Cient Tec 1988;19(1):46-70.



El resumen no sustituye el documento igual que la reseña no sustituye la obra ni la crítica suplanta el concierto. De hecho el resumen sin documento, hasta en el caso de las mejores síntesis, no otorga ni se adjudica el grado de credibilidad de que el lector haya realmente consultado el sujeto/tema/trama, es inadmisible en el rigor intelectual aducir que la lectura de un resumen otorgue mayores rangos de conocimiento.

El documento como el que nos ocupa se supone que sea un conjunto de informaciones que componen una interpretación o descripción completa del sujeto/tema. La formalidad de dicho documento surge precisamente de esa capacidad de comprender, y explicar los pormenores del sujeto/tema con cierto grado de especificidad. Un resumen por definición acorta dichas explicaciones, interpretaciones o descripciones por lo cual dicho instrumento abreviado en pocas instancias se acepta como una representación satisfactoria del sujeto/tema.

Todo esta relación racional de contenido además de los requerimientos procesales que suelen existir en los contextos considerados, se agudiza notablemente cuando el sujeto/tema es uno de naturaleza científico o técnico (podemos indicar como se supone que sea una evaluación de impacto ambiental en el caso que nos concierne) ya que la ciencia exige atención exacta a los detalles, los procesos, las interacciones, las propiedades y las funciones. -ROF



Probar racionalmente algo, o bien su inexistencia o defecto, son tareas que necesitan cúmulos de evidencia que definan el tema y no tiene cabida lógica la ignorancia (ignorancia expresa ya que el resumen en cuestión ocupa solo el 12% del contenido del borrador de propuesta) al respecto.



Hay algo de arrogancia en esta oferta: una de las causas de la falacia del desconocimiento, causa que aplica perfectamente en esta propuesta, es el considerar a la experiencia personal como una fórmula de argumentación central: todo se probaría o desaprobaría solamente dependiendo de lo que sabe (o presume que sabe o sospecha) y conoce en este caso el Cuerpo de ingenieros. Este no es de ninguna manera el requerimiento que le exige la NEPA, de hecho someto que limitarse a ofrecer dicho resumen de solo 14 páginas (sin exhibits, de un documento original de al menos 180 páginas con exhibits) transgrede tanto el contenido estatutario de la NEPA como agrede toda la doctrina sobre acceso de documentos y procesos que estipula claramente la Orden ejecutiva conocida como Executive Order 13166 y una serie de reglamentaciones que dicha normativa establece, a eso vamos:

(NEPA.- National Environmental Policy Act [42 U.S.C. 4321 et seq.]:
El Acta nacional de política ambiental (NEPA) de los Estados Unidos establece la política nacional que promueve la defensa del ambiente y también estableció el Consejo presidencial sobre calidad ambiental (CEQ). NEPA fija los requisitos procesales para que todas las agencias de estatal federal elaboren evaluaciones ambientales (EA) y declaraciones de impacto ambiental (EIS) que contienen declaraciones de los efectos ambientales de las acciones propuestas por la agencia federal.)
Disponible en:
http://www.epa.gov/compliance/basics/nepa.html



He comentado y repito que el problema en últimas instancias es uno de probidad: entendemos la probidad como una característica fundamental de la democracia (Montesquieu) y significa rectitud e integridad. No es recto informar de menos (es desinformar no revelar el cuantum necesario de informaciones), no es íntegro comunicar de manera inadecuada e incompleta. La probidad presupone una cuota ética elevada de honestidad y honradez que se manifiesta en plantear sin desviaciones ni insatisfacciones superables las materias y los temas en consideración. Debo añadir que este criterio supera los requerimientos legales estrictos (no es asunto de una lista de cotejo) ya que se trata de un asunto esencialmente de equidad y justeza. Ese es el problema y no es un problema que se puede subsanar con remiendos ni parches a medias: se trata de que el documento no llena los requisitos mínimos, simplemente no sirve porque no nos funciona ya que incumple en transmitir fielmente el espectro de consideraciones, aspectos y preocupaciones que debe por definición comunicar de manera clara, inequívoca e inteligible. Fracasa el resumen como metáfora por ende es inútil.



Veamos lo que nos dice la normativa aplicable (en inglés para que no nos quepan dudas):

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 prohibits recipients of federal financial aid from discriminating against individuals “on the ground of race, color, or national origin.” Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. 2000d et. seq. and its implementing regulations provide that no person shall be subjected to discrimination on the basis of race, color or national origin under any program or activity that receives Federal financial assistance.
- Section 601 of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000(d) (July 2, 1964)

http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/titlevistat.php

The implementing regulations for Title VI further clarify that a recipient “may not, directly or through contractual or other arrangements, on ground of race, color, or national origin,” exclude persons from participating in its programs, deny them any service or the benefits of its programs, or subject them to separate treatment.
- 34 C.F.R. §§ 100.3(a), (b)(1)(i) and (iii). (Use as reference of general policy guidelines)

Title VI obligates the translation of “vital” documents into the languages commonly spoken by users.
- 67 Fed. Reg. at 41463. (Use as regulatory reference.)

42 U.S.C 2000d
Sec. 2000d. Prohibition against exclusion from participation in, denial of benefits of, and discrimination under federally assisted programs on ground of race, color, or national origin.

No person in the United States shall, on the ground of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance. (Pub. L. 88-352, Title VI, Sec. 601, July 2, 1964, 78 Stat. 252.)

http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/titlevistat.php#Sec. 2000d-4. Federal authority and financial assistance to programs or activities by way of contract of insurance or guaranty

18 CFR 705.1 - Purpose.
18 CFR 705.4 Discrimination prohibited.
(a) General. No person in the United States shall, on the grounds of race, color, or national origin be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be otherwise subjected to discrimination under, any program to which this part applies.
(b) Specific discriminatory actions prohibited. (1) A recipient under any program to which this part applies may not directly or through contractual or other arrangements, on the grounds of race, color, or national origin:
(i) Deny a person any service, financial aid, or other benefit provided under the program;
...
(4) The enumeration of specific forms of prohibited discrimination in this paragraph does not limit the generality of the prohibition in paragraph (a) of this section.
(5) This part does not prohibit the consideration of race, color, or national origin if the purpose and effect are to remove or overcome the consequences of practices or impediments which have restricted the availability of, or participation in, the program or activity receiving Federal financial assistance, on the grounds of race, color, or national origin. When previous discriminatory practice or usage tends, on the grounds of race, color, or national origin, to exclude individuals from participation in, to deny them the benefits of, or to subject them to discrimination under any program or activity to which this part applies, the applicant or recipient has an obligation to take reasonable action to remove or overcome the consequences of the prior discriminatory practice or usage, and to accomplish the purposes of the Act.

http://cfr.regstoday.com/18cfr705.aspx

General note: Title VI of the 1964 Civil Rights Act provides that no person in the United States shall, on the grounds of race, color or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of or be otherwise subjected to discrimination under any program or activity receiving federal financial assistance (please refer to 23 CFR 200.9 and 49 CFR 21).

Civil Rights Restoration Act of 1987 broadened the scope of Title VI coverage by expanding the definition of terms "programs or activities" to include all programs or activities of Federal Aid recipients, subrecipients, and contractors, whether such programs and activities are federally assisted or not (Public Law 100259 [2.557] March 22, 1988).

Additional Authorities and Citations Include: Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 United States Code 2000d to 2000-4; 42 United States Code 4601 to 4655; 23 United States Code 109(h); 23 United States Code 324; Department of Transportation Order 1050.2; Executive Order 12250; Executive Order 12898; 29 Code of Federal Regulations 50.3.

Please note:

Executive Order 12250--Leadership and Coordination of Nondiscrimination Laws
Source: The provisions of Executive Order 12250 of Nov. 2, 1980, appear at 45 FR 72995, 3 CFR, 1980 Comp., p. 298, unless otherwise noted.

By the authority vested in me as President by the Constitution and statutes of the United States of America, including section 602 of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000d-1), Section 902 of the Education Amendments of 1972 (20 U.S.C. 1682), and Section 301 of Title 3 of the United States Code, and in order to provide, under the leadership of the Attorney General, for the consistent and effective implementation of various laws prohibiting discriminatory practices in Federal programs and programs receiving Federal financial assistance, it is hereby ordered as follows:

1-1. Delegation of Function.
1-101. The function vested in the President by Section 602 of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000d-1), relating to the approval of rules, regulations, and orders of general applicability, is hereby delegated to the Attorney General.
1-102. The function vested in the President by Section 902 of the Education Amendments of 1972 (20 U.S.C. 1682), relating to the approval of rules, regulations, and orders of general applicability, is hereby delegated to the Attorney General.
1-2. Coordination of Nondiscrimination Provisions.
1-201. The Attorney General shall coordinate the implementation and enforcement by Executive agencies of various nondiscrimination provisions of the following laws:
(a) Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000d et seq.).
(b) Title IX of the Education Amendments of 1972 (20 U.S.C. 1681 et seq.).
(c) Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended (29 U.S.C. 794).
(d) Any other provision of Federal statutory law which provides, in whole or in part, that no person in the United States shall, on the ground of race, color, national origin, handicap, religion, or sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subject to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance. (et seq.)

http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12250.html

Executive Order 12898 of February 11, 1994- Federal Actions To Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

Section 1–1.Implementation.
1–101. Agency Responsibilities. To the greatest extent practicable and permitted by law, and consistent with the principles set forth in the report on the National Performance Review, each Federal agency shall make achieving environmental justice part of its mission by identifying and addressing, as appropriate, disproportionately high and adverse human health or environmental effects of its programs, policies, and activities on minority populations and low-income populations in the United States and its territories and possessions, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and the Commonwealth of the Mariana Islands.
1–102. Creation of an Interagency Working Group on Environmental Justice.
(a) Within 3 months of the date of this order, the Administrator of the Environmental Protection Agency (‘‘Administrator’’) or the Administrator’s designee shall convene an interagency Federal Working Group on Environmental Justice (‘‘Working Group’’). The Working Group shall comprise the heads of the following executive agencies and offices, or their designees:(a) Department of Defense; (b) Department of Health and Human Services; (c) Department of Housing and Urban Development;(d) Department of Labor;(e) Department of Agriculture; (f) Department of Transportation; (g) Department of Justice; (h) Department of the Interior;...
...
1–104. Sec. 2–2. Federal Agency Responsibilities for Federal Programs. Each Federal agency shall conduct its programs, policies, and activities that substantially affect human health or the environment, in a manner that ensures that such programs, policies, and activities do not have the effect of excluding persons (including populations) from participation in, denying persons (including populations) the benefits of, or subjecting persons (including populations) to discrimination under, such programs, policies, and activities, because of their race, color, or national origin.
...
Sec. 6–6. General Provisions.
6–601. Responsibility for Agency Implementation. The head of each Federal agency shall be responsible for ensuring compliance with this order. Each Federal agency shall conduct internal reviews and take such other steps as may be necessary to monitor compliance with this order.
6–602. Executive Order No. 12250. This Executive order is intended to supplement but not supersede Executive Order No. 12250, which requires consistent and effective implementation of various laws prohibiting discriminatory practices in programs receiving Federal financial assistance. Nothing herein shall limit the effect or mandate of Executive Order No. 12250.
...
6–604. Scope. For purposes of this order, Federal agency means any agency on the Working Group...

http://www.epa.gov/fedreg/eo/eo12898.pdf

Comment: The general doctrine is clear and supportive of policy against any and all discrimination as defined by Title VI (et seq). The policy includes Puerto Rico and the Department of Defense, both mentioned specifically. Based upon existant laws and corresponding regulations inadequate translation and/or insufficient abbreviation (such as use of a brief summary instead of the complete text of the document) of vital documents is prohibited. Summaries and syllabus will not and are not considered complete vital documents, their publication does not relieve, substitute nor excuse of the responsability of producing the full text of vital documents.



Far more helpful is federal guidance that emerged following President Bill Clinton’s issuance of Executive Order 13166 in August 2000. [1] Entitled “Improving Access to Services for Persons with Limited English Proficiency,” the order applies to all federally conducted and federally assisted programs and activities, including, therefore, the Army. The order requires recipients of federal funds to take “reasonable steps to ensure meaningful access to their programs and activities by LEP persons.” [2]

The order also requires each federal agency to draft Title VI guidance “specifically tailored to its recipients” and consistent with LEP guidance issued by the Department of Justice (DOJ). [3] DOJ’s initial guidance document, “Enforcement of Title VI of the Civil Rights Act of 1964—National Origin Discrimination against Persons with Limited English Proficiency,” was issued concurrently with Executive Order 13166. [4]

This short document sets forth compliance standards to help recipients ensure that LEP persons are not the victims of discrimination and that they have the meaningful access required under Title VI. [5]/[6]

(Notas parciales:)
[1] 65 Fed. Reg. 50,121–22 (Aug. 16, 2000).
[2] Id.
[3] Id.
[4] 65 Fed. Reg. 50,123–25 (Aug. 16, 2000).
[5] Id.
[6] 'LEP' refers to persons with limited English proficiency/ personas con habilidades limitadas en el idioma inglés.
http://www.justice.gov/crt/about/cor/lep/DOJFinLEPFRJun182002.php

EXECUTIVE ORDER 13166. IMPROVING ACCESS TO SERVICES FOR PERSONS WITH LIMITED ENGLISH PROFICIENCY

"By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, and to improve access to federally conducted and federally assisted programs and activities for persons who, as a result of national origin, are limited in their English proficiency(LEP), it is hereby ordered as follows:

Section 1. Goals. The Federal Government provides and funds an array of services that
can be made accessible to otherwise eligible persons who are not proficient in the English language. The Federal Government is committed to improving the accessibility of these services to eligible LEP persons... To this end, each Federal agency shall examine the services it provides and develop and implement a system by which LEP persons can meaningfully access those services... To assist the agencies with this endeavor, the Department of Justice has today issued a general guidance document (LEP Guidance), which sets forth the compliance standards that recipients must follow to ensure that the programs and activities they normally provide in English are accessible to LEP persons and thus do not discriminate on the basis of national origin in violation of title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended, and its implementing regulations. As described in the LEP Guidance, recipients must take reasonable steps to ensure meaningful access to their programs and activities by LEP persons."(et seq.)

Executive Order 13166/ Orden ejecutiva 13166, disponible en:

http://www.justice.gov/crt/about/cor/Pubs/eolep.php

Para que estemos claros toda esta doctrina normativa es vigente ya que se reafirma mediante el Memorando de Eric Holder del 17 de febrero de 2011, veamos:

"Executive Order 13166 was issued in August of 2000 and this memorandum reaffirms its mandate. The Executive Order has two primary parts. First, it directs each federal agency to develop and implement a system by which limited English proficient (LEP) persons can meaningfully access the agency's services..."

Favor ver:
Federal Government Renews Commitment to Language Access Obligations Under Executive Order 13166:
Memo to Federal Agencies Reaffirming the Mandates of Executive Order 13166 from Attorney General Eric Holder, disponible en:

http://www.lep.gov/13166/AG_021711_EO_13166_Memo_to_Agencies_with_Supplement.pdf



Sobre el Ejército adelantamos que hemos logrado conseguir documentos del U.S. Army Research Institute for the Behavorial and Social Sciences que atienden el problema del idioma de los soldados que no dominan el inglés desde la perspectiva de las obligaciones constitucionales que tiene el U.S.Army de proveer mecanismos adecuados y eficientes de comunicaciones con dichos ciudadanos. Incluyen estos documentos varios estudios sobre el problema y encuestas en las que entre otras cosas plantean y cito:

"Most of the soldiers in the Program were well-educated Puerto Ricans with weak oral English skills" citado del documento "English-as-a-Second-Language Programs in the Army." Identificado como Report No. ARI-1354 y fechado noviembre de 1983.

Estipulamos que no es una argumentación de duda aceptable el que el U.S. Army ni ninguna de sus dependencias (incluyendo el Cuerpo de ingenieros) puedan plantear responsablemente desconocimiento de los problemas que tienen los puertorriqueños con el uso del idioma inglés. Es simplmente falso y se prueba con los mismos documentos, estudios y programas existentes del U.S. Army hace décadas para tratar ese problema.



Tenemos conocimiento de que el siguiente (en inglés) es el mandato existente, a saber:

Pursuant to Executive Order 13166, the meaningful access requirement of Title VI, the Title VI regulations, and the four-factor analysis set forth in the Department of Justice’s (DOJ’s) revised LEP Guidance, 67 FR 117 (June 18, 2002), apply to the programs and activities of Federal agencies, including the Department of Defense (and the U.S. Army). All programs and operations of the federal government are included.

All employees are to ensure the public is treated with dignity and respect, identify the language needs for the Department’s customers, and utilize available bilingual resources.



Citamos:

"On April 20, 2009, Deputy Assistant U.S. Attorney General Loretta King informed the Federal Interagency Working Group on Limited English Proficiency that the ―Obama Administration supports... Title VI language access work as a high priority [and wants] to make it clear... that language access is not a fly-by-night measure, but an essential component of what it takes to do business and meet civil rights requirements."

Tomado de:
Language Access: Effectively Serving Limited- and Non-English Speakers.

Disponible en:
http://globaljusticeinitiative.files.wordpress.com/2010/11/language-access-effectively-serving-limited-and-non-english-speakers.pdf

A esa cita debemos añadir el siguiente texto que proviene de una carta del Assistant Attorney General Thomas Perez, a saber:

"The Supreme Court has held that failing to take reasonable steps to ensure meaningful access for LEP persons is a form of national origin discrimination prohibited by Title VI [regulations]. See Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974)."

Disponible en:
http://www.lep.gov/final_courts_ltr_081610.pdf

Advertimos que la jurisdicción de dicha normativa recae precisamente en la División de Derecho Civiles que dirige Perez.

(Citas pertinentes adicionales:)

"Federal laws particularly applicable to language access include Title VI of the Civil Rights Act of 1964, and the Title VI regulations, prohibiting discrimination based on national origin, and Executive Order 13166 issued in 2000... All federal agencies subject to Executive Order 13166 must design and implement a federally conducted plan to ensure access for LEP individuals to all of its federally conducted programs and activities (basically, everything that it does)."

Tomado de:
Federal Interagency Working Group on Limited English Proficiency.

Disponible en:
http://www.lep.gov/index.htm

"The most commonly cited laws forming the basis for non-English language-access rights and obligations are Title VI of the Civil Rights Act of 1964 and Executive Order 13166. Other less frequently invoked sources of language-access rights include the Equal Protection Clause at Section One of the Fourteenth Amendment to the U.S. Constitution, the Americans with Disabilities Act (ADA), the Rehabilitation Act (§ 504), and the U.S. Court Interpreter Act.

Language-access obligations are set forth at 28 C.F.R. §§ 42.401 - 42.415.

The Fourteenth Amendment to the United States Constitution, Title VI of the 1964 Civil Rights Act and Executive Order 13166 form the federal law basis for language access rights."

Tomado de:
Language Access is an Empowerment Right: Deprivation of Plenary Language Access Engenders an Array of Grave Rights Violations.
Julia Alanen. American University Washington College of Law ILSP Law Journal 93 (2009).

Disponible en:
http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/3/alanen.pdf?rd=1

Conclusión y llamado a la acción:

En ningunos documentos hemos visto que el uso de resúmenes sustituya la responsabilidad y obligación de producir los documentos "vitales" en el idioma que sea necesario para que los ciudadanos los puedan estudiar, manejar y debatir. No existe en ningún documento dicha excepción por lo cual podemos concluir que el resumen que se ha provisto no subsana la obligación de traducir el borrador completo en español. Sometemos.

Primera semana del 2012: primeras tareas urgentes: impugnar el resumen en español del borrador del USACE de la propuesta del gasoducto como insuficiente a la vez que exigir que se reajuste el período de comentarios a base de la publicación del borrador completo en español: primero, una carta con copias a todas las partes concernidas luego la querella formal de discrimen si no hay una respuesta afirmativa...

Roberto Ortiz Feliciano



Apéndice:

Recapitulación de informaciones previamente sometidas:

Primero el contexto: En los Estados Unidos se estima que un 4% de su población de 312.737.000 ciudadanos no domina a cabalidad el inglés lo que implica que 12.509.480 ciudadanos no dominan las destrezas de leer y escribir en inglés basado en cifras del Negociado del Censo. Los Derechos civiles establecen de manera inequívoca y clara que todo ciudadano debe recibir y tener acceso a iguales oportunidades de ley, el Acta de Derechos civiles de 1964 establece de manera inequívoca y clara que se prohíbe toda discriminación basada en género, raza o país de origen. Desde el 2000 hay en efecto en el gobierno federal una Orden ejecutiva presidencial que mandata que toda agencia del gobierno debe ofrecer sus servicios de manera que atienda la población de ciudadanos que no dominan el inglés (Executive Order 13166), dicha Orden se ha refirmado mediante Memorando por el Secretario del Departamento de Justicia tan reciente como el 17 de febrero del 2011 (Memorando Federal Government' s Renewed Commitment to Language Access Obligations Under Executive Order 13166).

"Executive Order 13 166 was issued in August of2000 and this memorandum reaffirms its mandate. The Executive Order has two primary parts. First, it directs each federal agency to develop and implement a system by which limited English proficient (LEP) persons can meaningfully access the agency's services..."

Favor ver:
Federal Government Renews Commitment to Language Access Obligations Under Executive Order 13166:
Memorando de Eric Holder del 17 de febrero de 2011/
Memo to Federal Agencies Reaffirming the Mandates of Executive Order 13166 from Attorney General Eric Holder, disponible en:
http://www.lep.gov/13166/AG_021711_EO_13166_Memo_to_Agencies_with_Supplement.pdf

En los Estados Unidos no hay un idioma oficial.

En los Estados Unidos de acuerdo a las más recientes cifras del Censo un 14% de la población es caracterizada como latinoamericana, más de 50 millones y la minoría étnica más grande. Un 24% de la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos no domina el inglés. Igualmente de acuerdo a cifras del Censo en Puerto Rico menos del 20% de la población domina el inglés.

Las informaciones sometidas son de común conocimiento y se pueden corroborar mediante ofrecimientos de evidencias que son admisibles en todo foro judicial.

¿Qué hacer referente al borrador de evaluación ambiental que ha producido el Cuerpo de ingenieros exclusivamente en inglés?

Someto que ya se han comunicado de diferentes maneras peticiones y solicitudes formales al Cuerpo de ingenieros (USACE) para que haga valer el compromiso de producir el borrador completo de la evaluación ambiental en español para que la ciudadanía entera tenga el debido acceso a su contenido y de esa manera pueda conocer y participar en el proceso de comentarios que mandata la ley que rige dicho proceso (NEPA). Hay dos problemas inmediatos:

Primero, el Cuerpo de ingenieros mediante carta abierta ha informado a la ciudadanía de que se encuentra en efecto un período de comentarios a base de la fecha del 30 de noviembre de 2011 que es la fecha que se produce el memorando en inglés (borrador de evaluación ambiental (Permit Application SAJ-2010-02881). El mismo USACE ha comunicado una extensión de dicho período de comentarios hasta finales del mes de enero del año entrante. Una fácil interpretación a base de las doctrinas citadas invalida por completo dicha fecha anunciada del período de comentarios basado en el criterio de debido proceso (Enmienda XIV) que establece que para que cualquier y todo acto de gobierno tenga validez debe ser debidamente notificado. Se desprende de la no-existencia del documento en español (borrador de la evaluación ambiental completo) que al menos tres (3) millones de ciudadanos puertorriqueños no han sido debidamente notificados del contenido de dicho documento en clara violación a sus derechos ciudadanos. Ante esta realidad la fecha anunciada de comentarios constituye un acto inconstitucional. La naturaleza de este acto inconstitucional de acuerdo al Acta de Derechos Civiles de 1964 constituye un acto discriminatorio doblemente prohibido por ley.

Obra como oferta de evidencia el Comunicado de Prensa, Publicación No.:NR 11-68, titulado: Versión en Español. Resumen Ejecutivo del Proyecto Vía Verde.

Disponible en:
http://www.saj.usace.army.mil/Documents/NewsReleases/archive/2011/NR1168_Spanish.pdf

A nuestro humilde entender este es el cuadro de hechos y derechos aplicables que existe al presente en relación con el citado documento.

Segundo, procede radicar una querella oficial mediante la Oficina que tiene jurisdicción directa sobre este asunto:

Federal Coordination and Compliance Section - NWB
Civil Rights Division
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20530

Formato de querella disponible en:
http://www.justice.gov/crt/complaint/index.php#five

Esta querella, habiendo como repetimos solicitudes en curso para que el Cuerpo de ingenieros produzca los documentos de acuerdo a la normativa federal citada y vigente, la puede radicar cualquier y todo ciudadano que sienta se han violado sus derechos constitucionales al limitar el acceso de información valiosa que contiene dicho documento del Cuerpo de ingenieros.

Se trata de solicitar los remedios adecuados ante la discriminación existente a base de origen nacional en violación del título VI (Acta de Derechos civiles). La sección federal de la coordinación y de conformidad (Federal Coordination and Compliance Section/ FCS) es responsable por el desempeño del gobierno de acuerdo al decreto 13166. El FCS debe como parte de su jurisdicción asegurar el acceso significativo de los puertorriqueños al memorando en inglés (borrador de evaluación ambiental (Permit Application SAJ-2010-02881).



Someto a sus consideraciones texto adicional:

The United States has no official language. As a major English-speaking country, many assume that English is the country's official language. But despite efforts over the years, the United States has no official language.

In law, rights are conveyed by words. Words have meaning. If the words have no meaning to a citizen, then such a citizen has no rights. A proceeding without rights is a proceeding without due process of law and fundamental fairness.

Insuring that non-English speaking citizens receive adequate translations and interpretation assures satisfaction of the due process clause. Honoring this constitutional imperative serves three primary purposes:

(1) it demonstrates obedience to the Constitution;

(2) it preserves a moral sense of fairness in the proceedings for all; and

(3) it prevents the redundancy in time and cost for eventual reconsiderations.

Appellate review is the last bulwark or bastion of protection of non-English speaking citizens' constitutional rights, since the proceedings are subject to judicial review, lack of attention and proper action to the language due process rights will most surely constitute valid reasoning to invalidate the mentioned process based on violations of Fourteenth Amendment rights and of § 601 of the Civil Rights Act of 1964, which bans discrimination based "on the ground of race, color, or national origin".

Please note: Duckworth v. Eagan, 492 U.S. 195, 202 (1989), Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974).

"Lack of knowledge of the American legal system, rights under the Constitution, English language difficulties, and cultural background differences, along with other factors, have been considered in judicial assessments..."
Richard W. Cole, Laura Maslow-Armand, The Role of Counsel and the Courts in Addressing Foreign Language and Cultural Barriers at Different Stages of a Criminal Proceeding, 19 W. New Eng. L. Rev. 193, 196 (1997).

Finally, in a related matter, we feel strongly inclined to advance our deepest worries and insatisfactions with the proceedings since the document does not in any way or manner convey that previous commentaries delivered in Spanish were properly attended and considered. This commentary should and shall be part of eventual critique of the draft process and document, we expect the USACE to offer valid evidence that a proper Spanish language commentaries process was in effect conducted since non-conduction of such a process constitutes another clear and very serious discrimination act.

Certain key acronyms & abbreviations cited:
Code of Federal Regulations (CFR)
The United States Code is the codification by subject matter of the general and permanent laws of the United States (U.S.C.)
Published by the Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration (NARA), the Federal Register is the official daily publication for rules, proposed rules, and notices of Federal agencies and organizations, as well as executive orders and other presidential documents (Fed. Reg.)

For further inquiries please consult:
Law Librarians' Society of Washington, D.C.
http://www.llsdc.org/fed-reg-cfr/


Legal Information Institute
http://www.law.cornell.edu/cfr/text


Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR)
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=%2Findex.tpl




Favor ver otras informaciones relacionadas en los comentarios, y, previas entradas del blog relacionadas al borrador:
Sobre el gasoducto: sobre el borrador de Evaluación de impacto ambiental.
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2011/11/sobre-el-gasoducto-sobre-el-borrador-de.html

Sobre el gasoducto: sobre el borrador de Evaluación de impacto ambiental.- problemas de inconstitucionalidad.
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2011/12/sobre-el-gasoducto-sobre-el-borrador-de.html


8 comentarios:

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo 13166, “Mejora del acceso a los servicios para personas con dominio limitado del inglés” (11 de agosto de 2000), el Departamento de Justicia en el año 2002 ofrece una explicación de los requisitos reglamentarios. En efecto, la guía explica que, en determinadas circunstancias, no garantizar que las personas con LEP (personas con dominio limitado del inglés) puedan participar o beneficiarse efectivamente de los programas y actividades subvencionados federalmente, podría constituir una violación de la prohibición de la práctica de discriminación sobre la base de la nacionalidad de origen, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI) y con las reglamentaciones del Departamento.

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

Under DOJ regulations implementing Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. 2000d, et seq. (Title VI), recipients of Federal financial assistance have a responsibility to ensure meaningful access to their programs and activities by persons with limited English proficiency (LEP). See 28 CFR 42.104(b)(2).

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

Executive Order 12898 of February 11, 1994
Federal Actions To Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:
Section 1–1.Implementation.
1–101. Agency Responsibilities. To the greatest extent practicable and permitted by law, and consistent with the principles set forth in the report on the National Performance Review, each Federal agency shall make achieving environmental justice part of its mission by identifying and addressing, as appropriate, disproportionately high and adverse human health or environmental effects of its programs, policies, and activities on minority populations and low-income populations in the United States and its territories and possessions, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and the Commonwealth of the Mariana Islands.
1–102. Creation of an Interagency Working Group on Environmental Justice.
(a) Within 3 months of the date of this order, the Administrator of the Environmental Protection Agency (‘‘Administrator’’) or the Administrator’s designee shall convene an interagency Federal Working Group on Environmental Justice (‘‘Working Group’’). The Working Group shall comprise the
heads of the following executive agencies and offices, or their designees:
(a) Department of Defense; (b) Department of Health and Human Services; (c) Department of Housing and Urban Development;(d)Department of Labor;(e) Department of Agriculture; (f) Department of Transportation; (g) Department of Justice; (h) Department of the Interior;...
...
1–104. Sec. 2–2. Federal Agency Responsibilities for Federal Programs. Each Federal agency shall conduct its programs, policies, and activities that substantially affect human health or the environment, in a manner that ensures that such programs, policies, and activities do not have the effect of excluding persons (including populations) from participation in, denying persons (including populations) the benefits of, or subjecting persons (including populations) to discrimination under, such programs, policies, and activities,
because of their race, color, or national origin.
...
6–604. Scope. For purposes of this order, Federal agency means any agency on the Working Group, and such other agencies as may be designated by the President, that conducts any Federal program or activity that substantially affects human health or the environment. Independent agencies are requested to comply with the provisions of this order.
...
Firma: W. Clinton
11 de frebrero 1994

http://www.epa.gov/fedreg/eo/eo12898.pdf

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

La jurisprudencia asociada o motivada por NEPA [1] determina si un EIS de una agencia es adecuado que incluye la consideración de temas y asuntos tales como la puntualidad de la preparación, los procedimientos usados para canalizar los comentarios públicos y las respuestas a los comentarios, la corrección de la metodología analítica de la agencia, la calidad de la discusión de efectos ambientales incluyendo impactos acumulativos, y aún la estructura lógica de la redacción del EIS (coherencia). [2] La mayor parte de los pleitos se centran en los temas aparentemente ilimitados sobre la determinación de la suficiencia/ insuficiencia de las evaluaciones de consecuencias para el medio ambiente elaboradas por la agencia. (El alcance de este ensayo no permite considerar la miríada de cuestiones procesales que se pueden plantear por los demandantes del interés público en casos del NEPA.) El foco del resto de este ensayo está en las ventajas potenciales de plantear en las demandas los recursos de declarar evaluaciones viciadas de inconstitucionalidad de las EIA de la agencia. El NEPA ha producido algunas realizaciones notables. Se comenta, generalmente, "las decisiones [de la corte] suministran los medios de limpiar la toma de decisión administrativa en la era ambiental anunciada por NEPA." [3] O, que, esencialmente, la revisión judicial "exige de las agencias federales cumplir con los requerimientos de NEPA" desde el punto de vista procesal. [4] El Juez Stephens del Supremo, autor de la decisión de Robertson, observa que la aplicación de las provisiones procesales de NEPA "casi de seguro afecta la decisión substantiva de la agencia…." De hecho va más lejos, sosteniendo que el impacto total de los recursos de declarar inconstitucionalidad dentreo del contxto del NEPA ha producido un efecto más extenso, "más proyectos se alteran como consecuencia" judicial.

En suma, los recursos de declarar la inconstitucionalidad de las procedimientos del EIS han alterado perceptiblemente la toma de decisión ambiental de las agencias. Abriendo la toma de decisión de la agencia mediante el escrutinio judicial, las agencias federales han emprendido una investigación de búsqueda de todos los costos de proyectos propuestos. En algunos casos, las agencias han alterado los proyectos propuestos debido al proceso del EIS. En otros casos, el proceso del EIS revela información que obliga a las agencias a que paren o alteren radicalmente proyectos debido a otros criterios estatutarios aplicables.

Citas:
[1] Robertson v Methow Valley Citizens Council, 490 US 332, 104 L.Ed.2d 351, 372 (1989). Ver, Marsh v Oregon Natural Resources Council, 490 US 360, 104 L.Ed.2d 377, 391 (1989).

[2] Environmental Defense Fund v US Corps of Engineers, 470 F 2d 289, 297 (8th Cir. 1972), 412 US 931 (1973) (NEPA requiere más que la consideración y el acceso a consecuencias para el medio ambiente, " se propone efectuar cambios" substantivos en la toma de decisión de la agencia).

[3] W.L. Andreen, "In Pursuit of NEPA's Promise: The Role of Executive Oversight in the Implementation of Environmental Policy," 64 Ind. L. J. 204, 210 (1989).

[48] M.C. Blumm, "The Origin, Evolution and Direction of the United States Environmental Policy Act," 5 EPLJ 179, 181 (1988).

[4] Robertson, 490 US, 350-51

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

N.E.P.A./ National Environmental Policy Act (42 U.S.C. §4321 et seq. (1969)).
NEPA establece el marco federal amplio para proteger el ambiente. Su propósito general es asegurar que todas las ramas del gobierno den la consideración apropiada al ambiente antes de emprender cualquier acción federal importante que afecte al ambiente. NEPA fue decretado en 1970 como la primera legislación para establecer una política medioambiental comprensiva.
Antes de NEPA, las consecuencias para el medio ambiente de proyectos de tierras o mediando fondos federales no tenían que ser consideradas en el proceso de permisos de construcción.
NEPA fue diseñado para tratar el “impacto profundo de la actividad del hombre en las interrelaciones de todos los componentes del ambiente natural”.
El estatuto requiere que las agencias federales consideren acciones alternativas e incorporar el comentario público en su procedimiento de toma de decisión. La meta fundamental del NEPA es “crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza pueden existir en armonía productiva.”
Considerada la “Carta Magna” de las leyes ambientales, NEPA obliga a una declaración detallada y responsable de consecuencias para el medio ambientede propuestas importantes.
Antes de hacer un expediente detallado, el funcionario federal debe consultar con cualquier agencia federal que tenga ingerencia especial o jurisdicción legal, y considerar el comentario público en su procedimiento de toma de decisión.
Hay tres tipos de revisiones ambientales debajo de NEPA:
Exclusiones categóricas (CX) para los proyectos pequeños, rutinarios con impactos insignificantes;
Evaluaciones ambientales (EA) para los proyectos sin impactos significativos (anotamos que el borrador del Cuerpo de ingenieros obedece a esta clasificación);
y Declaraciones de impactos para el medio ambiente (EIS) para los proyectos con impactos significativos.
Los ejemplos de los proyectos que requieren conformidad con el NEPA son construcción de carreteras usando fondos federales, construcción de represas que necesitan permisos, y desarrollos de sistemas de gasoductos.
NEPA también estableció al Consejo sobre la calidad ambiental (Council on Environmental Quality/ CEQ), que es dirigida a tiempo completo y supervisa todo el NEPA. Los deberes y las funciones del CEQ incluyen: recopilación de la información sobre las condiciones y las tendencias en calidad ambiental; programas federales de evaluación a la luz de metas establecidas; desarrollar y promover políticas para mejorar la calidad ambiental.
En 2010 el NEPA celebró su aniversario 40, entre sus logros:: Transparencia en el uso y proceso de permisos para proyectos grandes en tierra; incorporar los comentarios públicos en el procedimiento de toma de decisión; legalmente establecer a a los valores ambientales como activos públicos; e incluir un acercamiento multidisciplinario al considerar efectos ambientales en la toma de decisión de la agencia de estatal federal.
(sigue...)

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

(desde anterior)
La eficacia del NEPA se origina en su requerimiento de agencias federales de elaborar una evaluación ambiental. NEPA tiene fuerza de ley, lo que significa que aunque el acto en sí mismo no conlleve sanciones criminales o civiles, NEPA puede obligar su cumplimiento. Toda la aplicación de NEPA se obtiene mediante el proceso del sistema judicial. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, como otras agencias federales, elabora y repasa documentos del NEPA. Sin embargo, EPA tiene una responsabilidad única en el proceso de revisión del NEPA. Por ejemplo, bajo sección 309 del Acta del aire limpio, EPA se requiere repasar y comentar las consecuencias para el medio ambiente de acciones federales importantes incluyendo las acciones que son el tema de EISs (evaluaciones). Si EPA determina que la acción es ambientalmente insatisfactoria, refiere la materia al Consejo sobre la calidad ambiental (CEQ).

Referencias:

Summary of the National Environmental Policy Act
http://www.epa.gov/lawsregs/laws/nepa.html

Council on Environmental Quality, Executive office of the President. (2007, Dec.) Citizens Guide to the National Environmental Policy Act. Pamphlet. http://ceq.hss.doe.gov/nepa/Citizens_Guide_Dec07.pdf

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

NEPA: desde la perspectiva procesal
La caracterización del NEPA como esencialmente de "descubrimiento ambiental" surge de la ley [1] y de la interpretación de esos mandatos por las cortes. Mientras que el Congreso reconoció el "el impacto profundo.. en el ambiente…; [2], y anuncia su propósito "una política nacional que anime armonía productiva y agradable entre el hombre y su ambiente; [y] promueva esfuerzos que prevengan o eliminen daño al " ambiente…; [3], NEPA requiere que todas las agencias federales elaboren una declaración detallada sobre las consecuencias para el medio ambiente (EIS) que "perceptiblemente afecten a la calidad del ambiente." humano; [4] Interpreta el Tribunal Supremo que NEPA es esencialmente un estatuto procesal. [5] La corte ha establecido que "una vez que una agencia ha tomado una decisión conforme a NEPA y sus requisitos procesales, el único papel para una corte es asegurarse que la agencia ha considerado (todas) las consecuencias ambientales." [6] En su consideración, la corte reiteró su opinión de la calidad procesal del estatuto. La corte observa que para imponer un deber substantivo ante las agencias de incluir un plan de mitigación en un "EIS . este debe ser contrario a la confianza en los mecanismos procesales -- en comparación con los estándares."; [7] ¿Si NEPA no impone criterio substantivo que limite decisiones de la agencia, qué hace? De manera sucinto, en las palabras de la Corte de Robertson, "NEPA simplemente prohíbe la mala información." [8] NEPA prohibe decisiones desinformadas o malinformadas de la agencia. Según el Consejo sobre la calidad ambiental (Council on Environmental Quality/ CEQ), [9] regulaciones de calidad ambiental (CEQ) [10] y decisiones interpretadas por las cortes [11], NEPA tiene dos propósitos esenciales: informar al procedimiento de toma de decisión de la agencia federal; y hacer transparente y público el procedimiento de toma de decisión. Requiriendo considerar las consecuencias para el medio ambiente de acciones propuestas, los impactos acumulativos, y todas las alternativas razonables, así como posponer todos recursos de un proyecto propuesto [12], se se asume que las agencias pueden alcanzar decisiones mejor razonadas. [13] Además, requiere la completa participación pública y viabilizar comentarios sobre el proceso del EIS, así como participación u conocimiento ciudadano de NEPA y sus implicaciones, el procedimiento de toma de decisión se asume que debe ser el más abierto y democrático. [14]

(sigue...)

roberto 'pachi' ortiz feliciano dijo...

(desde anterior)
¿Cuáles son los tres tipos de documentos NEPA?

Exclusión categórica- Impactos anticipados mínimos; procesos simples;

Evaluación ambiental (EA)- Inseguridad sobre impactos significativos; evaluación de los recursos; y,

Declaración de impacto ambiental (EIS)- Impactos significativos; evaluación más detallada y especializada.

Citas señaladas:
[1] Environmental Defense Fund v US Army Corps of Engineers, 325 F Supp 749, 759 (E.D. Ark. 1971), aff'd., 470 F2d 289 (8th. Cir. 1972), cert. denied, 412 US 931 (1972).
[2] NEPA, 42 USC s 4331 (c).
[3] Id., s 4321.
[4] Id., s 4332 (c).
[5] Ver, D.C. Shilton, "Is The Supreme Court Hostile To NEPA? Some Possible Explanations For A 12-0 Record," 20 Env. L. 551 (1990).
[6] Strykers Bay Neighborhood Council v Karlin, 440 US 223, 227028 (1980).
[7] Robertson v Methow Valley Citizens Council, 490 US 332, 104 L.Ed.2d 351, 372 (1989). Ver, Marsh v Oregon Natural Resources Council, 490 US 360, 104 L.Ed.2d 377, 391 (1989).
[8] Id., Robertson v Methow Valley Citizens Council, 104 L.Ed.2d at 370-71.
[9] El CEQ se establece por NEPA para asistir a las agencias federales con/en la implementación del estatuto federal mediante reglamentos. NEPA, 42 USC ss 4321 and 4332.
[10] 40 CFR ss 1500-1517 (1988).
[11] Ver: Weinberger v Catholic Action of Hawaii, 454 US 139, 70 L.Ed.2d 298, 303 (1981); y Baltimore Gas & Electric Co. v Natural Resources Defense Council, 462 US 87, 76 L.Ed.2d 437, 446-47. (1982).
[12] NEPA, 42 USC s 4332 (c) (i)-(v).
[13] Marsh v ONRC, 104 L.Ed.2d. at 377.
[14] Id.; and Robertson, 104 L.Ed.2d at 370.