otras jugadas:
desinformar. El principio de la censura moderna consiste en la desinformación que se refiere a información falsa o engañosa difundida deliberadamente por el gobierno, el grupo político que maneja el partido en el poder, individuos motivados por intereses compatibles con el programa en este caso fortuñista y otras entidades patronales igualmente en contubernio con el gobierno. La cuestión de la intención es el punto clave: difundir información falsa o engañosa, se trata de desinformación ejecutada con intencionalidad manifiesta (visos de acción fraudulenta y de incumplimiento craso de deberes ministeriales), no es mera negligencia.
La utilización de la guerra sicológica (precedentes son el antindependentismo rabioso que degeneró en la tragedia del Cerro Maravilla y el escándalo de las carpetas por ejemplo) no es algo nuevo, pero sí cabe destacar el grado de intensidad y planificación que ha alcanzado en la actualidad y su empleo como base para justificar la promulgación del estado de excepción (Ley#7) mediante el cual han desactivado el estado de derecho en la isla. Estos efectos sociológicos dirigidos se nutren directamente de las violaciones sistemáticas de los derechos de información y los deberes de divugación.
Debo antes de continuar citar las diversas oportunidades en las que los gremios y organizaciones profesionales de los periodistas han denunciado la puesta en marcha de planes de desmantelar de facto la cultura investigativa e informativa de los medios de comunicación amparados en la supuesta crisis comercial de dichos medios, excusa gerencial utilizada para transfigurar sus sistemas operacionales y despedir empleados.
Esta estrategia velada del neofascismo disimulado del gobierno oligárquico PNP, paralelamente a la centralización y consolidación del poder económico y político, ha construido un aparato para el control ideológico, que intenta ser totalizador, no sólo de la sociedad que domina, sino también sobre los productores más señalados de esa ideología, transformando por ejemplo al intelectual-periodista de humanista y relativamente independiente en vocero al servicio del poder colonial, en el apologista del estado policíaco, en el protagonista directo de la intoxicación ideológica y la desinformación ejercida contra el pueblo.
De esta manera se ha ido abriendo paso una nueva forma de agresión especialmente dirigida contra el pueblo: la guerra sicológica. Frente a la falta de apoyo de masas para su programa de gobierno (llama marcadamente la atención como un gobierno que gana las elecciones de forma abrumadora a escasos meses ha perdido casi todo el apoyo de quienes votaron por dicho partido debido a lo escabroso y temerario de sus propuestas económicas) y ante la imposibilidad de enmascarar el descontento creciente, el gigantesco y desproporcionado aparato propagandístico puesto al servicio del Fortuñato trata de llenar el vacío de legitimidad ulterior y respaldo con una multiplicidad de mentiras, medias verdades y tergiversaciones amén de negarse a transparentar y brindar acceso a las cifras del sistema económico.
A estas alturas la burguesía monopolista ya no trata de ganar a las masas para su causa a través de una lucha de ideas (intento fracasado del hoy desprestigiado y desenmascarado CAREF). Hoy, a lo sumo que aspira, y es lo que intenta desesperadamente, es a conseguir neutralizar a las masas trabajadoras, por medio de la desinformación y el terror psicológico, para que acepten el nuevo orden de cosas propuestas como ‘la única salida‘ vis a vis el espectro de los 'despidos masivos'.
Pero la reacción no sólo utiliza todos las aparatos de control y represión de que dispone, de esta suerte, el principal componente de los medios de comunicación, la noticia, el periodismo, es, más que nunca, una fuerza de choque de la reacción y órgano de la guerra sicológica contra el movimiento de resistencia. Como vemos, para los ideólogos de la burguesía, para sus propagandistas y los medios de comunicación, ya no se trata de difundir ideas, sino de manipular conductas.
Sus métodos persiguen siempre el mismo objetivo: crear hombres y mujeres privados de todas las capacidades que les permitan comprender la situación de las cosas y pensar de modo crítico, inyectar el temor como factor crónico y propiciar la inseguridad a todos los niveles de las clases trabajadoras y las comunidades de clase media y pobres de la isla. Hemos planteado sin ambages que incluso el anuncio de los despidos masivos y recortes severos en muchas instancias implicaban acciones del gobierno del PNP en franca y absoluta contradicción con fondos federales en algunas de estas áreas lo que significaba lo que luego vimos que dichos acciones fueron disipándose. Más allá de la incompetencia del gobierno lo que se buscaba era alimentar la guerra sicológica, la agresión ideológica y justificar acciones arbitrarias.
J. Martín, decía en su libro International Propaganda: A la hora de afrontar los conflictos internos y externos, la guerra sicológica, la guerra de las palabras y la batalla por la mente de los hombres constituyen los métodos del presente y del futuro. Lasswell, concretaba más este principio rector de la guerra sicológica: La propaganda política es la utilización de las comunicaciones masivas en interés del poder.
Es lo que decíamos al principio, el objetivo ya no es ganarse a las masas, sino neutralizarlas.
Ahora bien, en la práctica ¿qué efecto real posee la propaganda ideológica emitida por los medios de comunicación? Los ideólogos y demás apologistas a sueldo intentan presentarnos a los medios de comunicación como algo omnipotente, el cuarto poder. Nada más lejos de la verdad.
Hemos venido comprobando, cómo el periodismo comercial y oficializado (practicado a través de la prensa, radio y la televisión) es la fuerza de choque de la reacción en el terreno ideológico-propagandístico y cultural en general; la punta de lanza de sus aparatos de control y dirección social, especializada en la guerra sicológica y en la manipulación de la conciencia colectiva.
Para un análisis de la presente situación debemos valorar los siguientes factores: Control y/o participación de los medios informativos; Apadrinamiento financiero o estatal: “Quien paga, manda”...
La normalidad informativa se traduce en un sistema tiránico que mediante la constante manipulación de los medios elimina ámbitos de libertad. La nueva esclavitud pretendida es la de las conciencias y la de una ciudadanía maniatada que sin un cuadro certero de las informaciones pertinentes y sujeto al efecto de la guerra sicológica simple y llanamente obedezca los señalamientos del gobierno y los medios controlados por el capital.
Ante este cuadro nada alentador, desprovistos de recursos en el sistema judicial local, los medios alternativos y el trabajo de base comunitaria adquiere inclusive un rol hasta más urgente como canal educativo e informativo.
jugadas de engaños y tretas. No tiene sentido que la vida no tenga sentido.
Reducción al absurdo (Reductio ad absurdum) es un método de demostración (a menudo usado por Aristóteles como un argumento lógico) en el que suponemos una hipótesis y obtenemos un resultado absurdo, por lo que concluimos que la hipótesis de partida ha de ser falsa. Este método es también conocido como prueba por contradicción o prueba ad absurdum. Parte de la base es el cumplimiento de la ley de exclusión de intermedios: una afirmación que no puede ser falsa, ha de ser consecuentemente verdadera.
Demostrar que algo existe demostrando que sería absurdo que no lo hiciera o vice versa. Partir de la negación de lo que se quiere probar.
Es un concepto muy antiguo, que algunos filósofos griegos (como Aristóteles) usaban para educar a sus aprendices. En lógica formal, reductio ad absurdum tiene una utilidad válida. La idea es que si se asume que una premisa es verdadera y se puede concluir que el argumento es absurdo (falso) por lo tanto una o más de las premisas deben ser falsas. Actualmente el término se usa para referirse al abuso de este estilo de argumento que para forzar a una conclusión absurda exagera los pasos lógicos: muy a la Fortuño: el gobierno es una institución al servicio de los intereses privados, ehh ciertamente absurdo porque si es público (el gobierno) por definción es para servir los intereses públicos no los privados.
Así es como se usa el arte de generalizar: proyectando una situación al máximo para ver si ella resulta lógica. Tome usted, por ejemplo, una medida del gobierno PNP, con la que han eliminado una gran cantidad de los procesos de permisos arguyendo que así se promueve el desarrollo. Si por medio de la eliminación de procesos regulatorios y normas se promoviera un desarrollo sano, ya no existirían en parte alguna y todos las procesos decisionales e iniciativas sobre proyectos inmobiliarios serían materia exclusiva de los bancos privados y las empresas desarrolladoras. Claro el absurdo aparece cuando conocemos de la historia real y reciente la gran cantidad de iniciativas y empresas privadas que han provocado serios desastres y catástrofes ambientales por un lado, y por otro, igualmente sabemos de la ausencia de voluntad privada de invertir en proyectos carentes de potencial de ganancias como se presupone que una multitud de proyectos de defensa ambiental sean por definición proyectos de capital social (la ganancia es, digamos, la salud del pueblo y no existe beneficio ni actividad comercial).
Puede así verse que la medida de este gobierno es tonta, al menos para lograr el objetivo que busca. Generalizando la situación la hemos llevado a su absurdo demostrando que es ilógica. Lo mismo puede hacerse con otra de las cosas que ha propuesto el gobierno del PNP y es que mediante despidos masivos y recortes a programas gubernamental se aumenta el bienestar. Si eso es cierto, entonces a menor gasto de gobierno, mayor bienestar y por tanto conviene que eliminemos el sistema tributario, el gobierno al carecer de fondos no puede emplear a nadie ni promover programas y mejoramos aún más. Una tasa de 100% en descuentos de impuestos sería la mejor de todas y el país que lo aplique logrará de inmediato el desarrollo. Absolutamente tonto y absurdo, aplicamos el Reductio ad absurdum y concluimos que la premisa padece de serios problemas lógicos.
Generalizando la idea original entonces es posible ver lo falsa que es. Convirtiéndola en un principio general puede examinarse su veracidad.
El arte de generalizar en latín se llama reductio ad absurdum y consiste en refutar una idea por causa de las consecuencias insostenibles que ella contiene. Es una poderosa forma de rebatir ideas, ampliando su aplicación y examinando las consecuencias.
Pero aún así, no hay que hacerse ilusiones. Por ilógico que sea pensar en, por ejemplo, que despidiendo miles de personas ayudaremos la economía general de la isla luego la pregunta obligada que debemos formular es ¿ayudar la economía de quién? Podemos razonar con lógica, pero no necesariamente significa que el gobierno actue de igual forma, en el ejemplo de los despidos, que debemos clasificar las verdades según especificidades, me explico: A nivel general, el pueblo, no le puede convenir los despidos, pero esto no excluye que a nivel específico dichos despidos le puedan convenir a ciertos sectores sociales. Esto es lucha de clases manifestado en argumentos lógicos, el representante de los bancos y los grandes intereses ha de plantear que el bienestar de su sector implica el bienestar general (como sustenta el Fortuñato) aunque previamente mediante el ejercicio generalizado concluímos que es falso por mas que maquillen con publicidad y relaciones públicas la verdad ulterior.
Si deseas leer sobre Reductio ad absurdum, favor ver: http://books.google.com.pr/books?id=JJRzEm5a8PgC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=ejemplo+de+Reductio+ad+absurdum&source=bl&ots=Vzk7rduzsm&sig=Dc10CRkckcClxaUKIHvMsrVUaiE&hl=es&ei=NKNGSpH-G6KxmAftt5W7Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4
En el debate político, este recurso argumental se utiliza con frecuencia para demostrar la ausencia de sentido que aqueja, por ejemplo, a los planteamientos y reivindicaciones formuladas desde la Fortaleza.
El problema en Puerto Rico es que, en ocasiones -casi siempre, para ser más exactos- el planteamiento de política de gobierno se hace partiendo de bases falsas producto del estado que hemos reseñado de desinformación, por lo que, en lugar de solamente poner en evidencia la falsedad del argumento, se acaba escribiendo un relato de ficción que además de padecer de ciertos problemas lógicos, es fundamentalmente falaz. En otras palabras es doblemente disparate.
Nota de última hora.-
Hoy 28 de junio se celebraron dos actividades de denuncia: a las 10am- una marcha convocada por un grupo profesional de galenos que reclaman la implantación de un seguro de salud universal; y a las 2pm- la actividad Abraza al Fideicomiso, caminata masiva atraves de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña implicadas en la controversia del Fideicomiso. Ambas actividades fueron exitosas y concurridas. Puerto Rico está en calle...
http://www.youtube.com/watch?v=L6ZcoC5XrFM
(Favor ver:
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/06/humpty-dumpty-algunos-profesores-de.html
seguimos: http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/06/retos-y-retazos-tercera-parte-ajedrez.html)
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6 comentarios:
Comunidades confiadas
Por (AP)
29 de junio de 2009 04:00 am
Residentes de las ocho comunidades aledañas al caño Martín Peña se mostraron confiados el domingo en que prevalecerá una solicitud de interdicto radicada por ellos ante el tribunal federal para que se declare inconstitucional la ley que desmanteló el Fideicomiso de la Tierra.
En un manifiesto que sería leído durante una manifestación el domingo, los vecinos expresaron su esperanza de que la Ley 32, firmada la semana pasada por el gobernador Luis Fortuño, sería derogada y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña recobraría la titularidad sobre esos terrenos.
“Confiamos que la comunidad va a prevalecer a pesar de la campaña de desinformación que el Municipio de San Juan está llevando a cabo con la intención de confundir a la gente”, dice el documento de dos páginas, que leería Mario Núñez Mercado, presidente del G-8, entidad que representa a los vecinos de estas comunidades.
"El querer incautar las tierras que ya pertenecen al Fideicomiso de Tierras violenta los derechos a la propiedad privada, que son fundamentales en nuestra constitución", señala el manifiesto.
El Fideicomiso presentó el jueves pasado un recurso legal para exigir al tribunal federal que emita un interdicto para derogar el estatuto por considerar que es contrario a las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico y a la Ley federal de Derechos Civiles.
Núñez Mercado adelantó que, de no prevalecer en el tribunal federal en la isla, el Fideicomiso —que es representado gratuitamente por la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico— acudiría al Circuito de Apelaciones de Boston para continuar su lucha en contra de la Ley 32.
http://www.vocero.com/noticia-25651-comunidades_confiadas.html
‘La comunidad del Caño va a prevalecer’
Gerardo E. Alvarado León
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La actividad, denominada “Abrazo al Fideicomiso”, congregó a centenares de personas en el puente Martín Peña, frente a la comunidad Parada 27. Desde ahí, caminaron hacia Barrio Obrero-Marina, Barrio Obrero-San Ciprián, Buena Vista-Santurce y Las Monjas.
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Aurora Otero Negrón, de 20 años y residente en Barrio Obrero-Marina, participó en la marcha porque entiende que el Fideicomiso, creado como parte de la Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, es un mecanismo que garantiza la permanencia de las comunidades.
“Creemos que el Fideicomiso es importante para nosotros porque queremos seguir viviendo aquí. Si lo quitan para dar títulos individuales, puede venir gente de afuera, comprar las propiedades y obligarnos a salir”, dijo Otero Negrón, quien integra el grupo Líderes Jóvenes en Acción.
De otra parte, Lucy Cruz Rivera, de 49 años y líder vecinal de Barrio Obrero-San Ciprián, cargó un letrero que decía “Ahora el barrio tiene el control de la tierra, ¿a qué le temen?”.
Cuestionada sobre a quién dirigía su mensaje, dijo que al gobernador Luis Fortuño, a los legisladores y a los grandes intereses, “porque quieren apropiarse de lo nuestro”.
“Ni el Estado ni el Municipio se han preocupado por las tierras del Fideicomiso (unas 200 cuerdas) y ahora nos las quieren quitar con el propósito de dejar entrar a grandes desarrolladores a conveniencia de terceros”, soltó.
En tanto, Patria Robles Negrón, de 78 años y residente en Las Monjas, optó por un mensaje religioso y admitió que encomendó su petición a Dios “para que los ricos nos permitan a los pobres tener nuestros propios solares”.
Durante la marcha, Mario Núñez Delgado, presidente del G-8, Inc., entidad que reúne al liderato de las comunidades aledañas al Caño, leyó un manifiesto que recoge las esperanzas de los vecinos de que la Ley 32 se declare inconstitucional.
“Confiamos en que la comunidad va a prevalecer a pesar de la campaña de desinformación que el Municipio de San Juan está llevando a cabo con la intención de confundir a la gente... El querer incautar las tierras que ya pertenecen al Fideicomiso violenta los derechos a la propiedad privada, que son fundamentales en nuestra Constitución”, indica el documento.
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Líderes de los residenciales públicos Las Gladiolas y Manuel A. Pérez, en San Juan, también fueron a la caminata.
Mirta Colón Pellecier, de Las Gladiolas, calificó como un “duro golpe” a las comunidades la firma de la Ley 32.
“¿A dónde ha llegado el Gobierno? Después de todo lo que luchó esta gente por tener la tenencia de sus tierras, viene Fortuño y con una firma echó todo para atrás. Las comunidades cada vez son más atropelladas”, expuso.
Mientras, Edwin Olivero Rodríguez, del residencial Manuel A. Pérez, dijo que “sólo si todas las comunidades pobres nos unimos en busca de un bien común, podremos vencer la presión del capital”.
El ex candidato a gobernador por Puertorriqueños por Puerto Rico, Rogelio Figueroa, añadió que “los que están gobernando quieren entregarle al País a un grupo pequeño y que otros creen riqueza”, soltó.
El senador José Luis Dalmau y el representante Luis Vega Ramos, del Partido Popular Democrático, se expresaron a favor del Fideicomiso. El economista Gustavo Vélez se puso a la disposición de las comunidades para iniciativas de desarrollo económico. La actividad concluyó con una cantata en la que participaron el humortivador Silverio Pérez y otros artistas.
Vecinos de Martín Peña confían se declare inconstitucional la Ley 32
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"Confiamos que la comunidad va a prevalecer a pesar de la campaña de desinformación que el Municipio de San Juan está llevando a cabo con la intención de confundir a la gente", dice el documento de dos páginas, que leería Mario Núñez Mercado, presidente del G-8, entidad que representa a los vecinos de estas comunidades.
"El querer incautar las tierras que ya pertenecen al Fideicomiso de Tierras violenta los derechos a la propiedad privada, que son fundamentales en nuestra constitución", señala el manifiesto.
El Fideicomiso presentó el jueves pasado un recurso legal ante el tribunal federal en el que solicita un interdicto para derogar el estatuto por considerar que es contrario a las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico, así como a la Ley federal de Derechos Civiles.
Núñez Mercado adelantó que, de no prevalecer en el tribunal federal en la isla, el Fideicomiso —que es representado gratuitamente por la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico— acudiría al Circuito de Apelaciones de Boston para continuar su lucha en contra de la Ley 32.
Según el estado de derecho anterior, a través del Fideicomiso se garantizaba a los residentes de la zona la tenencia colectiva de las 200 cuerdas de terreno aledañas al caño.
Antes de iniciarse la manifestación convocada por el artista Silverio Pérez, el alcalde de San Juan, Jorge Santini, tildó a los organizadores de la actividad de "falsos patriotas" y los criticó por supuestamente engañar a los residentes, informó el diario Primera Hora en su edición cibernética.
"La gente del barrio, los que nacieron y se criaron aquí, saben que los títulos (de propiedad) son lo único que les garantiza las tierras a la comunidad", aseguró Santini tras entregar el primer título de propiedad individual a una residente de la comunidad Las Monjas.
De inmediato, Pérez indicó que no fue casualidad que Santini celebrara esa conferencia de prensa a sólo minutos de comenzar la manifestación denominada "Abrazo al Fideicomiso".
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http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras/noticias/vecinos_de_martin_pena_confian_se_declare_inconstitucional_la_ley_32/311155
Gracias Roberto, haz tocado un tema que requiere la atencion de todos los periodistas en todos los medios, la ejecutoria contumaz y contradictoria del regimen Fortunista, ha sido puesto en marcha con toda una planificacion publicitaria sin cuestionamientos serios por parte de la prensa comercial, definitivamente, la desinformacion ( ej. El que a los residentes del Cano Martin Pena se les ha devuelto titulos de propiedad) es la manera de aplicar la censura en estos tiempos modernos, en donde la mentira se nos cuela como bondad, como arreglo de algo que esta mal. Hace poco dijo Fortuno que "El credito de Puerto Rico ha sido restablecido gracias a mi". Me pregunto, a quien beneficia eso? Es beneficio? o es a manos de este gobierno un maleficio?
Los dueños y los excluidos
El significado del concepto “sector privado” en economía es harto conocido. Tenemos, además, una idea bastante precisa de lo que quiere decir el grupo que detenta el poder en nuestro país cuando usa el término, en sus diferentes acepciones. Sin embargo, ignoremos por un momento aquello que suponemos conocer para explorar otras interpretaciones.
Cuando el secretario de Desarrollo Económico y Comercio expresa que “el sector privado se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico”, se refiere a una determinada porción del “sector privado” y no a la totalidad del mismo.
Cuando el Gobernador, tratando de corregir al secretario, dice: “Todos somos dueños de Puerto Rico”, se refiere a que unos pocos son dueños de muchísimo y que la mayoría es dueña de prácticamente nada. O podría referirse a que cada ciudadano es dueño, en principio, de algo de Puerto Rico, en algún sentido: poético, virtual, intangible.
A la vez que se producen esas expresiones, a cierto grupo de ciudadanos privados, organizados comunitariamente para trabajar por el bien común, la Legislatura de Puerta de Tierra, acaba de recordarles que no les corresponde sentirse colectivamente dueños de ninguna porción de Puerto Rico.
El brazo legislativo del grupo en el poder, ha despojado al Fideicomiso de la Tierra de sus terrenos. ¿No debería el “sector privado” sentirse dueño del país? ¿Por qué excluir del “sector privado” protegido por las tres ramas de gobierno, a los agrupamientos de ciudadanos con visión comunitaria y planificadora?
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ETHEL RÍOS ORLANDI
CATEDRÁTICA DE LA UPR
http://www.elnuevodia.com/columna/586521/
Copia de la carta de la Junta de Directores de la Asppro a la Junta de Directores del Centro para la Libertad de Prensa, relacionada a la censura de que fue objeto anuncio de la Asppro en el diario Primera Hora.
20 de junio de 2009
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Estimada Junta:
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Apegada a las necesidades de sus miembros y a sus fundamentos éticos, la Asppro lleva años llamando la atención del pueblo de Puerto Rico a la dramática reducción de espacios informativos que se ha sufrido en los medios de comunicación.
Inicialmente fue la radio con su torcida estrategia de darle horas y horas al contenido de "análisis" en vez de al de información. ¿El resultado? En la radio reina la discusión partidista mientras que los datos, las informaciones de sus reporteros, apenas llegan a dar un respiro antes de quedar ahogadas por el "análisis". Luego fue la primacía que las estaciones de televisión le comenzaron a dar a los espacios de chisme, al punto de que ahora sacrifican cualquier cosa por esos espacios y se ha dado ya que noticias históricas se difunden por boca de muñecas como si se tratara de anclas de noticiero. ¿Y los departamentos de noticia? Con recortes de unas 24 horas semanales de programación en los últimos dos años.
En todo este período, los medios impresos se mantenían, con variaciones y matices, como espacio de la noticia seria, profunda, y de la gestión periodística en la que la responsabilidad de ser los oídos, ojos, y voz del pueblo tenía prioridad clara. No creo que haga falta detallar en qué formas eso ha cambiado porque estoy seguro que todos ustedes se pueden remitir a su experiencia personal como lectores y a los comentarios que han escuchado al respecto de manera incesante en sus círculos profesionales y familiares.
A esta receta desastrosa para los mejores intereses del pueblo, se le ha añadido recientemente la masacre laboral que han experimentado los periodistas -nuestra matrícula, nuestros representados- en todo tipo de medios de comunicación. Un estimado conservador es que en los últimos años se han perdido al menos 400 posiciones laborales de todo tipo en los medios.
Para nosotros, la suma de todas estas circunstancias constituye una violación al "derecho a la libertad de expresión" de nuestro pueblo según lo define la Declaración Interamericana de Libertad de Expresión, de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Nuestra más reciente acción fue una manifestación simultánea en cuatro puntos de San Juan y Ponce el pasado 3 de junio durante la cual periodistas, junto a artistas, repartieron a los conductores una carta abierta que se incluye con esta comunicación. En feliz coincidencia con la expresión de nuestro copresidente que citamos antes, los manifestantes vestían camisas negras que leían "Información + Cultura = Identidad".
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La censura de nuestro anuncio ya ha provocado atención internacional y comunicaciones de colegas en Suramérica y Europa. Como miembro de esta Junta, la Asppro solicita que este cuerpo ejerza su criterio independiente para anunciar públicamente cuál es la posición del CLP sobre esta acción del diario Primera Hora para que, ante los colegas de Puerto Rico, ante los colegas internacionales y ante la historia, quede claro en qué lado de la libertad de expresión y prensa está el CLP.
Confiamos en que, por el bien del CLP y la importancia de su misión, los miembros de esta Junta Asesora tomarán una postura cónsona con la declaración de nuestro copresidente y los principios de la Declaración de Chapultepec que hemos citado.
Como saben, los suscribientes constituimos la Junta de Directores de la Asppro y la Asppro se debe a su matrícula por lo que el contenido de esta carta será divulgado a nuestros miembros.
Gracias por su atención.
Fraternalmente,
Oscar J. Serrano
Presidente
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