Este informe es el producto de una investigación exhaustiva conducida por el grupo de trabajo de la Unión americana de libertades civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico.
El informe de ACLU- Puerto Rico hace un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos del caso específico de muertes de presos entre los años 2002 y 2008 en la institución correccional en Aguadilla, Puerto Rico (la cárcel de Guerrero). Durante estos seis (6) años, información fue obtenida con respecto a las muertes de cincuenta y tres (53) internos, la mayoría de quienes estaban en detención sumaria.
Es particularmente alarmante que muchas de estas muertes ocurrieron durante sus primeros días en cárcel. En los casos más extremos, las muertes ocurrieron durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas que seguían la admisión del preso o del detenido a esa facilidad correccional. Según fuentes oficiales, las muertes no demostraron muestras de violencia y no aparecían ser relacionadas con actos de agresión entre presos.
En el año 2004, los medios de noticias del país comenzaron a publicar la información con respecto a muertes inusuales en la cárcel de Guerrero. Los informes también observaron que los miembros de familia estaban trastornados sobre su carencia de acceso a la información bajo control del gobierno. Los parientes de los presos difuntos divulgaron que no los notificaron que su pariente murió a causa de problemas de salud, y en muchos casos no fueron notificados que su pariente había muerto en absoluto.
Conclusiones preliminares:
Las muertes en la cárcel de Guerrero señalan a violaciones posibles, por actos u omisiones, de los derechos humanos de los detenidos difuntos y de sus miembros de familia. La evidencia compilada por el ACLU indica que las muertes de estos presos no fueron investigadas por autoridades de la penitenciaría. Incluso las autopsias pedidas bajo leyes de Puerto Rico y de los estándares internacionales de los derechos humanos cuando una persona muere en la custodia del estado no han sido preparadas. La falta de las autoridades de la penitenciaría de investigar las muertes de los presos se podía interpretar como violación de su derecha a la vida.
La situación en la cárcel de Guerrero era absolutamente crítica, con una tarifa de mortalidad extremadamente alta, de la cual las autoridades de la penitenciaría no han contestado adecuadamente. El número de presos que murieron en la cárcel de Guerrero, según la información oficial, era el más alto dentro del sistema carcelario puertorriqueño entero. Nuestra investigación no encontró ninguna otra jurisdicción con un número similar de muertes inexplicadas en una institución penal.
El número alarmante de muertes en la cárcel de Guerrero y la falta de que fuesen investigadas adecuadamente puede constituir indiferencia deliberada de parte de la cárcel y la administración hacia las necesidades médicas de estos presos. En repetidas ocasiones la administración de la cárcel, aunque enterada de los acontecimientos, no ha podido responder a esta situación de emergencia y tomar medidas preventivas. Esto pudo haber llevado a las muertes de docenas de presos. Tales acciones pueden estar en violación de la prohibición constitucional contra el castigo cruel e inusual bajo la Octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y de la Carta de derechos de Puerto Rico.
La especulación y la incertidumbre dominaron la situación en la cárcel de Guerrero. Incluso hoy, las causas de la muerte son desconocidas. Cuatro (4) años tras conocerse el número de muertes en la cárcel de Guerrero, no hay informe o evidencia que cualquier investigación externa haya sido concluida por el gobierno con respecto a las causas de estas muertes. La falta de las entidades referidas en investigar las muertes que han ocurrido en la cárcel de Guerrero revela el desprecio para los derechos humanos y civiles de la población de la cárcel. Este acto de omisión fomenta la impunidad para las violaciones posibles de los derechos civiles y humanos de los presos y evita que medidas preventivas adecuadas sean tomadas para prevenir muertes inexplicables en el futuro. Es la materia preocupante que pare los años 2007 a 2008, muertes de otros presos en los primeros días de su admisión todavía eran divulgadas.
El ACLU observó que problemas serios persisten de coordinación entre las agencias referidas y concernidas.
El gobierno tampoco pudo conformarse con los estándares internacionales que requieren mayor cuidado para las personas detenidas en las instalaciones de encarcelamiento sin todavía ser sometidas a procesos judiciales. La mayoría de los internos difuntos eran detenidos que aguardaban juicio.
La evidencia revisada por el ACLU confirma que la mayoría de los internos que murieron mientras que estaban detenidos en la cárcel de Guerrero eran personas enviciadas con sustancias controladas, admitidas al programa de desintoxicación de la institución. Los informes toxicológicos y de autopsia certificados revisados por el ACLU no coinciden, sin embargo, con la versión oficial del gobierno que las muertes de estos presos eran debido al consumo de la droga nombrada Xylazine. Además, los estudios científicos indican consumo de ese producto químico, usado por los veterinarios, aunque no recomendado para el uso en seres humanos, no plantea un riesgo de muerte. Asistencia médica adecuada previene su efecto mortal El ACLU pudo investigar ciertas indicaciones de la disposición inadecuada de servicios médicos como causa posible de las muertes. Esto incluyó retrasos en la asistencia médica necesaria para los presos en la cárcel de Guerrero, así como retrasos serios en el transporte de presos a instalaciones médicas externas.
El ACLU también encontró que no se tomó ningunas medidas para responder a la emergencia que se presentó una vez la sospeecha que las muertes se pudieron atribuir al uso de Xylazine se materializa. Es presumible que si una investigación fue conducida y que reflejó una correlación entre las muertes de los detenidos durante sus primeros días de admisión y consumo de Xylazine, lo menos que las autoridades referidas deben haber hecho habría sido tomar medidas para responder a la situación.
En Puerto Rico hay un problema grave de acceso a la información bajo control gubernamental, especialmente cuando está implicado la situación de presos. A través de este incidente la transparencia gubernamental estuvo ausente, y le negaron al público acceso a la información necesaria para formar una opinión sobre lo que sucedió en la cárcel de Guerrero. El ACLU ha pedido pero ha recibido acceso a ninguÌn informe o investigación sobre las muertes en la cárcel de Guerrero. Además, el DCR (el custodio principal de los presos) en ocasiones repetidas rechazó reunirse con el ACLU o cooperar con nuestra investigación.
El gobierno tampoco pudo conformar con los estándares internacionales de los derechos humanos que requieren informes escritos, públicos y disponibles sobre investigaciones de las violaciones alegadas de los derechos humanos. En ocasiones repetidas el gobierno no hizo caso de la importancia de preparar un informe escrito que permitiría la confirmación de la información verbal proporcionada y de medidas tomadas por las agencias referidas. Los parientes de los presos y el público en general tienen un derecho de pasar juicio sobre las acciones y los actos del gobierno consagrado en el derecho constitucional e internacional y los tratados pertinentes de derechos humanos, particularmente cuando lo que está en juego son las vidas de docenas de presos.
La Administración de correcciones no pudo satisfacer su deber de notificar a los miembros de familia de los presos que su pariente sufrió una complicación de la salud y una muerte subsiguiente. En los casos individuales que pudimos evaluar, la Administración tenía o debe haber tenido la información necesaria sobre los presos para entrar en contacto con sus miembros de familia. Esto viola estándares internacionales de los derechos humanos, que requieren notificar inmediatamente a miembros de familia respecto a cualquier complicación de la salud, el transporte a hospitales y/o la muerte de su pariente preso. Los miembros de familia de los presos que murieron en la cárcel de Guerrero intentaron, sin éxito, obtener explicaciones de qué sucedió.
Muchos presos que murieron en custodia en la cárcel de Guerrero nunca debieron ser encarcelados. Enviaron personas sin hogar a la cárcel por violar códigos (municipales) discriminatorios e inconstitucionales que prohíben los actos protegidos por el derecho a la libertad de palabra, tal como pedir dinero o pasar la noche en espacios públicos. Otros fueron detenidos arbitrariamente, solamente porque estar enviciados de sustancias controladas, violando el correspondiente proceso de la ley y la máxima constitucional que prohíbe el castigo cruel e inusual. Vagabundos pobres murieron tras que el OSAJ [Servicios con antelación del juicio], de una manera discriminatoria, no los recomendó para una reducción de fianza. Lo enviaron a la cárcel de Guerrero supuestamente para asegurar su presencia ante el tribunal. Pero su comparecencia judicial nunca ocurrió, debido a sus muertes súbitas.
El ACLU advierte sobre la posibilidad de que discriminación está ocurriendo contra la población sin hogar de adictos. Esto se ve en la consideración del derecho de fianza y en la práctica de la institucionalización involuntaria, que constituye una detención sumaria en violación de estándares internacionales de los derechos humanos.
La respuesta débil por las agencias implicadas y responsables legalmente demuestra su sensibilidad limitada hacia la situación de los presos tanto como el compromiso limitado de varias ramas del gobierno para responder a las necesidades de esta población.
Fin de extracto del Resumen ejecutivo del Informe de ACLU. Este extracto lo ha preparado Roberto Ortiz Feliciano a base de su traducción de los documentos oficiales de ACLU- Puerto Rico que le ha suministrado el Director ejecutivo el Lcdo. William Ramírez Hernández.
Interesados en copias de los documentos favor de comunicarse con el ACLU a:
ACLU de Puerto Rico
Union Plaza, Ste 205
416 Ave. Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00918
Teléfono: 787-753-8493 | Fax: 787-753-4268
http://www.aclu-pr.org/
Nota adicional:
Tras conocerse las informaciones divulgadas en el referido informe investigativo se ha publicado la siguiente parte de prensa:
Investigarán muerte de 53 confinados
En cárcel de Aguadilla entre los años 2002 y 2008
Por Inter News Service
San Juan- El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Carlos Molina Rodríguez, aseguró hoy que iniciará una investigación interna para dilucidar la muerte de 53 confinados en la Cárcel de Guerrero de Aguadilla en el periodo entre 2002 y 2008.
La determinación se da después de una denuncia sobre el asunto de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“Iniciaremos una investigación interna para esclarecer los procesos que llevo a cabo la administración pasada. Una vez se obtengan los resultados, nos ocuparemos de fijar responsabilidad y de ser necesario de referirá al Departamento de Justicia”, aseguró Molina.
Según el secretario de Corrección, uno de los objetivos de la agencia ha sido reducir las muertes en las instituciones penales.
El funcionario aseguró que tras 17 meses de gestión ha logrado reducir 40 por ciento de las muertes en las cárceles del país. “Ejemplo de nuestra gestión, es que hemos logrado esclarecer la mayoría de los incidentes en nuestras cárceles que ha generado la radicación de cargos a los autores”, afirmó.
Tomado de
http://www.elnuevodia.com/investigaranmuertede53confinados-755147.html
Edición, montaje y traducciones de ROF.
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La presidenta de la Comisión de Asuntos de la mujer, Evelyn Vázquez, presentó hoy una resolución (1473) que permitirá la investigación de las 53 muertes ocurridas en la Institución Correccional del Barrio Guerrero de Aguadilla entre 2002 y 2008.
Vázquez Nieves dijo que según un informe publicado en julio de 2010 por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se denuncia la muerte de 53 confinados en dicha institución.
“El informe revela que la mayoría de los reclusos se encontraban detenidos en espera de audiencia judicial. El mismo indica que muchas de estas muertes ocurrieron en los primeros días de su ingreso y que incluso hubo casos que se suscitaron durante las primeras 48 horas del mismo”, sostuvo.
Añadió que “esta es una situación alarmante que conlleva a una investigación profunda que incluye al Departamento de Corrección, la institución y toda aquella dependencia que directa o indirectamente está relacionada a todas las instituciones carcelarias de Puerto Rico”.
Según la legisladora, “nosotros en el Senado vamos a iniciar nuestra propia investigación sobre los eventos, hechos y situaciones que desembocaron en tan escandalosa cifra de muertes en una sola institución correccional”.
Las muertes de 53 confinados en un período de seis años en la cárcel Guerrero en Aguadilla, consignadas en un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles, es un escándalo que exige explicaciones inmediatas de agencias en las esferas estatal y federal, y que eventualmente se fijen las responsabilidades que correspondan.El que más de medio centenar de deambulantes usuarios de drogas hayan muerto entre 2002 y 2008 en Guerrero, la mayoría de ellos sumariados o en su primera semana de confinamiento, es un dato horrendo por sí solo y ninguna sociedad que se precia de regirse por códigos de humanidad puede quedarse indiferente ante tal ignominia.
Pero el hecho de que estas muertes, prevenibles con una mejor atención médica según el informe de la ACLU (como se conoce la organización por sus siglas en inglés), hayan ocurrido en un sistema carcelario que ha estado por 30 años bajo estricta supervisión del Tribunal de Distrito federal en San Juan, plantea demasiadas interrogantes sobre las condiciones que aún prevalecen en nuestro sistema penal, donde están retenidas unas 13,000 personas.
Como también levanta graves interrogantes sobre las circunstancias en que ocurrieron estas defunciones, y los familiares de estas víctimas y el País merecen que se les conteste con seriedad y no con baratas respuestas politiqueras sobre la valoración y el trato que reciben los individuos que son recluidos para tratamiento en esa unidad terapéutica bajo jurisdicción del sistema correccional del País.
Se hace difícil entender, por ejemplo, cómo es posible que tras el desembolso de más de $240 millones del erario en un período de 30 años para subsanar las condiciones inhumanas de confinamiento en las cárceles del País, constatadas en el pleito de clase J. Morales Feliciano vs. Carlos Romero Barceló que se radicó en 1979, pueden haber ocurrido estas defunciones en Guerrero.
¿Fueron estas muertes notificadas al Tribunal federal que aún retiene jurisdicción en el caso? ¿Qué acciones tomaron los abogados de la Corporación de Acción Civil y Educación, que representan a los confinados en el pleito de clase? ¿Hubo o no una investigación del Departamento de Corrección y Rehabilitación? Si la hubo, ¿por qué no se hizo pública? Y si se trata de muertes por falta de tratamiento médico adecuado como sospecha la ACLU, ¿quién responde por la violación crasa de los derechos civiles de estos presos?
El que las más recientes de estas muertes hayan ocurrido hace dos años no le resta pertinencia a que se investiguen sus circunstancias hasta la saciedad, especialmente cuando, según la ACLU, Corrección se negó a brindarle información de la supuesta investigación que realizó sobre dichas muertes. Asimismo, denuncia la organización que una investigación que habría comenzado Salud nunca fue concluida; otra por parte de Justicia fue cerrada sin que se emitiera un informe, y la Policía no respondió al requerimiento de información.
Algo no huele bien en la democracia que nos gobierna cuando instituciones públicas rehúsan rendir cuentas y menosprecian el principio de transparencia que debe regir sus acciones y determinaciones.
Los departamentos de Corrección, de Salud (que administró salud correccional hasta el 2005), Justicia y la Policía, así como la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y la compañía Correctional Health Service Corporation, que actualmente administra los servicios de salud en las prisiones, así como la Corporación de Acción Civil y Educación tienen la obligación de aclarar las circunstancias de las muertes de estas 53 almas que, independientemente de sus faltas, les cobijan las mismas protecciones constitucionales que aquéllos en la libre comunidad.
http://www.elnuevodia.com/columna-respuestasalos53decesosenprision-756465.html
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