Preámbulo
Los y las integrantes del Primer Tribunal del Pueblo hemos asumido la importante responsabilidad que nos fue adjudicada el domingo 5 de agosto de 2007 para investigar y llegar a las conclusiones necesarias que nos permitan atender las preocupaciones de la ciudadanía por la construcción del proyecto Paseo Caribe en la entrada de la ciudad capital. Dichas preocupaciones tienen que ver con aspectos de gran envergadura como la titularidad del lugar donde se construye, la destrucción de yacimientos arqueológicos y del patrimonio cultural e histórico del Fuerte San Jerónimo de Boquerón, y el complejo de defensa que fue parte del mismo, la legalidad del proceso para la tramitación y otorgamiento de los permisos que una obra de la naturaleza de Paseo Caribe requiere, el impacto ambiental del proyecto y sobretodo, la probabilidad de que se haya burlado la confianza del Pueblo en las instituciones y agencias públicas que se supone defiendan el bienestar colectivo.
Con la fuerza y el poder que el Pueblo nos ha conferido, basándonos en la documentación que hasta el momento hemos examinado, en el testimonio de personas expertas en diferentes campos cuyo único interés es la protección del bienestar de Puerto Rico, como el planificador Félix Aponte, la arquitecta Carmen Mascaró, la arqueóloga Virginia Rivera, el planificador José Rivera Santana, la asesora comunitaria en asuntos ambientales y planificadora Carmen Guerrero; y luego de una revisión preliminar de información histórica, legislación y jurisprudencia aplicable, estamos en posición de emitir unas determinaciones preliminares y de exigir a las autoridades competentes los remedios correspondientes.
Este laudo interlocutorio del Primer Tribunal del Pueblo tiene el propósito de evitar que nuestras conclusiones y decisiones finales, como otras investigaciones en curso, se conviertan en académicas. Esto podría ocurrir tomando en consideración que los trabajos en el cuestionado proyecto Paseo Caribe continúan y que Secretarios del gabinete del Gobernador y éste mismo han hecho expresiones públicas en cuanto a los permisos y la permanencia de la estructura, cuando al mismo tiempo el Secretario de Justicia investiga y el Senado continúa celebrando vistas públicas sobre el particular.
Es por todo lo antes expuesto y para responder de forma preliminar a las inquietudes del Pueblo de Puerto Rico que emitimos de forma interlocutoria el siguiente pronunciamiento:
Parte I: Bienes Públicos
El tema de la titularidad sobre los terrenos en que enclava, se construye y se desarrolla el proyecto Paseo Caribe, es de medular importancia. El proyecto consiste realmente de varios edificios: uno construido, otro en construcción, uno de estacionamiento y entre estos dos se observa la construcción de los cimientos y base para una tercera edificación.
La identificación y titularidad de los terrenos es una controversia de carácter esencial y fundamental, base de todas las otras consideraciones de orden público que se levantan como dudas, interrogantes e irregularidades. Una controversia de carácter esencial es la servidumbre del paseo al Fortín San Jerónimo.
Hemos recibido y estudiado testimonio pericial, prueba documental de tipo gráfico diverso, legislación, reglamentos y decisiones judiciales directamente relacionadas al caso de estos terrenos, aplicables al proyecto y su historial, que requieren esta expresión de conclusiones iniciales sobre este primer tema de la titularidad.
Lo hacemos advertidos de la urgencia en impedir que se ocasione mayor daño, y se cometan mayores violaciones de ley y reglamentos que puedan afectar el patrimonio material, histórico, cultural y espiritual del pueblo puertorriqueño.A tenor con ello, exponemos como sigue:
A. El Proyecto Paseo Caribe se construye sobre más de un predio y terreno identificable. Si bien no hemos podido hasta ahora precisar con coordenadas exactas la demarcación de cada predio afectado, por cuanto no hemos podido localizar aún todas las escrituras, inscritas o no en el Registro de la Propiedad, de esos terrenos y de todos sus colindantes, incluyendo la finca donde ubica el Hotel Caribe Hilton; encontramos sin embargo, escrituras, mapas, planos, fotografías y otros documentos suficientemente claros, y hemos escuchado testimonio pericial y testifical directo que nos permiten señalar claramente que el Proyecto Paseo Caribe incide sobre:
1. Una determinada parcela objeto de transacción o negocio jurídico en 1991 entre el Gobierno de Puerto Rico y el de EE.UU. de “aproximadamente 5 cuerdas” (según descripción de la ley Congresional de agosto 26, 1929) cuyo origen es ser parte integral de la Defensa San Jerónimo, y ésta a su vez parte integrante de la San Juan Military Reservation y la San Geronimo, traspasadas en 1898 por la Corona española al Gobierno de los EE.UU. por el Tratado de París. Como tal presumiblemente es en su origen un bien de Dominio Público por ser de naturaleza de defensa nacional.
El régimen de Gobierno Militar, 1898-1900, mantuvo en vigor las leyes y condición dada a ésta Reserva Militar de Defensa de San Juan. Así consta en mapas militares que hemos examinado que datan incluso tan tarde como 1914.
En 1917 la Ley Orgánica Jones-Shaffroth traspasó esos terrenos de la Corona al Pueblo de Puerto Rico en titularidad para “beneficio del pueblo” siguiendo el texto anterior de la Ley Foraker de 1900. Esta es la definición justamente de un bien de Dominio Público.
Sobre esas bases el Gobierno de EE.UU. solamente retenía uso (cual servidumbre) para propósitos de defensa nacional. Actuando sobre su remanente de autoridad el Congreso aprobó y el presidente Hoover proclamó en 1929 la ley que traspasó definitivamente la plena titularidad de los terrenos de las defensas San Jerónimo, señalando sin precisión sus coordenadas que se extienden desde el Escambrón hasta la Batería San Antonio a la entrada de la Isleta del San Juan.
En 1922 el Congreso había aprobado una ley que convalidó un Contrato de Arrendamiento dado por sus servicios al Comandante Virgil Baker sobre el predio de la finca San Jerónimo. Esto es, el Congreso aprobó un contrato de arrendamiento de una finca de defensa nacional, y en 1929 legisló nuevamente para traspasar el título de propiedad de esa Reserva Militar San Jerónimo al Pueblo de Puerto Rico, pero reservando un predio de “aproximadamente cinco (5) cuerdas” para servidumbre de uso militar dentro de esa finca de defensa.
La ley de 1922 se impugnó en los tribunales de EE.UU. por validar un contrato indebido, pero las cortes federales aplicaron la doctrina de que los tribunales no pueden examinar la razonabilidad de las leyes del Congreso. Fue entonces que el Congreso y el Presidente aprobaron la ley de 1929; por tanto, siempre fueron Reserva de Defensa Militar de la ciudad de San Juan, tanto bajo España como durante el Siglo 20.
Este predio de “aproximadamente de cinco (5) cuerdas” se traspasó por el anterior Departamento de la Guerra al Departamento de la Marina creado dentro del nuevo Departamento de la Defensa durante la reforma luego de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, la Guardia Costanera estaba adscrita a la Marina pues no existía aún el Departamento de Transportación creado décadas después. Así la Guardia Costanera y la Marina retuvieron el predio de “aproximadamente cinco (5) cuerdas”, muy pasada la necesidad de emergencia de defensa provocada por la guerra de 1941 - 1946.
Este predio de “aproximadamente cinco (5) cuerdas” remanente en servidumbre de defensa dentro de la finca San Jerónimo finalmente fue declarado EXCEDENTE en 1991. Es desafortunado a nuestro juicio, que en vez de devolverlo a su titular según todo derecho aplicable, el gobierno de Puerto Rico optara por pagar $4,800,000.00 al gobierno de los Estados Unidos por algo que era del pueblo.
En ello se monta la teoría infame de que por ser adquirido, es un bien patrimonial y puede ser vendido, como hizo el gobierno en 1999. Existe documentación notarial que demuestra que para esas fechas también se vendió el Hotel Caribe Hilton.
2. Terrenos ganados al mar mediante relleno a través del tiempo y en diversos momentos hasta el propio Siglo XX, según se comprueba de diversos mapas y documentos oficiales; sobre éstos además, el Proyecto Paseo Caribe no observa las disposiciones sobre distancias dispuestas por ley y reglamentos vigentes que rigen hoy la construcción frente a costas, playas y mar. Parte sustancial de los terrenos donde se construye Paseo Caribe pertenecen a los ganados al mar lo que los haría de dominio público.
3. Los terrenos donde existió una parte de la calle Palmeras, hoy reducida a poco menos de la mitad de su extensión original de los años 1930, construida aparentemente por el arrendatario Sr. Virgil Baker, y según consta en escrituras examinadas de 1956 y 1957 otorgadas ante el Sr. Notario Fernando Ruiz Suria, para la construcción del Condominio San Luis, sobre terreno del que se confiesa tener “derecho de sub arrendatario”.
4. El Proyecto Paseo Caribe está vinculado —según declaraciones públicas de su desarrollador, Sr. Arturo Madero (El Nuevo Día, lunes, 6 de agosto) a otro acuerdo entre el propio Gobierno de Puerto Rico y la empresa conocida como Hilton International de 1998, 1999 y 2000. Concluimos con el beneficio de la documentación notarial en nuestro poder, que se refiere a la edificación aledaña conocida como Caribe Village and Casitas.
Esta última edificación se construyó en perjuicio de los intereses del pueblo de Puerto Rico sobre los terrenos del estacionamiento público al final de la calle Rosales en el Parque San Jerónimo. Éste se había preservado, además, como acceso al Fortín desde la construcción del Hotel Caribe Hilton, propiedad del pueblo de Puerto Rico, y desde su inauguración en 1949 ininterrumpidamente, hasta la construcción de Caribe Village and Casitas. La construcción de Caribe Village, también alteró el curso y extensión de la calle municipal y de uso público llamada Calle Rosales.
El 8 de agosto el Tribunal le solicito por escrito al Sr. Madero a través de su representación legal que reconsiderara su decisión de no someter documentación a este Tribunal y nos remitiera pruebas del referido acuerdo; al día de hoy no hemos recibido reacción o respuesta.
B. De los documentos y la legislación aplicable, así como las decisiones judiciales, se desprende que el Gobierno de Puerto Rico, bajo distintas administraciones HA SIDO CRASAMENTE NEGLIGENTE E IRRESPONSABLE en la preservación, conservación del patrimonio histórico y cultural nacional, y además en la vindicación y reivindicación de derechos del pueblo sobre terrenos de Dominio Público. En lugar de apoyarse con todo derecho, en la legislación civil española dejada en vigor al cambio de soberanía, en el Tratado de París de 1898, en las Ordenes del Gobierno de Ocupación Militar, en las leyes Orgánicas Foraker (1900) y Jones (1917), y en la Congresional proclamada por el presidente Hoover en 1929, y en decisiones judiciales posteriores tanto del Tribunal de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, como de nuestro propio Tribunal Supremo en 1954, sostenido por el Tribunal de Circuito de Boston y por el Tribunal Supremo en Washington, TODOS reconociendo el origen público de esos terrenos y la titularidad del pueblo de Puerto Rico:
1. El Gobierno de Puerto Rico bajo varias administraciones prefirió ignorar todo lo anterior y dar por bueno reclamos o alegaciones de titularidad SIN PRUEBA, de la General Services Administration de EE.UU.; de Hilton International; de los sucesores del Sr. Virgil Baker, y de los sub arrendatarios del Sr. Baker.
Es esencial que la Dirección Administrativa de los Registros de la Propiedad examine, si las hay, las inscripciones o autos o anotaciones de presentación en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera (antes Puerta de Tierra) sobre la parcela donde enclava el Hotel Caribe Hilton y ahora su Caribe Village and Casitas; así como de los solares de las calles Palmeras y Rosales, y evalúe su situación y corrección registral.
2. Ha sido negligente la Junta de Planificación de Puerto Rico al autorizar la segregación en lotes de terrenos propiedad del Pueblo de Puerto Rico de unos terrenos en arrendamiento, cuando el propio Gobierno había establecido esa titularidad en contienda judicial poco antes (De la Haba v. Tribunal de Contribuciones); y lo ha sido nuevamente en la tramitación de las Solicitudes, Autorizaciones y Permisos concedidos para la construcción de los edificios Caribe Village and Casitas, Plaza Caribe y Paseo Caribe, IGNORANDO claras disposiciones de sus reglamentos y decisiones judiciales tan reciente como del año 2000, en Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental (conocido como el caso del Condado Trío).
Parte II: Deslinde de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre
Hemos verificado que, a estas alturas, no se ha realizado un deslinde adecuado de los bienes de dominio público marítimo terrestre, BDP-MT, responsabilidad esencial que recae sobre el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Departamento tiene la responsabilidad constitucional delegada por su ley orgánica de proteger los valiosísimos recursos naturales de nuestras costas y bienes de dominio público, así como de hacer cumplir la Constitución del ELA, la Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico y el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítimo Terrestre.
A. Además e independientemente de lo expresado en la Parte I, surge de la prueba en nuestro poder que el Proyecto Paseo Caribe actualmente ocupa ilegalmente terrenos de dominio público, ya que parte de los predios donde ahora se construye Paseo Caribe (antigua Parcela del US Coast Guard) y donde se construyó el complejo Condado Lagoon Villas – Fase I Paseo Caribe (antiguo estacionamiento del Caribe Hilton) son terrenos ganados al mar mediante relleno. Según se desprende del estudio de suelos de la Evaluación Ambiental de Paseo Caribe (página 16-19), una tercera parte de los terrenos del área denominada Antigua Guardia Costanera son terrenos ganados al mar. Aunque el estudio de suelo de la Evaluación Ambiental de Paseo Caribe estratégicamente ignoró los terrenos del antiguo estacionamiento del Hotel Caribe Hilton, también existe evidencia de que estos terrenos son ganados al mar. Esto se desprende de la Escritura Núm. 2 del 21 de julio de 2000 ante el Notario Público Javier D. Ferrer Fernández, escritura mediante la cual Hilton International of Puerto Rico, Inc. le vende a San Geronimo Caribe Project, Inc. (anterior San Geronimo Development, Inc.) una parcela agrupada para la construcción de los Condado Lagoon Villas (antes Las Casitas). En la página 3 de esta escritura se hace constar que la parcela de 3.3435 cuerdas son terrenos adquiridos al mar por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. También se hace constar que de dicha finca agrupada se segregó 1.3055 cuerdas, las cuales fueron vendidas a San Geronimo Development Inc.
B. Durante el trámite de la consulta de ubicación antes aludida, el DRNA le notificó a la Junta la necesidad de realizar un deslinde de los BDP-MT pero ello nunca se hizo tomando en cuenta las áreas de relleno así ganadas al mar.
La propia Junta de Planificación, aunque relacionado a un trámite posterior a la concesión de la consulta, aclaró mediante Resolución del 6 de diciembre de 2001 que el otorgamiento de la consulta no autorizaba al desarrollador a ocupar terrenos de dominio público; sin embargo, eso es precisamente lo que aparenta estar ocurriendo sin que el DRNA haya realizado el deslinde anunciado anteriormente por el mismo.
Alertado por los residentes del Condominio San Luis, el DRNA inició gestiones para aclarar lo pertinente a la extensión de los BDP-MT, pero abandonó esa gestión – hoy todavía inconclusa – debido a una opinión errada del Departamento de Justicia emitida muy a tiempo para los intereses del desarrollador, del 28 de octubre del 2002 suscrita por el Sub-Secretario de Justicia.
Parte III: Ley Sobre Política Pública Ambiental
Examinado el historial de los documentos ambientales preparados por el propio desarrollador como parte del trámite de la aprobación de la consulta de ubicación por la Junta de Planificación y posteriores permisos otorgados por la ARPE, concluimos que se ha violado seriamente la Ley Sobre Política Pública Ambiental y que la Junta de Calidad Ambiental, JCA, ha incurrido en negligencia crasa al no hacer valer esa Ley y su Reglamento Sobre Documentos Ambientales. Tanto la consulta como los permisos de ARPE se otorgaron sin que se preparara, evaluara y discutiera públicamente una Declaración de Impacto Ambiental, DIA. Este es el documento que por ley hubiese permitido considerar todos los impactos del proyecto suficiente participación y discusión pública. En vez, sólo se formuló una o más Evaluaciones Ambientales, documentos de menor rigurosidad que no llegaron a la atención del público ni de todas las agencias, sin que en ningún momento se considerara en forma integrada los impactos del proyecto en toda su magnitud. Tampoco se consideraron en forma integrada los cambios que en la marcha el gobierno le ha autorizado al desarrollador. Estos cambios han modificado el proyecto que autorizó la Junta de Planificación inicialmente y ha implicado, entre otras cosas, un incremento en el número de unidades de vivienda, cuyos efectos tampoco han sido considerados completamente.
Uno de los efectos adversos más críticos se refiere a los valores históricos y arqueológicos del área, incluyendo por supuesto el Fortín San Jerónimo y su entorno histórico y público. Al no formularse una DIA tampoco se consideró cómo los edificios del proyecto habrían de alterar permanentemente el concepto espacial y arquitectónico en la entrada a la Isleta de San Juan.
La ausencia de una DIA invalida y hace nula toda autorización gubernamental emitida – ya fuere la consulta de ubicación o los permisos posteriores de ARPE - conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Procede investigar obligatoriamente, tanto civil como criminalmente, la crasa negligencia en que haya incurrido la Junta de Calidad Ambiental por las violaciones antes señaladas y por el daño irreparable que se haya causado, o se pueda estar causando, a los valores arqueológicos, históricos y ambientales del Pueblo de Puerto Rico. Todo ello justifica más aún el cese de las obras de construcción. Este cese de las obras de construcción permitiría determinar que excavaciones controladas u otras medidas puedan o deban realizarse para salvaguardar nuestro patrimonio histórico
POR TODO LO ANTERIOR, las personas constituidas como Primer Tribunal del Pueblo, amparados por el Derecho del pueblo al reclamo y reivindicación de sus derechos, y de su patrimonio nacional histórico y cultural:
(1) denunciamos la irregularidad e ilegalidad de trámites y permisos gubernamentales sobre todos los terrenos segregados de la finca de Defensa San Jerónimo, parte integral de la San Juan Military Reservation, por el gobierno de Puerto Rico y sus agencias ejecutivas y reguladoras del bien común del pueblo;
(2) exigimos que el Secretario de Justicia inicie todo recurso necesario para detener las obras de construcción de Paseo Caribe hasta que finalice sus investigaciones civiles y criminales y hasta que se diluciden las controversias planteadas;
(3) solicitamos y urgimos la inmediata intervención en defensa del pueblo, del Departamento de Justicia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de las oficinas del Gobernador sobre Cultura, Permisos, Planificación, y toda otra que haya expedido permiso alguno, de construcción o de uso para que se detenga todo ello y se someta de inmediato a la más rigurosa investigación y revisión conforme al debido proceso de ley;
(4) que se detenga el liberamiento del préstamo pendiente por el Banco Gubernamental de Fomento para la construcción de la obra Paseo Caribe, así como todo otro préstamo, crédito o beneficio económico o contributivo concedido o bajo consideración y se informe de ello al país;
(5) requerimos al Secretario del DRNA proceda al deslinde de los bienes de dominio público de la Zona Marítima Terrestre.
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2007. Comuníquese al pueblo puertorriqueño, al Secretario de Justicia, al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, a la Junta de Planificación y a la Dirección Administrativa del Registro de la Propiedad.
Resuelto por unanimidad en el Tribunal integrado por:
Antonio Fernós López-Cepero, Josefina Pantoja Oquendo,Pedro Saadé Lloréns, Dinorah La Luz, Marian González, Martha Quiñones Domínguez, William Ramírez, Carlos J. Guilbe
jueves, 23 de agosto de 2007
lunes, 20 de agosto de 2007
Tribunal del Pueblo expone doctrina de nulidad absoluta de Paseo Caribe
¿De qué se trata? se trata de que el argumento fundamental de cualquier negocio jurídico es que sea lícito ya que por definición lo ilícito es nulo. Dicho en inglés: “It is void ab initio, meaning "from the beginning."” La acción para pedir la nulidad absoluta la puede hacer valer cualquiera que tenga interés jurídico, ya que trata de disposiciones de orden publico.
“…en términos propios, cabe decir que el contrato inexistente o nulo con nulidad absoluta no produce efecto juridico alguno como tal. Su característica es precisamente la carencia de efectos específicos. Quod nullum est nullum producit effectum . El derecho considera a dicho contrato como no realizado'': 3 Castán-Derecho Civil Espanol, Comun y Foral, 437-438, (octava ed. del Instituto Editorial Reus de 1954)… Como bien dice Castán ""el contrato nulo, por ser considerado como si no existiese, no puede ser objeto de confirmación ni de prescripción sanatoria'', (pag. 439 de la obra citada). …No existe tampoco ningún impedimento…para interponer la excepción de nulidad, cuando se trata de un contrato nulo e inexistente, puesto que dicho contrato no produce efectos jurídicos de clase alguna entre las partes que pudieran resultar obligatorios para una u otra parte.” Guzmán Rodríguez v. Guzmán Rodríguez, 78 D.P.R. 673, 682 (1955).
“…la normativa reiterada por este Tribunal a los efectos de que todo contrato nulo, como el que hoy nos ocupa, es inexistente en Derecho desde el momento mismo en que se otorga y, por lo tanto, no puede ser objeto de confirmación ni de prescripción sanatoria.” Guzmán Rodríguez v. Guzmán Rodríguez, 78 D.P.R. 673, 682 (1955).
¿De qué se trata? se trata que el negocio jurídico nulo revierte a su condición previa.
“Un contrato declarado inexistente por sentencia final nunca genera consecuencia de ley, ni siquiera hasta el momento de decretarse su nulidad…Decretado inexistente mediante sentencia un contrato de compraventa de un solar a ser segregado de una parcela de mayor cabida, las cosas revierten en derecho a la situación existente al momento de formalizarse el acto o contrato inexistente.” Santiago Marrero v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 835 (1964).
“…la acción para decretar la inexistencia de un contrato nunca prescribe y que, por consiguiente, no hay punto de partida para contar término de prescripción alguno. Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris, 70 D.P.R. 181, 197 (1949); Cruz v. Ramos, 70 D.P.R. 715, 719 (1949); Véase además: José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Rev. Jur. Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1990, T. IV, pág. 125. Esta norma, firmemente enraizada en nuestro ordenamiento civil, no puede ser burlada con la mera aprobación de una resolución que pretenda encubrir la nulidad de un acuerdo ilegal. Ciertamente, el término de caducidad…no puede tener el efecto de frenar un decreto de inexistencia de contrato y, mucho menos, puede convertirse en subterfugio para convalidar contratos nulos.” Ríos v. Municipio de Isabela, 2003 TSPR 122.
a los que parecen resolver con una actitud de resignación la controversia permítanme siquiera para efecto de debate plantear que si el proceso resulta que establece que el proyecto fue construido sobre una fundamentación de nulidad absoluta, la ley establece la obligatoriedad de devolver los predios a su "situación existente al momento de formalizarse el acto o contrato inexistente" (-Santiago Marrero v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 835 (1964)) lo cual podría interpretarse, de entenderse que hubo mala fe en las negociaciones, sujeto a que la parte proponente tenga que absolver los costos y responsabilidades de dicho proceso de devolución al estado previo, entiéndase, desconstrucción de lo erigido y el máximo de labores de mitigación a los posibles daños arqueológicos y ambientales.
“…en términos propios, cabe decir que el contrato inexistente o nulo con nulidad absoluta no produce efecto juridico alguno como tal. Su característica es precisamente la carencia de efectos específicos. Quod nullum est nullum producit effectum . El derecho considera a dicho contrato como no realizado'': 3 Castán-Derecho Civil Espanol, Comun y Foral, 437-438, (octava ed. del Instituto Editorial Reus de 1954)… Como bien dice Castán ""el contrato nulo, por ser considerado como si no existiese, no puede ser objeto de confirmación ni de prescripción sanatoria'', (pag. 439 de la obra citada). …No existe tampoco ningún impedimento…para interponer la excepción de nulidad, cuando se trata de un contrato nulo e inexistente, puesto que dicho contrato no produce efectos jurídicos de clase alguna entre las partes que pudieran resultar obligatorios para una u otra parte.” Guzmán Rodríguez v. Guzmán Rodríguez, 78 D.P.R. 673, 682 (1955).
“…la normativa reiterada por este Tribunal a los efectos de que todo contrato nulo, como el que hoy nos ocupa, es inexistente en Derecho desde el momento mismo en que se otorga y, por lo tanto, no puede ser objeto de confirmación ni de prescripción sanatoria.” Guzmán Rodríguez v. Guzmán Rodríguez, 78 D.P.R. 673, 682 (1955).
¿De qué se trata? se trata que el negocio jurídico nulo revierte a su condición previa.
“Un contrato declarado inexistente por sentencia final nunca genera consecuencia de ley, ni siquiera hasta el momento de decretarse su nulidad…Decretado inexistente mediante sentencia un contrato de compraventa de un solar a ser segregado de una parcela de mayor cabida, las cosas revierten en derecho a la situación existente al momento de formalizarse el acto o contrato inexistente.” Santiago Marrero v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 835 (1964).
“…la acción para decretar la inexistencia de un contrato nunca prescribe y que, por consiguiente, no hay punto de partida para contar término de prescripción alguno. Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris, 70 D.P.R. 181, 197 (1949); Cruz v. Ramos, 70 D.P.R. 715, 719 (1949); Véase además: José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Rev. Jur. Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1990, T. IV, pág. 125. Esta norma, firmemente enraizada en nuestro ordenamiento civil, no puede ser burlada con la mera aprobación de una resolución que pretenda encubrir la nulidad de un acuerdo ilegal. Ciertamente, el término de caducidad…no puede tener el efecto de frenar un decreto de inexistencia de contrato y, mucho menos, puede convertirse en subterfugio para convalidar contratos nulos.” Ríos v. Municipio de Isabela, 2003 TSPR 122.
a los que parecen resolver con una actitud de resignación la controversia permítanme siquiera para efecto de debate plantear que si el proceso resulta que establece que el proyecto fue construido sobre una fundamentación de nulidad absoluta, la ley establece la obligatoriedad de devolver los predios a su "situación existente al momento de formalizarse el acto o contrato inexistente" (-Santiago Marrero v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 835 (1964)) lo cual podría interpretarse, de entenderse que hubo mala fe en las negociaciones, sujeto a que la parte proponente tenga que absolver los costos y responsabilidades de dicho proceso de devolución al estado previo, entiéndase, desconstrucción de lo erigido y el máximo de labores de mitigación a los posibles daños arqueológicos y ambientales.
sábado, 18 de agosto de 2007
Policía y comunidad-buscando alternativas
Lo único seguro estos días es la inseguridad. Estamos como en medio de un túnel oscuro pero a plena luz del día. Si quisiéramos llegar a una conclusión, diríamos que vivimos un momento crítico de un sistema que ya no funciona y que cuyos fallos ha producido tanto un malestar generalizado como estallidos frecuentes de explosivos errores de justicia.
Desde hace más de dos décadas, la seguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas sociales, los ciudadanos están hondamente preocupados por fuertes incrementos de la criminalidad, se sienten cada vez más inseguros en sus personas y bienes, y de repente de manera apabullante el rol de la policía es parte integral del sentimiento de la inseguridad.
La gestión policial es tema de intenso y doloroso debate. Este debate trata mayormente sobre la relación que existe entre los ciudadanos y el gobierno.
El tema se sitúa en un contexto caracterizado por escasas experiencias debidamente evaluadas, una exigua bibliografía científica, y el desconocimiento de experiencias realizadas en otras jurisdicciones tal como en Canadá y Europa, muy diferentes de los modelos estadounidenses generalmente basados en la política ‘de mano dura’.
Hablar de seguridad ciudadana hoy es hablar de represión, de fuerzas de orden desordenadas y, en última instancia, de segregación de quienes son considerados peligrosos. En suma, hablar de seguridad en Puerto Rico hoy es hablar de exclusión social, discriminación, ausencia de fundamentos del debido procedimiento jurídico, de inexplicables intentos de justificar patrones oficialistas de conducta violenta y de un total abandono de la política de reacciones armadas solo en condiciones de extrema posibilidad de perjuicio, daño corporal o peligro de los efectivos policíacos. Es la era de las armas largas en constante exhibición, del ‘desenfunda rápido, dispara primero y explica después y en fin, tergiversa los hechos para conformar con una teoría de política pública que a todas luces es falsa’.
Dos interrogantes resumen la crítica al modelo actual de seguridad e introducen la necesidad urgente de una propuesta de sistema alternativo. En primer lugar, ¿existe una única percepción de lo seguro y de lo peligroso? En segundo lugar, ¿la definición de lo seguro es una definición democrática? esto es, ¿quién define actualmente lo seguro, el pueblo o la policía?
La seguridad como cohesión social.
Es preciso redefinir el concepto de seguridad y asociarlo a principios como la libertad, la justicia social, la participación ciudadana y la igualdad. La historia, la política y la economía no son piezas inconexas de un extraño y misterioso fenómeno de conducta social como al que pretendemos acercarnos. Al fondo de la amplia y continua violencia policíaca, se revela el prolongado asalto político contra los derechos democráticos de las clases pobres, disfrazado bajo la consigna policíaca de ‘mano dura contra el crimen’. Se conduce simultáneamente con ataques económicos contra el nivel de vida, las comunidades y las condiciones sociales de la mayoría del pueblo. Extrañamente compagina demasiado a perfección con la política de expropiaciones y exclusión social que se está propagando por casi todo el área metropolitana y la isla.
Las transformaciones y los conflictos sociales nuevamente ponen de relieve el tema sobre rendición de cuentas de la policía. Rendición de cuentas significa una supervisión ciudadana formal pero extragubernamental mediante la creación de juntas civiles de supervisión directa de la policía por medio de organismos comunitarios. Si bien existe en efecto una variedad de procesos de supervisión policial que se encuentran en la ley orgánica que crea a la Policía (y los cuerpos análogos municipales), muchos creen que la policía tiene que controlarse mediante una supervisión externa para que pueda haber una rendición de cuentas real y sensible a las necesidades de la gente.
Más recientemente la cadena de hechos lamentables que van desde eventos violentos en los que ciudadanos han perdido la vida hasta intervenciones federales en operaciones rampantes de corrupción policial y el asedio de la policía a las comunidades pobres, sugieren que la rendición de cuentas por la policía verdadera se tiene que dar en la medida en que ésta se ve a sí misma involucrada en una asociación directa con la comunidad fundada en confianza mutua, revelación y valores compartidos, y reforzada por una interacción regular, de crítica y discusión.
En términos generales, la gestión policial comunitaria presupone tres elementos. Primero, se la policía como vehículo de procesos constitucionales: los defensores de la ley tienen que estar ‘en ley’. Segundo, la policía independiente de la política y las influencias de los grandes intereses financieros. Tercero, la acción policial como un medio de propiciar orden basado en el respeto y el diálogo, y no en la violencia y el temor.
Ironías y paradojas.
El mensaje de ‘ponerse duro contra el crimen’ no es de hacedura local, comenzó durante el gobierno de Richard Nixon y salió de las bocas de gente como el Vice presidente Spiro Agnew y el Fiscal General de la Nación, John Mitchell, quienes irónicamente terminaron culpables de actos criminales.
La demagogia de esta política pública, diseñada para los noticieros, las campañas políticas y los discursos electoreros, silentemente abogaba por acabar de una vez por todas con el patrimonio de derechos civiles de la Corte Suprema (Warren Court), las decisiones habían expandido enormemente los derechos constitucionales de personas detenidas, a quienes se les tenía que informar su derecho de hablar con un abogado antes de ser interrogadas por la policía. Los pobres ganaron el derecho a un abogado defensor pagado por el estado.
El gobierno de Reagan en los ‘80 expandió los ataques contra los derechos democráticos de manera más amplia. El nombramiento de jueces decididamente reaccionarios fue seguido por la destrucción o debilitación de muchas protecciones durante los trámites de casos criminales, y por otro lado mediante severos cortes presupuestarios y cambios estatutarios que minimizaban la labor de organizaciones tales como la Corporación de Servicios Legales. La llamada guerra contra las drogas proporcionó el pretexto pero el mismo gobierno de Reagan, buscando la manera de financiar ilícitamente la guerra contra el gobierno nicaragüense, aparentemente ayudó a desatar la epidemia de la cocaína.
En Puerto Rico no se ha estudiado con detenimiento los efectos controversiales de las políticas policiales que promovieron la violación sistemática de los derechos civiles mientras por otro lado coexistían escuadrones policíacos de la muerte y gangas de oficiales delincuentes a todos los niveles.
Derechos y temores.
El derecho a vivir sin miedo está en cuestión, es de lo que se trata y expresa la crisis de la convivencia social, particularmente del ideal moderno de la democracia fundada en los derechos humanos. Una vida sin miedos implica la confianza en la razón como factor explicativo e instrumento frente a las adversidades. La razón judicial fundamentada en los derechos civiles es el núcleo fundamental del ser humano que cree en la capacidad para fomentar una convivencia pacífica, justa y progresivamente mejor para todos.
Nuestros miedos modernos no derivan tanto de la naturaleza o de visiones religiosas como en épocas pasadas, sino de la desconfianza en los otros seres humanos y en las instituciones que nos capturan en su oficialidad ilegítima. La inseguridad pública es uno de los grandes retos a la práctica y concepción de los derechos humanos, va desde realidades sociales y económicas y los anhelos mínimos de bienestar hasta la exigencia de dignidad como demanda suprema del ciudadano ante el gobierno.
Vemos crecer la falta de respeto por los derechos civiles, así como el incremento de la violencia. La presencia de estrategias militares en las labores de la policía divorciadas de evaluaciones morales va más allá de la indignación. Mientras la vasta mayoría del pueblo vive abatida, hostigada y cercada por la policía, los derechos económicos y sociales retroceden para la mayoría de la población, la protesta se criminaliza y se pretende mediante interdicciones apaciguar o neutralizar los clamores de justicia de las comunidades y de los trabajadores. Más de la mitad de los puertorriqueños nos encontramos, oficialmente, en situación de pobreza, mientras unas cuantas personas no solo concentran el producto interno bruto en sus bolsillos sino que constantemente implementan campañas de enriquecimiento a expensas del patrimonio nacional.
¿Cómo interpretar esta inconstancia flagrante y masiva en la convivencia social...? ¿Cómo decir que no tenemos miedo...?
Propongo dos hipótesis:
1. El clima de inseguridad pública es generado en la esfera del poder político y prolongado en las diversas redes de complicidades sociales que buscan justificar programas que solo benefician a las élites millonarias.
2. El principal foco de los conflictos públicos y de la violencia está pasando de un espacio político al escenario de los derechos civiles e individuales.
Hay una especie de esquizofrenia cuando se habla de delincuencia.
En sentido estricto, la seguridad pública se caracteriza por el conjunto de condiciones de respeto a las leyes y reglamentos, derechos y garantías individuales y de justicia que se tienen que llenar para que existan las condiciones que favorezcan el desarrollo económico, social y político, y de esta forma, vivir en un justo Estado de derecho. Es necesario distinguir entre seguridad pública y los conceptos de seguridad jurídica. Por seguridad jurídica se entiende la garantía de las leyes en el sentido de que ninguna autoridad actuará de manera arbitraria, sino que lo hará de acuerdo con las normas aplicables, del llamado debido proceso y está estrechamente ligada a la noción de Estado de Derecho. El principio de legalidad es la base filosófica fundamental e innegociable.
Creo que es oportuno que nos fijemos concretamente en el derecho a la seguridad.
La seguridad es un bien fundamental para una vida digna y realizada. Precisamente por eso puede ser reclamada como derecho constitucional. La seguridad, en positivo, puede definirse como el disfrute garantizado y estable de los bienes básicos. Estamos seguros cuando se han reducido al máximo razonable las posibilidades de sufrir violencia, agresión o hurto. Cuando experimentamos una convivencia en la que básicamente está ausente el miedo irracional y rampante.
Respecto a la dimensión objetiva, debe incluirse como amenazas a la seguridad lo que atenta contra las libertades civiles, pero también lo que atenta contra las condiciones materiales de posibilidad de la vida y de libertad que dependen los humanos, cuando se realizan eficazmente los derechos humanos. Esto significa que no sólo hay inseguridad en las amenazas directas a la libertad (inseguridad civil) sino que también hay inseguridad en las carencias alimentarias, sanitarias, laborales, ambientales, etcétera (inseguridad social en sus diversas formas).
En cuanto a la dimensión subjetiva, el miedo varía no sólo en función de la amenaza objetiva, sino en función de nuestra personalidad y de la información que tenemos sobre las amenazas. Esto nos introduce en la posibilidad de la manipulación del miedo a partir de la información que se nos ofrece. Es por esta relación de información y seguridad que las seudo teorías que justifican el estado policiaco y que se basan en tergiversaciones y justificaciones lo que hacen es producir temor.
La tentación de manipulación del miedo se convierte en arma política y electoral. En principio, el miedo mesurado y con correspondencia objetiva actúa como advertencia de que debemos enfrentarnos a un peligro. Pero el miedo oficialista y oficializado, el verdadero miedo a vivir que se teje entre realidades distorsionadas y supuestas alternativas de acción militarizada de ‘mano dura’, es un delirio cruel, forma, con el odio, uno de los componentes psicológicos más destructores que existen. Solo tenemos que recordar las imágenes de las intervenciones policíacas a comunidades pobres, las agresiones a seres humanos indefensos y los casos de muertos desarmados para corroborar esta teoría que desgraciadamente convierte nuestra vida en pesadilla.
La conclusión es que la seguridad verdadera, la seguridad a la que se refiere la dignidad constitucional solo se muestra como derecho y ante el riesgo para los derechos, sin ella se carece de las posibilidades y de la confianza necesaria para ejercer la libertad. Cuando el miedo inspira reacciones que no se detienen en el análisis objetivo de la amenaza ni en los derechos del otro, que no buscan con ahínco alternativas no represivas, que desde posiciones de bienestar ignoran todo lo relativo a las inseguridades sociales o incluso las afianzan, se estructura una cultura de violencia difícil de frenar como difícil de frenar han sido los constantes embates y errores de la policía.
Quiero subrayar que el derecho a la seguridad debe ser reclamado partiendo de una concepción adecuada de ésta y que el sistema de temores y miedos (que en el fondo es lo ha producido tanta manifestación de violencia policíaca) es antítesis insalvable de lo que debe ser el Estado de Derecho.
¿Por qué ocurre esto…? Más allá de errores conceptuales o del diseño disparatado de programas fascistoides de control social, lo que justifica este estado de cosas tiene que ser y estar basado en una conveniencia económica de un sector que de alguna manera macabra saca ganancias de este malestar social generalizado. La necesidad de un sistema policiaco, que compagina y corresponda con el control económico de los intereses monopolizantes, hace que el sistema tienda a la reacción y aboca a la sociedad a una profunda crisis. Todo por generar ganancias ilegítimas.
El comprensible malestar social provocado se manifiesta en formas pacíficas y violentas, individuales y colectivas, que corresponden a acciones de defensa de la población afectada y amenazada en su seguridad y en sus comunidades. Es un verdadero contrasentido: en nombre de la seguridad ha creado el Estado la inseguridad. De manera que el verdadero proyecto constitucional social y ciudadano entra en contradicción con el sistema dominante y muy a menudo deriva en enfrentamientos violentos. La resistencia popular proviene de una conciencia moral que se organiza y estructura espacios sociales, culturales y políticos de las comunidades que se niegan a vivir bajo el régimen del terror.
La respuesta oficial combina el uso amenazador y represivo de los órganos policiales, y la claudicación de grupos partidistas utilizables y líderes de ‘mano dura’.
El concepto de crisis ha sido utilizado en exceso por los analistas, y efecto de ello es que cuando ocurre una crisis de verdad no se le toma en serio. El sistema político y económico estadounidense atraviesa por una crisis seria, una triple crisis que afecta a sus principales corporaciones trasnacionales y, por lo tanto, a la economía, una crisis política que afecta al Estado en su relación con la seguridad interna y con la beligerancia externa, y una crisis del sistema político, que no sólo no representa al electorado, sino que tampoco responde a las crisis política y económica.
El problema en realidad no es sólo la ambición individual, sino la desregulación total de los sectores empresariales y financieros, y la naturaleza especulativa de la economía que justifica cualquier y toda cosa en aras de gananciabilidad. La concentración del poder económico y el control que las corporaciones ejercen sobre el sistema político significa que a los altos ejecutivos de los consorcios les dan mano libre para cometer fraudes en gran escala como es el caso por ejemplo de Paseo Caribe y obtener enormes ganancias a corto plazo utilizando la exclusión social como mecanismo para repartirse el patrimonio y las propiedades inmuebles. Para justificar este ataque a los sectores más amplios de la población montan toda esta campaña de la seguridad y al así hacerlo fomentan la desnaturalización de los cuerpos policiacos.
Mientras el gasto en la policía se eleva hasta el cielo, crece el déficit de presupuesto nacional, se instauran nuevos mecanismos impositivos y se desestabiliza la economía del país, el sistema policiaco-judicial del país está agonizando de un profundo cáncer constitucional y los que sacan beneficios son los ricos.
En un Estado de Derecho, el objetivo del procedimiento penal es proteger a la sociedad, el ser humano es un producto del medio, la conducta delictiva no aparece súbitamente. Por lo general, los infractores han padecido hechos de violencia familiar, se han decepcionado del sistema educativo y de las promesas electorales, carecen de espacios sociales de inclusión, orientación y posiblemente lo peor: han comprobado que ‘el crimen sí paga’, y una causa fundamental es la crisis de valores en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Al país le faltan ideas y le sobran insultos.
Ante el cuadro que implica incapacidad para resolver problemas administrativos, daños a ciudadanos por uso indebido de armas de fuego, manipulación criminal de disuasivos para convertirlos en instrumentos de asesinato contra ciudadanos desarmados y participación activa en actividades a favor de los grandes intereses económicos, ¿qué podemos esperar de la relación entre el pueblo y la policía? El abuso policíaco radica en la corrupción, la discrecionalidad con la que actúan los efectivos y el hecho de que se perciben como soldados y no como servidores públicos. Las violaciones a los derechos de integridad física, libertad, la no discriminación y a la seguridad jurídica son características del abuso policiaco, el cual se agrava en determinadas situaciones socioeconómicas, es decir, con la población marginada. La tendencia de abuso policíaco es dirigida principalmente a grupos socialmente vulnerables: indigentes, homosexuales, trabajadores y en general es ejercido sobre los más pobres y discriminados.
Construir un modelo de seguridad pública que no socave los derechos humanos implica reconocer que los modelos oficialistas de seguridad representan puntos de vista que limitan la visión del problema, y que las políticas del concepto de ‘mano dura’ se traduce en el despliegue de espectaculares, publicitarios e ineficientes operativos policíacos, que terminan siendo contrarios a la protección de los derechos humanos.
La fórmula más efectiva es respetar y garantizar los derechos económicos, civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales a todas las personas. Las sociedades más seguras son aquellas en las que hay menos pobreza y se distribuye la riqueza de manera más equitativa, las que brindan a toda la población educación, salud y servicios básicos, las que registran menor índice de desempleo: las que mantienen estrictos mecanismos de control hacia los poderes del Estado, y que no permiten la corrupción.
Ante la sensación de inseguridad, de los índices delictivos y de las políticas erráticas para combatir la delincuencia, la seguridad se ha convertido en uno de los principales reclamos de la sociedad pero hoy vemos que lo que algunos proponen, medidas represivas, más facultades y poderes a las policías y, fundamentalmente, medidas dirigidas a discriminar contra grupos socialmente marginados y excluidos, lo que hace es precisamente multiplicar exponencialmente el sentimiento de inseguridad. Lo único seguro es que estamos inseguros inclusive ante la policía y el gobierno coautor de sus programas represivos.
Hay una aparente disyuntiva entre los derechos humanos y la seguridad pública como define la política pública.
El ataque contra los derechos democráticos y la ampliación de poderes policiales en los Estados Unidos tiene vínculos directos a la intensificación de las tensiones sociales y a la creciente polarización económica. El desempleo, la pobreza, las viviendas de calidad inferior y las reducciones en los servicios gubernamentales aumentaron estrepitosamente.
El 24 de abril de 1992, Los Ángeles estalló en protesta contra el juicio de los cuatro agentes de la policía responsables por la paliza que Rodney King había sufrido. Protestaban la larga historia de abusos cometidos por el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD). Los motines llegaron a ser entre los más serios en la historia de los Estados Unidos. Produjo más bajas, 54 muertes y 2,000 heridos, que todo otro desorden civil desde la Guerra Civil.
Los abusos cometidos por agentes de la policía en Puerto Rico han sido más violentos y descarados y la causa no se le puede atribuir a la capacitación inadecuada o la presencia de ‘unos pocos policías malos’ en un mar de agentes que, en su inmensa mayoría, obedecen las leyes. Nuestro sentimiento de inseguridad tiene mucho que ver, además, con la ruptura de la comunicación interpersonal o intergrupal, con el estilo de vida anti comunitario que impera en nuestra sociedad. La persistencia y la penetración del abuso policiaco tienen que, por necesidad, reflejar las condiciones económicas y sociales, es decir, el estado actual de las relaciones entre las clases sociales. El abuso policiaco es sencillamente un fenómeno social objetivo profundamente arraigado en la estructura socioeconómica, y que de alguna manera macabra es producto de la política pública.
En cuanto al sistema de control de las actuaciones policiales, es esencial la necesidad, en un Estado de Derecho, de mecanismos efectivos de control que permitan, no sólo mejorar su eficacia, sino también proteger al ciudadano de los abusos de la institución policial.
En general, las encuestas de opinión pública indican un desempeño ineficiente en la lucha contra la criminalidad, la existencia de prácticas autoritarias, corruptas y violatorias de los derechos humanos, y una falta de credibilidad en la institución policial, que se traduce demasiado a diario en tendencias represivas.
El modelo de seguridad urbana que se propone ha de venir acompañado de un replanteamiento de la ciudadanía y por tanto de la ciudad. Una política de seguridad que, sin olvidar la prevención, atienda a las causas del creciente sentimiento de inseguridad.
El reto, ¿queremos caminar en materia de seguridad hacia un modelo de ciudad como Los Ángeles, una ciudad dividida en guetos (barrios pobres) y ‘bunkers’ (barrios ricos), llena de espacios intransitables, donde todo el mobiliario urbano está pensado para ahuyentar al vagabundo y donde los centros comerciales más modernos se construyen siguiendo el modelo de cárcel, o optamos por un modelo de ciudad abierta, tolerante con las diferencias, sin zonas prohibidas, en la que se potencia la identidad de barrio y el contacto entre individuos, a través de zonas peatonales y actividades en las calles?
Para poner eficazmente en práctica la gestión policial comunitaria, la policía tiene que involucrarse en seis pasos esenciales y cambios en su papel, función y organización. Tienen que:
Descentralizar la autoridad y aumentar su responsabilidad de modo que los servicios que proveen a la comunidad sean beneficiosos tanto para la policía como para los ciudadanos;
Mejorar la burocracia de la policía al transformar sus funciones de mantención de registros y conteo de incidentes a funciones de identificación y análisis de problemas;
Reformar la cultura institucional de la gestión policial cambiando los símbolos, el lenguaje y la filosofía de la propia policia;
Proveer acceso y aporte a las funciones normativas de la policía al alentar la participación y revisión de parte de los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones;
Proveer al personal de la policía acceso al proceso normativo de las autoridades locales y un papel activo en la toma de decisiones de las autoridades locales que afectan al servicio de la policía en la comunidad;
Recalcar y poner en vigor sistemas que aseguren la calidad, el mantenimiento de la integridad institucional y personal, y un trato justo y equitativo de los ciudadanos.
Una función de auditoria externa independiente resulta esencial para garantizar la rendición de cuentas por la utilización de fondos públicos en una sociedad democrática moderna. Una auditoria civil para que los vecinos puedan ser los ojos y oídos del Gobierno, un sistema de control de los vecinos sobre todos los temas de interés comunitario. El objetivo a largo plazo es crear ciudadanos que sean capaces de aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, y supervisen la gestión policial comunitaria como un proceso de mayor participación en la información por parte de la policía y la comunidad, y como un método para cambiar a la policía y el servicio que presta a la comunidad.
Redefinir la función tradicional de la policía de combatir la delincuencia, a definiciones más amplias de su función, cambios de función que surjan de una presunción de que la policía desarrolle una afinidad mayor hacia las comunidades en que operan. Tal mejora en la identificación de los funcionarios policiales con una comunidad local resultará en una mayor comunicación entre la policía y la comunidad y una empatía que, a su vez, producirá una respuesta policial más adaptada a la comunidad.
Fuentes compatibles
Desde hace más de dos décadas, la seguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas sociales, los ciudadanos están hondamente preocupados por fuertes incrementos de la criminalidad, se sienten cada vez más inseguros en sus personas y bienes, y de repente de manera apabullante el rol de la policía es parte integral del sentimiento de la inseguridad.
La gestión policial es tema de intenso y doloroso debate. Este debate trata mayormente sobre la relación que existe entre los ciudadanos y el gobierno.
El tema se sitúa en un contexto caracterizado por escasas experiencias debidamente evaluadas, una exigua bibliografía científica, y el desconocimiento de experiencias realizadas en otras jurisdicciones tal como en Canadá y Europa, muy diferentes de los modelos estadounidenses generalmente basados en la política ‘de mano dura’.
Hablar de seguridad ciudadana hoy es hablar de represión, de fuerzas de orden desordenadas y, en última instancia, de segregación de quienes son considerados peligrosos. En suma, hablar de seguridad en Puerto Rico hoy es hablar de exclusión social, discriminación, ausencia de fundamentos del debido procedimiento jurídico, de inexplicables intentos de justificar patrones oficialistas de conducta violenta y de un total abandono de la política de reacciones armadas solo en condiciones de extrema posibilidad de perjuicio, daño corporal o peligro de los efectivos policíacos. Es la era de las armas largas en constante exhibición, del ‘desenfunda rápido, dispara primero y explica después y en fin, tergiversa los hechos para conformar con una teoría de política pública que a todas luces es falsa’.
Dos interrogantes resumen la crítica al modelo actual de seguridad e introducen la necesidad urgente de una propuesta de sistema alternativo. En primer lugar, ¿existe una única percepción de lo seguro y de lo peligroso? En segundo lugar, ¿la definición de lo seguro es una definición democrática? esto es, ¿quién define actualmente lo seguro, el pueblo o la policía?
La seguridad como cohesión social.
Es preciso redefinir el concepto de seguridad y asociarlo a principios como la libertad, la justicia social, la participación ciudadana y la igualdad. La historia, la política y la economía no son piezas inconexas de un extraño y misterioso fenómeno de conducta social como al que pretendemos acercarnos. Al fondo de la amplia y continua violencia policíaca, se revela el prolongado asalto político contra los derechos democráticos de las clases pobres, disfrazado bajo la consigna policíaca de ‘mano dura contra el crimen’. Se conduce simultáneamente con ataques económicos contra el nivel de vida, las comunidades y las condiciones sociales de la mayoría del pueblo. Extrañamente compagina demasiado a perfección con la política de expropiaciones y exclusión social que se está propagando por casi todo el área metropolitana y la isla.
Las transformaciones y los conflictos sociales nuevamente ponen de relieve el tema sobre rendición de cuentas de la policía. Rendición de cuentas significa una supervisión ciudadana formal pero extragubernamental mediante la creación de juntas civiles de supervisión directa de la policía por medio de organismos comunitarios. Si bien existe en efecto una variedad de procesos de supervisión policial que se encuentran en la ley orgánica que crea a la Policía (y los cuerpos análogos municipales), muchos creen que la policía tiene que controlarse mediante una supervisión externa para que pueda haber una rendición de cuentas real y sensible a las necesidades de la gente.
Más recientemente la cadena de hechos lamentables que van desde eventos violentos en los que ciudadanos han perdido la vida hasta intervenciones federales en operaciones rampantes de corrupción policial y el asedio de la policía a las comunidades pobres, sugieren que la rendición de cuentas por la policía verdadera se tiene que dar en la medida en que ésta se ve a sí misma involucrada en una asociación directa con la comunidad fundada en confianza mutua, revelación y valores compartidos, y reforzada por una interacción regular, de crítica y discusión.
En términos generales, la gestión policial comunitaria presupone tres elementos. Primero, se la policía como vehículo de procesos constitucionales: los defensores de la ley tienen que estar ‘en ley’. Segundo, la policía independiente de la política y las influencias de los grandes intereses financieros. Tercero, la acción policial como un medio de propiciar orden basado en el respeto y el diálogo, y no en la violencia y el temor.
Ironías y paradojas.
El mensaje de ‘ponerse duro contra el crimen’ no es de hacedura local, comenzó durante el gobierno de Richard Nixon y salió de las bocas de gente como el Vice presidente Spiro Agnew y el Fiscal General de la Nación, John Mitchell, quienes irónicamente terminaron culpables de actos criminales.
La demagogia de esta política pública, diseñada para los noticieros, las campañas políticas y los discursos electoreros, silentemente abogaba por acabar de una vez por todas con el patrimonio de derechos civiles de la Corte Suprema (Warren Court), las decisiones habían expandido enormemente los derechos constitucionales de personas detenidas, a quienes se les tenía que informar su derecho de hablar con un abogado antes de ser interrogadas por la policía. Los pobres ganaron el derecho a un abogado defensor pagado por el estado.
El gobierno de Reagan en los ‘80 expandió los ataques contra los derechos democráticos de manera más amplia. El nombramiento de jueces decididamente reaccionarios fue seguido por la destrucción o debilitación de muchas protecciones durante los trámites de casos criminales, y por otro lado mediante severos cortes presupuestarios y cambios estatutarios que minimizaban la labor de organizaciones tales como la Corporación de Servicios Legales. La llamada guerra contra las drogas proporcionó el pretexto pero el mismo gobierno de Reagan, buscando la manera de financiar ilícitamente la guerra contra el gobierno nicaragüense, aparentemente ayudó a desatar la epidemia de la cocaína.
En Puerto Rico no se ha estudiado con detenimiento los efectos controversiales de las políticas policiales que promovieron la violación sistemática de los derechos civiles mientras por otro lado coexistían escuadrones policíacos de la muerte y gangas de oficiales delincuentes a todos los niveles.
Derechos y temores.
El derecho a vivir sin miedo está en cuestión, es de lo que se trata y expresa la crisis de la convivencia social, particularmente del ideal moderno de la democracia fundada en los derechos humanos. Una vida sin miedos implica la confianza en la razón como factor explicativo e instrumento frente a las adversidades. La razón judicial fundamentada en los derechos civiles es el núcleo fundamental del ser humano que cree en la capacidad para fomentar una convivencia pacífica, justa y progresivamente mejor para todos.
Nuestros miedos modernos no derivan tanto de la naturaleza o de visiones religiosas como en épocas pasadas, sino de la desconfianza en los otros seres humanos y en las instituciones que nos capturan en su oficialidad ilegítima. La inseguridad pública es uno de los grandes retos a la práctica y concepción de los derechos humanos, va desde realidades sociales y económicas y los anhelos mínimos de bienestar hasta la exigencia de dignidad como demanda suprema del ciudadano ante el gobierno.
Vemos crecer la falta de respeto por los derechos civiles, así como el incremento de la violencia. La presencia de estrategias militares en las labores de la policía divorciadas de evaluaciones morales va más allá de la indignación. Mientras la vasta mayoría del pueblo vive abatida, hostigada y cercada por la policía, los derechos económicos y sociales retroceden para la mayoría de la población, la protesta se criminaliza y se pretende mediante interdicciones apaciguar o neutralizar los clamores de justicia de las comunidades y de los trabajadores. Más de la mitad de los puertorriqueños nos encontramos, oficialmente, en situación de pobreza, mientras unas cuantas personas no solo concentran el producto interno bruto en sus bolsillos sino que constantemente implementan campañas de enriquecimiento a expensas del patrimonio nacional.
¿Cómo interpretar esta inconstancia flagrante y masiva en la convivencia social...? ¿Cómo decir que no tenemos miedo...?
Propongo dos hipótesis:
1. El clima de inseguridad pública es generado en la esfera del poder político y prolongado en las diversas redes de complicidades sociales que buscan justificar programas que solo benefician a las élites millonarias.
2. El principal foco de los conflictos públicos y de la violencia está pasando de un espacio político al escenario de los derechos civiles e individuales.
Hay una especie de esquizofrenia cuando se habla de delincuencia.
En sentido estricto, la seguridad pública se caracteriza por el conjunto de condiciones de respeto a las leyes y reglamentos, derechos y garantías individuales y de justicia que se tienen que llenar para que existan las condiciones que favorezcan el desarrollo económico, social y político, y de esta forma, vivir en un justo Estado de derecho. Es necesario distinguir entre seguridad pública y los conceptos de seguridad jurídica. Por seguridad jurídica se entiende la garantía de las leyes en el sentido de que ninguna autoridad actuará de manera arbitraria, sino que lo hará de acuerdo con las normas aplicables, del llamado debido proceso y está estrechamente ligada a la noción de Estado de Derecho. El principio de legalidad es la base filosófica fundamental e innegociable.
Creo que es oportuno que nos fijemos concretamente en el derecho a la seguridad.
La seguridad es un bien fundamental para una vida digna y realizada. Precisamente por eso puede ser reclamada como derecho constitucional. La seguridad, en positivo, puede definirse como el disfrute garantizado y estable de los bienes básicos. Estamos seguros cuando se han reducido al máximo razonable las posibilidades de sufrir violencia, agresión o hurto. Cuando experimentamos una convivencia en la que básicamente está ausente el miedo irracional y rampante.
Respecto a la dimensión objetiva, debe incluirse como amenazas a la seguridad lo que atenta contra las libertades civiles, pero también lo que atenta contra las condiciones materiales de posibilidad de la vida y de libertad que dependen los humanos, cuando se realizan eficazmente los derechos humanos. Esto significa que no sólo hay inseguridad en las amenazas directas a la libertad (inseguridad civil) sino que también hay inseguridad en las carencias alimentarias, sanitarias, laborales, ambientales, etcétera (inseguridad social en sus diversas formas).
En cuanto a la dimensión subjetiva, el miedo varía no sólo en función de la amenaza objetiva, sino en función de nuestra personalidad y de la información que tenemos sobre las amenazas. Esto nos introduce en la posibilidad de la manipulación del miedo a partir de la información que se nos ofrece. Es por esta relación de información y seguridad que las seudo teorías que justifican el estado policiaco y que se basan en tergiversaciones y justificaciones lo que hacen es producir temor.
La tentación de manipulación del miedo se convierte en arma política y electoral. En principio, el miedo mesurado y con correspondencia objetiva actúa como advertencia de que debemos enfrentarnos a un peligro. Pero el miedo oficialista y oficializado, el verdadero miedo a vivir que se teje entre realidades distorsionadas y supuestas alternativas de acción militarizada de ‘mano dura’, es un delirio cruel, forma, con el odio, uno de los componentes psicológicos más destructores que existen. Solo tenemos que recordar las imágenes de las intervenciones policíacas a comunidades pobres, las agresiones a seres humanos indefensos y los casos de muertos desarmados para corroborar esta teoría que desgraciadamente convierte nuestra vida en pesadilla.
La conclusión es que la seguridad verdadera, la seguridad a la que se refiere la dignidad constitucional solo se muestra como derecho y ante el riesgo para los derechos, sin ella se carece de las posibilidades y de la confianza necesaria para ejercer la libertad. Cuando el miedo inspira reacciones que no se detienen en el análisis objetivo de la amenaza ni en los derechos del otro, que no buscan con ahínco alternativas no represivas, que desde posiciones de bienestar ignoran todo lo relativo a las inseguridades sociales o incluso las afianzan, se estructura una cultura de violencia difícil de frenar como difícil de frenar han sido los constantes embates y errores de la policía.
Quiero subrayar que el derecho a la seguridad debe ser reclamado partiendo de una concepción adecuada de ésta y que el sistema de temores y miedos (que en el fondo es lo ha producido tanta manifestación de violencia policíaca) es antítesis insalvable de lo que debe ser el Estado de Derecho.
¿Por qué ocurre esto…? Más allá de errores conceptuales o del diseño disparatado de programas fascistoides de control social, lo que justifica este estado de cosas tiene que ser y estar basado en una conveniencia económica de un sector que de alguna manera macabra saca ganancias de este malestar social generalizado. La necesidad de un sistema policiaco, que compagina y corresponda con el control económico de los intereses monopolizantes, hace que el sistema tienda a la reacción y aboca a la sociedad a una profunda crisis. Todo por generar ganancias ilegítimas.
El comprensible malestar social provocado se manifiesta en formas pacíficas y violentas, individuales y colectivas, que corresponden a acciones de defensa de la población afectada y amenazada en su seguridad y en sus comunidades. Es un verdadero contrasentido: en nombre de la seguridad ha creado el Estado la inseguridad. De manera que el verdadero proyecto constitucional social y ciudadano entra en contradicción con el sistema dominante y muy a menudo deriva en enfrentamientos violentos. La resistencia popular proviene de una conciencia moral que se organiza y estructura espacios sociales, culturales y políticos de las comunidades que se niegan a vivir bajo el régimen del terror.
La respuesta oficial combina el uso amenazador y represivo de los órganos policiales, y la claudicación de grupos partidistas utilizables y líderes de ‘mano dura’.
El concepto de crisis ha sido utilizado en exceso por los analistas, y efecto de ello es que cuando ocurre una crisis de verdad no se le toma en serio. El sistema político y económico estadounidense atraviesa por una crisis seria, una triple crisis que afecta a sus principales corporaciones trasnacionales y, por lo tanto, a la economía, una crisis política que afecta al Estado en su relación con la seguridad interna y con la beligerancia externa, y una crisis del sistema político, que no sólo no representa al electorado, sino que tampoco responde a las crisis política y económica.
El problema en realidad no es sólo la ambición individual, sino la desregulación total de los sectores empresariales y financieros, y la naturaleza especulativa de la economía que justifica cualquier y toda cosa en aras de gananciabilidad. La concentración del poder económico y el control que las corporaciones ejercen sobre el sistema político significa que a los altos ejecutivos de los consorcios les dan mano libre para cometer fraudes en gran escala como es el caso por ejemplo de Paseo Caribe y obtener enormes ganancias a corto plazo utilizando la exclusión social como mecanismo para repartirse el patrimonio y las propiedades inmuebles. Para justificar este ataque a los sectores más amplios de la población montan toda esta campaña de la seguridad y al así hacerlo fomentan la desnaturalización de los cuerpos policiacos.
Mientras el gasto en la policía se eleva hasta el cielo, crece el déficit de presupuesto nacional, se instauran nuevos mecanismos impositivos y se desestabiliza la economía del país, el sistema policiaco-judicial del país está agonizando de un profundo cáncer constitucional y los que sacan beneficios son los ricos.
En un Estado de Derecho, el objetivo del procedimiento penal es proteger a la sociedad, el ser humano es un producto del medio, la conducta delictiva no aparece súbitamente. Por lo general, los infractores han padecido hechos de violencia familiar, se han decepcionado del sistema educativo y de las promesas electorales, carecen de espacios sociales de inclusión, orientación y posiblemente lo peor: han comprobado que ‘el crimen sí paga’, y una causa fundamental es la crisis de valores en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Al país le faltan ideas y le sobran insultos.
Ante el cuadro que implica incapacidad para resolver problemas administrativos, daños a ciudadanos por uso indebido de armas de fuego, manipulación criminal de disuasivos para convertirlos en instrumentos de asesinato contra ciudadanos desarmados y participación activa en actividades a favor de los grandes intereses económicos, ¿qué podemos esperar de la relación entre el pueblo y la policía? El abuso policíaco radica en la corrupción, la discrecionalidad con la que actúan los efectivos y el hecho de que se perciben como soldados y no como servidores públicos. Las violaciones a los derechos de integridad física, libertad, la no discriminación y a la seguridad jurídica son características del abuso policiaco, el cual se agrava en determinadas situaciones socioeconómicas, es decir, con la población marginada. La tendencia de abuso policíaco es dirigida principalmente a grupos socialmente vulnerables: indigentes, homosexuales, trabajadores y en general es ejercido sobre los más pobres y discriminados.
Construir un modelo de seguridad pública que no socave los derechos humanos implica reconocer que los modelos oficialistas de seguridad representan puntos de vista que limitan la visión del problema, y que las políticas del concepto de ‘mano dura’ se traduce en el despliegue de espectaculares, publicitarios e ineficientes operativos policíacos, que terminan siendo contrarios a la protección de los derechos humanos.
La fórmula más efectiva es respetar y garantizar los derechos económicos, civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales a todas las personas. Las sociedades más seguras son aquellas en las que hay menos pobreza y se distribuye la riqueza de manera más equitativa, las que brindan a toda la población educación, salud y servicios básicos, las que registran menor índice de desempleo: las que mantienen estrictos mecanismos de control hacia los poderes del Estado, y que no permiten la corrupción.
Ante la sensación de inseguridad, de los índices delictivos y de las políticas erráticas para combatir la delincuencia, la seguridad se ha convertido en uno de los principales reclamos de la sociedad pero hoy vemos que lo que algunos proponen, medidas represivas, más facultades y poderes a las policías y, fundamentalmente, medidas dirigidas a discriminar contra grupos socialmente marginados y excluidos, lo que hace es precisamente multiplicar exponencialmente el sentimiento de inseguridad. Lo único seguro es que estamos inseguros inclusive ante la policía y el gobierno coautor de sus programas represivos.
Hay una aparente disyuntiva entre los derechos humanos y la seguridad pública como define la política pública.
El ataque contra los derechos democráticos y la ampliación de poderes policiales en los Estados Unidos tiene vínculos directos a la intensificación de las tensiones sociales y a la creciente polarización económica. El desempleo, la pobreza, las viviendas de calidad inferior y las reducciones en los servicios gubernamentales aumentaron estrepitosamente.
El 24 de abril de 1992, Los Ángeles estalló en protesta contra el juicio de los cuatro agentes de la policía responsables por la paliza que Rodney King había sufrido. Protestaban la larga historia de abusos cometidos por el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD). Los motines llegaron a ser entre los más serios en la historia de los Estados Unidos. Produjo más bajas, 54 muertes y 2,000 heridos, que todo otro desorden civil desde la Guerra Civil.
Los abusos cometidos por agentes de la policía en Puerto Rico han sido más violentos y descarados y la causa no se le puede atribuir a la capacitación inadecuada o la presencia de ‘unos pocos policías malos’ en un mar de agentes que, en su inmensa mayoría, obedecen las leyes. Nuestro sentimiento de inseguridad tiene mucho que ver, además, con la ruptura de la comunicación interpersonal o intergrupal, con el estilo de vida anti comunitario que impera en nuestra sociedad. La persistencia y la penetración del abuso policiaco tienen que, por necesidad, reflejar las condiciones económicas y sociales, es decir, el estado actual de las relaciones entre las clases sociales. El abuso policiaco es sencillamente un fenómeno social objetivo profundamente arraigado en la estructura socioeconómica, y que de alguna manera macabra es producto de la política pública.
En cuanto al sistema de control de las actuaciones policiales, es esencial la necesidad, en un Estado de Derecho, de mecanismos efectivos de control que permitan, no sólo mejorar su eficacia, sino también proteger al ciudadano de los abusos de la institución policial.
En general, las encuestas de opinión pública indican un desempeño ineficiente en la lucha contra la criminalidad, la existencia de prácticas autoritarias, corruptas y violatorias de los derechos humanos, y una falta de credibilidad en la institución policial, que se traduce demasiado a diario en tendencias represivas.
El modelo de seguridad urbana que se propone ha de venir acompañado de un replanteamiento de la ciudadanía y por tanto de la ciudad. Una política de seguridad que, sin olvidar la prevención, atienda a las causas del creciente sentimiento de inseguridad.
El reto, ¿queremos caminar en materia de seguridad hacia un modelo de ciudad como Los Ángeles, una ciudad dividida en guetos (barrios pobres) y ‘bunkers’ (barrios ricos), llena de espacios intransitables, donde todo el mobiliario urbano está pensado para ahuyentar al vagabundo y donde los centros comerciales más modernos se construyen siguiendo el modelo de cárcel, o optamos por un modelo de ciudad abierta, tolerante con las diferencias, sin zonas prohibidas, en la que se potencia la identidad de barrio y el contacto entre individuos, a través de zonas peatonales y actividades en las calles?
Para poner eficazmente en práctica la gestión policial comunitaria, la policía tiene que involucrarse en seis pasos esenciales y cambios en su papel, función y organización. Tienen que:
Descentralizar la autoridad y aumentar su responsabilidad de modo que los servicios que proveen a la comunidad sean beneficiosos tanto para la policía como para los ciudadanos;
Mejorar la burocracia de la policía al transformar sus funciones de mantención de registros y conteo de incidentes a funciones de identificación y análisis de problemas;
Reformar la cultura institucional de la gestión policial cambiando los símbolos, el lenguaje y la filosofía de la propia policia;
Proveer acceso y aporte a las funciones normativas de la policía al alentar la participación y revisión de parte de los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones;
Proveer al personal de la policía acceso al proceso normativo de las autoridades locales y un papel activo en la toma de decisiones de las autoridades locales que afectan al servicio de la policía en la comunidad;
Recalcar y poner en vigor sistemas que aseguren la calidad, el mantenimiento de la integridad institucional y personal, y un trato justo y equitativo de los ciudadanos.
Una función de auditoria externa independiente resulta esencial para garantizar la rendición de cuentas por la utilización de fondos públicos en una sociedad democrática moderna. Una auditoria civil para que los vecinos puedan ser los ojos y oídos del Gobierno, un sistema de control de los vecinos sobre todos los temas de interés comunitario. El objetivo a largo plazo es crear ciudadanos que sean capaces de aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, y supervisen la gestión policial comunitaria como un proceso de mayor participación en la información por parte de la policía y la comunidad, y como un método para cambiar a la policía y el servicio que presta a la comunidad.
Redefinir la función tradicional de la policía de combatir la delincuencia, a definiciones más amplias de su función, cambios de función que surjan de una presunción de que la policía desarrolle una afinidad mayor hacia las comunidades en que operan. Tal mejora en la identificación de los funcionarios policiales con una comunidad local resultará en una mayor comunicación entre la policía y la comunidad y una empatía que, a su vez, producirá una respuesta policial más adaptada a la comunidad.
Fuentes compatibles
http://www.insyde.org.mx/IMG/pdf/Libro_indice_capitulos.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/112/11204309.pdf
http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1197/ijds/greene.htm
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/ensayo_7.pdf
lunes, 13 de agosto de 2007
En lo que el hacha va y viene-dos.
Justicia y realidad. Según Goethe, la ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. El código de leyes promulgado por Hammurabi hace más de tres mil años, precisamente en lo que hoy conocemos como Irak, posee los principios de justicia que han sido objeto del reconocimiento de casi todas las sociedades humanas: protección jurídica de los pobres, y, restricciones para los poderosos, a fin de que no puedan oprimir a los más débiles.
La Carta Magna, en 1215, planteaba sin ambages: ‘No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia.’ Ocho siglos han pasado de la firma de dicho documento que presagiaba el comienzo de la era constitucionalista y los derechos ciudadanos y aún para superar los problemas actuales y velar por la mejora de las condiciones económicas, sociales y ambientales, debemos comenzar por reconocer las dificultades a que nos enfrentamos y como muchos de estos son producidos o agravados precisamente por las graves deficiencias de justicia y sistemas antagónicos con la realidad de un mundo de seres humanos con derechos iguales.
Los problemas más graves a que se enfrentan los pueblos, comprenden la escasez de recursos financieros, la falta de oportunidades de empleo, el aumento del número de personas sin hogar, el incremento de la pobreza y el desequilibrio creciente entre ricos y pobres, el aumento de la inseguridad y de los índices de delincuencia, las deficiencias y el deterioro del patrimonio de viviendas y de los servicios e infraestructuras, la falta de instalaciones sanitarias y docentes, el uso indebido de la tierra, la inseguridad en la tenencia, la creciente congestión del tráfico, el aumento de la contaminación, la falta de zonas verdes, las deficiencias en el abastecimiento de agua y el saneamiento, la falta de coordinación del desarrollo urbano y la creciente vulnerabilidad a los desastres. Los altos índices de migración internacional e interna y el crecimiento de la población sumada a las pautas insostenibles de consumo agudizan particularmente esos problemas. En las ciudades y los pueblos de todo el mundo, grandes sectores de la población viven en condiciones deficientes y padecen graves problemas, inclusive de orden ecológico, que se ven agravados por la falta de capacidad de planificación y gestión, la falta de inversiones y tecnología, la movilización insuficiente y la asignación incorrecta de recursos financieros, además de la escasez de oportunidades sociales y económicas.
“De acuerdo al Informe del Desarrollo Humano publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1997, a nivel global las disparidades continúan reforzándose aceleradamente. El 20% más pobre de la población paso de controlar el 2.3% de los ingresos globales en 1960 a controlar solo el 1.1% de esos ingresos en 1996. La proporción entre el ingreso del 20% más afluente en comparación con el ingreso del 20% más pobre paso de ser de 30:1 en 1960 a 61:1 en 1991 y 78:1 en 1994. Lo que significa que el proceso continúa acelerándose.”[1]
Existen más de mil millones de personas que viven en condiciones de absoluta indigencia. Esto debe leerse como un hecho moralmente inaceptable, pero también como el signo de una ilegitimidad jurídica profunda. Hoy 1500 millones de personas en el mundo no pueden gozar del privilegio del agua potable y la ONU afirma que para el año 2025 la demanda de agua potable será el 56% más que el suministro.
Necesidades ambientales en el Caribe y Puerto Rico.
“Dada la diversidad geográfica, cultural y socioeconómica del Caribe, los países de esta región presentan una variedad de problemas ambientales. La deforestación es el problema ecológico principal en Haití, la pérdida de los suelos fértiles debido a la erosión es un problema muy serio en República Dominicana, la contaminación de los acuíferos es muy frecuente en Puerto Rico, la destrucción de los recursos costaneros como manglares, corales y playas es un fenómeno común en las Antillas Menores. Los recursos pesqueros han disminuido con la contaminación de las aguas litorales y la sobrepesca, los mejores terrenos agrícolas se han perdido por su reclamación para ser urbanizados. El deterioro ecológico abarca zonas urbanas como las de la Habana Vieja, Kingston, Santo Domingo o San Juan.
La extinción de las especies vegetales y faunísticas es otro problema que abarca a casi todos los países caribeños. La diversidad faunística de Costa Rica, México, Trinidad y Venezuela está siendo amenazada con la destrucción de los bosques. La disecación de lagunas hipersaladas es un problema registrado en la laguna de Oviedo en Santo Domingo, La Bahía de Jobos en Guayama, Puerto Rico y la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas en Cuba. Esta situación se repite con frecuencia en las zonas estuarinas de las Antillas Menores.
Algunos problemas de carácter local conciernen a la contaminación por mercurio que causan algunas industrias en Puerto Rico, el deterioro del paisaje rural que causa la explotación de la bauxita en Jamaica, la pérdida que produce la extracción de las arenas sulfurosas de Trinidad, la destrucción del habitáculo natural que consigo trae la canalización de los ríos de Costa Rica, la contaminación de los cenotes de Yucatán, México y su eventual salinificación. La contaminación que producen los deshechos domésticos es frecuente en las zonas pobres de la ciudad de Santo Domingo y Caracas, la desertificación es un problema que puede apreciarse tanto en Haití como en la isla de Vieques, Puerto Rico.
El Caribe en su conjunto, comparte una serie de problemas ecológicos de mayor escala como lo son la pérdida por la erosión de los recursos playeros, la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la alteración de los ciclos naturales de reproducción de especies. En las zonas urbanas suelen coincidir el deterioro del espacio urbano con los problemas sociales de la criminalidad, drogadicción, prostitución, etc. La lluvia ácida no es un caso raro en ciudades como Ciudad de México, Caracas, Santo Domingo o San Juan. De hecho, los niveles de emisión de contaminantes tales como el monóxido de carbono, ácido sulfúrico y óxido de azufre son altos en relación a los estándares establecidos. La mayoría de nuestras ciudades poseen niveles de reflexión de energía bastante elevados, lo que produce temperaturas más altas que lo usual. En San Juan, por ejemplo, la temperatura promedio anual es en la actualidad de 3º F más elevada que en el 1940.”[2]
Según Carl Axel Soderberg, director de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) "Puerto Rico tiene una huella ecológica que es dos veces más grande que Cuba. Eso significa que necesitamos que Puerto Rico sea una isla 26 veces más grande de lo que es, para ser sustentable", declaró el funcionario federal. La huella ecológica es lo que los estudiosos definen como el área del terreno impactada principalmente por construcciones. De manera, que ello implica que el área de Puerto Rico que ha sido objeto de algún tipo de desarrollo es proporcionalmente mayor a lo que los científicos consideran sería lo apropiado. Según el Director de EPA, eso se debe a que Puerto Rico es el segundo país del hemisferio americano con mayor densidad poblacional y el número once del mundo. Eso unido al hecho de que cada familia quiere obtener una vivienda y que preferiblemente sea una casa con patio en lugar de un apartamento, hacen que la tierra se vaya reduciendo. Soderberg explicó que unido a ese hecho, el país enfrenta tres grandes problemas ambientales en los próximos años: la contaminación del agua dulce que es la fuente para el consumo humano, el inadecuado manejo de los desperdicios sólidos y la pérdida del hábitat natural. Dijo que Puerto Rico tiene que decidirse a eliminar las fuentes dispersas de contaminación en los cuerpos de agua dulce. Resaltó que no es recomendable para ningún país tener el 40 por ciento de sus posibles fuentes de abasto contaminadas como en la actualidad. "Puerto Rico tiene la jurisdicción con menos agua en todas las Antillas, con la excepción de Haití, según datos de la UNESCO", aseveró.[3]
La evolución de la sociedad necesariamente implica la evolución del derecho, el cual debe regular aquellas áreas que se presentan como necesidades en la comunidad. Es por eso que el derecho debe prevenir las consecuencias del uso indiscriminado de ciertas figuras jurídicas y, respondiendo a la nueva conciencia social, debe procurar la creación y aplicación de recursos jurídicos que tutelen esas necesidades.
El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. La mayoría de los problemas ambientales de Puerto Rico no se deben a la falta de normas en nuestro ordenamiento jurídico. Estados Unidos es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de legislaciones ambientales y Puerto Rico le ha seguido los pasos creando toda una gama de legislación ambiental e inclusive elevando la conservación del ambiente a un rango constitucional como dispone la sección diecinueve del artículo IV de la Constitución del E.L.A.: “Será la política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”.
En las ciudades la basura lleva siendo un problema casi desde el origen de éstas, debido a la alta densidad de población y al hecho de arrojar la basura a las calles. Esto ha producido la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia enfermedades catastróficas para el hombre como la peste. Un mal sistema de gestión de las basuras, producirá un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo.
En Puerto Rico se generan cerca de 9,000 a 10,000 toneladas de desperdicios sólidos diariamente, el problema con la disposición de la basura en Puerto Rico es de tal magnitud que para el 2015 apenas habrá 13 vertederos abiertos, ya que el resto se tendrá que cerrar por haber alcanzado su vida útil pero apenas el 13 por ciento de esta cantidad es desviada de los basureros mediante el reciclaje.
La deforestación, reducción del ozono en la atmósfera, aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero, la erosión y desertificación, y las extinciones de especies son ejemplos de los impactos globales del ser humano. La deforestación no es lo mismo que la degradación forestal, que consiste en una reducción de la calidad del bosque, aunque ambos procesos están vinculados y producen diversos problemas. Pueden producir erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. Reducen la biodiversidad, lo que resulta sobre todo significativo en los bosques tropicales, que albergan buena parte de la biodiversidad del mundo. Puerto Rico sufrió gran deforestación cuando la sociedad era agrícola. Quedan al presente 3,400 hectáreas de bosques primarios, de los cuales 2,200 hectáreas se encontraban en las montañas de Luquillo, mientras que el resto estaba en el Bosque Carite, Toro negro, Maricao y áreas de poca accesibilidad ubicada mayormente en fincas privadas. La deforestación de Puerto Rico fue de 95% de su cubierta forestal adicional. La pérdida del hábitat de las casi 3,000 especies de plantas originales de Puerto Rico se ha visto fuertemente amenazada por una deforestación muy acelerada. El bosque, como ecosistema, puede constituirse en un bien jurídico tutelado en sí mismo, ya que éste tiene por objeto al ambiente, que contiene como una de sus instancias, precisamente, al bosque. El mismo debe protegerse por su función a favor del interés social, por su capacidad de regular el clima, preservar los suelos, conservar las cuencas hidrográficas, etc.
La reducción de biodiversidad es una consecuencia directa del desarrollo humano y el uso inadecuado de los ecosistemas además de perturbar su funcionamiento también implica un costo. La conservación de la diversidad biológica supone una labor activa que procure satisfacer las necesidades de recursos biológicos de la población al mismo tiempo que se asegura la sostenibilidad a lo largo del tiempo de la riqueza del planeta.
El Caribe ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a la biodiversidad. Existen 668 especies de aves y 148 de ellas son endémicas de la región. Sin embargo, la conservación de la biodiversidad no constituye una prioridad. Puerto Rico cuenta con una serie de ecosistemas frágiles cuyas especies son susceptibles a extinciones locales. Puerto Rico tiene una diversa y abundante fauna de anfibios. Cuenta Puerto Rico con 23 especies, las cuales forman una parte importante de su herpetofauna (fauna de anfibios y reptiles). De estas 23 especies, 18 son nativas y 16 son coquíes. Los anfibios, por su serio problema de la pérdida continua de agua están limitados mayormente a lugares húmedos y casi todos son exclusivamente nocturnales.
En los últimos 20 años Puerto Rico probablemente ha perdido tres especies de coquíes, el Coquí Dorado, el Coquí de Eneida y el Coquí Palmeado, sin duda alguna, tres de las especies más interesantes de nuestra isla.
“De todos los bosques del mundo son los del trópico los que han sufrido una mayor destrucción en los últimos años. En esta zona la sierra mecánica y el fuego han causado estragos (Myers, 1991). Cuando el bosque desaparece, también lo hacen las especies que en él viven, probablemente hoy a un ritmo de varias docenas al día.
El bosque tropical es la más hermosa celebración con que la naturaleza ha embellecido la superficie del planeta. Su diversidad biótica es legendaria. Aunque a diario nos beneficiamos de la existencia de los bosques tropicales, también a diario contribuimos a su destrucción y junto con ésta, a la pérdida de su riqueza biológica (Myers, 1991).
En los humedales la tierra se confunde con el agua, salada o dulce. Cubren cerca del 6% de la superficie terrestre. Los humedales son el hábitat natural de una rica variedad de vida silvestre, en especial aves, peces e insectos. Muchas personas ignoran la importancia de los humedales, considerándolos a veces como áreas baldías.
Los desecan para lograr espacios deportivos y tierras de labor. Hay muchas especies en peligro de extinción que dependen de estas áreas (Walker, 1995).
La introducción de especies provoca muchas extinciones, especialmente en las islas. En estos ecosistemas aislados, un nuevo depredador competidor, o agente patógeno, puede poner en peligro rápidamente a especies que no pueden desarrollarse conjuntamente con los intrusos. En Hawaii, por ejemplo, unas 86 especies de plantas introducidas amenazan la biodiversidad nativa; una especie de árbol introducida ha desplazado a más de 30,000 acres de bosques nativos. Esta situación la tenemos aquí en Puerto Rico, en La Isla de Mona donde la introducción de cabras y cerdos ha puesto en peligro a la iguana, un animal que está en estos momentos en peligro de extinción.
Las especies introducidas pueden ser desastrosas para las poblaciones de animales y plantas nativas que no están equipadas para competir con las llamadas especies exóticas. Aún las especies exóticas introducidas con fines beneficiosos, por ejemplo, las mangostas importadas a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes para el control de las ratas, han diezmado las poblaciones de aves y serpientes nativas.”[4]
A medida que el planeta se calienta, los cascos polares se derriten. Además el calor del sol cuando llega a los polos, es reflejado de nuevo hacia el espacio. Al derretirse, menor será la cantidad de calor que se refleje, lo que hará que la tierra se caliente más. El calentamiento global también ocasionará que se evapore más agua de los océanos. El vapor de agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá un mayor calentamiento. “No estamos hablando de cosas que van a pasar. Son cosas que están pasando", insistió Edwin Hernández, especialista en corales. Afirmó que los corales atraviesan por una catástrofe ecológica y los daños de los cambios climáticos se han sentido ya en aves y anfibios como varias especies de coquíes….Las recomendaciones incluyen redefinir la zona marítimo terrestre hasta donde lleguen las olas de alta peligrosidad, implantar el Puerto Rico State Action Plan to Reduce GreenHouse Gas Emissions, de 1999, en las guías gubernamentales como el Plan de Uso de Terrenos y el Plan de Aguas. Adquirir o proteger el 25 por ciento del territorio del país en 10 años y aplicar los principios de cero descargas y emisiones en el restante 75 por ciento. Además, de mantener al menos el 50 por ciento de cobertura forestal y vedar el 25 por ciento de la plataforma insular a la pesca. Así como conservar y mantener el potencial en los suelos agrícolas…Pidieron proteger la biodiversidad terrestre y marina, promover la restauración y desarrollo de bosques urbanos, aluviales y costeros y garantizar la claridad y calidad de las aguas costeras…El economista José Alameda advirtió durante la rueda de prensa que las proyecciones son que para el año 2050 haya pérdidas de hasta $7 mil millones a causa del calentamiento global y que haya una caída de hasta un 20 por ciento de la economía mundial.”[5]
“El calentamiento global es un gran problema y Puerto Rico no está exento de sus devastadoras consecuencias que mantienen en alerta al mundo. Somos, además, un país cómplice del daño ambiental irreversible que ya sufrimos los seres humanos y la naturaleza en nuestro hogar: la Tierra. Una foto de satélite demuestra cómo Puerto Rico, siendo una isla de apenas 100 x 35, brilla más de noche que ciudades cosmopolitas en otros lugares de la cuenca caribeña. Este dato refleja el alto consumo de electricidad generado en las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de las cuales una porción significativa va directamente a la atmósfera.
Datos suministrados por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) apuntan que en Puerto Rico, para el 1994, cada persona producía al año 11.6 toneladas de gases que causan el efecto de invernadero. Para aquel entonces, esa cifra representaba 300 por ciento más que el promedio mundial y 450 por ciento más que el promedio para países de América Latina y el Caribe. A nivel Isla, para el 1994, Puerto Rico generaba 33.79 toneladas de gases de invernadero y la proyección es que para el 2010 esa cifra se elevará a 44.46 toneladas al año. Gráficas del 1994 ilustraron, además, que de esas 33.79 toneladas de gases de invernadero, sólo 4.6 eran asimiladas por los bosques de Puerto Rico. El remanente se fue directamente a la atmósfera contribuyendo al daño.
“Puerto Rico está aportando al problema del calentamiento global porque la Isla tiene más automóviles por millas de carreteras que muchos otros países y quema un billón de galones de gasolina al año, lo que es más que toda la gasolina que queman siete países centroamericanos juntos”, advirtió el director de la EPA en Puerto Rico y el Caribe, Carl Soderberg.”[6]
La principal solución a los problemas ambientales, es la educación ambiental en todos los niveles y sectores de la sociedad. Esta es una herramienta fundamental para lograr un cambio de actitud y de comportamiento en la sociedad, no sólo en los productores sino también en los consumidores de todo el mundo “desarrollar e implantar un plan de educación sistemático y científicamente fundamentado sobre el calentamiento en el sistema educativo, universitario y programas profesionales, de educación continua, a nivel comunitario y administrativo.”[7]
La concepción intencionadamente equívoca del concepto de desarrollo que nos han impuesto, generó los problemas ambientales y sociales que provocaron y lo siguen haciendo, un deterioro de las condiciones de vida de todo ser que habita el planeta.Contaminación de las reservas de agua dulce, desertización de bastas extensiones de tierra otrora fértiles y altos niveles de polución del aire, son algunas de las consecuencias ambientales que lejos de estar siendo paliadas, siguen profundizándose día a día por una autodestructiva inconciencia ecológica.
El percibir que la naturaleza es mucho más que cosas que están para aprovecharlas, el darse cuenta que los seres de la naturaleza comparten la existencia con los humanos, esto es un conocimiento que disuelve al egoísmo orgulloso. Convivir con la naturaleza es algo puro, elevado, luminoso, más allá del egoísmo utilitario. Respetar y admirar lo silvestre es la actitud sana, normal, es una relación saludable con el mundo, con la realidad. Esto es bueno, sin necesidad de que dé resultados rentables, ganancias personales, beneficios.
La realidad ambiental del mundo actual se acerca aceleradamente a un cuadro de desequilibrio ecológico y agotamiento de los recursos naturales. En este contexto cobran importancia cuestiones tales como: el uso intensivo en la agricultura de agroquímicos y productos derivados de la ingeniería genética; el cambio climático y sus efectos sobre la organización económica y social; las diversas formas de explotación y preservación de los recursos naturales (entre ellas, el uso de las matrices energéticas y particularmente de los recursos hídricos, el tratamiento de los desechos nucleares y otros residuos industriales, la regulación de las actividades en el océano y otros espacios considerados patrimonio de la humanidad).
Todos éstos son temas relevantes en el escenario internacional contemporáneo y enfrentan a las grandes potencias, a los países intermedios y subdesarrollados, a los organismos internacionales y a las empresas transnacionales. También participan, en número creciente, organizaciones y movimientos sociales de diferentes países que están descubriendo nuevas y positivas formas de acción solidaria internacional y que adquieren cada vez mayor protagonismo político modificando radicalmente el mapa de alianzas sociales. En los últimos años diversos sectores urbanos también se expresan contra la urbanización desenfrenada y desregulada y sus efectos perversos sobre el ambiente.
Existe una tensión permanente entre la demanda por una justicia social y la necesidad de protección ambiental, la mayoría de soluciones sugeridas para lograr una calidad medio ambiental tienen, directa o indirectamente, efectos adversos sobre los pobres y los sectores de bajos ingresos económicos. No existe una justicia ambiental en cuanto a la distribución de los beneficios entre las personas y grupos afectados por las decisiones y acciones en torno al medio ambiente.
La tendencia en los próximos 25 años se orienta a una mayor concentración urbana: el 80% de la población mundial vivirá en grandes ciudades. Las grandes ciudades son pobres, debido a que más del 60% de los habitantes tienen sus necesidades básicas insatisfechas.
“Vivimos un momento histórico en que los peores problemas que enfrenta la humanidad y que tienen un impacto directo en el estado de salud de la población - el constante crecimiento de la pobreza; la agudización de las disparidades y el creciente deterioro ambiental - tienen un común origen en el modelo político-económico prevalente. Las ciudades, por constituir la expresión física de las sociedades que las construyen y de las interacciones políticas, sociales y económicas de sus habitantes, reflejan estos desequilibrios y se manifiestan como ciudades excluyentes y segregadas.”[8]
La ciudad no es un ente individual, está unido a un contexto, donde los componentes que la hacen vivir son los del medio ambiente: el aire, la tierra, el agua, el sol, la flora, la fauna, el ser humano, etc. No podemos seguir pensando de una manera segmentaria, es eminente que estamos viviendo un cambio de paradigma y este paradigma integrador, holístico, nos muestra cómo para cada acción hay una reacción y todo en el mundo depende de algo. Debemos ver a la ciudad como una parte integral del medio ambiente. Tenemos que cambiar la manera de pensar de los seres humanos y llevarlos a entender que los recursos son finitos, que tenemos obligatoriamente que convertir ese consumo lineal en un consumo cíclico, implementando el reciclaje, la renovación, la restauración, reuso, y recuperación.
“El siglo 21 se inicia con la mitad de la población del mundo viviendo en áreas urbanas, proporción que llegara al 75% en el 2025. Por otra parte, se espera que el 90% del crecimiento poblacional se produzca en áreas urbanas. Esta es una buena noticia si se considera que las ciudades constituyen centros de concentración de riqueza, de capacidades de producción y de creatividad. Están en la mejor posición para satisfacer las necesidades de la población en materia de servicios básicos dado que gracias a la concentración de la población, estos se pueden producir de mejor calidad y a menor costo. Además, es en las ciudades, donde la población tiene las mejores posibilidades de organizarse para ejercer sus derechos. Paradójicamente, es en las ciudades donde se concentra la pobreza, donde las disparidades son mas violentas y donde la salud de los individuos, especialmente de los pobres se ve mas amenazada… el hecho de que la mayor parte del crecimiento poblacional urbano ocurrirá entre los pobres en las ciudades...”[9]
Resulta imprescindible redescubrir cuáles son las necesidades básicas y vitales de los seres humanos: seguridad, sobrevivencia, casa, alimentos, libertad, creatividad, ocio, participación, identidad cultural, afecto y solidaridad. Hoy las ciudades no garantizan esto; tal como son, hoy están imposibilitadas. Es necesario diferenciar crecimiento y desarrollo. Hoy nos enfrentamos a un crecimiento de las cosas y no de las personas. Las ciudades deben ser repensadas. Deben mirarse los buenos ejemplos y experiencias, como el de Estocolmo, una ciudad grande pero donde el barrio sigue siendo vivible desde la infancia hasta la vejez. Debemos trabajar por ciudades para la gente, no solo para los autos y para el comercio.
Estamos viviendo una gran incapacidad histórica: no haber aprendido todavía la virtud de una sociedad fundada en el mutuo acuerdo y el bien común. Es francamente inaceptable que se utilicen los instrumentos del Estado para atentar contra grandes sectores del pueblo para beneficiar a las minorías más privilegiados.
Justicia y equidad ambiental en Puerto Rico: un caso actual. No basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la falsedad.-Aristóteles. La justicia ambiental se inspira en el principio que reconoce a todos los seres humanos los mismos derechos de acceso e idénticas opciones a los beneficios de la oferta ambiental y cultural. Nuestro ambiente es puertorriqueño, lo que significa que es para los puertorriqueños, o ¿de qué se trata…?
“…hablar del binomio ecología y ciudad significa, entre otras cosas, referirse a la urbe como sumidero de recursos energéticos y materiales y como artefacto productor de desechos, hablar de ciudadanía, de autosuficiencia y de libertad en relación con el fenómeno urbano significa principalmente reflexionar sobre los procesos de toma de decisiones mediante los cuales se generan esos flujos de energía, materia y recursos cuya cristalización configura en cada momento la calidad del entorno inmediato en el que viven los ciudadanos. Significa, en suma, constatar una vez más que, para entender la dialéctica entre ecología y ciudad, es imprescindible ligarla con la reflexión sobre el poder. Son numerosos los males que nos aquejan en este ámbito específico, el de la ciudad como escenario de las estrategias de poder, pero a la hora de caracterizarlos bajo un epígrafe común, tal vez cabría señalar precisamente como el principal de ellos la creciente disociación entre los procesos de construcción de la ciudad y las necesidades y deseos reales de los ciudadanos que la habitan.”[10]
San Juan, como toda ciudad, es un resultado de las estructuras sociales de las circunstancias históricas, un producto de las contradicciones y conflictos sociales de cada momento histórico. Nos ubicamos, por tanto, permanentemente en la dialéctica entre el ser y el deber ser de lo urbano. En este cuestionamiento es que se ubica el estado actual de Paseo Caribe, en este cuestionamiento que al parecer apunta que no debe ser aunque actualmente es.
“La zona costera está sujeta a una reglamentación muy especial. Si esta reglamentación se implementara de forma estricta, las condiciones ambientales de nuestras costas se encontrarían en mejor estado y los puertorriqueños podrían disfrutar de estos recursos sin barreras ni perjuicios contra su vida, propiedad y bienestar. La reglamentación ambiental no busca prohibir actividades ni limitar los derechos de los individuos a la propiedad privada; en cambio promueve el uso adecuado de los recursos y la armonía entre las actividades humanas, económicas y sociales. Las actividades en la zona costera no están prohibidas, según se desprende del análisis de los reglamentos aplicables, pero sí son limitadas por lo complejo y sensitivo del ecosistema de la zona.”[11]
Hoy con miles de interrogantes válidas sobre su génesis, Paseo Caribe igualmente encara otro reto, inclusive hasta más formidable, esa mole según propuesta, esa mole para quienes está propuesta, esa mole es abiertamente y absolutamente incompatible con las nociones de justicia ambiental y de desarrollo sustentable, abiertamente y absolutamente incompatible con nuestras necesidades urbanas, en fin, es simplemente antipuertorriqueña. Siendo así, inclusive más allá de la laguna profunda de dudas y sospechas jurídicas que la rodea, hay un razonamiento ulterior que pide a gritos, exige, restitución de los valores en riesgo, reconstrucción dentro de una filosofía totalmente diferente y esto significa desconstrucción del disparate.
“El reto que debe proponerse el urbanismo como ámbito de reflexión e intervención es, pues, el de articular formas, medidas, pautas y metodologías para la recuperación de la ciudad como construcción verdaderamente colectiva.”[12]
En estos momentos los hombres se definen, las instituciones se quitan las máscaras y revelan su verdadero rol, este es uno de esos momentos, flaquear es simplemente inaceptable, titubear es solo muestra de debilidad y sucumbir ante las presiones de dinero, francamente abominable. A desconstruir el disparate, a reconstruir el patrimonio y construir un futuro proyecto para todos los puertorriqueños, el reto es claro.
[1] http://habitat.aq.upm.es/boletin/n8/axbarra.html
[2] http://www.lexjuris.com/revista/opcion1/20002do/lexambiental.htm
[3] www.fundacionsustentable.org/article1714-Difícil-el-desarrollo-sustentable-en-Puerto-Rico.html
[4] http://www.ceducapr.com/perdidabiodiversidad.htm
[5] http://www.colegiodeagronomos.com/not_detail.asp?noticiaid=3905
[6] http://www.primerahora.com/XStatic/primerahora/template/supnota.aspx?n=54616&ms=calentamiento
[7] http://www.colegiodeagronomos.com/not_detail.asp?noticiaid=3905
[8] http://habitat.aq.upm.es/boletin/n8/axbarra.html
[9] http://habitat.aq.upm.es/boletin/n8/axbarra.html
[10] http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/acver.html
[11] http://www.lexjuris.com/revistaponce/volumenes/vol-42/La%20planificacion%20y%20el%20derecho%20en%20la%20Zona%20Costera.htm
[12] http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/acver.html
lunes, 6 de agosto de 2007
En lo que el hacha va y viene: ponderaciones sobre la construcción, desconstrucción y reconstrucción.
A veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas. Marcel Proust
Introducción- En búsqueda de un discurso de justicia urbana.
El reto para los arquitectos es desarrollar edificios que incorporen tecnologías sostenibles, reduciendo así la contaminación -Richard Rogers, Cities for a small planet, 1997.
En torno a las controversias que han surgido por el proyecto Paseo del Caribe he sentido la necesidad de publicar unas cuantas intervenciones. Mayormente el temario se ha visto influenciado por planteamientos relacionados a los aspectos jurídicos subyacentes y relacionados necesariamente a la valorización histórica de los predios asociados al Fortín San Jerónimo. Sin ser perito ni ducho en las materias abordadas he permitido que mis interrogantes me sirvan de guía en la redacción y en el análisis sugerido.
Hoy me parece que en espera del documento que se produzca de la experiencia del Tribunal de Pueblo, donde ciertamente pude escuchar muchas de mis aseveraciones, planteadas mediantes voces de autoridad y sustentadas con hechos y exposiciones doctrinales compatibles, debo aprovechar el breve intermedio para dirigirme al asunto desde otras perspectivas donde nuevamente con atrevimiento plantee argumentos basado más en mi curiosidad que en conocimiento de facto. Me encantaría estimular aportaciones de verdaderos especialistas y conocedores tales como arquitectos y teóricos urbanos. Vamos al mambo.
Bases para una metodología analítica del urbanismo en Puerto Rico.
En 1991, el libro 'Green Architecture. Design for a sustainable future.' expresa admirablemente una concepción de la arquitectura verde como un núcleo de ideas sólido en torno al cual pueden gravitar armónicamente todas las tendencias. Este esfuerzo de síntesis y de recapitulación, se plasma en seis principios generales hacia cuyo cumplimiento deberá tender toda propuesta arquitectónica para ser realmente verde:
Ahorro energético a lo largo de todo el proceso desde la obtención de los materiales hasta la demolición.
Adecuación al clima.
Ahorro de recursos a lo largo de todo el proceso.
Respeto a lo usuarios.
Respeto por el lugar.
Integración de todos los principios dentro de un enfoque holístico.
Dentro del objetivo de la búsqueda de una normativa o tal vez mejor dicho una filosofía que, ocupando un lugar importante el perfeccionamiento y la puesta a punto de una amplia batería de instrumentos metodológicos y conceptuales, permita dilucidar dentro de umbrales razonables cuáles son las propuestas e iniciativas a las que se puede aplicar con cierta legitimidad el calificativo de ‘sostenibles’, y que nos sirva para enjuiciar lo que se refiere a la intervención sobre el suelo y los espacios, generando información que pueda servir realmente como base para la toma de decisiones conscientes.
Al poner de manifiesto los rasgos más característicos de la formulación inicial del paradigma ecológico como fundamental tesis sobre la cual desarrollar nuestra teoría analítica de entrada podemos sin dudas suponer su carácter fundamentalmente antiurbano. En otras palabras aunque parezca un juego de palabras necesariamente los ejercicios deben ser conducentes a como proponer la construcción desde una óptica minimalista, propuestas que se acomoden a los valores existentes a la vez sugiriendo el menor de las transgresiones al ambiente posible: hacer más con mucho menos, como el equivalente de lo que tal vez podríamos llamar justicia o equidad ambiental.
Reflexiones sobre experiencias contemporáneas asociadas a la arquitectura y el urbanismo: en búsqueda de una nueva estética urbana.
Aparte de las noticias titulares asociadas a Iraq, región que goza de uno de los más largos recuentos históricos de la humanidad, nos hemos enterado de temas secundarios pero lo bastante significativos, aunque se me tache de frívolo por preocuparme de la estética en estas circunstancias. Nos hemos enterado, por ejemplo, de la indecente calidad arquitectónica y ambiental de los edificios institucionales y las residencias oficiales iraquíes. Son conjuntos abominables, al margen de cualquier cultura, de cualquier idea de confort y de modernidad, una exacerbación de eso que para abreviar llamamos mal gusto. Los edificios se asemejan a los grandes disparates de Las Vegas. Cuando las cámaras de televisión penetran en los grandes salones, el panorama es todavía más deprimente: espacios siniestros, inexpresivos, que presumen recordar los teatros de ópera. ¿Cómo puede ser que una tradición cultural tan fuerte y variada haya caído en un mal gusto que ni siquiera es provocador?
En España, paraíso de los arquitectos, son incontables los ejemplos de la tiranía de la estética construccionista donde por vanidad y por interés, gastan sumas fabulosas en edificios diseñados en busca de notoriedad.
Desde la construcción de la Ópera de Sidney (1959-1973) ocurre esto. Se busca publicidad, edificios que se conviertan en la seña de identidad de una ciudad, funcionen o no. En el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, las cosas han salido bien, pero no siempre ocurre.
Madrid está casi en el mismo eje del mal gusto que Bagdad. Después de una tradición barroca y ecléctica que dio resultados como el Palacio Real, el Congreso y algunos ministerios, tres edificios oficiales desacreditan el prestigio de la cultura española: La Zarzuela, La Moncloa y el nuevo palacete del Príncipe. El día en que haya que desalojarlos no quedará ningún rastro digno.
La moda de lo llamativo es tan fuerte que condiciona a los arquitectos. El resultado es que en España se están construyendo simultáneamente los mayores disparates y lo imperdonable es que casi siempre es con dinero público o a expensas de espacios de patrimonio público.
¿Será éste también el caso de la recién inaugurada Torre Agbar? Construida por Jean Nouvel -con un coste muy superior a lo presupuestado y notable parecido con la torre erótica de Londres, de Norman Foster-, una estructura de hormigón revestido de aluminio de colores enfundada en una especie de armadura de vidrio y acero.
Todo sea por el arte, ahh, y el dinero.
En el caso de la arquitectura, el paisaje caótico creado por las generaciones actuales, convertido en imágenes y formas grotescas, en volúmenes nuevos de edificaciones que alteran el medioambiente, se vuelve más revelador que en ninguna otra disciplina
La ciudad siempre fue una síntesis de los valores humanos en donde se hacían compatibles y complementarios la norma y la libertad, la individualidad y la comunidad, la identidad y la diversidad, es decir, donde se produce una organización destinada a maximizar la interacción y la integración social, lo que podríamos denominar como ‘a coexistencia’. La ciudad siempre ha sido el lugar, es decir, el espacio físico construido desde y para la dimensión de lo social, sitio del encuentro y del intercambio para el desarrollo de las actividades humanas.
La ciudad ha sido y es el soporte que mejor ha sido capaz de dar satisfacción a las necesidades del hombre, permitiendo el desarrollo de las capacidades humanas, mediante el acceso directo a la innovación, el conocimiento y la diversidad, y por tanto, el acceso inmediato a los otros, a lo diferente.
El aniquilamiento de una colectividad es difícilmente recuperable, cuando imbuidos por fuertes pasiones construccionistas y motorizados por el rapaz egoísmo del capital se propone la destrucción de los antiguos sistemas urbanos y casi siempre se ha acabado de hundir al país arrebatándole incluso los testimonios de su civilización.
¿Cómo construir el futuro sin destruir el pasado?
Los impactos negativos en el patrimonio cultural siguen casi siempre en el olvido en el proceso de planificación, y Puerto Rico es desgraciadamente un excelente ejemplo de esta tendencia. Las grandes obras han tenido impactos negativos significativos en el patrimonio debido a la pérdida de recursos culturales locales y al deterioro de recursos arqueológicos. Estos últimos pueden formar parte de la vida cultural de las comunidades. En la mayoría de los casos no se han tomado medidas para minimizar o mitigar la pérdida de recursos naturales, culturales o arqueológicos. Todos estos eventos han inspirado un movimiento social que desea resguardar el patrimonio comunal y el bienestar histórico de la humanidad.
Intervención irresponsable de empresas y personas privadas, deterioro ambiental, desentendimiento de las autoridades con respecto al problema ambiental, desconocimiento de la comunidad, desgaste moral de los entes y los encargados ministeriales de las labores de defensa patrimonial y ambiental, aumento del interés de la opinión pública que genera activismo, contaminación, degradación del suelo y sus usos, destrucción del patrimonio histórico-cultural: ¿son éstas características necesariamente sinónimo de la gestión moderna?
Irresponsabilidad en la planificación territorial, voluntad política privilegiando la inversión privada sobre el bien común, escasa educación ambiental de la población, falta de participación ciudadana en los procesos urbanos, mala gestión territorial de los recursos. El derecho afectado es el de vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, el respeto a la integridad física de las personas y cultural del pueblo.
¿Hay otros medios alternativos de desarrollo disponibles?
Una de las ideas centrales del proceso de transformación de la Barcelona de nuestros días hace referencia a la sustitución de la vieja idea del expansionismo y de desarrollismo por las nuevas necesidades de la reconstrucción: construir en lo construido, mejorar lo existente, transformar, modificar, rehabilitar, resignificar, subrayar o crear identidades son los objetivos más claros y más inmediatos de la actual política urbanística.
Se trata de un urbanismo estratégico y reconstructivo, apoyado prioritariamente en la formulación del espacio público. Se trata de monumentalizar el espacio público de la periferia para atribuirle un significado urbano y una centralidad, e higienizar sin destruir sus signos de identidad y su testimonio histórico.
El monumento tiene, pues, una doble línea de significación: el contenido rememorativo y la presencia puramente artística, ambos integradores de la memoria colectiva.
La importancia fatua de la fealdad o el significado ulterior de los espacios.
La estética de la ciudad no es una cuestión de belleza o de fealdad, sino de significados. La ciudad ha sido y es la estructura principal de la integración social y política, un enlace funcional entre lo particular y lo general, el individuo y el Estado. La ciudad no es un monumento inerte, sino un organismo que se mueve, que cambia y que evoluciona; y no tiene que ser hecha para los ciudadanos, sino por los ciudadanos.
Actualmente, no obstante, la comunidad original de la ciudad, que tenía un interés incluso afectivo por su figura tradicional, ha quedado reducida. La memoria colectiva ya no es un factor de cohesión: el mismo caudal cultural, patrimonio y fundamento histórico de la comunidad, ya no se siente como propio de la gestión que propone cambios estructurales.
¿Puede aún la ciudad actuar como elemento de integración, como creadora de formas de vida comunitaria?
Ante este cúmulo de problemas, parece que la actuación constructiva y reconstructiva sobre está enmarcada por las siguientes coordenadas:
(re)dotar al espacio público de la función estructuradora del tejido urbano;
crear proyectos urbanos unitarios que tengan la huella personal de su autor;
superponer a las funciones primarias del espacio urbano funciones secundarias (o significativas);
higienizar el centro sin destruir su identidad y su testimonio histórico;
monumentalizar el espacio público para dotarlo de significado urbano y,
(re)construir la ciudad a partir de los barrios.
Conclusión necesariamente parcial.
Resulta obvio que el primer requisito para realizar una arquitectura moderna puertorriqueña es el conocimiento del medio natural y sociocultural en la que se debe ubicar. Los datos de dicho medio resultan esenciales. Es decir, no podemos dejar de situar a la ciudad en el ámbito de lo social y de entenderla no simplemente como un mecanismo físico y artificial sino como una parte de los procesos sociales: lo urbano reproduce en un espacio determinado el nivel de complejidad de la propia sociedad.
Pero ello además nos conduce a no dejar de considerar que también la ciudad es un resultado de las estructuras sociales de cada una de las circunstancias, como un producto de las contradicciones y conflictos sociales de cada momento histórico. Nos ubicamos, por tanto, permanentemente en la dialéctica entre el ser y el deber ser de lo urbano. En este cuestionamiento es que se ubica el estado actual de Paseo del Caribe, en este cuestionamiento que al parecer apunta que no debe ser aunque actualmente es.
Hoy con miles de interrogantes válidas sobre su génesis, Paseo del Caribe igualmente encara otro reto, inclusive hasta más formidable, esa mole según propuesta, esa mole para quienes está propuesta, esa mole es abiertamente y absolutamente incompatible con las nociones de justicia ambiental y de desarrollo sustentable, abiertamente y absolutamente incompatible con nuestra necesidades urbanas, en fin, es simplemente antipuertorriqueña.
Siendo así, inclusive más allá de la laguna profunda de dudas y sospechas jurídicas que la rodea, hay un razonamiento ulterior que pide a gritos, exige, restitución de los valores en riesgo, reconstrucción dentro de una filosofía totalmente diferente y esto significa desconstrucción del disparate.
nota adicional.-La Opera de Sydney es el centro de artes interpretativos más activo del mundo. Si bien su construcción se desarrolló durante los sesenta, la Opera ayudó a instalar el debate sobre el valor de los edificos monumentales. Para algunos críticos, el diseño de Utzon simbolizó la subordinación de la eficiencia funcional a la expresión formal. Aunque el edificio fue frecuentemente comparado con el Taj Mahal, la comparación no siempre fue elogiosa. Admirada por su prominente silueta blanca, la Opera también refleja el interés de Utzon en la plataforma, o podio, como un expresivo rasgo característico urbano.
http://www.arqhys.com/opera-sydney.html
Introducción- En búsqueda de un discurso de justicia urbana.
El reto para los arquitectos es desarrollar edificios que incorporen tecnologías sostenibles, reduciendo así la contaminación -Richard Rogers, Cities for a small planet, 1997.
En torno a las controversias que han surgido por el proyecto Paseo del Caribe he sentido la necesidad de publicar unas cuantas intervenciones. Mayormente el temario se ha visto influenciado por planteamientos relacionados a los aspectos jurídicos subyacentes y relacionados necesariamente a la valorización histórica de los predios asociados al Fortín San Jerónimo. Sin ser perito ni ducho en las materias abordadas he permitido que mis interrogantes me sirvan de guía en la redacción y en el análisis sugerido.
Hoy me parece que en espera del documento que se produzca de la experiencia del Tribunal de Pueblo, donde ciertamente pude escuchar muchas de mis aseveraciones, planteadas mediantes voces de autoridad y sustentadas con hechos y exposiciones doctrinales compatibles, debo aprovechar el breve intermedio para dirigirme al asunto desde otras perspectivas donde nuevamente con atrevimiento plantee argumentos basado más en mi curiosidad que en conocimiento de facto. Me encantaría estimular aportaciones de verdaderos especialistas y conocedores tales como arquitectos y teóricos urbanos. Vamos al mambo.
Bases para una metodología analítica del urbanismo en Puerto Rico.
En 1991, el libro 'Green Architecture. Design for a sustainable future.' expresa admirablemente una concepción de la arquitectura verde como un núcleo de ideas sólido en torno al cual pueden gravitar armónicamente todas las tendencias. Este esfuerzo de síntesis y de recapitulación, se plasma en seis principios generales hacia cuyo cumplimiento deberá tender toda propuesta arquitectónica para ser realmente verde:
Ahorro energético a lo largo de todo el proceso desde la obtención de los materiales hasta la demolición.
Adecuación al clima.
Ahorro de recursos a lo largo de todo el proceso.
Respeto a lo usuarios.
Respeto por el lugar.
Integración de todos los principios dentro de un enfoque holístico.
Dentro del objetivo de la búsqueda de una normativa o tal vez mejor dicho una filosofía que, ocupando un lugar importante el perfeccionamiento y la puesta a punto de una amplia batería de instrumentos metodológicos y conceptuales, permita dilucidar dentro de umbrales razonables cuáles son las propuestas e iniciativas a las que se puede aplicar con cierta legitimidad el calificativo de ‘sostenibles’, y que nos sirva para enjuiciar lo que se refiere a la intervención sobre el suelo y los espacios, generando información que pueda servir realmente como base para la toma de decisiones conscientes.
Al poner de manifiesto los rasgos más característicos de la formulación inicial del paradigma ecológico como fundamental tesis sobre la cual desarrollar nuestra teoría analítica de entrada podemos sin dudas suponer su carácter fundamentalmente antiurbano. En otras palabras aunque parezca un juego de palabras necesariamente los ejercicios deben ser conducentes a como proponer la construcción desde una óptica minimalista, propuestas que se acomoden a los valores existentes a la vez sugiriendo el menor de las transgresiones al ambiente posible: hacer más con mucho menos, como el equivalente de lo que tal vez podríamos llamar justicia o equidad ambiental.
Reflexiones sobre experiencias contemporáneas asociadas a la arquitectura y el urbanismo: en búsqueda de una nueva estética urbana.
Aparte de las noticias titulares asociadas a Iraq, región que goza de uno de los más largos recuentos históricos de la humanidad, nos hemos enterado de temas secundarios pero lo bastante significativos, aunque se me tache de frívolo por preocuparme de la estética en estas circunstancias. Nos hemos enterado, por ejemplo, de la indecente calidad arquitectónica y ambiental de los edificios institucionales y las residencias oficiales iraquíes. Son conjuntos abominables, al margen de cualquier cultura, de cualquier idea de confort y de modernidad, una exacerbación de eso que para abreviar llamamos mal gusto. Los edificios se asemejan a los grandes disparates de Las Vegas. Cuando las cámaras de televisión penetran en los grandes salones, el panorama es todavía más deprimente: espacios siniestros, inexpresivos, que presumen recordar los teatros de ópera. ¿Cómo puede ser que una tradición cultural tan fuerte y variada haya caído en un mal gusto que ni siquiera es provocador?
En España, paraíso de los arquitectos, son incontables los ejemplos de la tiranía de la estética construccionista donde por vanidad y por interés, gastan sumas fabulosas en edificios diseñados en busca de notoriedad.
Desde la construcción de la Ópera de Sidney (1959-1973) ocurre esto. Se busca publicidad, edificios que se conviertan en la seña de identidad de una ciudad, funcionen o no. En el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, las cosas han salido bien, pero no siempre ocurre.
Madrid está casi en el mismo eje del mal gusto que Bagdad. Después de una tradición barroca y ecléctica que dio resultados como el Palacio Real, el Congreso y algunos ministerios, tres edificios oficiales desacreditan el prestigio de la cultura española: La Zarzuela, La Moncloa y el nuevo palacete del Príncipe. El día en que haya que desalojarlos no quedará ningún rastro digno.
La moda de lo llamativo es tan fuerte que condiciona a los arquitectos. El resultado es que en España se están construyendo simultáneamente los mayores disparates y lo imperdonable es que casi siempre es con dinero público o a expensas de espacios de patrimonio público.
¿Será éste también el caso de la recién inaugurada Torre Agbar? Construida por Jean Nouvel -con un coste muy superior a lo presupuestado y notable parecido con la torre erótica de Londres, de Norman Foster-, una estructura de hormigón revestido de aluminio de colores enfundada en una especie de armadura de vidrio y acero.
Todo sea por el arte, ahh, y el dinero.
En el caso de la arquitectura, el paisaje caótico creado por las generaciones actuales, convertido en imágenes y formas grotescas, en volúmenes nuevos de edificaciones que alteran el medioambiente, se vuelve más revelador que en ninguna otra disciplina
La ciudad siempre fue una síntesis de los valores humanos en donde se hacían compatibles y complementarios la norma y la libertad, la individualidad y la comunidad, la identidad y la diversidad, es decir, donde se produce una organización destinada a maximizar la interacción y la integración social, lo que podríamos denominar como ‘a coexistencia’. La ciudad siempre ha sido el lugar, es decir, el espacio físico construido desde y para la dimensión de lo social, sitio del encuentro y del intercambio para el desarrollo de las actividades humanas.
La ciudad ha sido y es el soporte que mejor ha sido capaz de dar satisfacción a las necesidades del hombre, permitiendo el desarrollo de las capacidades humanas, mediante el acceso directo a la innovación, el conocimiento y la diversidad, y por tanto, el acceso inmediato a los otros, a lo diferente.
El aniquilamiento de una colectividad es difícilmente recuperable, cuando imbuidos por fuertes pasiones construccionistas y motorizados por el rapaz egoísmo del capital se propone la destrucción de los antiguos sistemas urbanos y casi siempre se ha acabado de hundir al país arrebatándole incluso los testimonios de su civilización.
¿Cómo construir el futuro sin destruir el pasado?
Los impactos negativos en el patrimonio cultural siguen casi siempre en el olvido en el proceso de planificación, y Puerto Rico es desgraciadamente un excelente ejemplo de esta tendencia. Las grandes obras han tenido impactos negativos significativos en el patrimonio debido a la pérdida de recursos culturales locales y al deterioro de recursos arqueológicos. Estos últimos pueden formar parte de la vida cultural de las comunidades. En la mayoría de los casos no se han tomado medidas para minimizar o mitigar la pérdida de recursos naturales, culturales o arqueológicos. Todos estos eventos han inspirado un movimiento social que desea resguardar el patrimonio comunal y el bienestar histórico de la humanidad.
Intervención irresponsable de empresas y personas privadas, deterioro ambiental, desentendimiento de las autoridades con respecto al problema ambiental, desconocimiento de la comunidad, desgaste moral de los entes y los encargados ministeriales de las labores de defensa patrimonial y ambiental, aumento del interés de la opinión pública que genera activismo, contaminación, degradación del suelo y sus usos, destrucción del patrimonio histórico-cultural: ¿son éstas características necesariamente sinónimo de la gestión moderna?
Irresponsabilidad en la planificación territorial, voluntad política privilegiando la inversión privada sobre el bien común, escasa educación ambiental de la población, falta de participación ciudadana en los procesos urbanos, mala gestión territorial de los recursos. El derecho afectado es el de vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, el respeto a la integridad física de las personas y cultural del pueblo.
¿Hay otros medios alternativos de desarrollo disponibles?
Una de las ideas centrales del proceso de transformación de la Barcelona de nuestros días hace referencia a la sustitución de la vieja idea del expansionismo y de desarrollismo por las nuevas necesidades de la reconstrucción: construir en lo construido, mejorar lo existente, transformar, modificar, rehabilitar, resignificar, subrayar o crear identidades son los objetivos más claros y más inmediatos de la actual política urbanística.
Se trata de un urbanismo estratégico y reconstructivo, apoyado prioritariamente en la formulación del espacio público. Se trata de monumentalizar el espacio público de la periferia para atribuirle un significado urbano y una centralidad, e higienizar sin destruir sus signos de identidad y su testimonio histórico.
El monumento tiene, pues, una doble línea de significación: el contenido rememorativo y la presencia puramente artística, ambos integradores de la memoria colectiva.
La importancia fatua de la fealdad o el significado ulterior de los espacios.
La estética de la ciudad no es una cuestión de belleza o de fealdad, sino de significados. La ciudad ha sido y es la estructura principal de la integración social y política, un enlace funcional entre lo particular y lo general, el individuo y el Estado. La ciudad no es un monumento inerte, sino un organismo que se mueve, que cambia y que evoluciona; y no tiene que ser hecha para los ciudadanos, sino por los ciudadanos.
Actualmente, no obstante, la comunidad original de la ciudad, que tenía un interés incluso afectivo por su figura tradicional, ha quedado reducida. La memoria colectiva ya no es un factor de cohesión: el mismo caudal cultural, patrimonio y fundamento histórico de la comunidad, ya no se siente como propio de la gestión que propone cambios estructurales.
¿Puede aún la ciudad actuar como elemento de integración, como creadora de formas de vida comunitaria?
Ante este cúmulo de problemas, parece que la actuación constructiva y reconstructiva sobre está enmarcada por las siguientes coordenadas:
(re)dotar al espacio público de la función estructuradora del tejido urbano;
crear proyectos urbanos unitarios que tengan la huella personal de su autor;
superponer a las funciones primarias del espacio urbano funciones secundarias (o significativas);
higienizar el centro sin destruir su identidad y su testimonio histórico;
monumentalizar el espacio público para dotarlo de significado urbano y,
(re)construir la ciudad a partir de los barrios.
Conclusión necesariamente parcial.
Resulta obvio que el primer requisito para realizar una arquitectura moderna puertorriqueña es el conocimiento del medio natural y sociocultural en la que se debe ubicar. Los datos de dicho medio resultan esenciales. Es decir, no podemos dejar de situar a la ciudad en el ámbito de lo social y de entenderla no simplemente como un mecanismo físico y artificial sino como una parte de los procesos sociales: lo urbano reproduce en un espacio determinado el nivel de complejidad de la propia sociedad.
Pero ello además nos conduce a no dejar de considerar que también la ciudad es un resultado de las estructuras sociales de cada una de las circunstancias, como un producto de las contradicciones y conflictos sociales de cada momento histórico. Nos ubicamos, por tanto, permanentemente en la dialéctica entre el ser y el deber ser de lo urbano. En este cuestionamiento es que se ubica el estado actual de Paseo del Caribe, en este cuestionamiento que al parecer apunta que no debe ser aunque actualmente es.
Hoy con miles de interrogantes válidas sobre su génesis, Paseo del Caribe igualmente encara otro reto, inclusive hasta más formidable, esa mole según propuesta, esa mole para quienes está propuesta, esa mole es abiertamente y absolutamente incompatible con las nociones de justicia ambiental y de desarrollo sustentable, abiertamente y absolutamente incompatible con nuestra necesidades urbanas, en fin, es simplemente antipuertorriqueña.
Siendo así, inclusive más allá de la laguna profunda de dudas y sospechas jurídicas que la rodea, hay un razonamiento ulterior que pide a gritos, exige, restitución de los valores en riesgo, reconstrucción dentro de una filosofía totalmente diferente y esto significa desconstrucción del disparate.
nota adicional.-La Opera de Sydney es el centro de artes interpretativos más activo del mundo. Si bien su construcción se desarrolló durante los sesenta, la Opera ayudó a instalar el debate sobre el valor de los edificos monumentales. Para algunos críticos, el diseño de Utzon simbolizó la subordinación de la eficiencia funcional a la expresión formal. Aunque el edificio fue frecuentemente comparado con el Taj Mahal, la comparación no siempre fue elogiosa. Admirada por su prominente silueta blanca, la Opera también refleja el interés de Utzon en la plataforma, o podio, como un expresivo rasgo característico urbano.
http://www.arqhys.com/opera-sydney.html
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