Desde hace más de dos décadas, la seguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas sociales, los ciudadanos están hondamente preocupados por fuertes incrementos de la criminalidad, se sienten cada vez más inseguros en sus personas y bienes, y de repente de manera apabullante el rol de la policía es parte integral del sentimiento de la inseguridad.
La gestión policial es tema de intenso y doloroso debate. Este debate trata mayormente sobre la relación que existe entre los ciudadanos y el gobierno.
El tema se sitúa en un contexto caracterizado por escasas experiencias debidamente evaluadas, una exigua bibliografía científica, y el desconocimiento de experiencias realizadas en otras jurisdicciones tal como en Canadá y Europa, muy diferentes de los modelos estadounidenses generalmente basados en la política ‘de mano dura’.
Hablar de seguridad ciudadana hoy es hablar de represión, de fuerzas de orden desordenadas y, en última instancia, de segregación de quienes son considerados peligrosos. En suma, hablar de seguridad en Puerto Rico hoy es hablar de exclusión social, discriminación, ausencia de fundamentos del debido procedimiento jurídico, de inexplicables intentos de justificar patrones oficialistas de conducta violenta y de un total abandono de la política de reacciones armadas solo en condiciones de extrema posibilidad de perjuicio, daño corporal o peligro de los efectivos policíacos. Es la era de las armas largas en constante exhibición, del ‘desenfunda rápido, dispara primero y explica después y en fin, tergiversa los hechos para conformar con una teoría de política pública que a todas luces es falsa’.
Dos interrogantes resumen la crítica al modelo actual de seguridad e introducen la necesidad urgente de una propuesta de sistema alternativo. En primer lugar, ¿existe una única percepción de lo seguro y de lo peligroso? En segundo lugar, ¿la definición de lo seguro es una definición democrática? esto es, ¿quién define actualmente lo seguro, el pueblo o la policía?
La seguridad como cohesión social.
Es preciso redefinir el concepto de seguridad y asociarlo a principios como la libertad, la justicia social, la participación ciudadana y la igualdad. La historia, la política y la economía no son piezas inconexas de un extraño y misterioso fenómeno de conducta social como al que pretendemos acercarnos. Al fondo de la amplia y continua violencia policíaca, se revela el prolongado asalto político contra los derechos democráticos de las clases pobres, disfrazado bajo la consigna policíaca de ‘mano dura contra el crimen’. Se conduce simultáneamente con ataques económicos contra el nivel de vida, las comunidades y las condiciones sociales de la mayoría del pueblo. Extrañamente compagina demasiado a perfección con la política de expropiaciones y exclusión social que se está propagando por casi todo el área metropolitana y la isla.
Las transformaciones y los conflictos sociales nuevamente ponen de relieve el tema sobre rendición de cuentas de la policía. Rendición de cuentas significa una supervisión ciudadana formal pero extragubernamental mediante la creación de juntas civiles de supervisión directa de la policía por medio de organismos comunitarios. Si bien existe en efecto una variedad de procesos de supervisión policial que se encuentran en la ley orgánica que crea a la Policía (y los cuerpos análogos municipales), muchos creen que la policía tiene que controlarse mediante una supervisión externa para que pueda haber una rendición de cuentas real y sensible a las necesidades de la gente.
Más recientemente la cadena de hechos lamentables que van desde eventos violentos en los que ciudadanos han perdido la vida hasta intervenciones federales en operaciones rampantes de corrupción policial y el asedio de la policía a las comunidades pobres, sugieren que la rendición de cuentas por la policía verdadera se tiene que dar en la medida en que ésta se ve a sí misma involucrada en una asociación directa con la comunidad fundada en confianza mutua, revelación y valores compartidos, y reforzada por una interacción regular, de crítica y discusión.
En términos generales, la gestión policial comunitaria presupone tres elementos. Primero, se la policía como vehículo de procesos constitucionales: los defensores de la ley tienen que estar ‘en ley’. Segundo, la policía independiente de la política y las influencias de los grandes intereses financieros. Tercero, la acción policial como un medio de propiciar orden basado en el respeto y el diálogo, y no en la violencia y el temor.
Ironías y paradojas.
El mensaje de ‘ponerse duro contra el crimen’ no es de hacedura local, comenzó durante el gobierno de Richard Nixon y salió de las bocas de gente como el Vice presidente Spiro Agnew y el Fiscal General de la Nación, John Mitchell, quienes irónicamente terminaron culpables de actos criminales.
La demagogia de esta política pública, diseñada para los noticieros, las campañas políticas y los discursos electoreros, silentemente abogaba por acabar de una vez por todas con el patrimonio de derechos civiles de la Corte Suprema (Warren Court), las decisiones habían expandido enormemente los derechos constitucionales de personas detenidas, a quienes se les tenía que informar su derecho de hablar con un abogado antes de ser interrogadas por la policía. Los pobres ganaron el derecho a un abogado defensor pagado por el estado.
El gobierno de Reagan en los ‘80 expandió los ataques contra los derechos democráticos de manera más amplia. El nombramiento de jueces decididamente reaccionarios fue seguido por la destrucción o debilitación de muchas protecciones durante los trámites de casos criminales, y por otro lado mediante severos cortes presupuestarios y cambios estatutarios que minimizaban la labor de organizaciones tales como la Corporación de Servicios Legales. La llamada guerra contra las drogas proporcionó el pretexto pero el mismo gobierno de Reagan, buscando la manera de financiar ilícitamente la guerra contra el gobierno nicaragüense, aparentemente ayudó a desatar la epidemia de la cocaína.
En Puerto Rico no se ha estudiado con detenimiento los efectos controversiales de las políticas policiales que promovieron la violación sistemática de los derechos civiles mientras por otro lado coexistían escuadrones policíacos de la muerte y gangas de oficiales delincuentes a todos los niveles.
Derechos y temores.
El derecho a vivir sin miedo está en cuestión, es de lo que se trata y expresa la crisis de la convivencia social, particularmente del ideal moderno de la democracia fundada en los derechos humanos. Una vida sin miedos implica la confianza en la razón como factor explicativo e instrumento frente a las adversidades. La razón judicial fundamentada en los derechos civiles es el núcleo fundamental del ser humano que cree en la capacidad para fomentar una convivencia pacífica, justa y progresivamente mejor para todos.
Nuestros miedos modernos no derivan tanto de la naturaleza o de visiones religiosas como en épocas pasadas, sino de la desconfianza en los otros seres humanos y en las instituciones que nos capturan en su oficialidad ilegítima. La inseguridad pública es uno de los grandes retos a la práctica y concepción de los derechos humanos, va desde realidades sociales y económicas y los anhelos mínimos de bienestar hasta la exigencia de dignidad como demanda suprema del ciudadano ante el gobierno.
Vemos crecer la falta de respeto por los derechos civiles, así como el incremento de la violencia. La presencia de estrategias militares en las labores de la policía divorciadas de evaluaciones morales va más allá de la indignación. Mientras la vasta mayoría del pueblo vive abatida, hostigada y cercada por la policía, los derechos económicos y sociales retroceden para la mayoría de la población, la protesta se criminaliza y se pretende mediante interdicciones apaciguar o neutralizar los clamores de justicia de las comunidades y de los trabajadores. Más de la mitad de los puertorriqueños nos encontramos, oficialmente, en situación de pobreza, mientras unas cuantas personas no solo concentran el producto interno bruto en sus bolsillos sino que constantemente implementan campañas de enriquecimiento a expensas del patrimonio nacional.
¿Cómo interpretar esta inconstancia flagrante y masiva en la convivencia social...? ¿Cómo decir que no tenemos miedo...?
Propongo dos hipótesis:
1. El clima de inseguridad pública es generado en la esfera del poder político y prolongado en las diversas redes de complicidades sociales que buscan justificar programas que solo benefician a las élites millonarias.
2. El principal foco de los conflictos públicos y de la violencia está pasando de un espacio político al escenario de los derechos civiles e individuales.
Hay una especie de esquizofrenia cuando se habla de delincuencia.
En sentido estricto, la seguridad pública se caracteriza por el conjunto de condiciones de respeto a las leyes y reglamentos, derechos y garantías individuales y de justicia que se tienen que llenar para que existan las condiciones que favorezcan el desarrollo económico, social y político, y de esta forma, vivir en un justo Estado de derecho. Es necesario distinguir entre seguridad pública y los conceptos de seguridad jurídica. Por seguridad jurídica se entiende la garantía de las leyes en el sentido de que ninguna autoridad actuará de manera arbitraria, sino que lo hará de acuerdo con las normas aplicables, del llamado debido proceso y está estrechamente ligada a la noción de Estado de Derecho. El principio de legalidad es la base filosófica fundamental e innegociable.
Creo que es oportuno que nos fijemos concretamente en el derecho a la seguridad.
La seguridad es un bien fundamental para una vida digna y realizada. Precisamente por eso puede ser reclamada como derecho constitucional. La seguridad, en positivo, puede definirse como el disfrute garantizado y estable de los bienes básicos. Estamos seguros cuando se han reducido al máximo razonable las posibilidades de sufrir violencia, agresión o hurto. Cuando experimentamos una convivencia en la que básicamente está ausente el miedo irracional y rampante.
Respecto a la dimensión objetiva, debe incluirse como amenazas a la seguridad lo que atenta contra las libertades civiles, pero también lo que atenta contra las condiciones materiales de posibilidad de la vida y de libertad que dependen los humanos, cuando se realizan eficazmente los derechos humanos. Esto significa que no sólo hay inseguridad en las amenazas directas a la libertad (inseguridad civil) sino que también hay inseguridad en las carencias alimentarias, sanitarias, laborales, ambientales, etcétera (inseguridad social en sus diversas formas).
En cuanto a la dimensión subjetiva, el miedo varía no sólo en función de la amenaza objetiva, sino en función de nuestra personalidad y de la información que tenemos sobre las amenazas. Esto nos introduce en la posibilidad de la manipulación del miedo a partir de la información que se nos ofrece. Es por esta relación de información y seguridad que las seudo teorías que justifican el estado policiaco y que se basan en tergiversaciones y justificaciones lo que hacen es producir temor.
La tentación de manipulación del miedo se convierte en arma política y electoral. En principio, el miedo mesurado y con correspondencia objetiva actúa como advertencia de que debemos enfrentarnos a un peligro. Pero el miedo oficialista y oficializado, el verdadero miedo a vivir que se teje entre realidades distorsionadas y supuestas alternativas de acción militarizada de ‘mano dura’, es un delirio cruel, forma, con el odio, uno de los componentes psicológicos más destructores que existen. Solo tenemos que recordar las imágenes de las intervenciones policíacas a comunidades pobres, las agresiones a seres humanos indefensos y los casos de muertos desarmados para corroborar esta teoría que desgraciadamente convierte nuestra vida en pesadilla.
La conclusión es que la seguridad verdadera, la seguridad a la que se refiere la dignidad constitucional solo se muestra como derecho y ante el riesgo para los derechos, sin ella se carece de las posibilidades y de la confianza necesaria para ejercer la libertad. Cuando el miedo inspira reacciones que no se detienen en el análisis objetivo de la amenaza ni en los derechos del otro, que no buscan con ahínco alternativas no represivas, que desde posiciones de bienestar ignoran todo lo relativo a las inseguridades sociales o incluso las afianzan, se estructura una cultura de violencia difícil de frenar como difícil de frenar han sido los constantes embates y errores de la policía.
Quiero subrayar que el derecho a la seguridad debe ser reclamado partiendo de una concepción adecuada de ésta y que el sistema de temores y miedos (que en el fondo es lo ha producido tanta manifestación de violencia policíaca) es antítesis insalvable de lo que debe ser el Estado de Derecho.
¿Por qué ocurre esto…? Más allá de errores conceptuales o del diseño disparatado de programas fascistoides de control social, lo que justifica este estado de cosas tiene que ser y estar basado en una conveniencia económica de un sector que de alguna manera macabra saca ganancias de este malestar social generalizado. La necesidad de un sistema policiaco, que compagina y corresponda con el control económico de los intereses monopolizantes, hace que el sistema tienda a la reacción y aboca a la sociedad a una profunda crisis. Todo por generar ganancias ilegítimas.
El comprensible malestar social provocado se manifiesta en formas pacíficas y violentas, individuales y colectivas, que corresponden a acciones de defensa de la población afectada y amenazada en su seguridad y en sus comunidades. Es un verdadero contrasentido: en nombre de la seguridad ha creado el Estado la inseguridad. De manera que el verdadero proyecto constitucional social y ciudadano entra en contradicción con el sistema dominante y muy a menudo deriva en enfrentamientos violentos. La resistencia popular proviene de una conciencia moral que se organiza y estructura espacios sociales, culturales y políticos de las comunidades que se niegan a vivir bajo el régimen del terror.
La respuesta oficial combina el uso amenazador y represivo de los órganos policiales, y la claudicación de grupos partidistas utilizables y líderes de ‘mano dura’.
El concepto de crisis ha sido utilizado en exceso por los analistas, y efecto de ello es que cuando ocurre una crisis de verdad no se le toma en serio. El sistema político y económico estadounidense atraviesa por una crisis seria, una triple crisis que afecta a sus principales corporaciones trasnacionales y, por lo tanto, a la economía, una crisis política que afecta al Estado en su relación con la seguridad interna y con la beligerancia externa, y una crisis del sistema político, que no sólo no representa al electorado, sino que tampoco responde a las crisis política y económica.
El problema en realidad no es sólo la ambición individual, sino la desregulación total de los sectores empresariales y financieros, y la naturaleza especulativa de la economía que justifica cualquier y toda cosa en aras de gananciabilidad. La concentración del poder económico y el control que las corporaciones ejercen sobre el sistema político significa que a los altos ejecutivos de los consorcios les dan mano libre para cometer fraudes en gran escala como es el caso por ejemplo de Paseo Caribe y obtener enormes ganancias a corto plazo utilizando la exclusión social como mecanismo para repartirse el patrimonio y las propiedades inmuebles. Para justificar este ataque a los sectores más amplios de la población montan toda esta campaña de la seguridad y al así hacerlo fomentan la desnaturalización de los cuerpos policiacos.
Mientras el gasto en la policía se eleva hasta el cielo, crece el déficit de presupuesto nacional, se instauran nuevos mecanismos impositivos y se desestabiliza la economía del país, el sistema policiaco-judicial del país está agonizando de un profundo cáncer constitucional y los que sacan beneficios son los ricos.
En un Estado de Derecho, el objetivo del procedimiento penal es proteger a la sociedad, el ser humano es un producto del medio, la conducta delictiva no aparece súbitamente. Por lo general, los infractores han padecido hechos de violencia familiar, se han decepcionado del sistema educativo y de las promesas electorales, carecen de espacios sociales de inclusión, orientación y posiblemente lo peor: han comprobado que ‘el crimen sí paga’, y una causa fundamental es la crisis de valores en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Al país le faltan ideas y le sobran insultos.
Ante el cuadro que implica incapacidad para resolver problemas administrativos, daños a ciudadanos por uso indebido de armas de fuego, manipulación criminal de disuasivos para convertirlos en instrumentos de asesinato contra ciudadanos desarmados y participación activa en actividades a favor de los grandes intereses económicos, ¿qué podemos esperar de la relación entre el pueblo y la policía? El abuso policíaco radica en la corrupción, la discrecionalidad con la que actúan los efectivos y el hecho de que se perciben como soldados y no como servidores públicos. Las violaciones a los derechos de integridad física, libertad, la no discriminación y a la seguridad jurídica son características del abuso policiaco, el cual se agrava en determinadas situaciones socioeconómicas, es decir, con la población marginada. La tendencia de abuso policíaco es dirigida principalmente a grupos socialmente vulnerables: indigentes, homosexuales, trabajadores y en general es ejercido sobre los más pobres y discriminados.
Construir un modelo de seguridad pública que no socave los derechos humanos implica reconocer que los modelos oficialistas de seguridad representan puntos de vista que limitan la visión del problema, y que las políticas del concepto de ‘mano dura’ se traduce en el despliegue de espectaculares, publicitarios e ineficientes operativos policíacos, que terminan siendo contrarios a la protección de los derechos humanos.
La fórmula más efectiva es respetar y garantizar los derechos económicos, civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales a todas las personas. Las sociedades más seguras son aquellas en las que hay menos pobreza y se distribuye la riqueza de manera más equitativa, las que brindan a toda la población educación, salud y servicios básicos, las que registran menor índice de desempleo: las que mantienen estrictos mecanismos de control hacia los poderes del Estado, y que no permiten la corrupción.
Ante la sensación de inseguridad, de los índices delictivos y de las políticas erráticas para combatir la delincuencia, la seguridad se ha convertido en uno de los principales reclamos de la sociedad pero hoy vemos que lo que algunos proponen, medidas represivas, más facultades y poderes a las policías y, fundamentalmente, medidas dirigidas a discriminar contra grupos socialmente marginados y excluidos, lo que hace es precisamente multiplicar exponencialmente el sentimiento de inseguridad. Lo único seguro es que estamos inseguros inclusive ante la policía y el gobierno coautor de sus programas represivos.
Hay una aparente disyuntiva entre los derechos humanos y la seguridad pública como define la política pública.
El ataque contra los derechos democráticos y la ampliación de poderes policiales en los Estados Unidos tiene vínculos directos a la intensificación de las tensiones sociales y a la creciente polarización económica. El desempleo, la pobreza, las viviendas de calidad inferior y las reducciones en los servicios gubernamentales aumentaron estrepitosamente.
El 24 de abril de 1992, Los Ángeles estalló en protesta contra el juicio de los cuatro agentes de la policía responsables por la paliza que Rodney King había sufrido. Protestaban la larga historia de abusos cometidos por el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD). Los motines llegaron a ser entre los más serios en la historia de los Estados Unidos. Produjo más bajas, 54 muertes y 2,000 heridos, que todo otro desorden civil desde la Guerra Civil.
Los abusos cometidos por agentes de la policía en Puerto Rico han sido más violentos y descarados y la causa no se le puede atribuir a la capacitación inadecuada o la presencia de ‘unos pocos policías malos’ en un mar de agentes que, en su inmensa mayoría, obedecen las leyes. Nuestro sentimiento de inseguridad tiene mucho que ver, además, con la ruptura de la comunicación interpersonal o intergrupal, con el estilo de vida anti comunitario que impera en nuestra sociedad. La persistencia y la penetración del abuso policiaco tienen que, por necesidad, reflejar las condiciones económicas y sociales, es decir, el estado actual de las relaciones entre las clases sociales. El abuso policiaco es sencillamente un fenómeno social objetivo profundamente arraigado en la estructura socioeconómica, y que de alguna manera macabra es producto de la política pública.
En cuanto al sistema de control de las actuaciones policiales, es esencial la necesidad, en un Estado de Derecho, de mecanismos efectivos de control que permitan, no sólo mejorar su eficacia, sino también proteger al ciudadano de los abusos de la institución policial.
En general, las encuestas de opinión pública indican un desempeño ineficiente en la lucha contra la criminalidad, la existencia de prácticas autoritarias, corruptas y violatorias de los derechos humanos, y una falta de credibilidad en la institución policial, que se traduce demasiado a diario en tendencias represivas.
El modelo de seguridad urbana que se propone ha de venir acompañado de un replanteamiento de la ciudadanía y por tanto de la ciudad. Una política de seguridad que, sin olvidar la prevención, atienda a las causas del creciente sentimiento de inseguridad.
El reto, ¿queremos caminar en materia de seguridad hacia un modelo de ciudad como Los Ángeles, una ciudad dividida en guetos (barrios pobres) y ‘bunkers’ (barrios ricos), llena de espacios intransitables, donde todo el mobiliario urbano está pensado para ahuyentar al vagabundo y donde los centros comerciales más modernos se construyen siguiendo el modelo de cárcel, o optamos por un modelo de ciudad abierta, tolerante con las diferencias, sin zonas prohibidas, en la que se potencia la identidad de barrio y el contacto entre individuos, a través de zonas peatonales y actividades en las calles?
Para poner eficazmente en práctica la gestión policial comunitaria, la policía tiene que involucrarse en seis pasos esenciales y cambios en su papel, función y organización. Tienen que:
Descentralizar la autoridad y aumentar su responsabilidad de modo que los servicios que proveen a la comunidad sean beneficiosos tanto para la policía como para los ciudadanos;
Mejorar la burocracia de la policía al transformar sus funciones de mantención de registros y conteo de incidentes a funciones de identificación y análisis de problemas;
Reformar la cultura institucional de la gestión policial cambiando los símbolos, el lenguaje y la filosofía de la propia policia;
Proveer acceso y aporte a las funciones normativas de la policía al alentar la participación y revisión de parte de los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones;
Proveer al personal de la policía acceso al proceso normativo de las autoridades locales y un papel activo en la toma de decisiones de las autoridades locales que afectan al servicio de la policía en la comunidad;
Recalcar y poner en vigor sistemas que aseguren la calidad, el mantenimiento de la integridad institucional y personal, y un trato justo y equitativo de los ciudadanos.
Una función de auditoria externa independiente resulta esencial para garantizar la rendición de cuentas por la utilización de fondos públicos en una sociedad democrática moderna. Una auditoria civil para que los vecinos puedan ser los ojos y oídos del Gobierno, un sistema de control de los vecinos sobre todos los temas de interés comunitario. El objetivo a largo plazo es crear ciudadanos que sean capaces de aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, y supervisen la gestión policial comunitaria como un proceso de mayor participación en la información por parte de la policía y la comunidad, y como un método para cambiar a la policía y el servicio que presta a la comunidad.
Redefinir la función tradicional de la policía de combatir la delincuencia, a definiciones más amplias de su función, cambios de función que surjan de una presunción de que la policía desarrolle una afinidad mayor hacia las comunidades en que operan. Tal mejora en la identificación de los funcionarios policiales con una comunidad local resultará en una mayor comunicación entre la policía y la comunidad y una empatía que, a su vez, producirá una respuesta policial más adaptada a la comunidad.
Fuentes compatibles
http://www.insyde.org.mx/IMG/pdf/Libro_indice_capitulos.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/112/11204309.pdf
http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1197/ijds/greene.htm
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/ensayo_7.pdf
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