jueves, 19 de marzo de 2009

Re Colegio de Abogados- algunos aspectos.


Dado el revuelo y la controversia en torno a la propuesta sobre el Colegio de Abogados quisiera echar un poco de madera al fuego. Primero recomiendo 'La Legislatura y el Colegio de Abogados' del profesor Guillermo Figueroa Prieto (http://claridadpuertorico.com/content/view/403651/32/) como un excelente planteamiento de los verdaderos méritos del debate. Segundo, el doctor Efrén Rivera Ramos igual ha publicado un interesante artículo '¿Acostumbrarse a ser minoría?' (http://www.elnuevodia.com/voces/546046/). (Voy a incluir copias en los comentarios.)

No he tenido la suerte de ver escritos sobre la posición que asumen los proponentes del cambio en la colegiación pero me imagino que los documentos originadores de las vistas legislativas deben incluir una racional de su alegada importancia.



Reconozco que los artículos citados y la posición asumida por la ACLU-Puerto Rico contienen lo que me parecen argumentos fuertes y de mucho valor, a ellos me remito y por ende para no 'llover sobre mojado' quisiera visualizar el debate desde otras perspectivas. De hecho no pretendo asumir posiciones definitivas sino sugerir interrogantes o si acaso preguntas retóricas que espero ayuden a canalizar dicho proceso.



Primero, el debate es eminentemente un problema gremial, es decir, es una controversia, antes que nada, de abogados y abogadas. Siendo eso indiscutible, creo que puede y debe ser de gran valor el encuestar adecuadamente el sentir de dicho gremio. Sugiero que mediante el recurso del voto notarizado enviado por correo, se ausculte dicho sentir. Creo que el instrumento de dicha consulta puede ser una simple pregunta: Colegio, si o no. Creo que el universo de letrados y letradas sobrepasa los 16 mil miembros activos, el listado de dichos miembros obra en el poder del Colegio y la Rama Judicial. Se puede utilizar los servicios de la Comisión Electoral para siquiera supervisar el proceso de consulta.

Segundo, por el rol vital del sistema judicial en la sociedad, definitivamente tiene repercusiones colectivas. Aunque el internet en Puerto Rico padece de una brecha digital notable no deja de ser una manera eficiente de acumular opiniones del pueblo. Es recomendable que el Colegio abra un portal de consulta directa y se busque la manera mediante una breve encuesta Likert que atienda los asuntos del debate de canalizar efectivamente el insumo.



Tercero, el asunto de la colegiación compulsoria es un 'issue' que directamente afecta una cantidad impresionante de profesiones y oficios reglamentados. Debe ser aspecto de consideración la opinión de dichas entidades. Por ejemplo, existe abundante jurisprudencia sobre, digamos, el Colegio de ingenieros, Colegio de optómetras, Colegio de peritos electricistas, etc. Cualquier evento en lo que respecta al Colegio de Abogados puede implicar una avalancha de reacciones y acciones legales de dichas agrupaciones y poblaciones.

Cuarto, realmente creo que el sentir de los 800 a mil estudiantes de derecho (en la isla) debe ser escuchado ya que son los profesionales del futuro, están invirtiendo sus vidas en un futuro profesional que puede ser alterado significativamente y por ende su sentir puede ser de gran valor.



Finalmente, quisiera hacer un breve planteamiento: un vistazo a la historia del Colegio revela que realmente no ha sido dominado por la izquierda en todo momento como alegan algunos de sus detractores, inclusive durante presidencias de destacados independentistas, esta realidad no ha implicado necesariamente un control monolítico de sus actividades por intereses digamos políticos. El asunto de las supuestas actividades celebradas que algunos aducen tienen un fuerte y marcado contenido ideológico padece de claros prejuicios, me explico, los asuntos de derechos civiles, de derechos de género y los temas constitucionales, por ejemplo, no son de ninguna manera propiedad privada de un sector político, de ninguno.



Suponer o presumir dicha caracterización es simple y llanamente falso, incorrecto históricamente y abiertamente discriminatorio. Esto planteado insisto que asumir cualquier posición sobre la colegiación compulsoria es profundamente democrático y por ende no se trata, creo por lo menos yo, de enemistades personales (aunque concedo la existencia de grupos de interés), me consta que en los Estados Unidos hay varios movimientos que cuestionan el elemento excluyente de dicho concepto compulsorio de ciertas actividades económicas, insisto es debatible, negarlo es igualmente un error craso. Y para ser completamente claro y sincero sobre el asunto, hay un sector de abogados y abogadas litigantes o practicantes que manifiestan serias desavenencias y dudas sobre los beneficios reales que reciben l@s colegiad@s.



Una nota de salida, creo que todos los puertorriqueños queremos ver una sociedad progresivamente más justa y equitativa, si creemos que el Colegio de Abogados puede o debe hacer más o otras cosas es válido y legítimo. La pregunta es que si inclusive creemos que es una organización ya sea en crisis, aquejada de problemas o enferma, si igualmente creemos que la única alternativa es la eutanasia.

En las palabras del pueblo: Si está enfermo, ¿lo curamos o lo matamos? Si está roto o no funciona, ¿lo arreglamos o lo botamos?

Rev. 20/03/09

6 comentarios:

Guillermo Figueroa Prieto dijo...

La Legislatura y el Colegio de Abogados

Claridad en la Nación
Guillermo Figueroa Prieto*/Especial para Claridad

Durante las pasadas semanas el Colegio de Abogados ha estado ante la opinión pública motivado por dos proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa.

El principal foco de atención ha sido el proyecto de ley que propone eliminar la colegiación obligatoria de los abogados. Poco se ha dicho sobre el hecho de que casi la totalidad de profesiones y oficios en Puerto Rico tienen colegiación obligatoria por decisión de los mismos miembros de dichas profesiones u oficios, refrendadas tales decisiones por acción legislativa. La lista de profesiones y oficios que tienen colegiación obligatoria parece interminable; cirujanos dentistas, médicos cirujanos, profesionales de la enfermería, cirujanos menores o practicantes, farmacéuticos, químicos, optómetras, ópticos, ingenieros, agrimensores, contadores públicos autorizados, trabajadores sociales, choferes, peritos electricistas, técnicos de refrigeración, técnicos de acondicionadores de aire, técnicos dentales, especialistas de belleza, técnicos y mecánicos automotrices, tecnólogos médicos, nutricionistas y dietistas, delineantes, profesionales de la consejería en rehabilitación, actores, barberos y estilistas, maestros y oficiales plomeros, embalsamadores y terapistas ocupacionales.

El debate público no ha podido esbozar una razón legítima para declarar buena la colegiación obligatoria para las profesiones y oficios antes relacionados, pero mala cuando se trata de los abogados. La razón principal que más se escucha para proponer la descolegiación obligatoria de los abogados es que el Colegio de Abogados prestó o alquiló sus salones para velar a Filiberto Ojeda. Por lo simple, superficial y hasta infantil que luce tal razonamiento, es evidente que se trata de una mera excusa o un pretexto para intentar justificar la propuesta para desarticular al Colegio de Abogados. Poco les ha importado a los proponentes de esta idea que el Colegio de Abogados se caracterice por prestar o alquilar sus instalaciones a cualquier ciudadano o agrupación que quiera reunirse para celebrar conferencias de prensa, bodas, cumpleaños, graduaciones, coordinación política, bailes, presentaciones de libros, actos artísticos, actividades profesionales y, por qué no, velatorios. La historia del Colegio de Abogados guarda el recuerdo de que en la década de los años 1960, sus salones fueron usados para reuniones de los que organizaban lo que llegó a ser el Partido del Pueblo, así como de los que organizaban lo que llegó a ser el Partido Nuevo Progresista. A nadie se le ocurrió intentar eliminar la colegiación obligatoria por razón de tales actividades que ciertamente podían relacionarse con determinadas ideologías políticas.

Mas estimo que hasta el momento se ha dejado fuera del debate público un elemento que parece esencial a la discusión porque emana de nuestra Constitución y es ésta la que sirve de zapata o ley fundamental para la organización de nuestra sociedad. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el orden social y por el bienestar y la salud de sus ciudadanos. Para ello se reconoce que el Poder Legislativo, en representación del Estado, puede legislar para reglamentar las profesiones y los oficios que se practiquen en Puerto Rico, incluyendo el establecimiento de requisitos de admisión y condiciones para poder ejercer en nuestro País. Como parte de este poder de reglamentación se reconoce que la Legislatura puede ordenar la colegiación obligatoria en profesiones y oficios. Así lo ha hecho en cuanto a las profesiones y oficios mencionados anteriormente. Este poder es lo que en el campo constitucional se denomina el poder de reglamentación, o poder de razón de Estado (“police power”, en inglés).

Sin embargo, por razones basadas en la separación de poderes, la abogacía queda fuera del poder de reglamentación del Poder Legislativo. Ello no significa que la abogacía no esté llamada a ser reglamentada por el Estado sino que en dicha reglamentación, es el Poder Judicial quien representa al Estado y no el Poder Legislativo. Los tribunales en Estados Unidos y nuestro Tribunal Supremo han reconocido que por ser los abogados parte esencial en la administración de la justicia, muchas veces llamados funcionarios del tribunal, es el Poder Judicial quien reglamenta a los abogados y que ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo pueden invadir ese campo. Reglamentar a los abogados es parte del poder inherente que tienen los tribunales como parte esencial de su función constitucional como Poder Judicial. Por lo tanto, ni siquiera haría falta legislación alguna para que los abogados se organicen como grupo profesional. Bastaría para ello una orden del Tribunal Supremo llamando a los abogados a organizarse en un colegio obligatorio, lo que pudo haberse hecho en el 1932. Al ver lo difícil que le ha resultado al Colegio en ocasiones lograr cambios a la Ley 43 de 1932, quizás lo que más convenga al Colegio sea la derogación total de dicha ley.

No obstante, la realidad es que en el 1932 la Legislatura intervino en la organización de la abogacía y ello puede desenfocar a nuestros legisladores y llevarlos a pensar, erróneamente, que pueden legislar sobre la abogacía como les plazca. Mas la intervención legislativa en el 1932 tiene que examinarse a la luz de los eventos sociales de la época en que se legisló. En la década del 1930, la abogacía estaba desunida y fueron los propios abogados quienes recurrieron ante la Asamblea Legislativa para que ésta los ayudara a reorganizarse de manera unificada. La Legislatura oyó el reclamo de los abogados y aprobó la Ley 43 de 1932 disponiendo la colegiación obligatoria, mas estableciendo que la ley entraría en vigor una vez fuera aprobada en referendo por la mayoría de los abogados. Ése es el modelo que la Legislatura ha utilizado subsiguientemente al legislar para la colegiación obligatoria en todas las profesiones y oficios mencionados antes.

La intervención del Poder Legislativo en un asunto que está bajo la competencia del Poder Judicial, como lo está la reglamentación de la abogacía, de ordinario sería contraria a la Constitución. No obstante, los tribunales en Estados Unidos, así como el Tribunal Supremo de Puerto Rico, han elaborado la doctrina del acomodo que sostiene que la Legislatura puede legislar en asuntos de la abogacía, mas de manera complementaria o accesoria al Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial se reserva la facultad para decidir si lo que ha dispuesto la Legislatura constituye una ayuda o un complemento a la reglamentación que corresponde al Poder Judicial, en cuyo caso aceptará tal legislación. Así lo expresó el Tribunal Supremo en cuanto a la Ley 43 de 1932. Sin embargo, en otras ocasiones el Tribunal Supremo ha entrado a reglamentar una materia, a pesar de haberse aprobado una ley disponiendo exactamente lo contrario. En este caso, el Tribunal Supremo no ha considerado dicha legislación como complementaria a su poder, sino usurpadora de tal poder y no la ha seguido.

Nuestros legisladores aparentemente desconocen estas doctrinas constitucionales. O quizás las conocen, pero la soberbia como consecuencia de dominar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo los lleva a actuar de manera totalitaria sin dar audiencia a la ciudadanía, o faltándoles el respeto a los deponentes cuando conceden audiencia. Como ahora también tienen mayoría en el Tribunal Supremo, están confiados en que los nuevos jueces nombrados a dicho tribunal responderán a motivaciones no jurídicas al considerar estas controversias. En esto me parece que se equivocan. La majestuosidad del cargo y la importancia histórica que conlleva convertirse en juez del Tribunal Supremo, propician que los jueces una vez nombrados al Tribunal Supremo, actúen como juristas haciendo abstracción de sus preferencias ideológicas, distinguiéndose por su honestidad intelectual y profesional, respetando sus propios precedentes y siguiendo la doctrina establecida conforme a Derecho (“rule of law”). Por estas razones, debemos confiar en que el Tribunal Supremo, con su nueva composición, responderá como históricamente ha actuado en bien de nuestra sociedad.

* El autor es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

http://claridadpuertorico.com/content/view/403651/32/

Efrén Rivera Ramos dijo...

¿Acostumbrarse a ser minoría?

Efrén Rivera Ramos*

Llegué poco después de la hora señalada para la audiencia. No iba como ponente, sino en plan de apoyo a la institución a la que he pertenecido por más de treinta años. Me dirigí al salón pautado sólo para encontrar un aviso que advertía del cambio de lugar.

La vista pública se celebraría en el Edificio Luis A. Ferré, una estructura dedicada al estacionamiento de automóviles, aunque también alberga algunos salones que se utilizan para otros propósitos legislativos. En la entrada, un policía me dirigió amablemente al piso del nuevo salón designado. Al terminar de subir la escalera que conducía al área indicada, me topé con una escena que no esperaba. Decenas de colegas abogados y abogadas, a muchos de los cuales conocía personalmente, se apiñaban como podían en el estrecho pasillo que terminaba en la puerta del salón de audiencias.

No se hicieron esperar las explicaciones ante mi mirada incrédula. “No podemos entrar”. “El salón es muy pequeño. No cabemos”. “No quieren cambiar la vista a un lugar más amplio”. “¡Es una barbaridad!”, acotó con enojo una colega. “¡Un insulto!”, añadió otro con igual encono.

La indignación saturaba el ambiente. Se mezclaba con las sonrisas irónicas de quienes, curtidos de muchas luchas, dentro y fuera de los tribunales, sabían reconocer el atropello a primera vista.

Habíamos ido a mostrar solidaridad con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a acompañar a su presidente en su comparecencia ante la comisión cameral que maneja la propuesta de eliminar la colegiación compulsoria de este grupo de profesionales. Todos sabíamos que ello equivaldría a borrar de un plumazo esa institución más que centenaria.

La bocina, que como gracia del poder, se colocó en el pasillo para que oyéramos la ponencia del presidente Arturo Hernández y lo que transcurriría en la vista, logró producir un silencio elocuente mientras aquél hablaba. Se cerró el silencio con un aplauso prolongado cuando el presidente del Colegio concluyó su defensa contundente de los valores, principios y propósitos públicos que encarna la colegiación de los abogados y abogadas.

Luego vino el intercambio de preguntas y respuestas. Me llamó la atención el tono estridente con que, desde la mesa, se regañaba a diestra y siniestra a los ex-jueces, ex-presidentes del Colegio y demás asistentes al acto. Pensaba que el recato conduciría a que se recibiera el testimonio del Colegio al menos con apertura aparente, sin exhibir la clara intención de comunicar que su eliminación debía darse como un hecho consumado. Tuve la impresión de que la argumentación, que debería ser signo y señal del proceso democrático, se estrellaría contra el ejercicio rudo del poder.

Salí de aquel pasillo atestado antes de que concluyera la vista. Debía cumplir otros compromisos. Mientras me alejaba no podía dejar de pensar en varios desarrollos recientes. El ataque a la universidad pública. La visita intempestiva de legisladores a sus predios. La reducción importante de su presupuesto. La intención de aumentar sustancialmente el número de miembros de su cuerpo rector. El propósito de imponerle una secuencia curricular desde la Legislatura. El plan que facilitará el desmantelamiento del estado puertorriqueño según lo conocemos. La premura con que se nombraron los jueces del Tribunal Supremo.

Al llegar a mi destino me enteré de un incidente que no presencié, que parece haber pasado desapercibido. Dos representantes del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se aprestaban a entrar al edificio en el que se celebraba la vista sobre la colegiación compulsoria de los abogados y abogadas. Querían entregar una resolución sobre el particular. Al preguntar dónde deberían dirigirse, no tuvieron la misma suerte que yo. En vez del policía amable que daba instrucciones corteses, se dieron con un empleado no identificado de la Cámara de Representantes quien, al enterarse de su propósito, les llamó “terroristas” y les advirtió que debían “acostumbrarse a ser minoría”.

Con el poder habían topado.

* El autor es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

http://www.elnuevodia.com/voces/546046/

Diana Arzola dijo...

Gracias por esclarecer el meollo del asunto, Pachi. Solidarios! Los tiempos que se avecinan son turbulentos hasta para los togados.

Anónimo dijo...

No creo en ningun abogado jejejeje

D.R. dijo...

Este pueblo ha perdido la confianza a todas las instituciones que se supone representen seguridad, ley, orden o servicio. Es lamentable, no lo culpo... pero somos justamente nosotros los ciudadanos los llamados a promover y actuar buscando la abarcadora restauracion social que tanto necesita este pais.

Abogada practicante. dijo...

Lo matamos! A mi ni me ha ayudado ni me ha servido para nada. Mejor que se cree Pro Bono aparte y con mucho gusto le doy mi cuota.