lícito, ta. (Del lat. licitus).1. adj. Justo, permitido, según justicia y razón. 2. adj. Que es de la ley o calidad debida. (DRAE)
Se acerca la tormenta perfecta: desempleo masivo, permisos a la libre pa' los grandes intereses, cultura en bancarrota y un inoperante Estado de Derecho: oligarquía a la Fortuño... la crisis global le ha servido a Fortuño de justificación para crear una situación alegada de crisis extrema en Puerto Rico con la cual legitimar un esquema (de otra manera ilegal) de rapiña (sustraer ganancias del Estado y de las comunidades desfavorecidas) lo cual es neoliberalismo en su expresion pura.
oligarquía. (Del gr. ὀλιγαρχία). 1. f. Gobierno de pocos. 2. f. Forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una misma clase social. 3. f. Conjunto de algunos poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios dependan de su arbitrio. (DRAE)
En este ensayo propongo un examen crítico de las deficiencias profundas sobre las que está fundamentada la política pública que ha puesto en marcha la administración del gobernador Luis Fortuño en Puerto Rico. Previamente en tono humorístico había destacado semejanzas entre el estilo del anterior presidente George W. Bush con posibles anticipos del nuevo gobierno en la isla. (Ver:http://ortizfeliciano.blogspot.com/2008/11/bushismo-fortuo-escoge-su-filosofa-de.html; y, http://ortizfeliciano.blogspot.com/2008/11/bushismo-aplicado-la-gua-de-enteneder.html)
Lo que en esos momentos propuse con tonos cómicos tristemente se han convertido en veraces presagios no solamente ya del ‘bushismo’ como cuestión de estilo (o ausencia de estilo) sino de la implantación de la premisa del gobierno y derecho de excepción con la cual buscan (la administración del Partido Nuevo Progresista incumbente) un poder desmedido, entre otras cosas, abstraerse de fundamentales mecanismos constiticionales y garantías procesales, aspectos igualmente característicos del gobierno de Bush y por cierto en franco descrédito ante los escándalos de la realidad del sistema de torturas.
“Ante lo que a claras luces parece ser la corroboración indiscutible del estado dictatorial de Bush y que sugiere los desmanes que acaecieron bajo dicho estado de impunidad, decimos o recordamos que las señales habían sido claras. Recordemos: El 18 de diciembre del 2000 como parte de un programa de CNN (disponible en la transcripción en su Web site), un desafiante George W. Bush al referirse a tener que compartir el poder con el Congreso dijo: “Si esto fuera una dictadura, sería mucho más fácil, siempre y cuando yo sea el dictador.” (Ver: http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/03/la-dictadura-de-george-w-bush-la.html; y, http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/04/memorandos-sobre-tortura-e.html)
Tras los dramáticos sucesos del 11 de septiembre, de manera rápida, surgieron todo un abanico de poderes de emergencia basados en el concepto de ‘excepciones’ y que tienen por finalidad poner a disposición de los dirigentes políticos un marco legislativo que les permita actuar por fuera de las instituciones constitucionales ordinarias.
Tal vez sea Carl Schmitt el teórico más preeminente de la 'excepción': "la 'excepción' es el poder que tiene el soberano para tomar decisiones en función de sus deseos políticos, en lugar de verse supeditado al derecho normativo...". A este autor habremos de regresar.
((Schmitt, Carl. Dictadura/Die Diktatur. Von der Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf. Berlín 1964 (1ª ed. 1921)(hay traducción al español).
Teología política/Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Berlín 1996 (la 1ª ed. es de 1922)(hay traducción al español).)
De lo que se trata entonces, en términos generales, es que el ejecutivo principal del gobierno establezca y opere dentro de lo que se ha llamado un Estado de excepción que por su naturaleza extraordinaria puede adistanciarse de las prácticas normales de buen gobierno y ‘de facto’ violar o obviar el Estado de Derecho.
estado
de excepción. 1. m. En ciertos países, situación semejante al estado de alarma.
de alarma. 1. m. Situación oficialmente declarada de grave inquietud para el orden público, que implica la suspensión de garantías constitucionales. (DRAE)
La explicación más elocuente de los peligros de dar una interpretación laxa al poder político exponencialmente ampliable es proporcionado por el filósofo político Giorgio Agamben en su escrito ‘Estado de excepción‘ (Agamben, G. Editorial Adriana Hidalgo. Edición (2004), 178 páginas) que define dicho proceso haciendo referencia a la experiencia histórica: “Porque el poder soberano del presidente esencialmente está cimentado en la emergencia ligada a un estado de guerra… en 1933, Franklin D. Roosevelt pudo asumir poderes extraordinarios para hacer frente a la Gran Depresión presentando sus acciones como las de un comandante durante una campaña militar…” Igualmente habremos de regresar a Agamben.
Entonces sin dudas existen al menos tres áreas de doctrina constitucional que constituyen ejercicios bona fide y legítimos de derecho de excepción: las emergencias y las catástrofes naturales, la situación de Guerra y el derecho de dominio eminente (derecho a expropiación para usos públicos). Debemos hacer hincapié en el interés apremiante en los escenarios señalados que es de una verdadera naturaleza especial y corroborable. Es de interés marcado el asunto de lo corroborable que debe resultar el motivo. Debo añadir que aunque subsiste una tendencia moderna en lo que respecta a las expropiaciones que ha sido el permitir dichos procedimientos extraordinarios bajo el pretexto de supuestos fines de desarrollo económico (Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469 (2005)), dicha decisión dividida sigue siendo ampliamente discutida y criticada.
En el caso de Bush de lo que se trató, bajo la ilusión de la supuesta ‘Guerra al terrorismo,’ fue obviar los estándares constitucionales, en Puerto Rico el gobernador ha declarado un estado de crisis económica y basado en ese planteamiento (hasta el momento sin siquiera haberse certificado dicha crisis y basado realmente en su control de los cuerpos legislativos) ha procedido a promulgar una serie de medidas que igualmente se adistancian del Estado de Derecho.
Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.
Exposición de Motivos
“Puerto Rico atraviesa por la crisis fiscal más grave de nuestra historia. Esta crisis es el resultado de políticas fiscales irresponsables que ocasionaron y luego agravaron una recesión económica que está en su cuarto año consecutivo y que está al borde de convertirse en una depresión –la primera en Puerto Rico desde la década de los 1930’s.
… Hoy el Gobierno de Puerto Rico enfrenta un déficit estructual recurrente de aproximadamente $3,200 millones, lo que equivale al 42% de los recaudos estimados para el año fiscal corriente, con un crédito al borde de una degradación a condición de chatarra (“junk”.). El Gobierno no cuenta con los recursos para cubrir sus gastos operacionales.”
(Ver texto de la ley: http://www.oslpr.org/download/es/2009/0007c1326.pdf)
En ambos casos se presentan ciertas circunstancias similares, veamos: durante la era de Bush el pasado presidente contaba con la hegemonía del poder de su partido en el Congreso igual que el gobernador que tiene a su haber la mayoría en la Asamblea legislativa.
A grandes razgos el Estado de excepción tiene que ver precisamente con que el poder legislativo y el ejecutivo coincidan o se consolidan. Por ejemplo, cuando el ejecutivo declara el Estado de excepción sus palabras se pronuncian y a la vez son ley. Es el gobierno por decreto ejecutivo si acaso disimulado lo cual no deja de ninguna manera ser inmensamente similar al gobierno dictado o como comunmente se conoce el gobierno dictatorial.
En el caso de la isla, la consolidación del poder se agudiza notablemente, primero por los nombramientos recientes de jueces al Supremo que desde ya revela un bloque monolítico de mayoría en dicho foro, y segundo, debido al carácter partidista al extremo en lo que respecta a las deliberaciones en tanto la Asamblea legislativa como también se presume, y hasta ahora en las decisiones más recientes se deduce, en el máximo foro judicial.
Hoy vemos todo un proceso de desmitificación de la ‘Guerra al terrorismo’ que utilizó George W, Bush para justificar el Estado de excepción que conocimos como el ‘Patriot Act’, sin un ejercicio claro y transparente que a todas luces justifique la citada ‘Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico‘, la pregunta obligada es si estamos ante un proceso ilegtimo que implanta igualmente poderes omnímodos en el ejecutivo y ha abierto la puerta a obviar por ejemplo los derechos proprietarios de trabajo (por ejemplo los convenios colectivos legalmente acordados) de miles de empleados públicos.
Este ensayo propone que esta modalidad ilícita del Estado de excepción no es nueva y de hecho, previo inclusive al gobierno de Bush, tiene nefastos precedentes históricos.
Primero veamos ciertas consideraciones necesarias de doctrina:
Si se habla de Estado de excepción la referencia es a un derecho de excepción destinado a regir en situaciones de anormalidad, ya sea política, económica o social, nacional o internacional, y cuyo efecto incide, principalmente, en ampliar las facultades de la autoridad política y administrativa para restringir, limitar o suspender los derechos individuales o sociales. El derecho aún en situaciones de plena normalidad se encuentra sujeto a algunas limitaciones en aras de una sana convivencia social. (El derecho de los demás y la protección de ciertos bienes jurídicos como son el orden público, la moral y las buenas costumbres). Por lo tanto, podrá en ciertas emergencias severas (guerra; casos graves de alteración del orden público; daños o peligros de seguridad nacional y calamidades públicas) restringirse el ejercicio de los derechos fundamentales, transitoriamente, para la búsqueda del restablecimiento de la normalidad.
El origen de la excepción esta en el procedimiento formulario del derecho romano. La exceptio estaba entre la intentio y la condenatio. Concepto de excepción: derivado del latín exceptio, la exceptio se originó en la etapa del proceso como un medio de defensa del demandado. Consistía en una cláusula que el magistrado, a petición del demandado, insertaba en la fórmula para que el juez, si resultaban probadas las circunstancias de hecho alegadas por el demandado, absolviera a éste, aun cuando se consideraba fundada la intentio del actor.
La excepción surge como mecanismo de derecho como una defensa personal lo que presupone que era un recurso extraordinario para impedir la tiranía del magistrado en su imposición mecánica, insensible o deshumanizada de la norma jurídica que por razón necesaria de sus limitaciones inherentes como constructo debe contemplar sus posibles limitaciones o defectos prospectivos, o sea la ley que sea puede implicar que en ciertas circunstancias en lugar de justicia produzca una situation de inequidad.
equidad. (Del lat. aequitas, -atis). 1. f. Igualdad de ánimo. 2. f. Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. 3. f. Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva. (DRAE)
Carl Schmitt el más importante pensador jurídico conservador en el continente europeo entre las guerras mundiales, sentía que la democracia liberal moderna era demasiado débil para hacerle frente a las ondas de choques sociales y políticas que atormentaron a Europa entre las guerras. Él sugirió que estas constituciones democráticas liberales tuvieran una “puerta de escape,” es decir una cláusula que permitiría que el ejecutivo pusiera a un lado las libertades civiles que forjaron la constitución siempre que el estado se encontrara ante una amenaza existencial. Exactamente cuál era este “Estado de la excepción” y cómo podría ser accionado dependería de las particularidades de cada constitución. Precisamente la definición de soberanía para Schmitt según Agamben era la capacidad de declarar un Estado de la excepción. Lo esencial de su teoría se puede encontrar en su libro ‘Dictadura‘ (1921), también en ‘Teología política‘, publicado un año más tarde. Estos dos ensayos, publicados en los años 20, fijan un paradigma que no es sólo contemporáneo, pero puede de hecho encontrar su concreción verdadera hoy como atestiguamos en los Estados Unidos del gobierno de Bush y tal vez hoy en Puerto Rico: para Schmitt, un gobierno capaz debe incluir un elemento dictatorial.
El juez Kennedy del Supremo de los Estados Unidos en su voto decisivo en el caso Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006) plantea: “Afirmar que las ramas políticas pueden activar o desactivar la Constitución por intervalos según su voluntad llevaría a un régimen en el cual éstas (las ramas políticas), no esta corte, dirían “cuál es la ley” lo cual presupone un trastoque fundamental y decisivo de todo el sistema constitucional de pesos y contra pesos."
Agamben en ‘Estado de excepción’ nos provoca cuando cita: “Miremos el caso de la Alemania nazi. Enseguida después que Hitler vino al poder (o, ser más exacto, enseguida después que le ofrecieron el poder) proclamó, el 28 de febrero de 1933, el decreto para la protección de la gente y el estado. Este decreto suspende todos los artículos de la constitución de Weimar sobre libertades individuales. Puesto que este decreto nunca fue revocado, podemos decir que el Tercer Reich entero desde un punto de vista legal era un Estado de excepción. Y en este sentido podemos definir al totalitarismo moderno como la institución del Estado de la excepción.”
El libro de Giorgio Agamben nos ofrece un muy riguroso intento de reconstruir los remotos orígenes históricos de esta figura y a la vez de analizar las razones y el sentido de su evolución actual, desde Hitler hasta Guantánamo. Cuando el Estado de excepción tiende a confundirse con la regla, las instituciones y los precarios equilibrios de los sistemas políticos democráticos ven amenazados su funcionamiento hasta el punto de que la propia frontera entre democracia y absolutismo parece borrarse.
Agamben propone algunas conclusiones que creo debemos analizar a la luz de los hechos que sacuden a Puerto Rico (p. 124-128):
El sistema jurídico occidental es una estructura doble: un elemento normativo y jurídico en sentido estricto -potestas- y otro anómico y metajurídico -auctoritas-. El estado de excepción es esencialmente un espacio vacío, en el que una acción sin relación con el derecho tiene frente a sí una norma sin relación con la vida. Esto no hace que sea ineficaz, sino muy por el contrario ha permitido el funcionamiento político desde la Primera Guerra Mundial. El “aspecto normativo del derecho puede ser así impunemente cancelado y contrariado por una violencia gubernamental que -ignorando en el exterior el derecho internacional y produciendo en el interior un estado de excepción permanente- pretende, no obstante, seguir aplicando todavía el derecho” (p. 126).
Regresando a la realidad de Puerto Rico si aplicamos la máxima de que cuando una parte en una controversia jurídica se niega a descubrir evidencia y pruebas relevantes y pertinentes se presume que dicha parte sabe que dicha evidencia y pruebas le son contraproducentes por ende la evidencia y pruebas hasta en ausencia tienden a probar (el llamado peso de la prueba) la tésis de la parte que la solicita: ante el hecho de que el gobierno de Fortuño se niega a revelar los documentos certificados que se relacionan con la alegada crisis económica y sobre contrataciones de personal y servicios profesionales se puede concluir siquiera preliminarmente que dichos documentos, de existir, pueden muy bien probar lo contrario a los alegatos del gobernador y su séquito.
Proponer y poner en marcha medidas tan dolorosas y traumáticas como las sugeridas por la administración del gobernador Luis Fortuño: despidos masivos, recortes significativos a programas gubernamentales y otras, a la vez que padecen de un argumento racional tan incierto y trunco de documentación de apoyo lo que nos sugiere necesariamente es que estamos nuevamente (muy a pesar de los verdaderos intereses del pueblo puertorriqueño) ante un ejemplo deplorable de Estado de excepción que se perpetúa injustificadamente con lamentables, serias y profundas lagunas de legalidad posterior. En el cuadro de hechos existente, la complicidad del foro judicial muy bien puede ser que a corto y mediano plazo imposibilite acciones judiciales (las cuales entiendo que comoquiera se deben presentar y argumentar siquiera para efecto de documentación histórica) pero la historia del derecho está repleta de acciones judiciales en las que se imponen los intereses especiales o políticos precisamente esta capacidad de los foros jurídicos de verse contaminados ha puesto en duda y entredicho frecuentemente decisiones de los más altos foros incluyendo el de Puerto Rico.
Asomarnos a cuestionamientos de porqué ocurren estos procesos es materia para unos próximos ejercicios pero la lógica sugiere que bajo el palio de estos esquemas tan dudosos los objetivos no deben estar amparados en el bien común y el sano derecho.
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13 comentarios:
un buen escrito y estoy de acuerdo...
Gracias Pachi, eres un tesoro en lo analitico, que dicha que los
ciberneticos te tenemos por aqui, gracias por su esfuerzo titanico en concientizar...como solo ud
puede y sabe...Salud Quedo!
Jose
ladrones y mentirosos...PROHIBIDO OLVIDAR!
Pachi, corto y preciso....nos dejaremos coger de ...?
Gobierno de Luis Fortuño está irremediablemente condenado a la nada.
excelente exposicion!
Despidos en el Gobierno
Por ELNUEVODIA.COM
La administración del gobernador Luis Fortuño anunció hoy el despido de 7,816 empleados públicos como parte de la primera ronda de un plan de ajustes para generar ahorros y lidiar con un déficit que aseguran asciende a $3,200 millones.
El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos García, informó que la mayoría de los empleados cuya labor cesa inmediatamente incluye personal transitorio cuyos contratos vencieron hoy, así como a unos 2,000 trabajadores que se acogieron a renuncias voluntarias incentivadas por el patrono.
El plan para reducción de la plantilla estatal supone dejar sin empleo a 10,400 personas antes de agosto, pero cuando inicie el nuevo curso escolar, García reconoció que tendrían que contratar un número indeterminado de maestros ahora cesanteados, para atender adecuadamente la nueva matrícula del sistema público de enseñanza.
En directo el Gobernador respondía preguntas no relacionadas con las cesantías en un programa de variedades (Telemundo). Allí, antes del mediodía, aprovechó para adelantar que : “Le estamos dando a las personas que se queden sin trabajo un plan médico (por seis meses), un vale para montar sus negocios y otras ayudas”. En simultáneo, la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF) justificaba los despidos al destacar que, de lo contrario, habría que aumentar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
En la avenida Ponce de León, durante una protesta encabezada por el sindicato Servidores Públicos Unidos, algunas personas intentaron bloquear la céntrica vía. Se temió un choque entre ciudadanos y la Policía, pero el incidente sólo incrementó la congestión vehicular en la zona bancaria. En Puerta de Tierra, el PPD recalcó que el Gobernador mintió al pueblo cuando aseguró en campaña que no despediría empleados públicos.
Cuando los trabajadores recibían sus cartas consignando la terminación de sus labores, la tristeza y decepción era evidente. La tensión aumentó cuando casi simultáneamente surgieron amenazas de bomba en las sedes de los departamentos de Hacienda y Salud. Las instalaciones fueron desalojadas. Luego se procedió con rastreos urgentes encabezados por perros de la Unidad Canina de la Policía. Las inspecciones culminaron con la determinación de que se trató de falsas alarmas.
Como para calmar la ansiedad y el desasosiego de los anuncios de la JREF, Fortuño encabezó una conferencia de prensa para enumerar ayudas gubernamentales para los recién desempleados. “Creemos en el talento de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas”, indicó el Gobernador al activar un grupo interagencial para garantizar apoyo a los afectados por las cesantías. Los beneficios para los desempleados incluyen talleres, preparación de resumés, vales de estudios técnicos o vocacionales y subsidio de hasta 50% de su salario para empleados que sean reclutados por empresas privadas o entidades sin fines de lucro, según destacó La Fortaleza.
“Me siento bien mal. Hace once meses que mi esposo murió y estoy sola con mis dos hijos. He perdido ese sueldo e imagínate ahora cómo voy a estar en la calle”, dijo tras recibir su carta de despido Lourdes Cardona Vélez, una tecnóloga médica que por cuatro años y medio ha trabajado en el Departamento de Salud.
Se quedan cortos los despidos.
sábado, 30 de mayo de 2009
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora
No están todos los que son, ni son todos los que están.
El gobierno de Luis Fortuño anunció ayer una primera ronda de despidos en el servicio público que afecta a 7,816 trabajadores, la mayoría de ellos maestros transitorios.
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Con los 2,585 empleados que habían accedido a renunciar voluntariamente, la reducción de nómina, por ahora, se eleva a los 10,000.
Las agencias con el mayor número de recortes resultaron ser Educación, Hacienda, Salud, Familia, Transportación y Obras Públicas, y Corrección. Y la mayor parte de los perjudicados fueron los transitorios, según los números totales.
Son menos -por ahora también- los servidores públicos de carrera que se ven obligados a abandonar sus puestos.
En conferencia de prensa, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, admitió que el panorama de los despidos presentado “no es definitivo”.
Dijo que, en el caso de Educación, el 90% de los 5,749 transitorios a los que no se le renovarán sus contratos en esa agencia son maestros del salón de clases.
En agosto, dependiendo de las necesidades que surjan en los planteles, se estará decidiendo si será necesario contar con algunos de esos empleados.
Si fuese así, queda la interrogante de si se tendría que despedir a otros empleados de carrera, de no haber otras opciones.
García explicó ayer que los requerimientos en ley son específicos y que el recorte de nómina tenía que empezar por los empleados transitorios.
En cuanto a los empleados de Hacienda con este tipo de contrato, se indicó que laboraron con el proceso de radicación de planillas sobre ingresos .
No se mencionó que haya intenciones de recontratarlos.
En esta primera ronda de reducciones, quedaron fuera 205 empleados irregulares y cinco por contrato. También un total de 6,797 transitorios, la mayoría de ellos en Educación.
Sólo serán cesanteados 809 trabajadores de carrera, con nueve meses o menos en el servicio público, lo que implica que quedaron fueran los llamados “ilegales” de la veda electoral de 2008.
Estas cesantías y suspensiones de contrato, se anunció, serán efectivas el 10 de julio. Los nombramientos de los empleados transitorios e irregulares quedarán suprimidos a su término o al 30 de julio. El lunes, se dijo que se cumplen los contratos de 4,000 de estas personas.
Cabe señalar que el efecto neto en dólares y centavos de los despidos anunciados ayer se queda corto con respecto a la meta de ahorro de $2,000 millones que pretende la administración Fortuño.
Los 7,816 que salieron durante la segunda fase del plan de reducción de nómina le significan al Estado una economía de sólo $153 millones.
A esa suma hay que añadirle los ahorros de la primera fase de las renuncias voluntarias y la suspensión de los beneficios de los convenios colectivos que alcanzaron los $239 millones.
“Al presente no se puede estimar el número de cesantías de futuras rondas”, recalcó el presidente del BGF.
Las razones que dio para que futuros despidos se den de manera escalonada son:
El Gobierno trabaja con un plan de reorganización gubernamental que, según García, podrá reducir la necesidad de $1,600 millones que sacar empleados públicos.
El plan de reorganización del Gobierno, que ya se plantea mediante un proyecto de ley, contempla, de acuerdo con lo que dijo ayer el propio gobernador Fortuño, la consolidación de funciones y agencias.
No se ha anticipado cuáles ni cuándo.
Para las censantías restantes también se tomarán en cuenta las reducciones en gastos operacionales.
“Las cesantías son una opción de último recurso, pero tenemos que alcanzar los $2,000 millones”, subrayó García.
Expertos anticipan una inestabilidad económica
sábado, 30 de mayo de 2009
Mariana Cobián / Primera Hora
Si se pudiese resumir en una palabra lo que provoca las 7,816 cesantías en el Gobierno sería desestabilización, tanto económicamente como en el ánimo de los ciudadanos, y afecta tanto a los despedidos como a los que permanecen en sus puestos.
Así opinó el economista José Alameda, quien recalcó que la situación no se puede medir solamente en dólares y centavos, sino también en la psiquis del pueblo.
“El efecto es estresante en la gente porque lo más que he visto es que están desesperados. Es como cuando viene un huracán, que la gente se vuelve histérica, se genera un gran estrés social. Estos despidos tienen otra fase que viene y la gente está pensando, qué pasará conmigo”, recalcó el catedrático.
Indicó que también crea una desestabilización económica en el mercado laboral, especialmente cuando el sector privado ha despedido a 67 mil empleados en los últimos años.
“La empresa privada no es una alternativa en estos momentos. Es un gran marco de incertidumbre, no tan sólo para los que botaste, sino los que quedan. Es como la espada de Damocles, cuando el gobernante se puso una espada apuntando a su cabeza atada a crin de caballo. Así está el Gobierno, con ese grado de incertidumbre. No se sabe cuándo se va a zafar la espada”, expresó el economista.
Sostuvo que las casas clasificadoras no dicen que hay que despedir empleados, sino aumentar los ingresos para cuadrar con los gastos recurrentes.
“Se puede hacer ajustes con las contrataciones, evitar los aumentos de sueldo. Pero si das aumentos y contratos con bufetes estrambóticos... El gobernador (Luis Fortuño) dice que no va a meter la mano en el bolsillo de la gente, pero se lo mete hasta home cuando bota a la gente. Se siente apenado cuando se habla de aumento en impuestos, pero no cuando bota a la gente”, expresó Alameda.
Por su parte, el también economista Joaquín Villamil señaló que era necesario reducir la plantilla gubernamental, pero cuestionó el método utilizado para llevar a cabo el proceso.
“Se tenía que planificar cuidadosamente por dos razones: que los que saques no afecten el funcionamiento de la agencia y, segundo, entender que en una situación recesionaria como en la que estamos, estas personas van a entrar al mercado de trabajo, pero no se están generando empleos, por el contrario”, argumentó Villamil, de Servicios Técnicos, Inc.
“Es una situación preocupante. Pienso que habían otras alternativas a tener que despedir a 7,816 personas de repente. Pienso que se debió hacer paulatinamente, distribuido a través de un periodo más largo de tiempo”, concluyó Villamil.
Permisos a tutiplén
sábado, 30 de mayo de 2009
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
El ayuntamiento capitalino se unió a otros siete municipios que actualmente tienen la facultad de cambiar la zonificación de sectores de su municipio en caso de mediar una solicitud de un proponente de un proyecto de construcción que requiera el cambio.
El gobernador Luis Fortuño y el alcalde de la capital Jorge Santini firmaron un convenio que viabiliza la transferencia de poderes de la Junta de Planificación (JP) y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) al ayuntamiento para que éste, dentro de sus competencias como municipio autónomo, pueda otorgar todos los endosos que requieran proyectos de baja densidad. Las agencias han delegado muchas de sus funciones a diez municipios autónomos pero, hasta la firma del convenio ayer, sólo siete podrían decidir asuntos relacionados con la zonificación de su territorio.
El alcalde Santini utilizó la actividad para lanzar ataques contra las pasadas dos administraciones del Partido Popular Democrático por supuestamente haber obstruido la transferencia de los poderes. Tanto el presidente de la JP, Héctor Morales, como el director ejecutivo de ARPE, Humberto Marrero, sostuvieron que el Gobierno municipal contaba con los recursos para procesar el escabroso proceso de endosos que requieren las obras.
“Claramente, la capital está facultada para manejar (sus nuevas funciones). Vamos a echar adelante la economía de San Juan, la zona metropolitana y el resto de Puerto Rico”, sostuvo el Gobernador.
Más objetan ley permisos
sábado, 30 de mayo de 2009
Antonio R. Gómez / Primera Hora
El proyecto que establece el nuevo sistema de permisos para Puerto Rico sigue bajo fuego en la Legislatura por parte de grupos y activistas en defensa del ambiente.
Lourdes Irizarry Suau, presidenta de Rescate Playas Isabela, Inc,, levantó numerosas objeciones a la medida aun cuando reconoció que el proceso de permisos puede mejorarse.
Entre sus objeciones principales mencionó que el proyecto “arrebata derechos que ahora tiene el ciudadano para intervenir y participar en el proceso, si lo cree necesario”.
Argumentó además que la medida hace “prácticamente imposible” velar por los recursos naturales de la Isla “presentando una y otra vez obstáculos para el ciudadano común”.
Por su parte Alberto de Jesús, mejor conocido como “Tito Kayak”, dijo a la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación de la Cámara que el proyecto es “una fruta podrida que no hay que comérsela completa para saber que hace daño”. Subrayó su oposición a la misma.
Confuso el perfil de los empleados cesanteados
Pero se especula que son jóvenes y que desempeñaban las labores “menos protegidas”
Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com
Con los escasos datos que se tienen a la mano actualmente, resulta muy difícil determinar el perfil de los empleados cesanteados por el gobierno durante el día de ayer y el efecto que tendrá la medida que viabilizó esas cesantías.
Así se expresaron ayer estudiosos de la administración pública y los recursos humanos tras la ola de despidos ejecutada por el gobierno de Luis Fortuño.
Para la doctora Palmira Ríos, directora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, la falta de transparencia y el pobre suministro de datos completos dificulta esa labor.
Pero aunque recalcó que la falta de datos y que casos como el Departamento de Educación -donde posiblemente tengan que volver a contratar a personal cesanteado- no permiten identificar bien el perfil, Ríos opinó que los desplazados que cargarían con el peso de las reducciones deben ser los de puestos menos protegidos, como empleados administrativos y de mantenimiento.
speculó que muchos deben ser jóvenes o recién graduados -por las plazas transitorias- y estimó que en el grupo habría un gran número de mujeres.
“Esto es un golpe muy severo al servicio público, que ya está lacerado por la politización y por la crítica a la calidad de los servicios, aunque aún había orgullo de ser empleado público. Lo último que quedaba era la seguridad de empleo”, sostuvo Ríos.
Por su parte, el ex secretario del Departamento del Trabajo, Víctor Rivera, dijo que si estos empleados son del grupo de empleados transitorios que entró a trabajar en los últimos meses del 2008, la edad de los afectados debe estar entre los 20 y 40 años.
Sostuvo que el gobierno podría enfrentar pugnas legales por discriminación con estos empleados, y que la probabilidad se elevaría si se toca a los empleados de carrera, “que tienen un derecho propietario sobre sus plazas”.
“Yo creo que es parte de una política pública errada del gobierno”, dijo Rivera. “Entiendo que la justificación ha sido una reducida a dólares y centavos, y el gobierno no se puede correr así”.
Angie Lugo, presidenta de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM), estuvo de acuerdo que muchas madres jóvenes se afectarían porque su participación en el gobierno es mayor, pero que el perfil no necesariamente incluiría sólo a jóvenes.
“Esto va a degenerar en que, al no haber tanta disponibilidad de empleos, se va a disparar el desempleo (14.1 en febrero), la participación laboral (46%) va a seguir bajando y habrá un incremento en personas que dependen del gobierno (53%), ya no por decisión propia”, dijo Lugo.
Con un trámite total de cuatro días laborables y una sola vista exclusivamente con funcionarios del Ejecutivo, el gobernador Luis Fortuño convirtió en ley un proyecto de 100 páginas que reta el orden constitucional otorgándole poderes prácticamente absolutos al Ejecutivo, destripa décadas de acuerdos laborales en el sector público, impone contribuciones a los individuos de hasta el doble de lo que se paga ahora, y suspende las salvaguardas en la capacidad del Gobierno de pedir prestado.
La Ley 7 del 9 de marzo de 2009 oficialmente propone acción en sólo tres áreas principales: impuestos, nómina gubernamental, y financiamiento. Sin embargo, impacta 13 leyes y tiene ramificaciones que todavía están descubriéndose.
En las tres áreas hay disposiciones temporeras (hasta el 2012) y hay otras que son permanentes. La base de todo es liquidar el déficit de $3,200 millones que dice la Administración que hay en las arcas públicas así que la eliminación o extensión de las medidas "temporeras" va a depender del cumplimiento de esa meta. Pero, ¿quién va a decir si la meta se ha cumplido? El propio Gobierno.
¿Y cuáles son las posibilidades de éxito de lo que el Gobernador ha llamado "medicina amarga"? Los únicos puntos de comparación que provee la nueva administración son las crisis de Nueva York en la década de los 70 y la de Washington DC en 1995. En Nueva York tardaron siete años en eliminar un déficit de $1,000 millones. En DC tardaron dos años en eliminar uno de $401 millones. La Ley 7 propone eliminar un déficit de $3,200 millones en cuatro años.
Hasta ahora, la ley oficialmente llamada Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal, conocida en inglés como OPERA, se conoce por el plan de cesantías que impone para el sector público. Pero, ¿qué más provee y por qué ha provocado preocupación en los que se han ido enterando poco a poco de sus disposiciones?
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) examinó la ley, los argumentos de oposición, estadísticas federales y los documentos financieros que ha publicado la Administración Fortuño para el siguiente resumen de un estatuto que afecta a empleados públicos, comerciantes, dueños de propiedades, municipios, corporaciones, contribuyentes y, que, tomada como un todo, representa el remezón más abarcador que estado o territorio alguno está sufriendo en la presente crisis.
Malabarismo constitucional
-Da poder casi absoluto al Ejecutivo
-Limita las acciones de los tribunales
-Inmuniza al Gobierno contra reclamaciones laborales
En su exposición de motivos, la Ley 7 dice que está basada en la facultad constitucional de la Legislatura para aprobar leyes en casos de grave emergencia en los que estén en peligro la salud, la seguridad pública y los servicios esenciales. Este argumento era necesario para justificar hacer algo que la propia Constitución prohíbe: suspender contratos, y dejar sin efecto todos los convenios colectivos y los demás arreglos laborales que el Gobierno ha hecho con los empleados públicos durante las últimas décadas.
La Administración, de esta forma, utiliza una sola ley para hacer tres cosas a la vez: decretar una emergencia con visos de gravedad, decir que eso le da poder constitucional para legislar, y decretar la suspensión de sus compromisos contractuales laborales por dos años.
Fortuño tiene una “actitud totalitaria”
Así lo cataloga Fernando Martín tras criticar su decisión de eliminar el Fondo Electoral.
Por The Associated Press
Como una “actitud totalitaria y acomodaticia” catalogó hoy el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, la amenaza del gobernador Luis Fortuño de que eliminará la financiación pública de campañas políticas.
Para Martín, Fortuño hace la amenaza porque su Partido Nuevo Progresista está ahora en mayoría y podría, como ha sido la práctica en el pasado, levantar fondos mediante lo que llamó los “inversionistas políticos”.
“Me parece una barbaridad que el gobierno, ahora en mayoría, pretenda acabar con todas las restricciones para levantar dinero y a la misma vez quitarle a los partidos de minoría el fondo electoral, que es una cantidad mínima que se utiliza para financiar los gastos administrativos básicos de luz, agua, teléfono y arrendamiento”, dijo en entrevista radial (WKAQ).
A su juicio, la acción de Fortuño es un intento de acorralar a los partidos de minoría.
“Si en su momento quitan el fondo electoral, que lo quiten, que lo quiten. Levantaremos los fondos como haya que levantarlos y los levantaremos en la calle, pero eso no debe esconder el principio de que aquí se trata de una actitud totalitaria, acomodaticia, de privatizar las campañas y entregarlas a los grandes intereses”, añadió.
El miércoles, Fortuño dijo que acabará con el financiamiento público de los partidos políticos.
“El Partido Nuevo Progresista (PNP), igual que el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño, tendrán que levantar su dinero para subsistir. El pueblo puertorriqueño no va a seguir manteniéndolos”, expresó el mandatario en una conferencia de prensa.
http://www.elnuevodia.com/fortunotieneunaactitudtotalitaria-577168.html
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