Justicia para todos
Por Dolia Estévez, Washington, D.C.
Thomas Pérez es el encargado de hacer cumplir la nueva legislación contra crímenes de odio que afectan gravemente a los latinos en Estados Unidos.
El desgastante debate migratorio y su incendiario corolario mediático, trajeron como consecuencia un alarmante incremento en la discriminación y en los crímenes de odio contra la comunidad y los inmigrantes latinos en Estados Unidos. De acuerdo con el FBI, entre 2003 y 2007 (último año registrado), los crímenes de odio contra hispanos aumentaron 40%. Al no hacer cumplir las leyes federales que castigan la discriminación racial, de credo y de género, el gobierno republicano de George W. Bush contribuyó al aumento de los abusos de intolerancia contra los hispanos.
Revertir el deterioro que ha sufrido la protección de los derechos civiles de todas las minorías, no sólo de la latina, es prioridad número uno de la administración de Barack Obama. De ahí la importancia que el primer presidente negro de Estados Unidos confiere a la División de Derechos Civiles la cual, según el procurador Eric Holder, volverá a ser la “joya de la corona” del Departamento de Justicia.
Desde su creación en 1957, año en que se promulgó la primera ley sobre derechos civiles, la división ha crecido exponencialmente en tamaño y responsabilidades. Si bien su misión sigue siendo hacer cumplir las leyes que protegen las garantías civiles y constitucionales de todos los estadounidenses, particularmente de los miembros más vulnerables de la sociedad, a lo largo de más de medio siglo se han aprobado una serie de legislaciones que fortalece su razón de ser.
Hoy, es responsable de hacer valer los códigos penales que prohíben la discriminación en todas sus formas y expresiones en las áreas de educación, empleo, crédito, vivienda, servicios públicos y voto, categorías en las cuales las estadísticas muestran un trato desproporcionadamente injusto hacia las minorías. Con la aprobación en octubre de la nueva ley que amplía la definición de crímenes de odio para incluir abusos cometidos debido a la orientación sexual o discapacidad de la víctima, la división sumó una arma más a su arsenal jurídico contra la intolerancia y el racismo.
El hombre con el reto de retomar la promesa de los padres fundadores de Estados Unidos de igualdad de oportunidades para todos bajo el régimen de derecho, es Thomas E. Pérez, a quien Obama designó subprocurador general de la División de Derechos Civiles. Ratificado por el Senado el 8 de octubre, este abogado defensor de los derechos civiles y líder comunitario de ascendencia dominicana, nacido en Nueva York en 1961, con licenciatura de la Universidad Brown, maestría de la Escuela de Gobierno J.F. Kennedy y doctorado en Derecho por la Universidad de Harvard, es considerado idóneo para enfrentar el reto de “reconstruir y revigorizar”, a decir de Holder, la emblemática división.
En su trayectoria profesional pesa haber sido discípulo del Senador Ted Kennedy, a quien asesoró de 1995 a 1998, cuando el finado paladín de las causas sociales presentó por primera vez la nueva ley ampliada contra crímenes de odio. En su oficina, la misma que irónicamente ocupó hace 75 años J. Edgard Hoover, el temido primer director del FBI, hay una fotografía de Pérez y Kennedy, con la siguiente dedicatoria: “Para Tom, con agradecimiento por su inteligente asistencia en proteger los derechos civiles y avanzar la causa de la justicia bajo las leyes. Ted, 1995”. Perez concedió su primera entrevista a PODER.
Muchos defensores de los derechos civiles dicen que durante la administración Bush se perdió el significado de la justicia. ¿Qué planes tiene para restaurarlo?
Thomas Pérez, en adelante T.P.- Vamos a restaurar la justicia garantizando el cumplimiento eficaz, justo e independiente de todas las leyes que protegen los derechos civiles. Tenemos un papel muy importante que cumplir. La División de Derechos Civiles es la conciencia moral de la nación. Mediante la aplicación de todas las leyes bajo nuestra jurisdicción vamos a garantizar que haya justicia para todos.
¿Se dejaron de cumplir las leyes sobre derechos civiles en la pasada administación?
T.P.- Si se toman en cuenta el número de denuncias que se presentaron, queda claro que hubo áreas que no se atendieron. Por ejemplo, se registraron muy pocas apelaciones. De hecho, el número de apelaciones jurídicas que se entablaron durante la administración Bush fue menos de la mitad que las que hubo bajo la administración Clinton.
¿Y sobre discriminación racial?
T.P.- El combate a la discriminación racial es parte clave de nuestro trabajo. En realidad, es la razón de ser de la División de Derechos Civiles. Me gustaría decir que la discriminación racial, ya sea contra afroamericanos o latinos, o la discriminación contra la libertad de credo, es algo que pertenece al pasado, pero lamentablemente vemos demasiadas pruebas que muestran lo contrario. Gran parte de nuestro programa es asegurar el cumplimiento de las leyes sobre contratación laboral y el Fair Housing Act. En todo el país hay renteros que continúan discriminando contra latinos y afroamericanos u otros grupos étnicos. Los vamos a procesar. La discriminación contra los afroamericanos fue el hecho que dio lugar a la creación de la División de Derechos Civiles.
¿Han aumentado los crímenes de odio contra los latinos en los últimos años?
T.P.- Sí, en efecto, se ha dado un incremento dramático en el número de crímenes de odio en contra de latinos. Es innegable. El aumento se da a partir de 2000. Es una realidad lamentable. En promedio, hay un crimen de odio por hora; cada hora de cada día, de cada mes.
El aumento en los crímenes de odio contra latinos en los últimos años ha aumentado entre 40 y 50%. La nueva ley ampliada contra crímenes de odio representa un instrumento crucial para que los fiscales aborden ese tipo de abusos. Los crímenes de odio no sólo buscan quebrar huesos sino también quebrar el espíritu de las comunidades. Acabamos de enjuiciar un caso en Louisiana que tiene que ver con un fanático abominable que no le gustó que tres latinos se mudaran a su vecindario y disparó contra su casa lo que provocó un incendio que incineró la vivienda. ¡Esto es Estados Unidos, en el año 2009! El cumplimiento de las leyes contra crímenes de odio continuará siendo un área que abordaremos con agresividad en el marco de nuestras prioridades de procuración.
¿Son los latinos las víctimas número uno de los crímenes de odio?
T.P.- Los crímenes de odio afectan a muchas comunidades de formas muy significativas. Los latinos son ciertamente uno de esos grupos, pero no son el único ni tampoco son el único que está registrando un número mayor de crímenes de odio. Es un problema y un desafío que ha unido a las comunidades de color y a las comunidades religiosas. En nuestro país hemos tenido grandes avances en la lucha contra la intolerancia racial, pero somos testigos, una y otra vez, de casos abominables que nos dicen que todavía hay mucho por hacer. Creo que toda persona que sea víctima de un crimen de odio, es víctima de uno de los crímenes más repugnantes que se pueda imaginar.
¿Bajo su liderazgo aumentarán los encauzamientos relacionados con crímenes de odio?
T.P.- Ya se ha dado ese aumento. Ha habido una intensa actividad en el frente del combate contra los crímenes de odio.
¿Hubo retroceso en la defensa de los derechos civiles en los últimos años?
T.P.- Han habido enjuiciamientos enérgicos contra delitos de odio bajo gobiernos republicanos y demócratas. Es un hecho. Pero también es un hecho que el número de incidentes de crímenes de odio aumentó significativamente en los últimos ocho años y que la Administración Bush se opuso a la ley que acaba de ser aprobada y que permite combatir con más fuerza los crímenes de odio.
¿Qué tanto tiempo tomó aprobar la nueva ley?
T.P.- El senador Kennedy introdujo el proyecto de ley contra crímenes de odio por primera vez en 1996. Yo trabajaba para el senador Kennedy cuando se concibió. La nueva ley nos permite abordar crímenes sobre los que previamente no teníamos jurisdicción, por ejemplo, personas que son atacadas debido a prejuicios basados en su orientación sexual. Hacerla avanzar en el proceso legislativo fue una verdadera maratón que duró más de una década. Las ruedas de la justicia a veces se mueven demasiado lento. Este proyecto es un ejemplo clásico.
¿De qué manera fortalecerá la nueva ley la protección contra los crímenes de odio?
T.P.- Bajo la actuales leyes, es un crimen amenazar con violencia o perpetuar actos de violencia contra personas debido a su raza, color de la piel, origen nacional o religión si, en el momento en el que se cometió el acto de violencia, la víctima estaba ejerciendo lo que se conoce como un derecho federalmente protegido. Hay toda una larga lista de esos derechos. Para probar que se cometió un delito de odio bajo el viejo estatuto, había que probar que la persona perpetuó el crimen porque no le gustan los latinos y, además, probar que la víctima estaba ejerciendo ciertos derechos que están protegidos bajo las leyes vigentes. La nueva ley va a facilitar las acusaciones contra aquellos que cometan crímenes de odio contra latinos al eliminar algunas de las barreras jurisdiccionales que existían bajo la vieja ley. Uno de sus aspectos más importantes de la nueva ley es que los ataques contra los latinos y afroamericanos, por el simple hecho de su raza, se vuelven delitos federales.
¿Los inmigrantes ilegales gozan de los mismos derechos civiles que los ciudadanos y residentes legales bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos?
T.P.- Depende. Por ejemplo, si un policía injustificadamente golpea a una persona que resulta ser indocumentada, ese policía puede ser sujeto a una acusación judicial porque las leyes dicen que nadie puede voluntariamente privar a otra persona, quien quiera que sea, de un derecho que está garantizado bajo la Constitución. Cualquier persona que está en Estados Unidos, al margen de si ingresó legal o ilegalmente, tiene derecho a estar libre del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En casos así el estatus migratorio carece de relevancia.
¿Qué protección tienen, bajo las leyes de derechos civiles existentes, los inmigrantes que ingresan sin documentos y que son detenidos a la espera de ser deportados?
T.P.- Si hay inmigrantes encarcelados a la espera de ser deportados o de ser enjuiciados, tienen derecho, bajo la Constitución, de recibir un trato justo y, de necesitarlo, a recibir atención médica. Hay una serie de derechos civiles que existen al margen del estatus migratorio de las personas. Parte de nuestro papel es asegurar que esos derechos se cumplan cabalmente.
¿Qué papel juegan en el incremento de los crímenes de odio programas que difunden falsedades sobre los inmigrantes como el “noticiero” de Lou Dobbs por CNN?
T.P.- El debate migratorio provoca pasiones extraordinarias en ambos lados. Evocó pasiones durante las aprobaciones de la Ley para la Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y la Ley sobre la Reforma y Responsabilidad de la Inmigración Ilegal de 1996 y continuará provocando pasiones. Basta ver la historia de nuestra nación para darnos cuenta que siempre ha sido así. A principios del siglo XX, cuando se dieron los flujos migratorios más grandes de este país, hubo debates apasionados que en la década de los veinte provocaron la imposición de límites a la inmigración. Ha sido un tema difícil. A lo largo de la historia siempre han habido personas, y yo he enjuiciado a muchas de ellas, que han recurrido a la violencia porque no les gusta que el país esté cambiando. Nos hemos concentrado en aquellos que a través de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza está intentando intimidar a las comunidades.
Las organizaciones hispanas que están promoviendo un boicot contra el programa de Dobbs, están convencidas que se está excediendo. Dobbs miente sobre los inmigrantes. ¿Hasta qué punto es legal difundir falsedades que pueden conducir a crímenes de odio?
T.P.- La Primera Enmienda Constitucional (que protege la libertad de expresión y de credo) ciertamente es algo que yo apoyo y hay conductores de noticias que tienen posiciones muy firmes sobre ciertos temas. Nos enfocamos, como queda de manifiesto en los juicios que entablamos, en las personas que no sólo tienen animosidad en las palabras sino animosidad en los hechos. Nos concentramos en gente que canaliza su odio en acciones violentas.
¿No en la retórica?
T.P.- Exacto. Nuestro enfoque es por necesidad y está basado en las leyes. Concierne a gente que está usando violencia para dividir comunidades.
¿No hay nada que se pueda hacer contra aquellos que alimentan la violencia con su virulencia verbal?
T.P.- Nos concentramos en gente que comete crímenes como disparar contra la casa de alguien y después quemarla. Eso es ilegal y vamos a descargar el peso de la ley sobre los responsables, como lo estamos haciendo.
¿Qué tan grave es el uso del perfil racial contra los latinos en los departamentos de policía?
T.P.- El uso del perfil racial no es una práctica que ayuda a aplicar la ley con eficacia porque puede socavar la confianza pública en las autoridades policiacas. Por algo es que hay tantos jefes policiacos que se han pronunciado en contra del uso del perfil racial.
¿Joe Arpaio, el tristemente célebre alguacil del condado de Maricopa, en Arizona, hace uso del perfil racial?
T.P.- Tenemos una investigación activa sobre el Departamento de Policía del Condado de Maricopa, lo que me impide comentar sobre el caso. Es una investigación justa, independiente y amplia.
¿Es penal o una revisión administrativa?
T.P.- Es una investigación civil con base en nuestra jurisdicción sobre patrones y prácticas de conducta, con el objetivo de examinar al Departamento de Policía de Maricopa.
¿Qué implicaciones punitivas tiene una investigación civil?
T.P.- Los estatutos correspondientes señalan que si alguien recurre a un patrón de conducta que priva de derechos garantizados bajo la Constitución o las leyes de Estados Unidos, puede ser llevado a rendir cuentas en un contexto civil. Ése es el marco legal de esta investigación.
¿Cuándo va a concluir?
T.P.- Concluirá cuando hayamos cubierto todos los puntos de investigación que tenemos que cruzar. No sé cuándo sea.
Arpaio alega que la investigación está políticamente motivada.
T.P.- Prefiero que las acciones hablen por su cuenta. No quiero tener conversaciones con la prensa sobre la caracterización de casos.
¿Qué opina sobre la renovación del programa 287(g), suscrito por el Departamento de Seguridad Interna, que faculta a las policías locales para ejercer funciones de control migratorio?
T.P.- Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que el programa 287(g), que es voluntario, se ejecute de manera consistente con la Constitución y las leyes de Estados Unidos.
¿Le preocupa que los departamentos de policía que se han adherido al 287(g) estén haciendo uso del perfil racial?
T.P.- Sí, esa preocupación ha sido articulada y nuestro papel es asegurar que esos acuerdos están siendo ejecutados de manera consistente con la Constitución y las leyes de Estados Unidos que impiden el uso del perfil racial.
¿Cree que la reforma migratoria ayudaría a reducir el racismo y los crímenes de odio contra los inmigrantes?
T.P.- Es una pregunta difícil. El presidente Obama ciertamente respalda una reforma migratoria integral. Espera, y yo también espero, que una vez que abordemos este tema podamos seguir avanzando. La reforma nos permitirá reconocer que la diversidad es nuestra mayor virtud como nación. Cuando logremos apreciar eso plenamente, saldrá a relucir lo más noble dentro de nosotros mismos y nos ayudará a construir el sentido de comunidad. Sin inmigración este país no podría sobrevivir. Los inmigrantes han sido parte vital de nuestro éxito como nación. El debate, y con optimismo, la resolución del tema de la reforma migratoria, nos permitirá volver a nuestras gloriosas raíces.
Tomado de
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=2979#
Nota de ROF.- Thomas E. Pérez es un abogado de origen dominicano y profesor de Derecho (Facultad de Derecho Universidad de Maryland), ha trabajado y litigado por muchos años en derechos civiles.
Favor ver:
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/10/hispano-es-el-nuevo-responsable-de.html
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