Indecisos, independientes, e infiltrados: variables no cuantificadas.

...del término en latín variabilis, variable es una palabra que representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo.

En estos días el consumo de ejercicios de encuestas se convierte en plato frecuente en el menú cotidiano de noticias, comentarios y temores de la gente. Nos tragamos esta avalancha de supuestos datos y muchas veces, como pudimos notar durante la reciente contienda del referéndum de la enmienda al Derecho de la fianza, estos instrumentos no se estructuran de manera que realmente reflejen la realidad o al menos no completa. La muestra y su diseño, las preguntas y los conceptos claves de diagnóstico pueden divertir la atención de modo que haga una recreación de las actitudes de la gente que no sea fiel.

Razones tras estos cuestionamientos metodológicos pueden variar desde el deseo de proyectar los resultados de manera que sean una influencia para ciertos objetivos hasta meros errores conceptuales fundamentales.

Hay un concepto que se maneja con mucha frecuencia: los llamados "indecisos" que se supone que sean electores que a la fecha de la consulta permanecen en un especie de limbo sobre si optar por cuáles opciones o candidatos. Argumentamos que dicho concepto es aplicado de manera superficial sino totalmente equivocado lo cual genera este reclamo de que hay miles de electores atrapados temporeramente en una dimensión desconocida en la que pueden ser atraídos hipnóticamente a tomar decisiones. Ese concepto de elector en el purgatorio electoral nos luce bastante sambumbia.


No dudamos que si existan algunos ciudadanos, muy pocos, que tienen esa capacidad de posponer sus afinidades mientras realizan ejercicio de consideraciones finales, sin embargo no son tantos como nos quieren hacer ver. A estas alturas siendo los elementos de juicio cosas tan impactantes como el desempleo provocado por la Ley 7, los contratos profesionales y de inversión del gobierno y asuntos de derechos adquiridos puestos en jaque, no podemos honestamente creer que hayan tantos ciudadanos indecisos.

La naturaleza de su decisión es otro asunto, si significa votar por el contrincante o significa dejar de votar, por ejemplo, son resultados de una supuesta indecisión que no se recoge en dichos instrumentos. Ni siquiera se registra la propensión (inclinación o probabilidad) hacia una de esas conductas excluyentes.

La CEE ha establecido que hay un poco más de dos millones de electores hábiles y registrados, al menos el 5 por ciento (basado en elecciones previas y advertimos que el fenómeno puede hacer crecido hasta un 8 al 10%) responde a esa categoría.

¿Quiénes son..???

No son tan diferentes de otros votantes. Son un poquito menos partidistas, menos ideológicos y sienten menos intensidad acerca de la política. Han votado en las pasadas elecciones y la mayoría de ellos reflejan tendencias personales sobre sus preferencias políticas aunque de baja lealtad, es decir no son dados a decisiones abruptas sino que mediante un proceso gradual de afinidades van acercándose a la toma de decisión.

Las campañas se han de gastar millones, mucho de esto en publicidad para tratar de influir en estas personas "influenciables". Sitiados por estos anuncios; la guerra de anuncios es una poco decisiva y probable como influencia final. Un aspecto que se desatiende es la interacción en grupos de familiares, amistades y vecinos, por ejemplo en procesos en que van asumiendo sus decisiones. Veremos este punto cuando mencionemos la importancia de los medios sociales y el internet.

Entre los políticos cognoscenti, esos votantes son una especie curiosa. A menudo son vistos como enigmas separados que no piensan sobre lo que quieren hasta que llega hasta el día de elección.

No falta el "moralista" que aduce roles de responsabilidad ciudadana cuando lo cierto es que no hay ninguna norma que establezca el deber de votar como función ineludible ni existen requisitos de ser elector para que una ciudadano tenga pleno derecho a todos sus privilegios y libertades constitucionales. 

Tras una inspección más cercana, se encuentra que sus alianzas, simpatías y reflexiones personales son más complejas; o que, concediendo ciertamente sus alegadas decisiones de impulso, su voluntad y acto político son parte de su personalidad (pero ese impulso es un resultado del proceso de diminutas decisiones e informaciones que se acumulan de diversas formas incluyendo componentes emocionales válidos).

Sigue siendo un secreto el impacto real que los medios sociales pueden tener como una herramienta para el comportamiento humano, ha sido mayormente desconocido cuán eficaz este tipo de comunicación puede ser, especialmente cuando se trata de acciones como votar. 

La reciente experiencia del referéndum atrajo mucha atención hacia el efecto del internet y los medios sociales ya que por no poder contar con anuncios, los proponentes del NO donde lograron manifestarse continuamente fue mediante estos instrumentos. El hecho de que el NO haya resultado victorioso enfrentado a una campaña masiva y millonaria de medios refuerza si acaso al menos la curiosidad por el alcance de los medios alternativos.

Poco, sino nada, de análisis empírico se ha registrado sobre esta perspectiva, la mayoría de las piezas de opinión que se publicaron tras los resultados han sido composiciones anecdóticas, personalísimas y manifiestos ideológicos (mucho acto de fe) que sin embargo no han asumido el reto de intentar cuantificar realmente, sobre una base de encuestas aceptables y argumentos científicos, sus postulados y sospechas.

Favor ver: 

'Buscando el cromosoma del NO.' en notas de Feisbuk: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151183245495539&set=a.156321780538.150469.607415538&type=3&theater

o en los comentarios. ROF

Los científicos sociales de la Universidad de California, San Diego recientemente realizaron un estudio que sugiere que un mensaje de Facebook viral pudo atraer a más de 340.000 personas a votar en unas elecciones a mitad del período de 2010. 

Veamos: 5% de los votantes potenciales, dijo que sus opiniones políticas han sido impactados mucho por el internet. 21% dijo que sus opiniones han sido un poco impactados por medios de comunicación social. 8% dijo que los medios sociales ha tenido un gran impacto en su decisión de votar en general. 8% del totales de los encuestados dijo que a menudo comparten sus opiniones políticas o la información con otros en los medios sociales. 15% dijo que a veces comparten opiniones políticas en los medios sociales.

Interesados, favor ver: 

http://aytm.com/blog/daily-survey-results/voting-influence-survey/ 

Si estamos hablando como dijimos de que en el cosmo electoral el 10% es ese subconjunto de electores "indecisos", estas interpretaciones son claves sobre la importancia del internet y los medios sociales hasta sobre el bombardeo constante de publicidad que es como la lluvia durante una tormenta: luego de mojado el suelo, cuánta de la lluvia posterior solamente repite el efecto de mojar lo mojado.

Por otro lado ¿qué importancia tiene decidir para los supuestos "indecisos"...?

Es relevante presumir que muchos no se han decidido porque realmente no le han otorgado tanta importancia ni esfuerzo al asunto. Estos 'indecisos" no están cuidadosamente considerando las diferencias, simplemente no les importa tanto sea por lo que sea, en su calendario no es prioritario, y tal vez dejan dicho momento para luego, vamos hasta el final.

¿Cuáles posibles nuevas informaciones son necesitarías antes de que pueda comprometerse plenamente una persona que no se siente comprometido con el proceso?

Los medios de comunicación destacan (tal vez más por su propio interés en reflejar una controversia) la importancia de los votantes indecisos. Cuando usted habla con alguien acerca de un problema importante, no le habla a alguien que no sabe nada al respecto. Personas que no siguen los debates reflejan lo que piensan estos "indecisos" desafectados y se pueden olvidar de los resultados de los grupos de enfoque que no consideren su falta de interés o grado de confianza como factores centrales.

Propongo que lo que dificulta el diagnosticar este fenómeno es que muchos (me parece que este grupo crece de elecciones a elecciones) realmente no se consideran a si mismos como 'indecisos' sino como electores independientes. Pueden simpatizar con uno que otro grupo en mayor o menor grado pero hasta ahí llega el asunto, por lo menos por lo pronto. Pueden provenir de grupos políticos pero se han desprendido del sentido de disciplina del grupo, lealtades y hasta responsabilidades particulares.

El hombre amo, no esclavo de la tecnología. (mural/detalle) 1952. 

David Alfaro Siqueiros

Piroxilina sobre aluminio. 

Instituto Politécnico Nacional, México DF, México. 

Voy a sugerir ciertas características de estos votantes "independientes", adelanto a base de experiencias personales:

Los independientes no son tan hiper-racionales como se cree. Son menospreciados, pero al menos debemos imputar a ellos una racionalidad básica que no deja de tomar en consideración aspectos emocionales y puramente intuitivos. Los electores definidos le dan demasiado crédito al ejercicio de la racionalización y añaden capas sobre capas de razones para justificarse mientras los independientes no participan de este proceso de masturbación racional.

Cuidado acerca de la política; los independientes simplemente no disfrutan del circo político. Falta de compromiso no es una señal que no les importa sino que no sienten una urgencia existencial de ponerse camisetas de colores básicos que los conviertan en miembros de un nueva tribu y reunirse en modernas danzas de fuego. Después de todo, si realmente no les importara, ellos no hubieran planeado votar (dada la premisa que nos referimos a electores registrados). Los independientes no obsesionan sobre la política, o al menos consideran que es menos importante consumir tanto tiempo en ese juego; simplemente no disfrutan de la política y sus rituales.

El mero hecho de que estás leyendo este artículo sugiere que no sólo crees que la política es importante, pero realmente te gusta leer, escuchar y de alguna manera participar de la controversia y el debate de hablar de política. En otras palabras, ves la política de la manera que gente ve la cocina, los deportes u ópera: como un hobby, con cierto grado de apasionamiento. Por el contrario, los independientes ven la política como lavar la ropa sucia. Algo inevitable, no agradable ni interesante, si acaso pragmático y utilitario.

Los independientes no necesariamente piensan en términos de problemas (por lo menos NO de la manera que se suelen enmarcar). Quizás el mito más grande es sobre la narrativa de los "problemas".

Piénselo: el "problema" es la unidad básica de análisis político para campañas, candidatos, periodistas y otros miembros de la fauna política. Es lo que cada candidato se compromete a ejecutar. Pero el concepto mismo de la cuestión parece ser casi completamente ajena a la mayoría de los independientes. Sienten una experiencia inmediata e intuitiva, y presumen saber lo que es correcto y lo incorrecto, es decir el enmarcar de manera estereotipado los tan repetitivos "problemas" hasta resulta irrelevante.

Pero ¿cómo evalúan un candidato sobre los temas que realmente les importa? Parece seguir siendo un misterio.


Un último aspecto del proceso político que no se maneja con bastante claridad es que nuestros procesos han visto por casi cien años presencia e interacción de operadores clandestinos que se han dedicado a infiltrar, fraccionar e influenciar los procesos y movimientos políticos desde unos objetivos ilegítimos, es decir para imponer agendas de "cambiar, destruir o alterar" procesos políticos en la isla.


Se conoce como cosa de hechos desde que se revelan en el estudio sobre el Programa COINTELPRO en Puerto Rico que hicieron la profesora Carmen Gautier Mayoral y Teresa Blanco Stahl, que se publicó originalmente en 1979 y se reprodujo en el libro de "Las Carpetas", de Ramón Bosque Pérez y Javier Colón Morera.

Veamos:

Según se desprende de documentos del FBI, Hoover recibió dos informes de la oficina de San Juan. El primero, fechado el 19 de febrero de 1936, consta de 21 páginas y cubre el período del 3 al 10 de febrero del '36. El segundo cubre del 10 al 20 de febrero, consta de 29 páginas y está fechado el 26 de febrero.

Hoover se ocupó de manejar personalmente la persecución de Albizu.

El agente Tamm le dijo a Hoover: "Le dije al señor McMahon que usted está manejando personalmente este caso..." Hoover escoge a Puerto Rico como laboratorio de sus estrategias represivas. Muestra de esto es que las dos primeras 'carpetas' del FBI son las de Pedro Albizu Campos y la de Luis Muñoz Marín para esos momentos abiertamente independentista.

En un memorando a la Oficina del FBI de San Juan, J. Edgar Hoover ordena la iniciación de operaciones para "interrumpir las actividades de esas organizaciones y no está interesado en mero acoso".


En un memo de 1961 del Sr. Hoover se refiere a "nuestros esfuerzos para interrumpir sus actividades y comprometer su eficacia".

Es decir que las operaciones no fueron concebidos como actividades de vigilancia; eran operaciones agresivas previstas para interferir con las actividades normales de las organizaciones.

Los siguientes extractos de memorandos de Hoover dan una idea de lo que pretende lograr:
"...un programa de interrupción dirigida contra las organizaciones que buscan la independencia para Puerto Rico a través de distintos medios legales y pacíficos...debemos hacer un esfuerzo más positivo, no sólo a reducir, sino interrumpir sus actividades.
(Memorando de J. Edgar Hoover, Director del FBI, al agente especial a cargo, Oficina de campo de San Juan, 4 de agosto de 1960)

Documentos reflejan la actividad general del FBI en Puerto Rico. Pero algunos de los memos datan de 1976 y 1977; mucho después de que dichas actividades oficialmente se anuncia que terminaron como una actividad del FBI.

Es como el carpeteo lo que ha si acaso ha cesado es el carpeteo mecánico y artesanal, en archivos físicos, letras martilladas con maquinillas, regueretes de resortes, fotos en blanco y negro, papeles mimeografiados, y un surtido de hasta triviales documentos, organizados con tarjetas "index card", etc. eso que recibimos los carpeteados como muestra de ese episodio de la historia, pero sigue, vive digitalizado y cibernético integrando intervención de mensajes electrónicos, rastreo de llamadas de celulares y hasta movimiento de ciudadanos registrados mediante aparatos de GPS.

Documentos revelan que un número de grupos políticos y proyectos fueron realmente creados y operados por el FBI. No solo un grupo fue utilizado para perturbar la unidad en 1967 entre grupos que buscan la independencia de Puerto Rico. Propusieron boicotear un referéndum argumentando que votar en condiciones de dominación colonial podría servir sólo para legitimar la colonia, y que ningún voto podría ser justo mientras Estados Unidos controlaba la economía, medios de comunicación, escuelas y policía de la isla. Los grupos y "militantes" falsos, pretendiendo apoyar la independencia, rompían filas, regaban chismes y formaban subgrupos fragmentados.


El Comité Church (Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities) documentó (1975-1976) la historia del uso de estrategias inconstitucionales del FBI para fines de represión política.

Describieron esfuerzos de infiltración que se remontan a la Primera guerra mundial, incluyendo la década de 1920, y esfuerzos de infiltración desde 1936 hasta 1976, con COINTELPRO como el programa principal.

Interesados, favor ver:

http://history-matters.com/archive/contents/contents_church.htm

COINTELPRO es un acrónimo de una serie de programas de contrainteligencia del FBI diseñados para neutralizar a los disidentes políticos. Aunque las operaciones encubiertas se han empleado a lo largo de la historia del FBI, la COINTELPRO formalmente se registra de 1956-1971 contra organizaciones políticas radicales. A principios de la década de 1950, el Senado y la Cámara de representantes configuran comités para perseguir a los comunistas y exponerlos públicamente. (Comité de Actividades Antiamericanas y el Subcomité de seguridad interior del Senado, liderados por el senador Joseph McCarthy/ el infame macartismo). Cuando una serie de sentencias de la Corte Suprema en 1956 y 1957 desafió a estos comités y cuestionó la constitucionalidad de procesamientos de la ley Smith (ley que en Puerto Rico toma la forma de la Ley de la Mordaza) y la exagerada fiscalización de las supuestas actividades subversivas, la respuesta del FBI fue COINTELPRO, un programa diseñado para "neutralizar" a quienes ya no podían ser procesados criminalmente. Se crearon Programas similares para neutralizar los derechos civiles, y muchos otros grupos, en su demencia persiguieron hasta a justos por pecadores.

Como J. Edgar Hoover, Director del FBI, dijo:
"Las fuerzas que están más que ansiosas de debilitar nuestra seguridad interna no siempre son fáciles de identificar...Ellos utilizan movimientos ingeniosamente, como grupos de paz y grupos de derechos civiles para lograr sus propósitos siniestros. Mientras ellos como individuos son difíciles de identificar...es importante conocer a los enemigos..."

El FBI realizó más de 2000 operaciones de COINTELPRO antes que los programas se suspendieron oficialmente en abril de 1971. 

Interesados, favor ver: 

http://www.icdc.com/~paulwolf/cointelpro/cointel.htm 

Estos programas de interrupción y de espionaje político interno de hecho han continuado: Como se informó en "El precio de la disidencia" la magistrada federal Joan Lefkow encontró en 1991, documentos "demuestran que a pesar de los reglamentos, órdenes y decretos de consentimiento para prohibir tales actividades, el FBI ha continuado recopilando información sobre el ejercicio de la libertad de expresión".// "The record before this court," Federal Magistrate Joan Lefkow stated in 1991, "shows that despite regulations, orders and consent decrees prohibiting such activities, the FBI had continued to collect information concerning only the exercise of free speech."

Bud Schultz, Ruth Schultz. The Price of Dissent: Testimonies to Political Repression in America. University of California Press, 2001:

"Although the FBI officially discontinued COINTELPRO immediately after the Pennsylvania disclosures "for security reasons," when pressed by the Senate committee, the bureau acknowledged two new instances of "Cointelpro-type" operations. The committee was left to discover a third, apparently illegal operation on its own."

Prácticamente cada movimiento de izquierda ha sido objeto de actividades de vigilancia, infiltración e interrupción. Según documentos oficiales estas actividades se han concentrado en el movimiento de independencia para Puerto Rico, entre otros, para "exponer, interrumpir, imponer dirección errada o neutralizar", operarios de campo del FBI fueron dirigidos a:
1. Crear una imagen pública negativa para los grupos activistas y luego soltar información personal negativa al público.
2. Romper la organización interna creando conflictos.
3. Crear disensiones entre grupos mediante la difusión de rumores.
4. Restringir el acceso a recursos públicos ejerciendo presión sobre las organizaciones sin fines de lucro para cortar material de apoyo.
5. Restringir la capacidad de organizar protestas a través de agentes supuestamente capaces de promover el uso de la violencia durante la planificación y durante las protestas.
(Tomado de: Surveillance and Governance: Crime Control and Beyond; Mathieu Deflem; Emerald Group Publishing, May 13, 2008)

En fin, no todo lo que brilla es oro...

Temas relacionados:
People of Puerto Rico vs. Federal Bureau of Investigations (FBI) Rev. 03/09/09
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/03/people-of-puerto-rico-vs-federal-bureau.html
Breve historia de la Masacre de Ponce y patrones represivos del FBI en Puerto Rico.
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/03/breve-historia-de-la-masacre-de-ponce-y.html

¿Se hunde la industria de viviendas en Puerto Rico? perspectivas diferentes e impresiones en contraste; parte dos.

La vivienda es el meollo de la crisis económica, y el derecho a vivienda será parte de su respuesta. También es uno de los más duros problemas de incertidumbres políticas, uno cuya realidad obvia es tan desagradable que el gobierno no ha tenido el coraje de enfrentarlo. El dilema es éste: los costos de vivienda se encuentran en desfase con los precios de las unidades en inventario y la demanda real, pero para millones de personas, la seguridad económica familiar depende del valor de su hogar.

Una generación joven se encuentra sin hogares para que sus padres puedan mantener el valor de sus activos principales. No es sorprendente que las soluciones de los políticos son poco más que escapismo populista que no hará ninguna diferencia real al problema fundamental. Y mientras intentan respuestas simples a corto plazo, corren el riesgo de dañar las perspectivas de un debate realista y, en definitiva, una solución a largo plazo.

Claramente, se necesitan más casas (veremos un estimado) pero se debe calificar dicha demanda de acuerdo al real potencial de adquisición de los prospectos.

La razón para el declive catastrófico en el número de nuevas compras no se refiere a los reglamentos de planificación que es donde hemos visto nuevas legislaciones. Constructores no están construyendo porque no pueden vender las casas que han construido ya. No se venden las casas caras porque las hipotecas son todavía difíciles de conseguir y las personas (con razón ante el cuadro de miles de unidades en proceso y peligro de ejecución) temen el endeudamiento.

Los préstamos hipotecarios se encuentran a dos tercios por debajo de su pico. La escasez de viviendas "vendibles" al ritmo actual, puede ocasionar que uno de cada cuatro "nuevos matrimonios" se encuentre literalmente imposibilitado de adquirir una propiedad (primera vivienda) para el año 2025.



Para llenar el vacío, el sector privado alquilado está expandiendo rápidamente. Pero necesita mejores acuerdos de arrendamiento a largo plazo si se ha de convertir en una opción válida para las familias, y tiene que encontrar formas de persuadir inversiones en el mercado de la vivienda rentada cuando la relativamente baja rentabilidad hace que la idea sea poco atractiva.

Por otro lado la política de viviendas no puede ser limitada por el deseo de mantener y mejorar los activos de los votantes, ni la necesidad de proteger los beneficios de la industria de la construcción. Tampoco es importante, sólamente interpretar dicha industria como fuente para ofrecer puestos de trabajo. La vivienda es un bien público, y es de este modo, dentro del rango de derechos económicos, que la política pública debe tratarla.

Cada año, el Centro conjunto de estudios de viviendas en la Universidad de Harvard publica un informe sobre la vivienda. Las estimaciones del informe de este año proyecta que necesitamos aproximadamente 185,000 viviendas (.05 % de la población total) para satisfacer la demanda para un nuevo desarrollo doméstico de aquí a 2020.

Usando estos números puedes sacar la conclusión lógica: vamos a ver un mercado restringido de inventario en el futuro inmediato. La gravedad de la crisis de vivienda está afectando la velocidad con la que los mercados de viviendas están respondiendo a la escasez de viviendas.

Las empresas en la cadena de suministros de construcción se han reducido o desaparecido en cifras récord. Teniendo en cuenta los tiempos de construcción debido a permisos y estudios de viabilidad, suministros y la disponibilidad de mano de obra calificada, la velocidad con que el mercado puede reaccionar a la demanda ha disminuido considerablemente.

Puede parecer atrevido presentar un déficit de viviendas en medio de lo que muchos consideran un estancamiento de ventas de viviendas; sin embargo, los números, las condiciones del mercado y los inventarios están empezando a hacer esta predicción sorprendentemente real.

Sumario: 

Derecho al techo: Incumplimientos sistemáticos de los bancos y proveedores de servicio de hipoteca en la isla han exacerbado la crisis hipotecaria más severa, y esfuerzos del gobierno para limitar los daños han quedado cortos sino truncos. 

Ante el cuadro de crisis en lo inmobiliario, las hipotecas y las viviendas se hace evidente la necesidad de postular una nueva mirada de la problemática desde la perspectiva de los derechos sociales y económicos necesarios para abrirle la puerta a miles sino millones de puertorriqueños a una verdadera manera de lograr su dignidad y bienestar esencial. 

 Hay una generación de jóvenes adultos encarados a condiciones imposibilitantes de procurar un hogar inicial hasta siendo ciudadanos productivos y empleados. 

Incide en este panorama la coexistencia crítica de miles de estructuras en abandono, ruinas y deuso, incluyendo cientos de edificios y estructuras de la propiedad del gobierno, mientras hay miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, familias enteras, en la calle o en condiciones inaceptables de hacinamiento y alojamientos abusivos. 

Es elemental, el pueblo tiene derecho a tener un hogar fundamental: Derecho al techo.

Notas importantes:

Sigue en problemas el sector inmobiliario de la Isla.

Los boricuas han perdido unos $30,000 millones.

La economía de Puerto Rico ha entrado en una etapa de recuperación, pero la compra y venta de viviendas en la Isla continúa experimentando la secuela de bajos niveles de desocupación y valores todavía deprimidos, indicaron ayer los economistas Joaquín Villamil y Graham Castillo. En síntesis, se vive en un Puerto Rico, que aunque mejor económicamente, continúa plagado de retos como la reducción y el envejecimiento de la población y la astronómica pérdida de entre $30,000 millones y $40,000 millones en el patrimonio de las familias, a raíz de la corrección inmobiliaria, agregaron.

“Hemos entrado a una etapa de recuperación económica, pero a ritmos muy moderados”, dijo Villamil al señalar que indicadores como las ventas al detal, la venta de automóviles y la relativa reactivación del crédito a individuos y comercios sienta las bases para que la economía crezca en los años venideros.

Según el presidente de Estudios Técnicos, las nuevas previsiones apuntan a que este año terminará con una contracción de dos décimas en el Producto Nacional Bruto en términos reales. En el 2013, la economía crecería 0.20% y en los años 2014 y 2015, haría lo propio, a razón de 0.80 y 1%, respectivamente. “El empleo ha aumentado en los pasados tres trimestres, pero con una tasa de participación muy baja”, agregó el economista.


Esa realidad es una de las razones para que en la primera mitad del 2012, se vendieran unas 1,540 unidades de vivienda nueva versus las 2,483 que se vendieron en el primer semestre del año anterior.

“El incentivo para la compra de vivienda tuvo un impacto notable”, sostuvo Villamil haciendo referencia a los tratamientos contributivos y bonos para pronto pago otorgados por el gobierno y que llegarán a su expiración en diciembre próximo.

Pico histórico en morosidad
Según Castillo, pese a la mejoría económica, la mejor evidencia de que las familias no se han recuperado del todo de la crisis se encuentra la tasa de morosidad. A marzo, ese indicador representaba un 15% del total de préstamos versus el 2.9% registrado para el 2006. De igual forma, la originación de préstamos hipotecarios, se ubicó al cierre del 2011, en unos 4,493 casos, el nivel más bajo en seis años.

“Entre $30,000 millones y $40,000 millones se han esfumado de los libros de las familias”, sostuvo Castillo haciendo referencia a la contracción de los valores inmobiliarios en la Isla y al efecto que ha tenido la ejecución de hogares.

Anteriormente, El Nuevo Día reseñó que en Puerto Rico, desde el 2008, se ejecutan unos ocho hogares por cada día del año.

Villamil y Castillo ofrecieron su radiografía del sector inmobiliario residencial durante la vigésima edición del Congreso de Vivienda de la Asociación de Bancos. En el evento, se presentaron los avances del plan estatal de vivienda, que aspira a proveer hogares asequibles y en respuesta a una población envejecida y con menos poder adquisitivo. También se discutieron los efectos adversos de la vivienda informal en la planificación de proyectos residenciales y el incremento en costos de construcción. Esto como secuela de los costos “extramuros”, que son las inversiones que tienen que hacer los desarrolladores en infraestructura eléctrica, potable y vial como requisito para obtener los permisos de construcción para proyectos residenciales.

http://www.elnuevodia.com/sigueenproblemaselsectorinmobiliariodelaisla-1339564.html 

Las ventas de cemento se redujeron 1.4%, de 1,320.0 miles de sacos en agosto de 2011 hasta 1,300.9 de sacos en el mimo mes de este año. Las ventas habían crecido 5.2% en el 2011, tras una caída de 23.5% en el 2010. Las ventas de cemento constituyen un indicador adelantado de la actividad de la industria de la construcción, y son muy útiles teniendo en cuenta que los datos de permisos de construcción se publican con varios meses de retraso.

Nota de ROF.- Las cifras de venta de cemento sin embargo no son indicadores directos de la construcción de viviendas y de hecho al reflejar obras públicas (como recientes construcciones/ remodelaciones de escuelas públicas) son susceptibles de inversiones incidentales. Se debe factorizar su análisis mediando un ajuste de acuerdo a tipo de proyectos en curso. 

http://sincomillas.com/2012/09/las-ventas-de-cemento-disminuyen-en-agosto/

Como resultado de la desorganización y faltas de los bancos — especialmente en el pico de la crisis en 2009 y 2010 — propietarios no lograron una modificación de la hipoteca y fueron ejecutados.

Un exhaustivo estudio publicado la semana pasada proporciona ese resultado al analizar unos 800.000 casos de ejecuciones hipotecarias. Los autores del estudio, desde el Banco de Reserva Federal de Chicago, la Oficina de la Contraloría, la Universidad Estatal de Ohio, Columbia Business School y la Universidad de Chicago, llegaron a esta conclusión analizando un gran conjunto de datos disponibles a la OCC.


Los autores escribieron que mientras ellos no pueden estar seguros por qué estos bancos "pueden no haber respondido...ya que hacerlo así supondría cambiar su foco de negocio de procesamiento y canalizar pagos a activamente renegociación de préstamos".

El énfasis en excesivos requisitos de los propietarios de papeleo para demostrar sus ingresos, reflejó sistemas inadecuados para buscar alternativas a las ejecuciones.

Interesados ver estudio en: 
Policy Intervention in Debt Renegotiation: Evidence from the Home Affordable Modification Program
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2138314

Previas entradas:
¿Se hunde la industria de viviendas en Puerto Rico? perspectivas diferentes e impresiones en contraste...
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2011/07/se-hunde-la-industria-de-viviendas-en.html

Yo tengo ya la casita: el fracaso de la torre de Babel de la construcción de viviendas.
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2010/03/yo-tengo-ya-la-casita-el-fracaso-de-la.html

Yo tengo ya la casita- actualización y corroboración de tesis.
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2011/02/yo-tengo-ya-la-casita-actualizacion-y.html

Ecobarrios y ecociudad: exhortación de un temario necesario para San Juan, Santurce y Río Piedras...
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2012/03/ecobarrios-y-ecociudad-exhortacion-de.html

Situación jurídica, derechos humanos y solidaridad- HRW denuncia que Hamás e Israel han "fracasado" a la hora de investigar los crímenes en la guerra

Ni Israel ni Hamás han investigado como es debido las "serias violaciones" de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra en Gaza de finales de 2008 - principios de 2009, según denunció la ONG Human Rights Watch a través de un amplio informe publicado este domingo en el que se insta a la puesta en marcha de una investigación independiente "que responsabilice a los agresores y reivindique [las peticiones de] a las víctimas civiles".


El informe detalla los esfuerzos adoptados por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica para esclarecer las presuntas violaciones de las leyes del conflicto --incluyendo los posibles crímenes de guerra-- que pudieran haberse cometido en el transcurso de la ofensiva israelí en la operación 'Plomo Sólido' sobre la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de las milicias del grupo islamista sobre las comunidades del sur del Estado hebreo.

En este sentido, la ONG lamenta que las pesquisas israelíes "carecen de profundidad y de credibilidad" mientras denuncia que Hamás no ha emprendido "ningún tipo de investigación en absoluto" para determinar la legalidad de sus actos. Ninguna de las dos partes ha respondido a los estándares legales internacionales y la imparcialidad, particularmente en el caso de Israel, ha brillado por su ausencia.

"Las investigaciones de Israel no han respondido al estándar internacional mientras que Hamás no ha desarrollado ninguna investigación seria en absoluto", según la directora para Oriente Próximo de HRW, Sarah Leah Whitson, quien lamenta especialmente que "en ambos casos, las víctimas civiles siguen esperando que se haga justicia y sus peticiones sean reivindicadas".


Las consecuencias a largo plazo de estas negligencias, al entender de HRW, no sólo "obstaculizarán los intentos de resolver el conflicto entre israelíes y palestinos", sino que además "restarán peso a los esfuerzos internacionales para conseguir que se haga justicia en otras partes del mundo".

El grupo considera que "el fracaso de Israel y Hamás a la hora de emprender una investigación imparcial" es, en sí mismo, "un desafío a las peticiones de justicia que se están realizando desde una lista cada vez más larga de gobiernos, del secretario general de Naciones Unidas, de la Asamblea General de la ONU y del Parlamento Europeo".

HAMÁS
El Gobierno de facto de Hamás, que controla la Franja desde junio de 2007, no ha castigado a nadie por "ordenar o emprender cientos de ataques deliberados o indiscriminados contra las ciudades israelíes, que se cobraron la vida de tres civiles y que hirieron a varias decenas más durante el transcurso de la guerra", apunta el informe de HRW.

El argumento empleado por el grupo islamista de que estos ataques eran una medida de defensa propia ante los bombardeos israelíes "ignora el hecho de que los cohetes disparados contra Israel impactaron en su mayor parte en áreas mayoritariamente pobladas por civiles y lejos de objetivos militares".


HRW condena el uso de los cohetes Qassam y Grad por las milicias palestinas porque estos proyectiles "carecen de sistema de guiado" y se comportan "de manera indiscriminada cuando son disparados contra la población civil". Además, HRW recuerda que las declaraciones realizadas en el pasado por miembros de Hamás "dan a entender firmemente que sus ataques tienen como objetivo causar víctimas civiles, en lugar de limitarse a ser un resultado accidental".

De igual modo, HRW señala que "numerosos casos de asesinatos y torturas" perpetrados por las fuerzas de seguridad de Hamás contra presuntos colaboradores de Israel o rivales políticos "siguen sin castigo".

"DESPROPORCIONADO Y PRESUNTAMENTE DELIBERADO"
HRW recuerda que más de 1.400 palestinos perdieron la vida en la ofensiva militar israelí sobre la Franja que se prolongó desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009, una serie de ataques coordinados por tierra y aire "indiscriminados, desproporcionados y, en algunos casos, aparentemente deliberados" y que, en conjunto, implican "serias violaciones de las leyes de la guerra", por no mencionar la "extensa destrucción de propiedad civil en Gaza sin un motivo militar legítimo".

Desde entonces, el Gobierno israelí asegura que ha investigado en torno a 150 "incidentes" sucedidos durante la ofensiva. HRW, no obstante, apunta que 120 de estos casos han sido estudiados en forma de "análisis operativos" basados únicamente en testimonios de soldados, ignorando a los posibles testigos o víctimas de estos sucesos.


Los otros 36 incidentes de los que se tiene constancia han estado sujetas a una investigación criminal, reconoce la ONG, que apunta no obstante que "el Ejército ha descartado otros muchos sucesos merecedores de una investigación similar".

HRW denuncia además que Israel no ha investigado "con credibilidad" las estrategias trazadas por los líderes políticos y militares israelíes que podrían haber desembocado en crímenes de guerra, según HRW. Planes, por ejemplo, que contemplan "la selección como objetivos militares de instituciones políticas de Hamás que no estaban participando en las hostilidades". También se denuncia el uso de artillería pesada y munición de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes quienes "ignoraron las reglas de enfrentamiento" en numerosas ocasiones.

Todas estas investigaciones han sido desarrolladas por el propio Ejército con el beneplácito del Gobierno israelí, que "ha rechazado todos los llamamientos para desarrollar una comisión independiente". Como resultado hasta la fecha, "sólo se ha condenado a un soldado por crímenes cometidos en Gaza, acusado de robar una tarjeta de crédito a un palestino".

La directora para O.Próximo de HRW pide a Estados Unidos y a los gobiernos europeos que presionen a Israel para que cambie esta tendencia. Whitson, no obstante, lamenta que "los funcionarios estadounidenses hayan llegado a elogiar el sistema judicial militar de Israel sin reconocer su fracaso a la hora de dispensar justicia a las víctimas palestinas de la guerra de Gaza".


Tal petición se hace extensible a los gobiernos y organismos internacionales simpatizantes de Hamás, como la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica, quienes deberían demandar al grupo islamista que emprenda "investigaciones creíbles" sobre los presuntos crímenes que hubiera podido cometer durante el conflicto.

Informaciones tomadas de:
http://www.hrw.org/en/news/2010/04/09/israelgaza-gaza-war-victims-shortchanged-justice
http://www.europapress.es/internacional/noticia-hrw-denuncia-hamas-israel-fracasado-hora-investigar-crimenes-guerra-gaza-20100411135142.html

Para efecto del récord: La verdad de las protestas de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.

Hoy, se unen los estudiantes del sistema universitario público--no como estudiantes de diversas universidades, recintos y escuelas, sino como una única voz opuesta a los recortes presupuestarios propuestos al sistema del cual son parte… ¿Porqué debe el sistema universitario público llevar el peso de los recortes presupuestarios propuestos más recientes? Propongo que la vasta mayoría de la comunidad universitaria y el pueblo de Puerto Rico, juntos, plantea que no debe.

Hoy, los estudiantes universitarios, unidos a un sector mayoritario del profesorado, y los gremios de los empleados universitarios, y apoyados por sus familias le piden a todos los ciudadanos de todas las ideologías que favorezcan el poder de la educación y que exijamos que nuestra legislatura haga las inversiones necesarias en el futuro de nuestro pueblo. Los padres y los hermanos, los amigos y los vecinos, los maestros y los compañeros de los estudiantes universitarios miran a los estudiantes universitarios como una gran parte de nuestras esperanzas e ilusiones, como un paso necesario hacia nuestro destino como pueblo y no estamos en disposición de empeñar nuestro futuro.


Pedimos que todos los ciudadanos de Puerto Rico que estimen la educación como el futuro de nuestra isla se levanten por nuestro derecho a la educación. Si la Asamblea legislativa no encuentra soluciones creativas para abordar estos problemas, encontraremos alternativas para llenar sus asientos.

Este proceso no es exclusivo de Puerto Rico, de hecho es un proceso que se da en todos los estados y de hecho las primeras protestas y marchas masivas empiezan en California y Washington. Esto es evidencia clara y contundente que el proceso de Puerto Rico no es producto de un grupo de estudiantes motivados por el deseo de promover conducta revoltosa y si reflejo justificado de un malestar profundo y una queja legítima ante la imposición de una medida onerosa e injusta. La administración universitaria, estipulamos, no ha canalizado un proceso de debate y decisiones abierto, informado y verdaderamente representativo de una propuesta presupuestaria fundamental que requiere a todas luces y voces el empleo detallado y prudente del proceso democrático más amplio y sosegado.

Postulamos que los estudiantes universitarios en sus manifestaciones defienden con razón y con el respaldo del pueblo a la Ley Universitaria que define nuestro sistema universitario público:



El Artículo 2 (B) de la Ley Universitaria (20 de enero de 1966) establece lo siguiente como la Misión de la Universidad de Puerto Rico:
1.1.1. Conservar, enriquecer y diseminar los valores culturales del Pueblo de Puerto Rico y fortalecer la conciencia de su unidad en la tarea común para encontrarles soluciones a problemas en una forma democrática.
1.1.2. Buscar el desarrollo cabal del estudiante e impartirle un sentido de la responsabilidad del individuo hacia el bienestar general de la comunidad.
1.1.3. Desarrollar cabalmente la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestra gente para que la inteligencia y el espíritu de esos individuos excepcionales que surgen en todas las esferas sociales, especialmente aquellos menos favorecidos económicamente, se puedan poner al servicio de la comunidad puertorriqueña.
1.1.4. Colaborar con otras organizaciones dentro de la esfera de acción apropiada para la universidad, en el estudio de los problemas de Puerto Rico.
1.1.5. Recordar que, por su propia naturaleza como universidad y su identificación con los ideales de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico se une en una manera esencial a los valores e intereses de toda comunidad democrática.
1.1.6. Cultivar el amor al aprendizaje como conducente a la libertad y a estimular la búsqueda y la discusión del saber en una atmósfera de respeto y diálogo creativo.

Planteo sin dudas que alegar que lo suscrito en este planteamiento no es una fiel interpretación de los hechos y el estado de derecho es un grave y malintencionado error de juicio que solo busca justificar una medida presupuestaria que es altamente cuestionable.

Situación jurídica, derechos humanos y solidaridad- El Supremo israelí abordará el martes el recurso por discriminación contra la Ley de Ciudadanía

JERUSALÉN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - El Tribunal Supremo israelí celebrará el próximo martes, 2 de marzo, la primera audiencia sobre el recurso planteado contra la Ley de Ciudadanía, que prohíbe a los palestinos con ciudadanía israelí llevar a sus esposas a territorio israelí si residen en los territorios ocupados o en países considerados "enemigos" por el Gobierno israelí, según informó este domingo la agencia de noticias Maan.


La demanda fue planteada en 2007 por Adalah, una organización jurídica que defiende a la minoría palestina residente en Israel, y otros grupos de Derechos Humanos. En marzo de 2009 el Supremo israelí recibió un informe elaborado para Adalah por expertos jurídicos de Reino Unido, Sudáfrica y la Iniciativa Justicia por una Sociedad Abierta en la que se argumenta que la Ley es contraria al derecho a una vida en familia, discriminatoria e inconstitucional.

Entonces, la Fiscalía reconoció que la Ley está perjudicando a miles de palestinos que "no constituyen una amenaza para la seguridad", aunque justificó su existencia alegando que Israel no puede determinar qué palestinos suponen una amenaza y cuáles no, recuerda Adalah en un comunicado.





"La Ley de Ciudadanía es la ley más racista de Israel y no tiene parangón en ningún estado democrático del mundo. La Ley de Ciudadanía impone graves restricciones a los derechos de ciudadanía de la minoría árabe de Israel. Los miembros de la minoría árabe no pueden vivir con sus familias en su país", explican el director general de Adalah, Hassan Jabareen, y uno de sus abogados, Sawsan Zaher, en el recurso presentado ante el Supremo israelí.

La Ley de Ciudadanía, aprobada en julio de 2003 con estatus de provisionalidad, ha sido prorrogada y ampliada en varias ocasiones. En 2007 fue modificada para incluir a los residentes o ciudadanos de Siria, Líbano, Irán e Irak, definidos por Israel como "estados enemigos".

http://www.europapress.es/internacional/noticia-oproximo-supremo-israeli-abordara-martes-recurso-discriminacion-contra-ley-ciudadania-20100228150835.html

Nota de ROF.- El temario asociado al proceso palestino vive ausente de debates en Puerto Rico, como tantos otros temas urgentes que se encuentran divorciados de las esferas culturales, exhortamos entusiastamente a que conversemos sobre la realidad internacional con todas sus perspectivas y diferentes contextos.

FBI vioió la ley por años en búsquedas ilegales de expedientes de teléfono. parte dos.

En la entrada previa habíamos establecido la existencia de un programa ilegal del FBI consistente en hacer registros ilegales de expedientes de llamadas telefónicas sin observar el debido procedimiento ni cumplir los requisitos de dichas actividades.

Dos empleados del FBI comenzaron a despertar inquietudes.

El agente especial Bassem Youssef, el nuevo supervisor de la unidad del análisis de comunicaciones comenzó a recibir quejas de las compañías telefónicas que no habían recibido la documentación para demostrar que las búsquedas eran legales. Youssef, investigador de carrera de contraterrorismo, había caído previamente en desfavor con la gerencia del FBI por haber iniciado una demanda como denunciante ('whistleblower claim') ya que entendía que tomado represalias en su contra y negado promoción debido a su pertenencia étnica. Youssef en esta instancia cuestionó la falta de cartas de seguridad nacional a sus superiores y al departamento legal del FBI en el 2005.


Los email demuestran que él (Youssef) presionó a los encargados del FBI intentando "forzarlos" a ejecutar una solución satisfactoria.

El abogado de Youssef, Stephen Kohn, el lunes dijo que no podía discutir la investigación excepto para confirmar que su cliente cooperó con el Inspector general. Por otro lado, los funcionarios del FBI dijeron que no podían discutir la conducta de empleados individuales.

Por separado, Kopistansky de la oficina legal del FBI supo en diciembre de 2004 que los expedientes eran pedidos sin las cartas de seguridad nacional. Manejó una petición que originó del entonces Director ejecutivo auxiliar Gary Bald, la unidad de análisis de comunicaciones le pidió a Kopistansky "elaborear un NSL (carta de seguridad nacional)" para cubrir dicha búsqueda, pero no podía conseguir que los superiores le dijeran cuál era el caso. "La petición; tiene que especificar porqué los números son relevantes a una investigación autorizada..." dijo.

Un empleado de la unidad de análisis de comunicaciones contestó que la mayoría de las peticiones "venían de funcionarios de rango superior. No recibo la documentación o no se comunican todos los hechos relacionados con el número (de la petición), que es un problema para mí cuando intento conseguir el NSL."


Kopistansky persistió, exigiendo la existencia de un caso abierto para el análisis legal. "Estoy segura que usted sabe que es verdad y Gary Bald sabe que es verdad, pero necesita estar reflejado en un trozo de papel," escribió. Dos meses más adelante, Kopistansky todavía no podía producir una carta de seguridad nacional de acuerdo con las reglas del FBI.

Ella tomó nota del problema total. La emisión de una carta de seguridad nacional después de las búsquedas "raramente sucede", Kopistansky advierte el 11 de marzo de 2005, en un email que buscaba la ayuda del abogado de mayor autoridad en seguridad nacional del FBI y del subdirector.

En marzo del 2005 los email demuestran que Kopistansky y Youssef discutían el "empeoramiento" de otros casos donde ninguna carta de seguridad nacional habían sido publicados y crecientes sospechas que las cartas eran abusadas. "También entiendo que algunos de éstos (las búsquedas) se están haciendo como emergencias cuando no necesariamente son emergencias ," Kopistansky escribió en unemail a Youssef el 26 de abril de 2005.


Intentos de encubrimiento.
Kopistansky y otros abogados del FBI discutieron una estrategia para manejar las últimas búsquedas de emergencia para permitir que la práctica siguiera. Los email demuestran que concibieron la idea de abrir media docenas de archivos de casos "genéricos" o investigaciones preliminares "amplias" a los cuáles podrían ser cargados todas las peticiones desautorizadas de emergencia para que una carta de seguridad nacional se pudiese publicar después del hecho. los email reflejan que los archivos genéricos eran para cubrir asuntos amplios tales como "amenazas contra las instalaciones de transporte" "amenazas contra individuos" y "amenazas contra eventos especiales.

Es fundamental recordar que en el sistema de derecho imperante tanto las leyes y procesos administrativos 'ex post facto' (después del hecho) son por generalidad ilegales y al igual que es principio rector del derecho penal que los delitos (y las acusaciones y denuncias que justifican la acción judicial) sean específicos, detallados, claros y estar tipificados (definidos), esa misma doctrina penal establece la prohibición de delitos imputados por analogía (que se parezca o asemeje a otra cosa o hecho).


Eventualmente, los funcionarios del FBI cambiaron a una segunda estrategia de hacer una carta de seguridad nacional "sombrilla" para autorizar todos las búsquedas pasadas que no hubiesen sido cubiertas y justificadas por y con casos abiertos. Una cadena de emails de noviembre de 2006 indica que el entonces Director auxiliar del FBI para contraterrorismo José Billy firmó la carta combinada de seguridad nacional. Pero cuando los abogados del FBI se lo cuestionaron, él contestó que no recordaba haberla firmado.

"No tengo ningún recuerdo de firmar ninguna cosa combinada. El NSL es individual es lo que he entendido siempre" Billy le escribió a Caproni el 7 de noviembre de 2006.


En todo, directores del FBI firmaron once carta de seguridad nacional sombrillas en referencia a pasadas búsquedas, funcionarios dijeron. Aunque se presentaron las preocupaciones por su legalidad el primero en diciembre de 2004, las búsquedas ilegales continuaron por dos más años. La unidad de Youssef, demuestran los memos, comenzó a limitar el número de cartas de dudosa legalidad entre el verano 2005 y la primavera de 2006, buscando garantías que las peticiones se pudiesen ser cubriertas por una carta de seguridad nacional.

Las búsquedas ilegales de expedientes de teléfono alegadamente terminaron en noviembre de 2006 cuando el Inspector General del Departamento de justicia comienza la investigación. Entre los teléfonos cuyos expedientes fueron buscados ilegalmente estaban periodistas del Washington Post y el New York Times, según entrevistas con oficiales del gobierno.

Las búsquedas ilegales se anuncian cuando Mueller, el director del FBI, contacta los editores de los dos periódicos en agosto de 2008 y se disculpa por la abertura de expedientes de teléfonos de reporteros.


Información tomada de
The Washington Post

Comentario final.- Este descubrimiento de procedimientos ilegales de parte del FBI conjuntamente con las revelaciones sobre la madeja de acciones ilegales que caracterizaron el sistema de seguridad de EU y que incluye, debidamente establecido y documentado, desde la tortura hasta la vigilancia electrónica indebida de ciudadanos muy bien pueden ser solo puntas del témpano mayor de los aparatos represivos que han funcionado al margen de la ley. Todos aquellos que alegaban que los independentistas y el liderato obrero padecía de paranoia al hacer las denuncias de este estado opresivo han quedado desmentidos y desacreditados. Sin embargo lo importante sigue siendo el esclarecimiento de los casos y no podemos dejar de insistir en el reclamo de justicia para Mari Pesquera, Muñiz Varela y Ojeda Ríos. Repetimos y seguiremos repitiendo, estos delitos no prescriben ni tampoco el pueblo los olvida. ROF

En torno a la controversia del alza del peaje en el Puente Moscoso

Primero. Sobre el aumento del peaje del Puente Moscoso: preocupaciones fundamentales de justicia conmutativa.

Esta controversia trae cola, aumento de flete, aumento de precio al consumidor.. el problema y hablando en términos de análisis micro-económico es que si el aumento del peaje fue extrainflacionario (por encima de la tasa aceptada de la inflación) como sostengo a prima facie que lo fue, produce el famoso efecto de oleaje/ cascada (’ripple efect‘), aumento extrainflacionario produce aumento extrainflacionario en costos que a su vez produce aumento en precios extrainflacionario y violá inflación exagerada.

Siendo en parte abogado del diablo si partimos de la premisa que si en efecto ha habido una contracción significativa en los márgenes de ganancias de la empresa operadora del Puente Moscoso (planteamiento que como veremos luego requiere ser debidamente documentado y justificado), gracias a las supuestas (y debo decir lógicas) claúsulas pactadas entre las partes, se puede plantear como argumento razonable un ajuste en las tarifas. Eso es sencillo de entender pero implica todo un ejercicio de razonabilidad. Este escenario lo vemos frecuentemente en lo que respecta a tarifas y aranceles. las empresas no pueden subir y alterar los gravámenes a su entero gusto.


Lo que sin dudas debe ampliar el análisis debe ser, por parte de la empresa aludida, un estudio con proyecciones del impacto de cualesquiera cambios tarifarios, y por parte del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un estudio sobre el efecto de dicho cambio en la economía de la isla. Es absolutamente falso que una empresa que bona fide opera un servicio público puede, para usar un adagio popular, hacer y deshacer a su antojo. Si bien es cierto que lo contratado es ley no es ley escrita en piedra, igual de cierto es que en asuntos de amplio y apremiante interés social (como sin dudas lo es la economía) el Estado tiene un rol prioritario de velar por los intereses del pueblo. Esta aparente contradicción puede tener o implicar consideraciones de proceso judicial aunque adelantamos que hay un deber implícito que opera en las empresas y corporaciones que sirven directamente a los intereses fundamentales del pueblo y es lo que se puede llamar responsabilidad social (o ética) corporativa o empresarial. Debo anotar que dicha consideración podemos señalar que frecuentemente es olvidada o soslayada tanto por las empresas como (el deber que tiene de velar por su cumplimiento) el Estado.

De acuerdo, si el racional es que el aumento es un reflejo de la inflacion, (aumento en los costos de operacion produce aumento en precios) si la tasa inflacionaria del periodo en cuestion es de 12%, un aumento del 12% (25 centavos) es lo que se podria deducir como razonable sin entrar en los meritos de la ley habilitadora del contrato. De otra parte sin embargo un argumento de que la aplicacion citada del mencionado contrato de manera abusiva es en su faz injusto es arguible y por ende que esa aplicacion especifica y clausula convenida es anulable ya que viola la doctrina de contratos (no se puede contratar condiciones en contra de la moral publica (estaja y fraude) y las buenas costumbres y no se pueden contratar condiciones abiertamente abusivas de una de las partes (en este caso el pueblo de Puerto Rico en general, los usuarios/conductores en especifico)) y merece ser planteada.


Las interrogantes que plantean diferentes sectores sobre la estructura contractual existente, el concepto de propiedad del inmueble, etc. (y otras pertinentes) son de rigor y deben formar parte del descubrimiento de prueba al igual que al plantearse un evidente criterio de analisis economico, igual es de rigor pasar prueba pericial como lo debe ser la auditoria relevante de las operaciones al igual testimonio sobre los temas de la inflacion en general y el negocio citado en especifico (en este aspecto forma material del llamado conocimiento judicial cualesquieras informes oficiales y se puede solicitar opiniones del Ejecutivo por ejemplo el Secretario de Hacienda, Contralor, etc.), eso es materia procesal, ahora la teoria de derecho (los alegatos iniciales) aunque requieren obviamente de un razonamiento sosegado, depurado y logico al ser lo que se llama prima facie (en su faz) toleran y sustentan la conclusion de manera que se puede someter la accion judicial y verse la causa inicial (lo que significa que se establece la controversia y el magistrado si encuentra un minimo de razonabilidad puede acoger la accion) que en este caso podria ser una demanda inclusive de clase por ser las tarifas de interes de una clase de personas, lease personas con carros que usan el puente, por eso es falso que se requiere toda la informacion (que como he sugerido eventualmente es materia de descubrimiento) de antemano para formular la teoria de derecho que justifique la accion judicial.

Debo tal vez terminar este apartado haciendo una exhortación a los conocedores de las doctrinas citadas a que nos ilustren al respecto. Ahh lo de justicia conmutativa es que es un supuesto irrebatible que un estado justo goza de características de proporcionalidad lo que quiere decir que es eminentemente injusto por ende ilegal cualquier relación que se base o nutra de una falta patente, manifiesta, visible, clara y, perceptible de proporcionalidad. Lo que nos puede concernir en respecto al ejercicio que he sugerido es que un contrato no puede ni debe legitimar una relación abusiva de una de las partes aunque fuese firmado y sellado.


Segundo. Réplica a las declaraciones del Gerente general del Puente Moscoso.

El gerente general del puente Teodoro Moscoso, Rafael Acosta compareció a un noticiario televisado y respondió al ser preguntado por las razones que justifican el aumento del peaje de dicha facilidad de dos dólares a tres que: (1) que si hubiesen aumentado .25 cada año desde el 2005 como alega es el derecho contractual de la empresa hubiese totalizado al momento $1.25 de aumento en el peaje; (2) que $3.00 es menos que $3.25; (3) y que la empresa constructora y ahora operadora del Puente arrastra una deuda multimillonaria por dicho proyecto.


Tiene razón el Sr. Acosta pero lo que desconocemos y de hecho cuestionamos seriamente es si le asiste el derecho y la razonabilidad.

Me explico:

Tiene razón el Sr. Acosta cuando plantea que .25 multiplicado por cinco (5) equivale a $1.25 lo que cuestionamos es si el contrato como documento legal permite que dicha ecuación simple de aritmética sea aplicable de manera unilateral lo cual pudiese significar que al cabo de la duración del contrato el peaje estuviese a más de $10.00 sin que mediase ningún ejercicio de evaluación o fiscalización de dicho proceso. Si el contrato contiene dicha condición puede igualmente padecer de un serio y fundamental vicio.


Tiene razón el Sr. Acosta cuando deduce que $3.00 es menor que $3.25, sin dudas la vasta mayoría de los estudiantes de quinto grado lo pueden igualmente concluir lo que nos preguntamos es si este mera operación de suma y resta elemental es suficiente para justificar un aumento que supera por mucho la tasa inflacionaria que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico plantea nos afecta como sociedad.

Debe igualmente tener razón el Sr. Acosta cuando plantea que la empresa que representa tiene en este momento preciso y exacto un balance negativo en términos de lo que ha invertido en dicho proyecto y lo que ha sustraído como ganancia neta del mismo, lo que nos cuestionamos es si es verdaderamente razonable y una sana práctica analítica evaluar la inversión total de ese modo y con ese criterio en un momento en que resta cumplirse la gran mayoría del transcurso de la duración del contrato. La pregunta lógica es ¿no es propio y adecuado evaluar la inversión inicial conjuntamente con los costos operacionales a base de las tendencias y proyecciones que ha generado y genera el funcionamiento del peaje del Puente? ¿no es de común conocimiento y sentido común que toda empresa se lanza a un proyecto de envergadura sopesando su inversión y costos versus la expectativa gradual y eventual de ganancias? Lo otro sería alegar que dicha obra es una obra de caridad lo cual claramente no es el caso que nos ocupa.

De manera que el gerente general del Puente Moscoso al defender el aumento ciertamente ha planteado ciertos argumentos correctos lo que sucede es que dichos argumentos pueden padecer seriamente de problemas de pertinencia además de ser argumentos abstraídos o desprovistos de la necesaria consideración de razonabilidad. Como dicen en Fajardo 'tienen que ver pero no tienen que ver', lo cual quiere decir que el problema estriba en dos asuntos que no se atienden con los argumentos del Sr. Acosta, a saber:


¿es justo aumentar una tarifa de peaje un 50% cuando la tasa inflacionaria aceptada es de 12%?

¿es anulable un contrato, por lo menos en sus claúsulas viciadas, de servicios públicos que permite que se abuse unilateralmente de los intereses del Pueblo?

Acogemos las anunciadas iniciativas de investigar a fondo esta problemática y exhortamos nuevamente a los interesados y los conocedores de las materias implicadas en esta controversia a que se manifiesten abiertamente sobre sus méritos. Igualmente vemos con buenos ojos que representantes legales de los intereses públicos inicien las adecuadas y debidas acciones judiciales que detengan este abuso de inmediato por lo menos hasta que la empresa operadora del Puente no subsane todas las dudas e interrogantes que levantan el aumento implantado. Urge rigor y debido procedimiento parece ser el camino a seguir.


Finalmente tiene el Pueblo razón siempre de protestar ante atropellos y abusos, siempre.

Igualmente muy de veras creo que debemos tratar de diferenciar entre la carrera 10k que se celebra en dicho puente, que creo es un gran cosa y un acierto, con esta controversia que desgraciadamente parece ser un mayúsculo error de juicios de la empresa operadora del Moscoso.