lunes, 21 de enero de 2008

algunas noticias importantes

titular- “Justicia lenta no es justicia”

Según el juez Federico Hernández Denton, las enmiendas propuestas buscan acelerar el proceso judicial.

Por Daniel Rivera Vargas / drivera2@elnuevodia.com

· Hoy día, a usted lo pueden acusar fácilmente sin que esté presente.

· La ley tampoco protege lo que le diga privadamente a su trabajador social, por lo que puede usarse en su contra en una corte. Además, los abogados pueden radicar una demanda sin apenas prepararse y pueden contestarla de forma genérica.

· Ni siquiera el uso del fax está bien regulado.

Las posibles enmiendas serían a las reglas de evidencia, las de procedimiento civil y las de procedimiento criminal, unos cuerpos de leyes que llevan décadas sin sufrir cambios.

Algunas de las enmiendas propuestas

Procedimiento civil

- Los propios abogados pueden citar personas para deposición sin necesitar que el juez intervenga.

- El término de emplazamiento se reduce de 6 a 3 meses. Y, si en una segunda demanda no se puede emplazar en ese periodo, el caso se desestima para siempre.

- Las notificaciones entre abogados se podrán hacer electrónicamente y no será necesario hacerlo por correo.

- Se crea el deber de preservar evidencia electrónica.

- Los abogados deberán reunirse en los próximos 40 días de contestada la demanda para preparar un informe relacionado al caso.

Evidencia

- Se integran todos los formatos de tecnología.

- Integra a la Ley el privilegio que protege las comunicaciones entre un acusado y un sicoterapeuta.

- Se permite impugnar testigos si tienen condenas por cualquier delito grave.

- Amplía la admisión de prueba de carácter.

- Permite usar contra el acusado información que éste declare en procesos de admisión de evidencia.

- Limita el uso de evidencia del historial sexual de un demandante.

Procedimiento Criminal

- En las vistas de regla 6 el acusado tendrá derecho a estar presente, salvo si el arresto está basado exclusivamente en una declaración jurada. En este caso, el acusado tiene derecho a que, una vez se determine causa, se le entregue inmediatamente copia de las declaraciones (antes debía esperar a la vista preliminar).

- Ordena vistas preliminares en casos menos graves con pena de cárcel mayor a los 6 meses.

- Otorga a la fiscalía el poder de apelar una sentencia cuando la pena es medida de desvío.

- Se reduce de 5 a 3 años el tiempo en el que un potencial jurado queda excluido de las listas luego de participar en un juicio.

Pero todo eso podría cambiar en los próximos meses. La Rama Judicial evalúa enmendar las reglas de evidencia, las de procedimiento civil y las de procedimiento criminal, unos cuerpos de leyes fundamentales en la litigación en Puerto Rico y que llevan décadas sin ser enmendados completamente.

De acuerdo con el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, y Lilia Oquendo, directora del secretariado de la conferencia judicial, más allá de enmiendas sueltas por vía de decisiones judiciales o por la práctica, las reglas de procedimiento criminal no se enmiendan desde 1963 -hace 45 años- y las de evidencia y procedimiento civil desde 1979 -hace 29 años-.

“Este es el cambio más importante procesal en nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Hernández Denton. “Queremos divulgar el proyecto para recoger el sentir de la comunidad jurídica, digo proyecto porque esto es parte de una etapa, esto aún no está sometido al tribunal”.

Hernández Denton participó de la entrevista porque los comités fueron creados bajo su presidencia, pero las propuestas aún no han sido avaladas por él o por el Tribunal Supremo.

“Te lo reitero, mi presencia aquí (en la entrevista) no es el aval del Supremo a estas propuestas”, indicó.

El debido proceso

Las enmiendas propuestas son el fruto de un trabajo de dos años y medio de comités compuestos por abogados, fiscales, jueces y profesores.

Serán evaluadas en la Conferencia Judicial, pautada para el 14 y 15 de febrero en el hotel Condado Plaza, y luego pasarán a consideración del Tribunal Supremo, que las enviaría a la Legislatura. Si la Rama Legislativa no actúa, por vía constitucional los cambios entrarían en vigor en 60 días.

Los presidentes de los cuerpos legislativos conocen del proceso y han tenido deferencia con el trabajo judicial, agregó.

El proceso de críticas es muy importante porque en 1985 y 1996 se intentó enmendar esas reglas, pero hubo demasiada oposición.

“Dependiendo de las reacciones, el tribunal decidirá si las somete; cuáles, si las somete las tres o sólo alguna de ellas”, advirtió Hernández Denton.

Por su parte, Oquendo explicó que ya hay listos algunos proyectos de enmiendas. Estos se han divulgado en la página de internet de la Rama, en la que incluso ciudadanos que no son abogados se expresaron, y se enviaron copias a unas 80 entidades, como el Departamento de Justicia, las organizaciones profesionales, los sindicatos, la Cámara de Comercio y las Escuelas de Derecho.

Controversia

El secretario de Justicia, Roberto J. Sánchez Ramos, ya dijo tener “preocupaciones” con algunas enmiendas. Una de esas limita a casos excepcionales la práctica impulsada por él de radicar acusaciones en ausencia.

Oquendo y Hernández Denton no se expresaron al respecto. De hecho, para Oquendo la regla más radical es la 37 (de las de procedimiento civil); un híbrido entre la experiencia local, la práctica federal y el sistema legal uruguayo.

“Es la propuesta de cambio más controversial porque va a requerir de los abogados que se preparen con más rapidez, va contra esa mentalidad de radico hoy la demanda y luego presento la prueba”, dijo Oquendo.

“A partir de la contestación de la demanda, los abogados tienen 40 días para reunirse y la regla dispone que de esa reunión preparen un informe. Ese va a incluir el manejo del caso, tiene que tener la prueba documental, los nombres de testigos, la prueba testifical”.

“En ese mismo momento se pueden dar cuenta que el caso es flojo, que no tienen evidencia”, señaló Oquendo.

La funcionaria explicó que los propósitos principales de las enmiendas son atemperar el sistema procesal a los nuevos tiempos, como sería: regular el uso de tecnología como el fax e internet; ajustar a las nuevas realidades económicas -una de las propuestas aumenta de $5,000 a $25,000 el monto de la deuda que permite un procedimiento acelerado de cobro de deudas, la llamada regla 60- y procurar que los tribunales sean más rápidos.

El juez señaló que para él es fundamental que se logre más agilidad en los tribunales. “Ahora hay casos que en descubrimiento de prueba llevan 8 años”, dijo Hernández Denton. “Justicia lenta no es justicia”, sentenció.

¿Tiene sugerencias?

Hágalas llegar a www.tribunalpr.org o llamando al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, al (787) 722-0446.

http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/seguridad/noticias/justicia_lenta_no_es_justicia/349166


titular-Diversidad de visiones en la asesoría legal

Figuras como Rafael Hernández Colón, Harry Padilla, Ana P. Cruz y Francisco Rebollo Casalduc integran los comités.

Por Daniel Rivera Vargas / drivera2@elnuevodia.com

Para evitar que el esfuerzo de enmendar las reglas procesales se ahogara en una ola de críticas -como pasó en 1985 y 1996-, a finales del 2005 se nombraron comités asesores con figuras absolutamente opuestas, explicaron el juez presidente del tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, y la secretaria de la conferencia judicial, Lilia Oquendo.

Por ejemplo, el comité asesor en procedimiento criminal estuvo dirigido por un teórico como el profesor Ernesto Chiesa, pero contó a su vez con el abogado que logró la absolución de Pedro Rosselló en el caso de la pensión, Harry Padilla, trabajando hombro con hombro con uno de los fiscales del caso, Félix Fumero y con el ex juez Hiram Sánchez, uno de los principales asesores del Departamento de Justicia.

En ese mismo grupo también estuvo la ex Fiscal Especial Independiente (FEI) Ana Paulina Cruz y el abogado en varios casos de corrupción pública, Francisco Rebollo Casalduc.

Chiesa y Rebollo Casalduc también trabajaron en el comité de Evidencia, junto a profesores de derecho, jueces y ex jueces.

Mientras el de procedimiento civil lo dirigió el ex juez presidente del Tribunal Supremo José Andréu García y contó con el ex gobernador Rafael Hernández Colón, el juez Luis Maldonado junto a Francisco G. Bruno, socio del bufete corporativo McConell Valdés.

“Tu coges a (uno de los principales autores civilistas puertorriqueños José) Cuevas Segarra con una visión, a un Hernández Colón (actualmente profesor de Derecho) que tiene otra visión, un Harold Vicente que tiene tanta experiencia en lo federal, se reunían en casas de campo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eran unas discusiones interesantísimas”, comentó Hernández Denton, quien dijo que en total más de 30 abogados laboraron en los comités sin cobrar sueldo alguno.

Y también los comités se nutrieron de personas ajenas como el ex juez presidente de la corte federal, Héctor Laffitte, quien desde el principio del proceso sometió recomendaciones.

http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/seguridad/noticias/diversidad_de_visiones_en_la_asesoria_legal/349165


titular-Apunta a una misma meta el liderato comunitario

Grupos se unen para crear un plan de trabajo nacional de cara a las próximas elecciones.

Los miembros del Comité Timón, quienes tuvieron un encuentro ayer, acordaron realizar seis asambleas regionales para conocer las inquietudes de la comunidades y sus posibles soluciones. (Especial / Rafael Pichardo)

Por Keila López Alicea / keila.lopez@elnuevodia.com

Conscientes de que un año eleccionario puede bien representar o una amenaza o una protección para la estabilidad del Programa de Comunidades Especiales, la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico, en conjunto con líderes de la Península de Cantera, Prensa Comunitaria y el partido Alternativa Ciudadana, comenzarán a crear un plan de trabajo nacional que reúna las prioridades de todas las juntas comunitarias del País.

Para esto, según anunciaron los miembros del Comité Timón de la Alianza en una conferencia de prensa, llevarán a cabo seis asambleas regionales durante tres meses para conocer las necesidades que tienen las comunidades y recoger las soluciones que proponen sus respectivos líderes comunitarios.

“Estamos en año electoral y es un buen momento para fortalecer el liderato comunitario. La estrategia está dirigida a que, a medida que el liderato se fortalece, su voz se escucha y se podrán alcanzar acuerdos con el liderato gubernamental”, indicó Wilfredo López, uno de los portavoces del comité timón.

“Esperamos que este junte abra un campo de posibilidades para las comunidades”.

Wilfredo López, líder comunitario.

Las ideas que se recojan en las seis asambleas serán agrupadas en el Plan Estratégico Nacional, el cual será presentado durante el primer Junte de Juntas Comunitarias que celebrarán a principios de mayo, precisó José Figueroa, otro de los portavoces.

“Queremos crear un plan que nos dé una idea de hacia dónde queremos caminar”, expresó Figueroa. Señaló que una vez tengan el plan en sus manos, ratificado por los grupos vecinales, se podrán dedicar a trabajar unidos para fortalecer el movimiento comunitario en vez de luchar todos por separado.

Samuel Rosario, presidente de la Junta de Directores de Prensa Comunitaria, señaló que la propuesta surgió de la dejadez en que, dijo, el gobierno ha sumido a la Oficina de Comunidades Especiales (OCE). “Hasta el momento, bajo esta Administración, la OCE no ha hecho un trabajo satisfactorio en la capacitación del liderato comunitario”, lo cual es uno de sus deberes de acuerdo con la Ley 1 de 2001 -que crea la oficina-, manifestó Rosario.

La primera asamblea se celebrará el 9 de febrero en el área oeste.

http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/comunidad/noticias/apunta_a_una_misma_meta_el_liderato_comunitario/348814


titular-Gran dependencia de vivienda pública

Lunes, 21 de Enero de 2008
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

Dependencia generacional.

La mayoría de los residentes de los 323 residenciales que hay en el país reflejan un cuadro de alta dependencia gubernamental y, en general, tienden a permanecer por más tiempo viviendo en ellos que las personas que residen en complejos públicos en Estados Unidos, donde proporcionalmente hay más cambios de inquilinos por vivienda, según se refleja en estadísticas recopiladas por distintas agencias gubernamentales.

Alrededor de una cuarta parte de los residentes no trabajan y cerca del 39 por ciento han vivido en las propiedades federales “transitorias” por más de 21 años.

“El programa persigue proveer un techo provisional mientras que la familia logra independizarse. Es un concepto de vivienda transitoria, la piedra angular del sistema. Pero a través de los años se ha desvirtuado el programa. Se ha creado un mayor grado de dependencia y se ha caído en un círculo vicioso”, sostuvo el secretario de Vivienda, Jorge Rivera Jiménez.

Según datos obtenidos de esta agencia, la proporción de residentes que llevan más de 11 años viviendo en un residencial alcanza el 61 por ciento; mientras esta cantidad en Estados Unidos desciende a 28 por ciento.

Del mismo modo, el 25 por ciento de la familias de los residenciales no reportan ingresos; mientras que otro 48 por ciento reportan ganancias que no superan los $5,000 anuales. Solamente el 19 por ciento reporta ingresos entre $5,000 y $20,000 mientras que apenas un 2 por ciento de esa población supera este renglón.

Debido a una ley congresional, la cantidad de unidades de vivienda pública de todas las jurisdicciones estadounidenses no pueden aumentar y en Puerto Rico se han mantenido en 55,800 desde que se aprobó la legislación en el 1998. Se han implosionado algunos complejos y se han construido otros de menor densidad poblacional que incorporan elementos arquitectónicos que intentan romper con la monotonía de proyectos anteriores.

Ante el límite impuesto a la cantidad de viviendas públicas que puede haber en Puerto Rico financiadas por el Gobierno federal, anualmente la lista de espera de personas que intentan obtener una unidad en un residencial alcanza las 7,000 solicitudes, lo que se podría traducir en unas 24,500 personas. Contrario a Estados Unidos, donde hay una amplia disponibilidad de apartamentos por la falta de inquilinos, en Puerto Rico la necesidad por una de estas viviendas se mantiene alta.

Próximamente se planifica desarrollar dos complejos públicos en Lares, quedando Culebra como el único municipio sin residenciales públicos y elevando la cantidad de complejos en todo el país a 325. Investigaciones del Departamento de la Vivienda intentan determinar si unos 6,000 inquilinos de residenciales han suplido información fraudulenta para la obtención de su vivienda.

De acuerdo con otros datos aportados por el Departamento de la Familia, de las 55,800 familias que residen en los complejos, 34,447 son recipientes del Programa federal de Asistencia Nutricional (PAN) mientras otras 5,692 reciben ayuda del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Subsidios a granel

Los residentes de los complejos, de consumir menos de 425 kilovatios al mes de electricidad, pagan apenas un 2 por ciento de lo que tendría que desembolsar un abonado regular de la Autoridad, de gastar la misma cantidad de energía, y un 76 por ciento si consumen más de esta cantidad. En otras palabras, los abonados regulares pagan, respectivamente, un 98 y 24 por ciento más que los vecinos del residencial, aun de no cualificar para un programa de asistencia social.

El subsidio proviene de una serie de ayudas que otorga la Autoridad de Energía Eléctrica y que alcanza el 11 por ciento de los ingresos netos de la corporación. Estas subvenciones también se destinan a iglesias, hoteles, beneficiarios del PAN y agricultores, entre otros clientes residenciales y comerciales de la agencia.

La mayoría de los vecinos de los residenciales también reciben descuentos y subsidios para los servicios esenciales de agua y teléfono.

Sin embargo, los que viven en complejos públicos no son los únicos que reciben estas ayudas, ya que según datos aportados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), las personas mayores de 65 años y recipientes del PAN reciben un descuento de un 35 por ciento en su cargo base de $19.75, de contar con el servicio de agua y alcantarillado. La rebaja también aplica para cualquier otra persona que cualifique bajo los mismos criterios.

Del mismo modo, los beneficiarios del PAN y TANF, entre otros programas federales, también son elegibles a recibir un descuento de $13.50 en su renta telefónica mensual, así como el 50 por ciento del costo de instalación de la línea, hasta un máximo de $30. Estimados apuntan que más de 800,000 personas en todo Puerto Rico podrían recibir el subsidio, según datos suministrados por la Puerto Rico Telephone (PRT).

Activismo ante el crimen

Los esfuerzos de organizaciones comunitarias para mejorar la imagen de los residenciales y fortalecer las medidas de seguridad han redundado en logros sumamente positivos, según reconocen algunos expertos en el tema.

Aun así, los complejos continúan siendo objeto de preocupación por las autoridades federales. Se estima que una séptima parte de todos los asesinatos reportados en el país en 2007 se registraron en el interior de complejos públicos (101 de 728). En el residencial más grande de Puerto Rico, Luis Llorens Torres, se registraron nueve de estas muertes, mientras otras tres se reportaron en el complejo Nemesio R. Canales. Ambos complejos se convirtieron en escenario de actividades que fomentaban la convivencia pacífica.

Se estima también que cerca de una quinta parte del total de los más de 1,000 puntos de drogas identificados por la Uniformada en todo el país, ubican dentro de los complejos de vivienda.

http://www.primerahora.com/noticia/informe_especial/noticias/gran__dependencia_de_vivienda_publica/149454

titular-No lo ven como algo “transitorio”

Lunes, 21 de Enero de 2008
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

“Conformes” en el residencial.

Pocos son los residentes que parecen visualizar su apartamento en el residencial Jardines de Cupey como una “vivienda transitoria”, como el Gobierno federal históricamente ha clasificado las unidades de los complejos públicos desde que comenzó a gestionar su construcción a principios y mediados del siglo pasado.

Para muchos de los 1,200 puertorriqueños que residen en Jardines, su hogar es único e irreemplazable, una vivienda de concreto reforzado que desafía el tiempo, los cambios de las administraciones del Gobierno puertorriqueño y que actualmente pasa por un proceso de “modernización” que se financia con $34 millones de fondos federales.

La remodelación y reconstrucción de las estructuras incluyen el reemplazo de tubería y cablería, de hecho, hasta la colocación de losetas italianas para los pisos de los apartamentos y la instalación de ventanas reforzadas para aguantar vientos huracanados de 200 millas por hora.

“El cambio le da ánimo a los residentes y la realidad es que no me quiero ir. Siempre están diciendo por ahí que somos vagos, que somos unos criminales, pero te apuesto a que en las comunidades más ricas, hay gente más mala que aquí”, indicó el empleado de mantenimiento y residente de Jardines, Efraín Cotto, de 45 años. “Me siento muy bien en el residencial”, añadió.

Reina la hermandad

El sentido de comunidad en el complejo se manifiesta a través de las fiestas y cumpleaños que organizan los vecinos, y de la presencia de una mano amiga ante la falta de dinero o transportación. En Jardines siempre parece estar disponible la persona que se encargue de los niños durante una emergencia o que pueda disponer de una pizca de sal o aceite para la comida.

La mayoría no paga renta, o desembolsa una cantidad mínima, como $7 mensuales; recibe un subsidio en su factura de electricidad y los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), mayores de 65 años, también reciben un descuento en su factura de agua.

Así lo disponen los reglamentos y las leyes que rigen las operaciones de las corporaciones públicas, pero los subsidios se consideran, por lo general, como una parte integral de los beneficios que reciben los 300,000 residentes de los 323 complejos públicos del país.

Algunos de los vecinos, como Estrella Cruz, de 58 años, vivían en barriadas capitalinas antes de mudarse al residencial. Desde las ventanas francesas de su apartamento remodelado, la sanjuanera consideró su mudanza a Jardines -hace 11 años- como un paso de progreso.

Trabaja como voluntaria para ayudar a drogadictos y deambulantes en la Plaza de la Convalecencia de Río Piedras, pero no encuentra la necesidad de trabajar a tiempo completo, aunque de vez en cuando vende comida desde su apartamento para “empatar la pelea” .

“Aquí los vecinos son tu familia si te enfermas, y los servicios están disponibles”, indicó Cruz.

Como esta vecina, decenas de otros residentes se mudaron a Jardines -procedentes de barriadas clasificadas como comunidades especiales por el Gobierno- por la disponibilidad de los servicios sociales en el “caserío”, término que un creciente número de puertorriqueños considera despectivo pero que se refiere a un “conjunto de casas”. Miles de familias también están anotadas en listas de espera para obtener la llave de una vivienda de residencial.

Hay quienes también consideran encontrarse en una encerrona económica debido a bajos salarios que no les permiten la compra de una vivienda. “Quiero tener una mejor calidad de vida pero no sé cómo salir del residencial”, indicó Girey Ortiz, de 21 años, quien trabajó como cajera pero que ahora se encuentra desempleada por el tiempo que le tiene que dedicar a su bebé de ocho meses.

Para la joven madre Tamariely Rivera, de 20 años, muchos residentes no se cuestionan por qué continúan viviendo en el residencial si sus padres y abuelos también fueron inquilinos en el complejo. “Conozco a todo el mundo aquí y en este edificio siempre estamos juntos”, dijo Rivera, mientras su hijo de dos años recorría el piso de su apartamento.

Como en otras comunidades puertorriqueñas, en Jardines la presencia del drogadicto levanta el espectro de la industria del narcotráfico y su capacidad para destruir vidas.

“Aquí he pasado años de felicidad y muchos otros de infelicidad por mi adicción. Pero yo soy el culpable de mi propio sufrimiento”, sostuvo Richard Febres Romero, de 42.

http://www.primerahora.com/noticia/informe_especial/noticias/no_lo_ven_como_algo_transitorio/149452

titular-Víctimas de maltrato protegidas por ley

Lunes, 21 de Enero de 2008
Firuzeh Shokooh Valle / Primera Hora

Víctimas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo o acecho no pueden ser desahuciadas si viven en un residencial público o en un hogar provisto por Sección 8 donde han sido victimizadas, de acuerdo con la ley federal Violence Against Women Act (VAWA).

La abogada experta en inmigración, vivienda y violencia doméstica de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Sandra Park, explicó a PRIMERA HORA que en 2005 entraron en vigor disposiciones federales específicas para que las víctimas de estos delitos -en su gran mayoría mujeres- no teman quedarse sin hogar si dejan a su agresor. Varios estudios en Estados Unidos han revelado que una gran cantidad de mujeres deambulantes fueron víctimas de violencia doméstica.

Park precisó que la disposición se introdujo a la VAWA porque varias leyes federales establecen la política de “una falta y estás fuera”, que permite desahuciar a las personas de su casa en un residencial público o de Sección 8 si se cometió un delito en el lugar. Dijo que como esta política no distingue entre víctimas y perpetradores, muchas víctimas de violencia doméstica estaban siendo desahuciadas de sus hogares. Los remedios de VAWA permiten que sólo el agresor sea desahuciado, mientras las víctimas y sus hijos permanecen en el hogar.

“Estas disposiciones, que entraron en vigor en el 2005, le aplican a todas las víctimas de estos delitos. Incluye a las inmigrantes sin documentos, siempre y cuando en su hogar resida un ciudadano o residente legal de Estados Unidos, ya sean sus hijos o su pareja”, explicó Park, quien fue invitada por el capítulo de la ACLU en Puerto Rico para ofrecer seminarios y talleres sobre el tema.

La abogada indicó que la ley establece que los administradores no pueden discriminar contra una víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo o acecho, ni negarle vivienda porque es una víctima. En el caso específico de las víctimas que viven en residencias de Sección 8, la ley permite que se puedan llevar su voucher a otra casa participante si necesita irse de su hogar.

“Esperamos que las administraciones de los residenciales públicos y Sección 8 incorporen VAWA en sus políticas. Estamos tratando de levantar conciencia sobre este tema en Estados Unidos y Puerto Rico”, dijo Park.

La American Bar Association (ABA) de Estados Unidos ha exhortado a los legisladores a formular leyes que prohíban que se discrimine contra las víctimas de violencia doméstica obstaculizando su derecho a tener una vivienda segura.

“Hasta que dejemos de pedirles a las mujeres que escojan entre ser golpeadas o poder alimentar y albergar a sus hijos, no podemos pretender erradicar la violencia doméstica en nuestra sociedad”, establece un informe de la ABA citado en la página de Internet del Proyecto de Derechos de Mujeres de la ACLU.

Para más información las personas interesadas pueden llamar a la oficina de la ACLU en Puerto Rico al 787-753-8493.

http://www.primerahora.com/noticia/otras_panorama/noticias/victimas_de_maltrato_protegidas_por_ley/149544