Por Mel Frykberg
RAMALLAH, 18 feb (IPS) - Se aproxima a las costas de Israel una ola de juicios por graves violaciones de derechos humanos en su guerra de 22 días contra la franja de Gaza, en la que murieron más de 1.300 palestinos, la mayoría civiles.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirmaron el uso de bombas de fósforo blanco en Gaza, un arma prohibida por las convenciones de Ginebra.
Estos tratados son la base del derecho internacional humanitario, que protege a prisioneros de guerra y a la población civil afectada por conflictos armados. La Cruz Roja es la principal custodia de estas convenciones.
Amnistía aseguró que tanques israelíes dispararon proyectiles que contenían cada uno entre 5.000 y 8.000 dardos de metal de cuatro centímetros de longitud, los cuales se dispersaban en un área de 300 metros de ancho y 100 de largo.
La Federación Internacional para los Derechos Humanos, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas también acusaron a Israel.
Estas organizaciones mantuvieron un grupo de observadores en territorio palestino, durante varios días de la guerra en Gaza.
"Estamos desolados por el horror de la guerra en Gaza, la gran pérdida de vidas de no combatientes y la destrucción a gran escala de propiedades e infraestructura civiles", sostuvieron estos tres grupos en una declaración conjunta.
La flamante representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Susan Rice, exhortó a Israel a investigar posibles violaciones de derechos humanos.
"Esperamos que Israel cumpla con su obligación internacional de investigar. También llamamos a todos los miembros de la comunidad internacional a abstenerse de politizar estos importantes asuntos", dijo Rice en su primera intervención en el Consejo.
Israel apeló la resolución del juez español Fernando Andreu de investigar el bombardeo en que murió en 2002 Salah Shehadeh, dirigente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en una zona residencial y densamente poblada de la ciudad de Gaza.
La explosión de la bomba de una tonelada arrojada por la Fuerza Aérea Israelí en el edificio de apartamentos en el que vivía Shehadeh mató a 14 civiles, nueve de ellos niños, e hirió a 77. Once viviendas terminaron completamente destruidas y 32 con diversos daños.
Andreu sentenció que el ataque podría constituir un crimen contra la humanidad.
El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas israelíes Dan Halutz, el ministro de Infraestructura saliente, Benjamín Ben-Eliezer, y otros funcionarios son investigados por la demanda en España, presentada por el Centro Palestino de Derechos Humanos.
No es ésta la primera vez que la justicia de terceros países investiga a funcionarios israelíes por posibles crímenes de guerra. En 2005, un juez británico ordenó el arresto del general Doron Almog por la destrucción de 30 viviendas civiles en Rafah, localidad del sur de Gaza.
Informado de la orden cuando viajaba a Londres ese mismo año, Almog se negó a abandonar el avión en el aeropuerto de Heathrouw y regresó de inmediato a Israel.
Pero las leyes israelíes también permiten el procesamiento de crímenes cometidos fuera del territorio nacional, aunque sólo se aplican a los perpetrados contra ciudadanos de Israel o judíos.
Al gobierno de Ehud Olmert también le preocupan las numerosas demandas que, según prevé, entablarán organizaciones propalestinas en otros países, así como izquierdistas israelíes en su propio país.
Un grupo de activistas israelíes elaboró una lista de nueve comandantes de batallón a los que consideran culpables de crímenes de guerra.
Funcionarios de defensa temen que organizaciones en el extranjero usen esa lista como base para elaborar otras que incluyan a oficiales de menor rango y a pilotos.
La censura militar israelí ordenó a la prensa nacional y extranjera a borrar de sus informes los nombres de miembros de las fuerzas armadas que actuaron en Gaza, así como sus rostros de las fotografías.
Mientras, la Asociación para los Derechos Civiles, B'Tselem, el Comité Público contra la Tortura y otras cuatro organizaciones humanitarias israelíes acusaron a las fuerzas armadas de maltratar a cientos de pobladores de Gaza detenidos e interrogados durante la guerra.
Los siete grupos enviaron una carga al abogado de las fuerzas armadas, Avihai Mandelblit, y al fiscal castrense, Menajem Mazuz, para que investiguen el caso.
Según testimonios de los detenidos, menores y adultos eran confinados, maniatados y encapuchados, en zanjas cavadas a la intemperie durante horas e incluso días. También se les privó de alimentos y agua, y se los sometió a actos violentos y humillantes.(FIN/2009)
http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=91318
Nota de ROF- Aunque los medios comerciales de comunicación evidentemente impresionados por la fuerza económica de los intereses asociados al estado de Israel y los grandes intereses judíos en los EU dejan de reseñar el proceso de denuncia y protestas mundiales exigiendo procesos judiciales transparentes de las violaciones del Derecho internacional humanitario y crímenes de guerra en Gaza, la historia parece haber cogido un impulso imposible de detener o obviar.
Urge, como hemos dicho antes e insistimos, seguir aunando fuerzas y voces unidas en este clamor por la justicia, igualmente, como tantos millones de personas, reconocemos la importancia cimera que tiene este proceso para el adelanto de las causas de los derechos humanos, la libertad e igualdad de los humildes en su guerra contra del sistema capitalista voraz e inhumano.
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3 comentarios:
Genocidas israelíes enfrentan crímenes de guerra
Claridad en el Mundo
Rafael Santiago Medina/Especial para Claridad
Contra los implicados en el caso que se ventila en estos momentos ante el juez Fernando Abreu de la Audiencia Nacional de España, ya el Centro Palestino de Derechos Humanos y la organización israelí Yesh Gvui (“Hay un Límite”) había incoada una demanda por crímenes de guerra en los tribunales británicos. La acusación se remonta al 22 de julio de 2002, cuando Israel perpetró un bombardeo sobre la vivienda del líder de Hamás, Salah Shehadeh, en el barrio Al Daraj de la Franja de Gaza. En el ataque murió él, su esposa, su hija y otras 12 personas, entre ellas niñas y niños. Resultaron heridos en ese bombardeo, también, 150 palestinos del vecindario.
Fue por eso que el 7 de septiembre de 2005 se suscitó un incidente diplomático en el Reino Unido. Aquel segundo domingo de septiembre, el todavía a la sazón general Doron Almog no bajó del avión en Londres y volvió de regreso a Tel Aviv sin pisar suelo londinense. No descendió del avión, porque temió ser arrestado por las autoridades del Reino Unido. En aquella ocasión, como ahora en España, no únicamente se encontraba Almog bajo investigación, sino, además, Benjamín Ben-Eliezer, anterior ministro de Defensa cuando el ataque a la vivienda de Shehadeh y actual Ministro de Infraestructura Nacional de Israel. También, el ex general Moshé Yaalon, tanto como Michel Herzog, ex secretario militar del Ministerio de Defensa, Avraham Ditcher, ex director del Servicio General de Seguridad, y el entonces jefe del Estado Mayor hasta el 2005, Dan Halutz, quien dijo en 2004 durante el inicio del proceso investigativo del ataque a la residencia de Shehadeh en Gaza que los muertos inocentes de aquel bombardeo “no le quitaban el sueño”.
Bajo la consideración del magistrado español se encuentra en estos momentos la acusación de “delitos contra la humanidad” que pesan sobre los siete israelíes investigados por la potente bomba de una tonelada que se lanzó sobre la residencia de Shehadeh, ubicada en un área residencial densamente poblada.
El temor ahora en el caso ante el juez Abreu en España es que suceda lo mismo que sucedió hace ya varios años en el Reino Unido con Shaul Mofaz, otro ex ministro de Defensa israelí, contra quien también pesaban acusaciones de crímenes de guerra. O lo que acaeció en Holanda con Ami Ayalón, ex director del Shin Bet (uno de los servicios de inteligencia nacional israelí), acusado de torturas; o en Nueva Zelanda con el general Yaalón, quien enfrentaba una orden de detención en noviembre de 2006. La presión de Tel Aviv logró que se cerraran los procesos legales contra ellos.
La intervención de la Audiencia Nacional de España es por virtud del Artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español que hace referencia al principio de justicia universal. En el razonamiento jurídico del juez Andreu se argumenta que “con el propósito de asesinar al líder de Hamás, las Fuerzas Armadas del Estado de Israel lanzaron un ataque con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar”, resultando en la muerte de 15 personas y más de un centenar de heridos. “Por tal razón”, concluye el auto judicial, “nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo (…), desproporcionado o excesivo que se torna en un hecho que ha de ser perseguido en virtud del principio de jurisdicción universal”.
Las autoridades israelíes han trazado un “mapa” de los países en los que sus militares podrían enfrentar órdenes de arresto y juicio. Estos países son: España, Reino Unido, Francia y los países nórdicos. Se les recomienda a los militares israelíes no viajar a estos países hasta que se aclare la situación, al tiempo que se sugiere que informen de sus futuros viajes para verificar con las embajadas de Israel si existen denuncias contra ellos.
El gobierno de Ehud Ólmert ha afirmado que garantizará la defensa legal y política de cualquiera de sus militares que sea denunciado fuera del país por crímenes de guerra relacionados con acciones militares pasadas o con la reciente ofensiva en Gaza denominada como “Plomo Fundido”. Este ataque por mar, aire y tierra causó la muerte de unos 1,400 palestinos, más de la mitad de ellos civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos, tras haber sido arrasados numerosos objetivos civiles, una acción punible bajo el derecho internacional y que cae dentro del marco de lo que pudiera considerarse como “crímenes de guerra” o “delitos de lesa humanidad”.
Una voz autorizada como lo es la del Relator de la ONU para los territorios palestinos, el académico judío-estadounidense Richard Falk, acusó a Israel de cometer “crímenes contra la Humanidad” en la Franja de Gaza. Poco antes de comenzar la Operación “Plomo Fundido” de ataque a Gaza, la policía israelí detuvo a Falk en una celda de confinamiento del aeropuerto internacional Ben Gurion (Lod). Quince horas después, lo expulsó del país. El 27 de diciembre, empezó el ataque por aire, tierra y mar contra Gaza con armas prohibidas de última generación a un territorio cuya población es de 1.5 millones de habitantes aproximadamente (4.2 mil personas por kilómetro cuadrado), entre los de más alta densidad poblacional del mundo. Falk pudo regresar a Gaza y recorrer las áreas bombardeadas.
Durante 21 días con sus noches, el fuego se concentró en la infraestructura civil, arrasando centros de ayuda a refugiados de Naciones Unidas, un par de edificios donde transmitían medios de comunicación internacionales, 16 centros médicos, 16 ambulancias, 4,000 viviendas, 16,000 edificios residenciales, 1,500 fábricas, tiendas y comercios, 51 edificios gubernamentales, 18 centros educativos, 20 mezquitas y 50 kilómetros de carreteras. El saldo: 1,400 muertos y 5,000 heridos. De cada diez daños colaterales por los bombardeos y el fuego de artillería israelí, la mitad fueron civiles y tres fueron niños.
Expertos en Derecho internacional han indicado que el caso de Salah Shehadeh el 22 de julio de 2002 se ha vuelto a repetir con acciones militares israelíes durante el reciente ataque a Gaza. Uno de esos casos pudiera ser la matanza en la escuela de las Naciones Unidas (UNRWA) y el bombardeo a la casa de Nizar Rayan, otro líder de Hamás, en el que perdieron la vida sus cuatro esposas y sus 11 hijos de entre uno y doce años de edad.
Los 21 días continuos de bombardeo implacable convirtieron a Gaza en una ratonera sitiada bajo fuego con sus cruces fronterizos de escape y acceso al Mediterráneo cerrados. Es por eso que ha comenzado a comparársele con el Gueto de Varsovia (Getto Warszawskie, en polaco; Warschauer Ghetto, en alemán). Éste fue el gueto judío más grande establecido por la Alemania Nazi en Polonia a raíz del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
Cisjordania, con una población de 2.5 millones de habitantes, enfrenta también una situación igualmente sombría, a pesar de no sufrir los arrasadores bombardeos que ha sufrido Gaza, porque Israel no destruiría un territorio que quiere retener. Allí viven 400,000 colonos israelíes muy bien armados en 200 asentamientos ilegales y 150,000 palestinos en 19 campamentos de refugiados. Cisjordania está cercada por un muro de 721 kilómetros de concreto, zanjas de cuatro metros de profundidad y sensores electrónicos.
rafangel@centennialpr.net
http://claridadpuertorico.com/content/view/403466/32/
COMUNICADO DE PRENSA
18 de febrero de 2009
Río Piedras- Con casa llena, se llevó a cabo el foro/ conversatorio “Palestina e Israel: Un coloquio entre dos naciones”. Durante la mañana del miércoles 18 de febrero, estudiantes y profesores, se dieron cita junto a un nutrido grupo de tanto la comunidad de Israel en Puerto Rico, como la comunidad Palestina, en el Anfiteatro Milton Pabón (REB 238) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras para sostener un diálogo, sobre uno de los conflictos más duraderos y a la vez vigentes en la esfera internacional.
El Colectivo Estudiantes por la Paz (CEP), un grupo de estudiantes universitarios que creen en el diálogo y la reflexión educada como herramienta efectiva para el cambio social y el entendimiento de los asuntos tanto internacionales como locales, se tomó la iniciativa de convocar a cuatro panelistas que discutieron el conflicto entre Israel y Palestina. Con el más sincero deseo de que se sentaran en una mesa representantes de ambas naciones, de la facultad y el estudiantado; convocamos a Álvaro Alba, quien representó a la comunidad israelita en Puerto Rico; a Zeid Abdel Rahim, quién representó a la Comunidad Palestina; a Sergio Méndez Sánchez, quién representó a la comunidad estudiantil; y a la Prof. María Arguelles, quién represento a la facultad de la Universidad.
“La discusión definitivamente fue una de altura universitaria, con la seriedad que debe caracterizar el estudio de las Ciencias Sociales y que amerita un asunto tan delicado como éste”, comentaron los portavoces del CEP, Ginna Malley Campos y Gamelyn Oduardo. Luego añadieron, “Definitivamente estamos satisfechos con el resultado de esta actividad”.
Tomando en consideración los últimos incidentes acaecidos durante las últimas semanas en la Franja de Gaza, el colectivo se propuso abrir este espacio de discusión
académica. Aquí, los estudiantes demostraron su deseo de acercarse a una mejor comprensión del pasado, el presente, y las alternativas para el futuro. Definitivamente, este espacio fue uno provechoso para la comunidad universitaria, y un diálogo necesario, en este momento tan crítico.
Queremos darle las gracias a todos por su apoyo y asistencia!
Colectivo Estudiantes por la Paz.
AI pide a la ONU que imponga un embargo total de armas en el conflicto
22/02/2009 10 : 40
Londres, 23 feb (EFE).- Amnistía Internacional denunció hoy la ayuda militar de EEUU a Israel, acusó tanto a este país como a Hamás de utilizar armas traídas de fuera contra civiles y pidió a la ONU que imponga un embargo total de material bélico.
"Las fuerzas israelíes emplearon fósforo blanco y otras armas suministradas por Estados Unidos para cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario", denuncia AI en un comunicado.
"Cientos de niños, entre otros civiles, perdieron la vida como consecuencia de los ataques, que también causaron la destrucción masiva de viviendas e infraestructuras", afirma Donatella Rovera, que presidió la delegación de AI que viajó al sur de Israel y Gaza para investigar lo sucedido.
"Al mismo tiempo, Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron cientos de cohetes introducidos de contrabando o fabricados en zonas civiles de Israel con piezas procedentes del extranjero", agrega Rovera.
Aunque la capacidad letal de esos misiles "es muy inferior" a la del armamento empleado por Israel, su uso ha causado la muerte de varios civiles y constituye también un crimen de guerra", según la representante de AI.
La organización defensora de los derechos humanos afirma que antes del conflicto de Gaza, "quienes armaron a los dos bancos tenían perfecto conocimiento del uso indebido del armamento que ambos hacían sistemáticamente, por lo que deben asumir su parte de responsabilidad en los abusos perpetrados con esas armas".
"Como principal proveedor de armas a Israel, Estados Unidos tiene la obligación especial de poner fin a todo suministro que contribuya a la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y de las leyes de la guerra", afirma Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
"El Gobierno de (Barack) Obama debe suspender de inmediato la ayuda militar estadounidense a Israel", reclama Smart.
Estados Unidos es el principal proveedor de armas convencionales a Israel desde hace muchos años, dice AI, quien agrega que en virtud de una acuerdo de diez años que expira en el 2017, ese país suministrará ayuda militar a Israel por valor de 30.000 millones de dólares, un 25 más que antes de la llegada a la Casa Blanca del anterior presidente, George W. Bush.
"La ofensiva militar de Israel en Gaza se llevó a cabo en gran medida con armas, municiones y otros equipos militares suministrados por EEUU y sufragados con el dinero de los contribuyentes norteamericanos", denuncia Amnistía Internacional.
Al término de los enfrentamientos armados, la delegación de AI encontró en Gaza múltiples fragmentos y piezas de municiones empleadas por el Ejército israelí -muchas de ellas de fabricación estadounidense- esparcidos por patios de colegios, hospitales y viviendas de civiles.
Entre los restos había carcasas de piezas de artillería y tanques, alerones de mortero y restos de misiles Hellfire, otros misiles aerotransportados y bombas lanzadas por aviones F-16, así como fragmentos de fósforo blanco, sumamente incendiario, todavía en llamas.
En el sur de Israel, AI pudo ver también los restos de cohetes Al Kasam, Grad y otra munición de efectos indiscriminados disparada por Hamás y otros grupos armados palestinos contra zonas civiles.
El informe elaborado por AI enumera a todos los países que han exportado armas a Israel y menciona entre ellos a España.
Entre el 2004 y el 2007, las ventas españolas de material de defensa a Israel superaron los 2,2 millones de euros, con lo que el país ibérico se convierte en el octavo exportador mundial de armas a ese país.
AI pide al Gobierno español que no autorice exportaciones de armas a ese país y al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Morarinos, que traslade el martes a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, una petición expresa para que Washington revise sus acuerdos militares con Israel. EFE jr/msr
http://www.elconfidencial.com/cache/2009/02/22/88_imponga_embargo_total_armas_conflicto.html#
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