Memorandos sobre tortura e interceptación de comunicaciones. rev. 25/04/09

En respuesta a, entre otras cosas, el pleito (FOIA) incoada por el ACLU, el Departamento de Justicia acaba de publicar cuatro memorandos que proporcionaron la base para el programa de tortura de la administración de Bush. Elogiamos a la administración de Obama al hacer bueno su compromiso con la transparencia. También elogiamos a los ciudadanos que han apoyado y han luchado junto al equipo legal del ACLU y otros grupos de derechos humanos en la lucha por exponer el contenido de estos memorandos. Pero exponer la verdad es solamente el primer paso. Ahora es imperativo que el Departamento de Justicia investigue la responsabilidad penal asociada a los crímenes que ocurrieron bajo el sistema de seguridad de la administración Bush en su supuesta ‘Guerra al terrorismo‘. Los memorandos de tortura nunca debieron haber sido escritos -- justificando en derecho delitos en todo el mundo. Autorizaron a interrogadores a utilizar métodos barbáricos de interrogación, incluyendo los mismos métodos que los E.U. procesaron como crímenes de guerra. Los Estados Unidos procesaron a interrogadores japoneses de crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial por métodos similares a los detallados en los memorandos.

Ahora es la responsabilidad del Departamento de Justicia cerciorarse de que procesen a los arquitectos responsables del programa de tortura. Los funcionarios que autorizaron la tortura no deben ser excluídos de la investigación. Los memorandos secretos proporcionan la confirmación impactante de la implicación de alto nivel en el programa de tortura de Bush.












Tardó cinco años largos para descubrir y revelar estos documentos, y, hacer cumplir la ley no debe ser una decisión de política pública: darle golpes a gente contra las paredes, colocarlas en posiciones sumamente incómodas por períodos prolongados de tiempo y “waterboarding’ que podemos describir como similar a ahogar (asfixia simulada) personas al obligarlos a tomar grandes cantidades de agua en contra de su voluntad y forzosamente, por ejemplo son muestras inequívocas de conducta ilegal y constituyen violaciones al derecho humano. Éstas son algunas de las clases de “técnicas realzadas de interrogación” que estos memorandos indignantes intentan justificar. En fin, como uno de los memorandos de tortura de Bush reconoce abiertamente, intentan permitir las actividades que el propio Departamento de Estado condena rutinariamente como tortura.

En docenas de páginas de prosa legal desapasionada, explican detalladamente los métodos aprobados por la administración de Bush para extraer la información de sospechosos - como mantenerlos despiertos por hasta 11 días corridos, y meterlos en una caja oscura, y luego poner insectos en la caja para multiplicar sus temores y sufrimientos. Los métodos de interrogación al principio autorizados en 2002, fueron utilizados hasta tan recientes como en el 2005 en cárceles secretas. Las técnicas estaban entre los secretos más guardados de la administración de Bush, y los documentos son un recuento comprensivo hasta la fecha del programa. Algunos funcionarios de la administración de Obama, incluyendo el Secretario de Departamento de Justicia Eric Holder, han etiquetado las 14 técnicas aprobadas, tal como el ‘waterboarding‘ como tortura ilegal.

Vistos en conjunto, los cuatro memorandos dan unas extraordinarias descripciones gráficas detalladas de procedimientos de tácticas brutales: procesos que describen desnudez forzada, la privación prolongada del sueño y duchar prolongadamente a detenidos con agua fría (a 41 grados) alternan con discusiones legales elaboradas referentes a la Convención internacional contra la tortura.








Patrick J. Leahy (D-Vt del Comité Judicial del Senado.) dijo que los documentos son "espeluznantes" y que su "contenido es tan alarmante como temí." Carl M. Levin (D-Mich del Comité de las fuerzas armadas del senado.), que ha investigado abusos de detenidos, dijo "debemos reconocer y enfrentar estos abusos".

Leon E. Panetta, el director de la CIA, había sostenido que revelar dicho sistema de información era un precedente peligroso para las fuentes de inteligencia. Una preocupación de la CIA es que las revelaciones pueden dar nuevo ímpetu a las ofertas para una verdadera investigación en los programas de contraterrorismo de la administración de Bush y procesamientos posibles. El senador Leahy, que es presidente del Comité Judicial del Senado, dijo que los memorandos ilustraron la necesidad de una comisión independiente según propuesta, que ofrecería inmunidad a cambio de testimonios sobre los hechos y procesos ilegales. El Sr. Obama condenó lo que él llamó “un capítulo oscuro y doloroso en nuestra historia” y dijo que las técnicas de interrogación nunca serían utilizadas otra vez. Pero él también repitió su oposición a una investigación prolongada del programa, aludiendo que “no se ganará nada pasando nuestro tiempo y energía buscando la culpa por el pasado.”

Obama dijo que no procesarían a los oficiales de la CIA que actuaron bajo el asesoramiento jurídico del Departamento de Justicia, sino que él dejó abierto la posibilidad que cualquier persona que actuaba sin la autorización legal podría todavía hacer frente a penas criminales.

Obama no especificó si los abogados que autorizaron el uso de las técnicas de interrogación deben hacer frente a una cierta clase de pena. Las cuatro asesorías legales, expuestas en un pleito del Acta de libertad de información (FOIA) presentada por el ACLU, fueron escritas entre 2002 y 2005 por la Oficina del asesor legal, la autoridad más alta del Departamento de Justicia encargada de interpretar la ley para el Poder Ejecutivo. El primero de los memorandos, a partir del agosto de 2002, fue firmado por Jay S. Bybee, que supervisó la Oficina del asesor legal, y dio a la CIA su primera aprobación legal detallada para el tratamiento del ‘waterboarding’ y otros métodos. Tres otros, firmados por Steven G. Bradbury, intentaron tranquilizar la agencia en mayo de 2005 que sus métodos eran todavía legales, incluso cuando los métodos múltiples fueron utilizados en combinación, y a pesar de la prohibición en derecho internacional contra el tratamiento “cruel, inhumano o de degradación”.

Todas las asesorías legales sobre la interrogación fueron revocadas por el Sr. Obama en su segundo día en oficina, cuando él también proscribió interrogaciones rudas y pidió que se cerraran las cárcles secretas. En los memorandos, los autores del Departamento de Justicia acentuaron precauciones que la CIA debía tomar, incluyendo la supervisión por persona médico y el rol de psicólogos. De hecho un aspecto en cuestión es la responsabilidad ética de dicho personal médico y psicólogos.


‘Waterboarding‘, por ejemplo, implica el atar un preso con correa a una camilla inclinada en ángulo de “10 a 15 grados” y el verter agua sobre una cubierta de paño a su nariz y boca “desde una altura de aproximadamente 6 a 18 pulgadas” por no más de 40 segundos a la vez. Pero una nota al calce de la página en el memorando de 2005 hizo claro que las reglas no fueron seguidas siempre.

El ‘waterboarding’ fue utilizado “con una frecuencia mucha mayor que lo indicado inicialmente” y con “volúmenes grandes de agua” y no las pequeñas cantidades citadas en las reglas, una nota dice, citando un informe de 2004 de la CIA.


Otro memorando de mayo de 2005, firmada por Bradbury, trata cómo los funcionarios de la CIA podrían emplear diversas combinaciones de técnicas, incluyendo una práctica conocida como albañilería, en la cual los interrogadores presionarían a un prisionero pegado (clavado) con láminas de hombro contra una pared falsa, produciendo fuertes ruidos. "Un detenido puede ser emparedado una vez (un impacto con la pared) o veinte a treinta veces consecutivamente cuando el interrogador requiere una respuesta más significativa a una pregunta," según el memorando.

La mayor parte de los métodos se han descrito en un informe del 2006 del Comité Internacional de la Cruz Roja, que entrevistó a 14 detenidos. Una táctica previamente desconocida que la CIA propuso contra Abu Zubaydah era el explotar su miedo de insectos. “Pues entendemos que usted planea informar a Zubaydah que usted va a colocar un insecto peligroso en la caja, pero usted colocará realmente un insecto inofensivo en la caja, tal como una oruga,” un memorando del Sr. Bybee dice. Sr. Bradbury y Juan Yoo, el autor principal de los memorandos de 2002, escriben sobre una investigación de Oficina de ética del Departamento de Justicia sobre su análisis legal de la interrogación. Los funcionarios describen el informe de ética.

El ACLU alega que los memorandos describen claramente conducta criminal. Pero Dennis C. Blair, director de Inteligencia nacional, plantea que los memorandos fueron escritas en un momento en que los oficiales de la CIA trabajaban frenéticamente para prevenir una repetición del 11 de sept. de 2001. “Esos métodos, leídos en un día brillante, soleado y seguro en abril de 2009, parecen gráficos y disturbantes,” dijo el Sr. Blair en una declaración escrita. “Defenderemos absolutamente a los que confiaron en esos memorandos.”


Técnicas aprobadas según un memorando, aprobado el 10 de mayo de 2005, del Departamento de Justicia. -- Manipulación dietética: Sustituir los reemplazos líquidos de la comida para el alimento sólido. -- Desnudez: Utilizado para causar malestar psicologico. -- Albañilería: Cerrar de golpe al detenido en una pared. -- Palmada facial: Dar palmadas en la cara de s con los dedos se separó levemente. -- Palmada abdominal: Dar en el abdomen con la parte posterior de una mano abierta. -- Situación de la pared: Forzando al detenido a colocarse con la extensión de los pies, los brazos estirados, los dedos que se reclinaban sobre la pared, no permitirle moverse. -- Agua ‘dousing‘ duchas: La agua fría se vierte en detenido. -- Privación del sueño: Privan al detenido del sueño por más de 48 horas. -- “Waterboarding“: Agua derramada sobre la cara del detenido en ángulo.


Resumen del mensaje de Obama sobre los memorandos:
Esta es una época para la reflexión, no retribución. Respeto las visiónes y las emociones fuertes que estas memorandos evocan. Hemos terminado un capítulo oscuro y doloroso en nuestra historia. Pero a la vez de grandes desafíos y de desunión, no se ganará nada pasando nuestro tiempo y energía buscando la culpa del pasado. Nuestra grandeza nacional se encuentra en la capacidad de enderezar nuestro curso en concierto con nuestros valores, y de movernos adelante con confianza. Ése es el porqué debemos oponernos a las fuerzas que nos dividen, y en lugar venimos juntos a nombre de nuestro futuro común. Los Estados Unidos son una nación de leyes. Mi administración actuará siempre de acuerdo con esas leyes, y con una comisión unshakeable a nuestros ideales. Éso es porqué hemos lanzado estos memorandos, y es porqué hemos tomado medidas para asegurarnos de que nunca ocurren las acciones descritas otra vez.

En el libro “La presidencia del terror” (The Terror Presidency: Law and Judgment Inside the Bush Administration) el autor J. Goldsmith (otrora director de la Oficina (Oct./2003 a Ago./2004,) que luego produjo los citados memorandos) describe el fenómeno que ahora estamos experimentando, y su efecto inevitable, refiriéndose a lo que él llama "ciclos del miedo y de la agresión". Los políticos ejercen presión sobre el área de inteligencia para empujar hasta el límite legal y si acaso más allá de lo que se establece como debido procedimiento, y después echan acusaciones cuando la agresividad extralimitada se revierte, y entonces, según lo ocurrido como consecuencia de 9/11, critican al área de inteligencia (ignorando su silencio previo u olvidando su complicidad). Goldsmith critica la supuesta complicidad velada y el notable doble estándar que luego al cambiar el panorama político se torna en adversaria de lo que antes fue tolerante. Goldsmith justifica pero a la vez afirma que el Poder ejecutivo de la administración Bush en su obsesiva 'guerra al terrorismo', asesorado por John Yoo, desmantela el sistema de garantías constitucionales, disecando el concepto de debido procedimiento.

(Ver: http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/03/la-dictadura-de-george-w-bush-la.html)

Por otro lado, en aspectos relacionados, la presidenta de la Comisión de inteligencia del Senado dijo que llevaría a cabo una audiencia para examinar la interceptación de comunicaciones domésticas después de nuevos informes que la interceptación de teléfonos fue más allá de lo autorizado por el Congreso. “Éstas son alegaciones serias, y nos cercioraremos de que consigamos los hechos,” dijo la senadora Dianne Feinstein. “El comité está mirando esto, y llevaremos a cabo una audiencia en este tema en el plazo de un mes.”



El New York Times divulgó que el N.S.A. había interceptado correos electrónicos privados y llamadas de teléfono en una escala que fue más allá de los límites legales amplios establecidos por el Congreso. La agencia también intentó, entre 2005 a 2006, interceptar las llamadas de un miembro del Congreso no identificado como parte de una operación de inteligencia extranjera. El senador Russ Feingold, que ha estado activo en la supervisión de operaciones de inteligencia, dijo que el informe de los problemas de la interceptación de teléfonos era parte “de un retraimiento trágico de los principios que habían gobernado el área delicado de vigilancia del gobierno desde las tres décadas anteriores.” El Sr. Feingold pidió reformas en la ley de inteligencia así como publicación de ciertos aspectos de las operaciones de la interceptación de teléfonos “de modo que la gente americana pueda entender mejor su alcance e impacto.”

Varios funcionarios de inteligencia, tanto como los abogados versados sobre la materia, dijeron que el N.S.A. (la agencia nacional se seguridad) había estado dedicado al “overcollection” de comunicaciones domésticas de americanos. Describieron la práctica como significativo y sistémico, aunque un funcionario dijera que fue no intencional. Los problemas legales y operacionales que rodeaban las actividades de la vigilancia de la agencia han estado bajo escrutinio de la administración de Obama y Comisiones de inteligencia del Congreso. Funcionarios de inteligencia hablaron con los medios solamente bajo la condición de anonimato.

El Departamento de Justicia, en respuesta a las investigaciones reconoció que había habido problemas con la operación de la vigilancia de N.S.A., pero que han sido resueltos. Como parte de una revisión periódica de las actividades de la agencia, el Departamento “detectó errores que despertaron inquietudes”. Los funcionarios del Departamento de Justicia entonces “tomaron medidas comprensivas para corregir la situación y traer el programa en conformidad” con la ley y los órdenes judiciales. Eric Holder, el secrteraio de Justicia solicitó una renovación del programa de vigilancia solamente después que las nuevas salvaguardas fueron puestas en lugar.

El N.S.A. dijo que sus “operaciones de inteligencia, incluyendo los programas para la colección y el análisis, están estrictamente de acuerdo con leyes y regulaciones de los E.U.” La oficina del director de la inteligencia nacional, que supervisa la área de inteligencia, no trató los aspectos específicos de los problemas de la vigilancia sino que “cuando se incurren en equivocaciones inadvertidas, las tomamos muy seriamente y trabajamos inmediatamente para corregirlos.”



Las preguntas no se pueden resolver todavía. Los funcionarios de inteligencia dicen todavía están examinando el alcance de las prácticas de N.S.A., después de una discusión de tres años por el acceso en 2005 del programa de intervenciones sin autorizaciones que el presidente George W. Bush aprobó después de que los ataques de sept. del 11, dieran a N.S.A. nueva autoridad para recoger, sin autorizaciones comunicaciones de teléfono y el tráfico del email.

Las blancos de vigilancia tenían que ser de personas “razonablemente sospechosos y presuntamente” fuera de los Estados Unidos. Bajo nueva legislación, sin embargo, el N.S.A. todavía necesita autorización judicial para supervisar las comunicaciones puramente domésticas de los americanos sospechosos pero en parte por problemas técnicos en la capacidad de N.S.A. de distinguir ocasionalmente entre las comunicaciones dentro de los Estados Unidos y de ultramar mientras que utilizaba su acceso a las líneas fibroópticas de sociedades de las telecomunicaciones americanas y sus propios satélites de espía para interceptar millones de llamadas y de correos electrónico, un funcionario dijo que la agencia inadvertidamente “apuntó” a grupos de americanos y recogió sus comunicaciones domésticas sin autoridad apropiada de la corte. Los funcionarios todavía están intentando determinar cuántas violaciones pudieron haber ocurrido.

Los problemas parecen haber sido destapados como parte de una certificación que requieren el Departamento de Justicia y el director de inteligencia nacional para cumplir con los protocolos que el N.S.A. está utilizando en la interceptación de teléfonos. La revisión, los funcionarios dijeron, comenzó en los días finales de la administración de Bush y fue continuada por la administración de Obama. Llevó a revelar a funcionarios de inteligencia al intervenir incorrectamente información que implicaba cantidades significativas de tráfico de comunicaciones.


Nota #1 de ROF.- Como hemos planteado en escritos y análisis previos, los procesos legales de los E.U. en todos estos aspectos tienen importantes repercusiones directas e indirectas en la situación en Puerto Rico muy especialmente en lo que respecta al funcionamiento de las agencias federales de seguridad. Precisamente esta semana pasada vimos como el director local del FBI trataba de justificar el empleo de procedimientos altamente cuestionables en sus operaciones en la isla y no podemos dejar de concluir que el proceso de transparencia debe implicar esclarecer dichos procedimientos ilegales. No dejan de haber visos de ironía en que los planteamientos de jurisdicción federal que utilizaban dichas agencias federales se reviertan en su contra cuando ocurran los cambios que se presagian en la dirección local del Departamento federal de Justicia, léase fiscalía federal.

(Ver: http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/03/people-of-puerto-rico-vs-federal-bureau.html)

Traducción, redacción y edición de ROF.

Fuentes consultadas:
http://www.aclu.org/
http://www.nytimes.com/2009/04/17/us/politics/17detain.html?_r=1&th=&emc=th&pagewanted=print
http://www.nytimes.com/2009/04/17/us/17nsa.html?th=&emc=th&pagewanted=print
http://online.wsj.com/article/SB123993446103128041.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/16/AR2009041602768_pf.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/16/AR2009041602873_pf.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/16/AR2009041604336_pf.html

Nota #2 de ROF.- Los textos completos de los memorandos están disponibles en línea en el portal del ACLU. Estos textos son un asalto al pensamiento civilizado, advertimos que su lectura resulta una experiencia ofensiva y deprimente. Los ideólogos del Departamento de Justicia, el Pentágono y la Casa Blanca de la era de Bush, quienes idearon estas justificaciones del comportamiento criminal, todos son graduados de la mayoría de las universidades y de las Escuelas de Derecho más prestigiosas de los Estados Unidos. Pero sus argumentos positivistas no son mejores que las macabras y deshumanizadas teorías jurídicas que esbozaron los legisladores y jueces de la era nazi de Adolfo Hitler, que con discusiones legales espantosamente similares a los referidos memorandos justificaron racionalmente, entre otras aberraciones, las políticas genocidas de la Alemania nazi.

Pongamos a un lado, siquiera como constructo de análisis, por un momento (si es que se puede) si éstas técnicas de tortura y abusos sistematizados se puedan realmente considerar legales (o legalizables) en sus fundamentos. ¿Dónde está la prueba que las técnicas fueron acertadas, efectivas o eficientes - que la información que estas víctimas de tortura ofreció resultó realmente ser confiable o digamos de importancia real? Si los responsables de estas políticas tenían evidencia convincente que estas técnicas iban realmente a disuadir un atentado terrorista siguiente es crítica a los análisis legales que los justificaron. Si la CIA no tuvo razón para creer que meter a un individuo en una caja con insectos o dándole golpes en varias ocasiones contra la pared o privándolo de alimento y sueño por días rendiría información críticamente importante, la justificación legal de la doctrina de la tortura rápidamente se deshace y se convierte en un ejercicio de racionalismo sin sentido ulterior.


Adelanto que hoy sabemos a ciencia cierta que la vasta mayoría de los cientos de detenidos en Guantánamo simplemente no saben nada de valor o importancia, que la enorme mayoría ni siquiera tienen una razón basada en evidencia de estar encarcelados, si aplicamos este esquema lógico como el recurso procesal que impulsaba la mentalidad de la administración de Bush en su 'guerra al terrorismo', podemos anticipar la eventual, y tal vez absoluta, conclusión de la estupidez básica y cruel de todo este engendro.

(Nota 24/04/09) Hoy hemos visto a uno de los interrogadores 'de facto' de los supuestos terroristas plantear la ineficiencia de la tortura e igual nos hemos enterado de la existencia de, por lo menos, un documento procedente de la unidad especializada en tortura de las fuerzas armadas (de hecho los que orientaron sobre el tema a los abogados que produjeron los memorandos controversiales) en el que abiertamente y enfáticamente dan una recomendación negativa a dichos procedimientos los que claramente identifican como tortura y como ilegales. (Ver comentarios.)

Pero sigue destapándose la olla de grillos. Uno de los memorandos de la era de torturas de Bush confirmó inadvertidamente que la CIA detuvo a un sospechoso nombrado Hassan Ghul en una prisión secreta y lo sujetó a lo que llamaron los abogados de la administración de Bush " técnicas de interrogación realzada." La CIA nunca ha reconocido tener a Ghul, y su paradero es hoy secreto. Pero Ghul no es el único preso que sigue perdido. Por lo menos tres docenas de otros sospechosos anónimos que fueron detenidas en prisiones secretas no aparecen. Esfuerzos por organizaciones de derechos humanos para averiguar su paradero han fracasados, y ningún gobierno extranjero han reconocido su existencia ni paradero.

"Hacer públicos los memorandos del Departamento de Justicia fue un primer paso importante, pero la administración de Obama necesita revelar el paradero de cada persona que fue detenida por la CIA," ha dicho Joanne Mariner, directora del programa de terrorismo y contraterrorismo en Human Rights Watch: "Si estos hombres ahora se están descomponiendo en alguna carcel, la administración de Obama no puede fingir que cerró la puerta del programa de las cárceles secrteas de la CIA."





"Hasta que el gobierno de los E.U. no aclare el paradero de estos individuos, todavía siguen desaparecidos, y la desaparición es una de las mayores violaciones internacionales de los derechos humanos," dice Margaret Satterthwaite, profesora de derecho en la Universidad de Nueva York: "Nosotros claramente no sabemos la historia de cada uno de los que ha estado en el programa. Necesitamos descubrir dónde están y qué les sucedió."

Causa para acusar: Las piezas empiezan a caer en su sitio. Una agencia militar de los E.U. que entrena a las tropas para resistir y sobrevivir tortura ofreció ayuda crítica en desarrollar las técnicas de interrogación usadas por la CIA, según un informe de un Comité del Senado publicado miércoles.

El conocimiento militar también fue utilizado por el Departamento de Justicia para desarrollar las justificaciones legales para los métodos abusivos de interrogación, según el informe del Comité de las fuerzas armadas del Senado dijo el presidente del comité, Sen. Carl Levin (D-Mich.) "el informe conecta cómo las técnicas familiares a los expertos militares encontraron una manera de aparecer en los memorandos del Departmento de Justicia".


El informe observa que una semana después que la agencia militar describió las técnicas a los abogados del Departamento de Defensa, el anterior Secretario auxiliar de Justicia, hoy juez apelativo, Jay Bybee publicó un memorando (de los publicados) permitiendo que la CIA utilizara 10 de las técnicas referidas contra Abu Zubaydah.

El informe del Senado encontró que la agencia militar mencionaba las salvaguardas utilizadas al demostrar las técnicas de tortura, sin embargo, muchas de las salvaguardas fueron dejadas fuera por los interrogadores de la CIA. Por ejemplo, el límite en la cantidad de agua vertida a un detenido durante ‘waterboarding‘, por ejemplo, fue alzada de dos pintas a 1.5 galones.

El informe observa que funcionarios militares advirtieron enérgicamente contra usar dichas técnicas contra detenidos. Algunos advirtieron que el uso de las técnicas era ilegal. Otros acentuaron que serían contraproducentes. El Lt. Col. Morgan Banks, un psicólogo del ejército, escribió en un memo asociado al tema en el 2002, y citado por el informe del Senado, que mientras que la aplicación de dolor podría hacer que los detenidos hablen, no podría hacer que digan la verdad. "Esto aumentará la cantidad de información que dirán al interrogador, "escribió, "pero no significa que la información sea veraz."

Presidente Obama dice que es prerrogativa del Secretario de Justicia Eric Holder procesar a los individuos de la administración Bush responsables de las políticas de tortura de la ‘Guerra al terrorismo“.


Sometemos que en la lista inicial ya debe estar William J. Haynes II (que de hecho ya ha sido demandado por la filial de la Asociación Nacional de Abogados (NLG) en San Francisco, que además le pidió al Colegio de Abogados de California que lo investigara y expulsara) el principal asesor jurídico del Departamento de la Defensa durante los hechos citados. Haynes además autorizó la tortura en Abu Ghraib. Igual se debe residenciar al juez Jay Bybee - otro de los arquitectos detrás de las políticas de tortura de la administración Bush.

Diferente a Bybee, Haynes no consiguió un puesto en la judicatura federal en lugar se consiguió un cheque millonario de una empresa petrolera gigante que tiene un largo e infame historial de contaminación masiva y manejos políticos turbios.

Como Asesor Jurídico del Pentágono bajo Donald Rumsfeld, Haynes fue autor de la estrategia legal de algunas de las técnicas más atroces autorizadas por Bush - técnicas de tortura que eran, según el New York Times, "prácticas de interrogación basadas en las torturas ilegales ideadas por los chinos durante el conflicto coreano“.

Haynes salió del Pentágono cuando lo hizo Rumsfeld, pero en vez de ir a un exilio autoimpuesto - o mejorar todavía, prisión - Haynes en lugar es el principal asesor corporativo para Chevron. Chevron, por supuesto, no es extraño a las controversias sobre derechos humanos. El gigante petrolero hasta el momento ha escapado la justicia sobre su implicación (vía un subsidiario nigeriano) en el asesinato y la tortura de manifestantes ambientales nigerianos.

Causa para investigar: Rice y otros dos responsables aprobaron las torturas en los interrogatorios de la CIA


Nueva York, 23 Abr. (EUROPA PRESS). Condoleezza Rice y otros altos responsables de la Administración de George W. Bush aprobaron en el verano de 2002 la utilización de torturas en los interrogatorios de la CIA a sospechosos de terrorismo.

Entre las técnicas que consintieron estaba la conocida como 'waterboarding' o ahogamiento simulado, considerado tortura por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y por el actual Gobierno de Barack Obama.

Nuevos documentos hechos públicos por el Comité de Inteligencia del Senado, que investiga estas torturas, y desclasificados por el fiscal general, Eric Holder, indican que al menos una docena de miembros de la Administración Bush estaban presentes cuando el director de la CIA u otros responsables explicaron exactamente qué técnicas podrían usarse y cómo usarlas, según informa 'The Washington Post'.

Rice dio luz verde a estos métodos cuando, como consejera de Seguridad Nacional, se reunió el 17 de julio de 2002 con el entonces director de la CIA, George J. Tenet, al que dijo que la agencia "podía proceder con estos interrogatorios contra Abu Zubayda", uno de los presuntos terroristas que sufrieron estas torturas, pero debía ser aprobado por el Departamento de Justicia.


Abu Zubayda, palestino nacido en Arabia Saudí cuyo nombre real es Zayn al Abidin Muhamed Husein, fue capturado en Pakistán en marzo de 2002. Fue el primer detenido "de gran valor" bajo custodia de la CIA, como llamaban a los presos que se creía podían tener una información relevante para evitar ataques terroristas.

Rice y otras cuatro autoridades del Gobierno de Bush fueron informadas por primera vez de "métodos alternativos de interrogatorio, incluido el 'waterboarding'" en mayo de 2002, según revelan los nuevos documentos.

REUNIÓN PARA INFORMAR DE LAS TÉCNICAS
Un año después, en julio de 2003, la CIA informó a Rice, al ex vicepresidente Dick Cheney, al ex fiscal general John D. Ashcroft, al entonces consejero de la Casa Blanca Alberto Gonzales, y al ex asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional John B. Bellinger III sobre el uso del 'waterboarding' y otros métodos calificados como torturas por los grupos defensores de Derechos Humanos.












"No fue un diálogo abstracto. Fueron conversaciones detalladas y específicas. Es una gran evidencia del papel que tuvieron altos responsables de la Administración", denunció Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional en la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

En aquel momento, julio de 2003, Estados Unidos ya había capturado a Jalid Sheij Mohamed, el supuesto 'cerebro' de los atentados del 11-S y contra el que los agentes de la CIA utilizaron el 'waterboarding' hasta en 183 ocasiones en marzo de ese año, según destacan los documentos sobre los interrogatorios que ha desclasificado el Departamento de Justicia en los últimos días.

POWELL Y RUMSFELD LO SUPIERON MÁS TARDE
En los informes no consta que los entonces secretarios de Estado y Defensa, Colin Powell y Donald Rumsfeld, respectivamente, supieran de las nuevas tácticas antes de septiembre de 2003. "A no ser que haya otra historia que no nos hayan enseñado, el secretario de Estado y el secretario de Defensa no estuvieron implicados en el proceso de toma de decisiones", explicó el senador John Rockefeller IV, miembro del Comité que investiga las torturas.


Todos los nuevos ex altos cargos que han aparecido en los últimos documentos desclasificados han evitado hacer comentarios al respecto, informa 'The Washington Post'.

En otoño de 2002, cuatro congresistas, incluida la demócrata Nancy Pelosi, actualmente presidenta de la Cámara de Representantes, fueron informados, de forma secreta, de las nuevas técnicas de tortura que aplicaba la CIA, incluido el 'waterboarding'.

La propia Pelosi ha confirmado, sin embargo, que en esa fecha fue informada "sobre técnicas de interrogatorio que la Administración estaba considerando utilizar en el futuro" y que el Gobierno "notificó que el asesor legal de la CIA y el Departamento de Justicia habían concluido que las técnicas eran legales".

http://www.europapress.es/internacional/noticia-condoleezza-rice-otros-altos-responsables-gobierno-aprobaron-torturas-interrogatorios-cia-20090423120842.html

Nota #3 de ROF.- La mayoría de las revelaciones notables en la investigación que conduce la Comisión de inteligencia del Senado sobre tortura divulgan el hecho de que Condoleezza Rice desempeñara un papel mucho más grande que lo que ella ha admitido; la negativa de miembros de la administración Bush para prestar atención y hacer caso a opiniones adversas; y la revelación del rastro de documentos mediante los cuales que "los altos funcionarios… redefinieron la ley para simular el aspecto de la legalidad" de la tortura. El informe del Senado indica que el anterior Gobierno de Bush comenzó a preparar el uso de técnicas coercitivas en interrogatorios antes de ser autorizadas legalmente y semanas antes de que la CIA capturara al primer sospechoso de terrorismo de alto nivel.


Interrogadores 'de facto' de presuntos terroristas, especificamente de Zubadayah, confiesan al New York Times que los procedimientos especiales ('tortura') no fueron efectivos, que la información que sustrajeron fue producto de procedimientos estándares o tradicionales de interrogación ("...there was no actionable intelligence gained from using enhanced interrogation techniques on Abu Zubaydah that wasn’t, or couldn’t have been, gained from regular tactics" - Ali Soufan, agente interrogador del FBI). Las declaraciones de Soufan desmienten las declaraciones de George W. Bush en 2006 en defensa de las técnicas 'extraordinarias' y los supuestos resultados de dichos procedimientos.

La Administración de Obama ha dejado claro que los agentes de la CIA que cometieron las torturas no serán procesados. Ayer, en un encuentro con la prensa junto al rey Abdalá de Jordania, Obama lo reiteró. Lo diferente fue que el presidente dejó abierta la puerta al procesamiento de los abogados que construyeron el entramado legal que dio cobijo a las torturas. "Por lo que se refiere a quienes formularon las decisiones legales, eso es una decisión del fiscal general de acuerdo con las leyes, y yo no quiero prejuzgar eso", dijo Obama.


En una carta, la senadora Dianne Feinstein, presidenta del comité de Espionaje del Senado, pedía al presidente que no reparta inmunidades aún. El comité de Feinstein está ya investigando las torturas dentro de un limitado mandato. Ayer Obama indicó que, si el Congreso elige ir por esta vía, es partidario de que sea una comisión bipartidista, con figuras independientes de reconocido prestigio, quien efectúe el trabajo para evitar una guerra partidista. Sería en este contexto donde podrían procesarse responsabilidades políticas.

Las responsabilidades penales dependen del Departamento de Justicia. La Oficina de Responsabilidad Profesional está investigando si tres autores de los informes --John C. Yoo, Jay S. Bybee y Steven G. Bradbury-- vulneraron normas éticas en sus argumentos escritos en representación del Departamento de Justicia y por ende del Poder Ejecutivo, léase la Casa Blanca de Bush. De esta investigación puede surgir un abanico de recomendaciones, desde que no pase nada hasta que pierdan su potestad para ejercer como abogados o un procesamiento. Otra opción es que Holder nombre a un fiscal especial. Y lo que el Departamento de Justicia no ha descartado desde el principio es procesar a quienes fueran más allá de lo permitido en los informes legales.(24/04/09)













Nota adicional de ROF.- Porque las revelaciones se han seguido sumando constantemente hemos integrado los temas recientes más urgentes y relevantes: Favor ver importantes noticias y adicionales consideraciones pertinentes en los comentarios. (25/04/09).

Enlace con ACLU que contiene copias de los cuatro memos:

http://www.aclu.org/safefree/general/olc_memos.html