'The Right to Privacy' de Louis Brandeis y Samuel Warren
(4 Harvard Law Review 193 (1890)
Dedicado a Ivette Ramos Buonomo.
'Se hace camino al andar' (Machado). ROF
Un juez de la corte del distrito federal el pasado miércoles derogó la interdicción del estado de California sobre el matrimonio homosexual, planteando que la prohibición viola la Constitución de los E.E.U.U. La decisión, que se espera que sea apelada, representa la primera vez que un juez federal ha dictaminado que la Constitución de los E.U. protege el derecho de parejas del mismo sexo a casarse.
El juez de la corte de distrito federal Vaughn Walker indica que los parejas homosexuales disfrutan de un derecho fundamental a casarse. Este derecho, según Walker, es protegido por las cláusulas del debido proceso y de igual protección de las leyes de la Emnienda catorce.
ENMIENDA XIV (julio 9, 1868)
1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningun Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.
...
privacidad. ámbito de la vida que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.
intimidad. zona reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.
Perry v. Schwarzenegger, fue incitado por la Propuesta 8, una iniciativa electoral de 2008 en California que enmendó la constitución del estado para prohibir el matrimonio homosexual. Walker dijo que la Propuesta 8 no respondió a ninguÌn propósito real más allá de la discriminación contra parejas del mismo sexo. "La Propuesta 8 no hace nada más que afirmar que en la constitución de California la noción de que parejas hetereosexuales son superiores (en cuanto a derechos) a las parejas del mismo sexo" escribió, agregando: "Porque la Propuesta 8 evita que el estado de California satisfaga su obligación constitucional de proporcionar uniones en una base igual, la corte concluye que la Propuesta 8 es inconstitucional."
La Propuesta 8 había sobrevivido un desafío anterior en los tribunales estatales. Ese caso fue hasta el Tribunal Supremo de California, que, en mayo de 2009, dictaminó que la Propuesta 8 era válida.
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El derecho a la intimidad (privacidad).
Aunque la batalla judicial sobre matrimonio homosexual se arraigue, en parte, en la cuestión de si el estado y las constituciones protegen el derecho a la intimidad, la palabra "privacidad" nunca aparece realmente en la Constitución de los E.U. Sin embargo, la Constitución reconoce varios derechos referente a la intimidad. Por ejemplo, la Cuarta enmienda reconoce la importancia de los intereses de la privacidad cuando estipula que los ciudadanos "[e]l derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosimil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas." El gobierno no puede realizar "búsquedas y confiscaciones irrazonables." Además, la Novena enmienda abre la posibilidad de un derecho de privacidad más amplio cuando declara que "[n]o por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo." Lo expreso tiene que aparecer en la Declaración de Derechos.
El Tribunal Supremo primero puso el fundamento para un derecho a la intimidad ampliado temprano en el vigésimo siglo en Lochner v. New York (1905). En este caso, confió en la referencia a la "libertad" en la Enmienda XIV del debido proceso para derogar una ley del Estado de Nuevo York que limitaba el número de las horas que los panaderos podían trabajar cada semana. Según la mayoría de la Corte, la cláusula del debido proceso garantiza a los ciudadanos el "derecho fundamental", libre de la intromisión del estado, para firmar acuerdos laborales.
El razonamiento de Lochner animó muchas decisiones subsiguientes que forman lo que se conoce hoy como el derecho constitucional a la intimidad.
Quiero hacer un aparte para mencionar uno de los ensayos jurídicos más importantes de la literatura de dicho género. 'The Right to Privacy' de Louis Brandeis y Samuel Warren (4 Harvard Law Review 193 (1890)) define la protección de lo privado como el fundamento de la libertad individual en la edad moderna. Dado la capacidad cada vez mayor del gobierno, la prensa, y otras agencias e instituciones de invadir aspectos previamente inaccesibles de la actividad personal, sostuvieron que la ley debe desarrollarse en respuesta al cambio tecnológico. Para mantener el "derecho a la personalidad" frente a prácticas empresariales modernas y a invenciones, concluyeron que remedios legales deben ser desarrollados para hacer cumplir límites definidos entre la vida pública y privada. Se convirtió en uno de los ensayos más influyentes de la historia de la ley americana, Brandeis fue un campeón del derecho a la intimidad durante su estancia como miembro del Tribunal Supremo a partir de 1916 hasta 1939. Así, en su disenso famoso en Olmstead v. Estados Unidos (1928), Brandeis definió el "derecho a estar solo" como "el más comprensivo de los derechos, y el derecho más valorado por hombres civilizados." En otra nota en estos momentos de la sociedad de informaciones y comunicaciones los principios esbozados por Brandeis y Warren cobran vigencia renovada y sugiero que ameritan revisitarse.
Favor ver:
"The Right to Privacy" by Samuel Warren and Louis D. Brandeis.
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2007/06/right-to-privacy-by-samuel-warren-and.html
En una de tales decisiones (aparentemente influenciadas por Lochner), Pierce v. Society of Sisters (1925) se deroga una ley de Oregon que prohibía toda la educación privada porque dirige cómo los padres pueden educar a sus niños, infringiendo sobre el derecho fundamental de los padres a criar a sus niños como vean justo. En su opinión de mayoría, James Clark McReynolds enumera otros derechos garantizados por la cláusula del debido proceso, incluyendo "el derecho del individual… de casarse, establecer un hogar y críar niños… y de disfrutar generalmente de esos privilegios reconocidos en la ley común como esenciales para la búsqueda ordenada de la felicidad (bienestar)".
Cuatro décadas luego en Griswold v. Connecticut (1965) el Tribunal Supremo dirige su atención a si la Constitución contiene garantías fundamentales de intimidad. En este caso, la Corte sostuvo por un voto de 7-2 que una ley de Connecticut que prohibía la venta y uso de controles de natalidad era inconstitucional porque viola el derecho de intimidad marital. Escribiendo para la mayoría, Douglas afirmó que un derecho a la privacidad existe porque fluye de varias provisiones referentes a la intimidad, tal como la Tercera enmienda que permite rechazar el acuartelamiento de soldados durante tiempo de paz y la Cuarta enmienda. Éstas y otras provisiones relativas a la vida privada, Douglas escribe, crean "penumbras" (o sombras) en las que "zonas de privacidad" existen. Dentro de estas zonas, declaró, hay otros derechos, incluyendo el derecho de parejas casadas de determinar independientemente si tener hijos.
Ecos de Griswold se escuchan dos años más tarde en Loving v. Virginia (1967), un caso famoso que implica un desafío a una ley de Virginia que prohibía la unión interracial. En una decisión unánime, la Corte dictaminó que esa ley violó la Enmienda XIV (igual protección de las leyes), que garantiza igual protección de los ciudadanos bajo la ley y así le prohíbe al gobierno discriminación a base de raza. Pero la Corte se movió más allá de la discriminación racial para afirmar que el derecho a casarse es protegida por la Constitución. "La libertad de casarse ha sido reconocida como uno de los derechos personales vitales esenciales para la búsqueda ordenada de la felicidad por los hombres libres," escribió Earl Warren para la mayoría. "La unión matrimonial es uno de los derechos civiles básioas del hombre, ' fundamental a nuestra misma existencia y supervivencia, " agrega.
En Eisenstadt v. Baird (1972), la Corte ensanchó el derecho a la intimidad declarado en Griswold para incluir a gente soltera. Este caso implicó una ley de Massachusetts que prohibía la distribución de controles de natalidad. Por un voto de 6-1 (había dos vacantes en la corte en ese entonces), la Corte derogó la ley. "El derecho de intimidad significa cualquier cosa," Brennan escribió, " Es el derecho del individuo, casado o soltero, estar libre de la intromisión gubernamental injustificable en las materias que afectan tan fundamentalmente a una persona como la decisión de engendrar un hijo."
El año siguiente la Corte amplió el derecho de privacidad incluso más en Roe v. Wade (1973), y estableció un derecho constitucional al aborto. Escribiendo para la mayoría, Blackmun explicó que el "derecho de privacidad… fundado en la Enmienda XIV (establece que) el concepto de libertad de restricciones personales sobre la acción del estado es bastante amplio para abarcar una decisión de una mujer de si terminar su preñez." La Corte volvió así a localizar el derecho a la intimidad en la cláusula del debido proceso.
El camino a Lawrence.
Durante los años 70, el movimiento de derechos de los homosexuales cobra ímpetu e incitaron a las legislaturas a abrogar muchas leyes estatales que regulaban la sexualidad. Por ejemplo, unos 20 estados, incluyendo California y Ohio, eliminaron sus leyes anti-sodomía. No obstante, a mediados de los años ochenta, las leyes que prohibieron ciertos actos entre la gente del mismo sexo, y en algunos casos entre los del sexo opuesto, estaban en vigor en 25 estados y en Puerto Rico.
Una de estas leyes estatales, un estatuto de anti-sodomía del estado de Georgia, se convirtió en el tema del caso, Bowers v. Hardwick (1986). La policía de Atlanta arrestó a Michael Hardwick por tener sexo consensual en su propio dormitorio con otro hombre. Georgia, como la mayoría de los estados, raramente hizo cumplir su ley anti-sodomía y, de hecho, el estado eventualmente retira los cargas contra Hardwick. Sin embargo, Hardwick demandó al estado, alegando que la criminalización del sexo privado y consensual entre la gente del mismo género violó su derecho constitucional a la intimidad. En un acto 5-4, un Tribunal Supremo amargamente dividido dictaminó que el derecho constitucional a la intimidad no protege el derecho de tener sexo privado, consensual con una persona del mismo género. Escribiendo para la mayoría, Byron White declaró que casos anteriores de privacidad e intimidad, tales como Griswold y Loving, se refirieron a la "familia, unión matrimonial o procreación." Sería un estirar insosteniblemente los derechos, White razonó, ampliar los derechos de intimidad a "cualquier clase de conducta sexual privada entre adultos."
En una disenso fuertemente redactado, Blackmun escribió, que lo verdaderamente en juego era "el más comprensivo de los derechos y el derecho valorado más por los hombres civilizados, a saber, el derecho a estar solo" (repitiendo a Brandeis en su disenso famoso en Olmstead). Discutió que la Constitución garantiza específicamente a cada persona, sin importar la orientación sexual, la libertad para tener relaciones íntimas consensuales en su propio hogar.
En 1996 el Supremo decide a Romer v. Evans, la Corte considera una enmienda a la constitución de Colorado (aprobada en 1992) que anuló las protecciones locales anti-discriminatorias para homosexuales y prohibió el paso de cualesquiera leyes anti-discriminatorias en el futuro. Por un voto 6-3, el Supremo sostuvo que la enmienda de Colorado violó la Enmienda XIV en cuanto a la igual protección de las leyes. "Un estado no puede así juzgar que una clase de personas son extranjeros a sus leyes," escribió Anthony Kennedy en la opinión de mayoría. Particularmente, él encontró que, "la enmienda [de Colorado] impone una inhabilidad especial sobre [los homosexuales]," a quiénes le son "prohibidas las salvaguardas que otros disfrutan o pueden buscar sin restricciones."
Lawrence v. Texas.
Lawrence v. Texas (2003), es notablemente similar a Bowers en muchos de sus hechos. De nuevo, la policía descubrió a dos hombres que tenían sexo consensual en una residencia privada y los arrestó bajo la ley anti-sodomía del estado. Y, de nuevo, los demandados desafiaron la constitucionalidad del estatuto, llevando el caso hasta el Tribunal Supremo. A pesar de estas semejanzas, la Corte invalidó su decisión anterior, de tal modo invalidando no sólo el estatuto de Tejas pero todas las leyes de anti-sodomía. Escribiendo para la mayoría, Kennedy indicó que la Corte en Bowers se había equivocado en concluir que el gobierno había restringido históricamente relaciones íntimas privadas y consensuales entre la gente del mismo sexo. Por otra parte, Kennedy explicó, que los usos sexuales habían cambiado desde Bowers, evidenciado por el hecho que en los 17 años entre Bowers y Lawrence, 12 estados habían abrogado sus estatutos anti-sodomía y nueve dejaron de hacer cumplir estas leyes, dejando solamente cuatro (y Puerto Rico) vigentes. Finalmente, Kennedy escribió, la gente homosexual tiene "la libertad... a conducta [íntima] sin la intervención del gobierno."
La decisión de Massachusetts y la progenie de Lawrence.
En los años 90, los Tribunales Supremos en Hawaii y Vermont interpretaron sus constituciones respectivas para requerir que sus gobiernos estatales ofrezcan a parejas del mismo sexo los mismos derechos y las ventajas de la unión matrimonial, incluso si el estado eligió no definir estos derechos y ventajas como matrimonio. En respuesta, muchos estados pasaron Actas de defensa del matrimonio (DOMAs), que definen específicamente el matrimonio como unión de una pareja heterosexual.
Goodridge v. Department of Public Health (2003) encendió una discusión nacional sobre el significado del matrimonio. En Goodridge, el Supremo de Massachusetts sostuvo por un voto de 4-3 que la constitución requiere al gobierno ofrecer "las protecciones, las ventajas y las obligaciones conferidas por la unión civil a dos individuos del mismo sexo que desean casarse." El caso se presentó después que Julia e Hillary Goodridge, una pareja lesbiana, buscó una licencia de matrimonio del Departamento de salud de Massachusetts. El departamento negó la petición, alegando que Massachusetts no reconocie el matrimonio homosexual. Goodridge entonces demanda el departamento, alegando que esta negación viola su derecho a la libertad individual y a la igualdad legal según lo garantizado por la constitución de Massachusetts. Escribiendo para la mayoría, Marshall sostuvo que negar las ventajas de la unión matrimonial a las parejas del mismo sexo viola la constitución de Massachusetts porque no logra una meta legítima del gobierno. De hecho, la corte explica, las razones que el gobierno ofrece para prohibir el matrimonio homosexual - promover la procreación, asegurae un buen de menores y ahorrar recursos financieros estatales no son ciertas y era una desaprobación de su forma de vida. La corte concluyó que condenar una forma de vida no es constitucional y sostuvo que el estado debe permitir que las parejas del mismo sexo se casen.
El entonces gobernador de Massachusetts Mitt Romney respondió a la decisión de Goodridge proponiendo enmendar la constitución de Massachusetts para definir la unión matrimonial como unión entre un hombre y una mujer. Bajo la ley de Massachusetts, la legislatura debe aprobar una enmienda constitucional en dos sesiones consecutivas antes de que la gente pueda votar sobre ella. Después de luchar una batalla larga la legislatura aprobó una enmienda transaccional en 2004 que prohibió el matrimonio homosexual pero creó las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. En la sesión siguiente, sin embargo, la legislatura cambia y rechaza esta enmienda propuesta, negando a los electores la oportunidad de considerarla.
El éxito de los demandantes en Goodridge inspiró a otras parejas homosexuales a que radicaran demandas similares. Hasta mayo de 2008, sin embargo, solamente uno de estos casos, Lewis v. Harris (2006), fue en parte acertado. En ese caso, el Tribunal Supremo de New Jersey encontró que la garantía constitucional de la igualdad de las leyes requirió la legislatura estatal conceder a parejas del mismo sexo los mismos derechos y ventajas de la unión matrimonial que las parejas del sexo opuesto han disfrutado tradicionalmente. Aunque sea importante, la decisión de Lewis no empareja la anchura de Goodridge porque la corte permitió que los legisladores del estado decidieran cómo conceder estos derechos. La legislatura de New Jersey pasó una medida permitiendo que las parejas homosexuales entren en uniones civiles pero no se casen.
En 2006 y 2007, las tribunales supremos de Nueva York, Washington y Maryland encontraron que sus constituciones del estado no garantizan a parejas del mismo sexo el derecho de casarse. Cada una de estas decisiones sostuvo que es una cuestión de política, no una cuestión constitucional, y que la decisión debe por lo tanto decidirse en el legislativo y ejecutivo.
Victorias importantes alrededor del mismo tiempo ocurren en dos otros tribunales supremos estatales. El primer de estos triunfos ocurrió en octubre de 2008, en el Tribunal Supremo de Connecticut. En Kerrigan v. Connecticut Department of Health (2008), con un voto de 4-3 se deroga una ley estatal que prohibía el matrimonio homosexual aduciendo que viola la garantía de igual protección bajo la ley. Además, el Tribunal Supremo de Connecticut elevó la personalidad jurídica de los homosexuales, dándoles mayor protección contra la discriminación que la que fue concedido en la decisión de Massachusetts, pero no al nivel de la protección que fue establecida en California. En Kerrigan, se dictaminó que las leyes que discriminan contra homosexuales deben ser sujetadas a lo que se conoce como "escrutino intermedio": Esto significa que una ley que discrimina contra homosexuales será derogada a menos que el estado pueda demostrar que fomenta sustancialmente un interés importante (apremiante y legítimo) del gobierno.
Cinco meses después de la decisión de Connecticut, el Tribunal Supremo de Iowa afirma unánimemente un acto de un tribunal inferior que deroga un DOMA que prohíbe el matrimonio homosexual. Como en Connecticut, se estableció el "escrutinio intermedio" para determinar la validez de leyes discriminatorias.
El momento actual.
Tal vez debo plantear que la regla general y fundamental es que todo el sistema de ley y por consiguiente el sistema judicial no debe regular ni condicionar la conducta humana a menos que se imponga una necesidad clara y justa de imponer dichas normas. Se entiende por lo tanto que toda conducta humana sana, saludable y edificante debe ser totalmente libre de intromisiones. Igual debo aclarar que el proceso de emancipaciones de los diferentes derechos de los individuos, los grupos y las comunidades ha tenido que enfrentarse en su momento y actualmente sigue siendo de esta manera, a las limitaciones ideológicas y el autoritarismo de sectores moralistas.
Es imposible predecir cómo el Supremo ha de dictaminar en un caso de matrimonio homosexual, si los conservadores y los liberales se dividen 4-4, el resultado en tal caso caería probablemente en Kennedy, cuyo voto puede ser difícil de predecir. Mientras que la opinión de Kennedy en Lawrence demostró gran condolencia para el derecho de los homosexuales, Kennedy también acentuó que, de una perspectiva constitucional, el caso "no implica si el gobierno debe dar el reconocimiento formal a cualquier relación que las personas homosexuales busquen." Kennedy rechazó así explícitamente comunicar de un modo u otro si la Constitución requiere el reconocimiento de matrimonios homosexuales.
Nota de salida.- Las menciones a los procesos en Puerto Rico han sido mínimas, si acaso en cierta referencia directa a la vigencia prolongada de los estatutos anti-sodomía en la isla, reconozco dichas limitaciones pero lo cierto e indiscutible es que la gran mayoría de los avances, logros y cambios fundamentales en cuanto a los temas planteados han surgido, tal como evidencia Roe v. Wade y Lawrence v. Texas, de decisiones que han ocurrido en la esfera del Supremo de los Estados Unidos y por ende han repercutido directamente en Puerto Rico (muchas veces en contra de iniciativas legislativas, leyes y jurisprudencia local). No debemos malinterpretar este hecho ni subestimar los valiosos y esforzados desempeños y empeños de tanto comprometidos abogados y abogadas boricuas como de las organizaciones e individuos que luchan por adelantar el proceso emancipador de los derechos de la plena igualdad individual, grupal y colectiva. En todo caso pudiese uno entender que los argumentos finos elaborados y valientes esgrimidos por juristas puertorriqueños, que han sido corroborados constantemente en la esfera federal, debiesen abrir puertas y ventanas de entendimiento en la judicatura y el legislativo pero sigue por verse. Sugiero que de todos modos y a pesar de los diques que puedan crear ciertos seres humanos todos los tributarios llegan al cauce y finalmente desembocan en el mar.
Referencia (enlace) directa a los documentos oficiales del tribunal (Perry v. Schwarzenegger):
https://ecf.cand.uscourts.gov/cand/09cv2292/
Nota adicional: Interesados favor ver:
'Prop. 8 trial frames debate on marital rights', un excelente artículo proviniente del San Fransisco Chronicle (Sunday, August 8, 2010)
(http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/08/08/MNPM1EQ0IP.DTL)
'What Landmark Proposition 8 Ruling Means for the Future', igualmente excelente ensayo sobre el tema de Truthout (Tuesday, 10 August 2010)
(http://www.truth-out.org/what-landmark-proposition-8-ruling-means-future62149?print)
o mediante copias que obran en los comentarios de esta entrada al blog, gracias. ROF (8/10/10)
Un atardecer languidece en el Río Grande de Loíza.
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