domingo, 4 de octubre de 2009

Crisis o tragedia... ser o no ser del pueblo puertorriqueño










Toda época de crisis es época de oportunidades. La pregunta es qué, si algo, estamos aprendiendo con la actual crisis, y la cuestión no está clara. En estas semanas se escucha y lee muchos llamados a la acción pero creo que padecemos de pocas ofertas y programas alternativos que presentar al pueblo porque por lo menos yo creo que de ninguna manera debemos estar siquiera implicando una vuelta a los vicios estructurales de nuestra sociedad que nos condujeron a esta crisis.


La nueva situación de crisis (que no deja de ser el resultado acumulativo de problemas y deficiencias previas tal vez agudizadas por la crisis global) pone en evidencia la inconsistencia de la doctrina neoliberal: basta contrastar el sector inmobiliario de hace apenas cuatro años con el desplome del sector estratégico principal de la economía neoliberal. El fracaso de la actividad desarrollista es solo superable por su incapacidad de resolver el verdadero problema de viviendas. Las despiadadas recetas neoliberales sólo sirven para recetar sacrificios a los pobres: exclusión, expropiaciones de comunidades tradicionales, embargos hipotecarios, etc.. En cualquier caso, los neoliberales reclaman una inmediata vuelta a lo que ellos consideran la normalidad (volver a privatizar los beneficios una vez socializadas las pérdidas) del mantengo corporativo: en ausencia de la plusvalía industrial los capitalistas locales se han tornado adictos de la rapiña: saquear el capital de la sociedad mediante la privatización del gobierno, el uso inadecuado de nuestro ambiente y usurpar las posesiones de los pobres.



Otros efectos de la crisis merecen atención especial. El consumo se ha hundido, lo cual, al decir de la publicidad, es una noticia negativa: la incertidumbre ha hecho que la gente se haya esforzado por vivir con menos y, aparentemente, lo ha conseguido. Los efectos reales de nuevos patrones de consumo en lo que respecta a los comercios espera ser analizado sin la evidente hegemonía de las multinacionales y grandes cadenas. Los desafases del consumo y nuestra dependencia esquizofrénica en las importaciones vis a vis nuestra irrelevancia como productor agrícola son aspectos claros que suponen solo retos y necesidades. Interrogantes sobre el potencial de las empresas pequeñas y las cooperativas siguen sin ser contestadas adecuadamente. La principal consecuencia negativa es el desempleo, el marco laboral ha propuesto y permitido reducir jornadas, y los patronos y el gobierno se ha aprovechado para despedir a cuantos ha podido para explotar más aún a los trabajadores restantes. Desde esta perspectiva, el problema es el injusto marco institucional que siempre hace pagar los platos rotos a los pobres.









Las bases de la crisis están muy dentro de nuestro sistema de pensamiento, un cambio en el mismo tendría consecuencias radicales. De hecho, lo que viene demostrando la crisis es, precisamente, que nuestra capacidad de adaptación es mucho mayor de lo que pensábamos lo que apoya que nos atrevamos a hacer cosas de maneras diferentes y significativas basados precisamente en nuestra solidaridad y voluntad de sacrificio. Por lo tanto viéndolo de otra manera mucha culpa de la crisis la tiene la irracional ineficiencia de nuestro gobierno: en el caso del desempleo, hay que replantear de raíz las bases sobre las que está construido nuestro sistema económico ya que es inaceptable que para plantear el desarrollo o el éxito, las estrategias se nutran del desplazamiento y la exclusión social: desarrollo para quiénes y éxito de qué son las interrogantes ineludibles. Incide en ser racista y clasista cualquier propuesta que diga que para progresar hay que condenar a la mayoría a la miseria.



La crisis actual nos ofrece la oportunidad, tal vez una de las últimas, para encontrar un modo de vida sostenible para toda la comunidad y todas las comunidades, valga la redundancia. Se dibujan dos escenarios: uno de crisis y otro de tragedia. La crisis es el pan nuestro de cada día, la tragedia sugiero es el canto de sirena que utiliza el sistema capitalista y el gobierno colonial para manipularnos a su merced asistiéndose de un régimen de desinformación. No se acaba el mundo económico, sino el mundo neoliberal. Los pobres del mundo tienen que decidir si seguir sacrificando sus vidas para llenar la gula de los excesos, la avaricia y ruindad de los ricos.



El caos puede ser creativo, dando origen a otro orden diferente y mejor. La crisis actual podría ser una gran oportunidad para otro paradigma de producción y de consumo. Lo peor que nos puede pasar es no aprovechar la oportunidad proveniente de la crisis del tipo de economía neoliberal para proyectar una alternativa de producción que combine la conservación del capital natural con el capital humano.



Esa visión positiva de las crisis es sorprendente porque frente a los estragos de la crisis en términos de pérdida de trabajos, de dolor en muchas familias, de necesidad de volver a donde con muchos esfuerzos se ha venido, oír que es una oportunidad nos deja perplejo. Pero, ¿es cierto que la crisis crea oportunidades?



La necesidad de cambios es muy intensa y los problemas existentes otro tanto. El clima, la energía, la democracia, las finanzas, el sistema judicial, etcétera. Vean sino las garantías de protección de los trabajadores. Los sindicatos y los trabajadores deben enfrentarlo, a menos que se sienten y esperen la derrota. Vean igual el desenmascaramiento del sistema judicial como una viva negación de los principios constitucionales fundamentales, disfrazados bajo el manto del derecho de excepciones se ha desvirtuado todo el marco jurídico y el sistema judicial santifica las mayores violaciones y agresiones a nombre del poderoso Don Dinero. En otro orden de cosas, un sector como el turístico hasta hoy ha explotado un turismo depredador también conocido como turismo de lujo y casinos. Hoy se empieza a considerar tal vez las posibilidades de desarrollar nuevas propuestas ambientales y culturales que buscan ser operaciones eficientes que atraigan menos turistas pero en un entorno de más cuidado, costo-eficiente y con servicios más complejos que los casinos, los grandes hoteles, la playa y el sol y que generen mayor riqueza neta al impactar directamente a las comunidades. Personalmente creo que hay una cantidad de proyectos relacionados a nuestro quehacer cultural, tan apreciado en el mundo entero, que deben desarrollarse agresivamente como industrias autóctonas: música, baile, medios de comunicación, cine, etc.; tanto en la producción de productos de exportación como en la producción de eventos hay un potencial inmenso que Puerto Rico debe explorar.



Esa sensación de grandes cambios debe reforzarse en base a propuestas y acciones tendentes a reforzar el carácter social de la economía, lo que vemos es escasez de propuestas concretas. Mientras tanto, tal vez tengamos que acostumbrarnos a vivir en una crisis permanente.



Nota de ROF.- Favor ver notas relacionadas en los comentarios.

34 comentarios:

Jesús Dávila dijo...

PUERTO RICO: SECRETO EN TORNO A REDUCCIÓN DEL ESTADO

Jesús Dávila

SAN JUAN, Puerto Rico, 1 de Octubre de 2009 (NCM) – Luego de despedir decenas de miles de trabajadores públicos y desmantelar importantes servicios sociales –acciones que han desatado conatos de explosión social- el Gobierno decidió mantener en secreto hasta diciembre próximo la lista de las 40 agencias del Estado que serán eliminadas.

La determinación, que posterga la controversial noticia hasta la temporada de fiestas navideñas, promete complicar más el ambiente volátil cuando ya han ocurrido un paro total en el principal recinto de la Universidad de Puerto Rico, la obstrucción por obreros de la entrada principal al Palacio de Santa Catalina durante varias horas, marchas y piquetes arriba y abajo y el incidente en el que un ciudadano airado le lanzó un huevo al Gobernador Luis Fortuño durante una rueda de prensa.

La nueva política pública permitirá al Gobierno sacar miles de millones de dólares que hasta ahora se han destinado a programas sociales y culturales para una enorme cartera que le permitiría al Estado ofrecerse como socio inversionista para tratar de revertir la tendencia de descapitalización. En realidad se trata de profundizar una tendencia que ya había anunciado en 2005 el anterior gobernador autonomista Aníbal Acevedo Vilá, quien se propuso entonces despedir a 40,000 trabajadores y eliminar una veintena de agencias.

La gestión de Acevedo Vilá, presionado por exigencias de Wall Street ante la quiebra fiscal y el crecimiento imparable de la deuda pública, condujo a la implantación del impuesto al consumo y al primer cierre parcial del Estado en más de 300 años, lo cual desató la recesión económica. Los despidos masivos y el cierre de muchas de las agencias públicas quedaron sin completar y se ha hecho cargo de la agenda el gobernador anexionista Fortuño.

Después de que en mayo pasado fuesen cesados más de siete mil trabajadores, el viernes pasado el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, anuncio que se estaban enviando casi 17,000 cartas de despido adicionales. Aunque aseguró que con eso terminaba la “Fase II” y por lo tanto los despidos, aprovechó para informar que se eliminarían 40 agencias del Estado pero se negó a indicar cuántos puestos de trabajo adicionales serían eliminados.

“La lista no será pública hasta diciembre”, dijo un frustrado funcionario legislativo que intentó conseguir los nombres de las agencias afectadas. De hecho, el secreto es tal que no sólo se le ha negado la lista a la Legislatura, que todavía está evaluando el proyecto de ley para la reforma del Ejecutivo, sino que el propio secretario de Estado, Kenneth McClintock, dijo que todavía no le han presentado el documento que dio base al anuncio público.

(sigue...)

Jesús Dávila dijo...

(continua de anterior)

Para los funcionarios del nuevo gobierno, el asunto de los despidos es la “medicina amarga” que ya pasó y no esconden su entusiasmo por la estabilización del sector bancario y las muchas inversiones que esperan atraer con los fondos ahorrados del presupuesto y los miles de millones de dólares que gestionan en empréstitos en Wall Street y transferencias de fondos del Gobierno de Estados Unidos. El precio social y político de tal estrategia de alto riesgo es otra cosa.

Las voces de temor se han levantado inclusive en el oficialista Partido Nuevo Progresista y se ha planteado que se está echando por la borda el triunfo arrollador de los comicios generales del año pasado.

Un analista de la casa clasificadora de bonos Standard & Poors ha advertido que se vigila el resultado en la economía, además de que al Gobierno de Puerto Rico le falta resolver una deficiencia de $800 millones este mismo año.

Aunque también el Gobierno se ha negado a hacer público el desglose de los despidos agencia por agencia, los datos han ido trascendiendo por pedazos, como una macabra danza de los siete velos que en lugar de descubrir un cuerpo hermoso revela el contorno de una bestia feroz.

Entre los servicios que quedan desmantelados o menguados ya aparecen los de sicólogos y abogados en el Departamento de la Familia, los recursos humanos para atender a las madres que no reciben la pensión de sus ex maridos, los servicios para los ancianos, físicamente impedidos o veteranos de guerra. Ni siquiera se salva la protección del patrimonio cultural nacional con el cierre de puestos importantes para proteger museos y edificios históricos, sin contar con que ya hay una propuesta para desmembrar la Universidad Puerto Rico y vender algunos de sus recintos.

El primer aldabonazo en las jornadas de protesta lo dieron los estudiantes universitarios, que el lunes abarrotaron el teatro de la UPR para una prolongada asamblea en la que decretaron el paro que se verificó con precisión militar al día siguiente desde las cuatro de la madrugada. Los estudiantes enfrentaron a la guardia universitaria y lograron el control total del recinto de Río Piedras, todo para que horas después un grupo de sindicalistas se sentara en la calle frente al Palacio y algunos de ellos se encadenaran de los postes.

En ese segundo caso, la policía contra motines cargó contra obreros y periodistas por igual, mientras en la ciudad oriental de Fajardo el Gobernador Fortuño fue sorprendido por un ciudadano que le gritó “hipócrita” y le lanzó un huevo.

La reacción del Gobernador ha sido reforzar con postas múltiples de policías y barreras de metal los accesos a las cercanías del Palacio. Además, vecinos de edificios cercanos han llamado a la prensa para quejarse de que han tenido que esperar varias horas para lograr acceso a sus propios hogares por las restricciones que imponen los policías.

Todo va preparando el escenario para un choque que se anticipa espectacular entre las fuerzas de la política que privilegia los inversionistas y los reclamos laborales pautado para el 15 de los corrientes. Ese día, el Gobierno espera montar una actividad en el Centro de Convenciones a fin de promover a Puerto Rico como destino de inversión en proyectos conjuntos con el Estado mientras los sindicatos tienen convocado un paro general.

El nuevo dia dijo...

Economistas pasan juicio sobre el plan
Para que el mismo funcione, todos los componentes de la sociedad tendrán que hacer modificaciones, dicen los expertos
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El Modelo Estratégico para una Nueva Economía (MENE) recibió buenas notas por parte de dos economistas, quienes catalogaron el documento como un punto de partida para reencaminar la economía local.
De acuerdo a Joaquín Villamil, de Estudios Técnicos, Puerto Rico tiene ante sí un documento de trabajo “refrescante”, que se sale de las “100 x 35 millas” para reconocer la realidad global y así determinar cómo la Isla será más competitiva.
El director de la Escuela Graduada de Planificación, Elías Gutiérrez, elogia la pieza al indicar que la administración de Luis Fortuño, identificó “certeramente los retos” que enfrenta la Isla.
“Es la primera vez que se ha hecho un esfuerzo de crear un documento, que de verdad es un plan”, comenta el planificador y economista.
Plan que depende de todos
Ambos peritos reconocen que no se trata de un documento perfecto, pero lo que les inquieta rebasa esa expectativa, para centrarse en el hecho de que transformar la economía de Puerto Rico -o sea, crear empleos y mejorar las condiciones de vida de los puertorriqueños- requiere que todos los componentes de esta sociedad hagan modificaciones considerables.
Villamil destaca, por ejemplo, que “el Gobierno no podrá lograr por sí solo la transformación necesaria” y que movilizar los recursos de la sociedad hacia el desarrollo resulta indispensable.
“Puerto Rico tiene que asegurar que su diseño organizativo es compatible con los objetivos y estrategias planteadas en el MENE”, subraya el economista.
Propuesta con detractores
Según Gutiérrez, al plan económico del Gobernador se le ha declarado la guerra sin haberse presentado al pleno de la sociedad, empezando por el sistema político y el propio partido de Gobierno.
“Se necesita una reforma laboral, pero el principal opositor serán los sindicatos”, menciona.
“No hay duda que se requiere una reforma contributiva, eliminar la tributación del ingreso a los individuos y reducir las tasas contributivas a corporaciones, pero ante la oposición a la medida de emergencia para reducir la plantilla (gubernamental), la alternativa sería subir las contribuciones”, subraya.
Gutiérrez -quien reconoce que nunca pensó llegar “a defender las decisiones de un gobernador estadista”- agregó que la reforma energética y la reorganización de la rama Ejecutiva también cuenta con sus detractores.

(sigue...)

El nuevo dia dijo...

(continua de anterior)

“No hay razón alguna para que el gobierno tenga el monopolio en la producción de energía. No hay razón alguna para que el gobierno provea el transporte”, reitera Gutiérrez al señalar que el gobierno, en un intento por llenar el vacío de la inversión privada, ha caído en la trampa de sus decisiones de política pública.
Un país sin más alternativas
“Para ciertos grupos, lo que conviene es que el patrono sea el gobierno porque es más fácil negociar con él, porque es más fácil que se rinda y sea irresponsable. Mira la Universidad (de Puerto Rico), perdió de foco su misión. Los estudiantes no son el foco, son los empleados”, ejemplifica.
Villamil reitera que la situación actual es fruto de haber utilizado los recursos del Gobierno como alternativa permanente para impulsar la economía. En otras palabras, por los pasados 30 años, el Gobierno ha implementado políticas contra-cíclicas ante la falta de crecimiento de la actividad económica.
“El Gobierno lo que hizo fue utilizar la política keynesiana para lo secular”, subraya el economista haciendo referencia a la teoría de que el Estado debe invertir recursos extraordinario cuando la economía atraviesa por un ciclo de baja.
Al preguntársele por las Alianzas Público-Privadas Gutiérrez indica que el país ha terminado tocando a las puertas del capital privado porque no lo queda alternativa.
“Para exportar, se necesita invertir y en Puerto Rico no hay capacidad porque el país agotó su capacidad de financiamiento. Ahora, hay que crear riqueza nacional con capital privado”, advierte.

http://www.elnuevodia.com/economistaspasanjuiciosobreelplan-622416.html

Nota de ROF.- Este articulo y las opiniones que esboza de parte de dos economistas al servicio de los grandes intereses ejemplifica la necesidad de presentar programas alternativos como planteo.

Martha Quiñones Domínguez, Ph.D. Universidad de Puerto Rico dijo...

Nota de ROF.- en contraposición a la opiniones de Gutierrez y Villamil presento el siguiente ensayo:

Los despidos y la Crisis Social y Económica
Río Piedras, Puerto Rico. 30 de septiembre de 2009.

La Asociación de Economistas de Puerto Rico denuncia el efecto violento de los despidos de los empleados públicos como una política incorrecta sobre todo en este período de recesión.

Reconocemos que el despido de empleados generaría ahorros, pero alternativas tales como reducir la jornada laboral y eliminar contratos generaría mayores ahorros y seria menos dañino para la economía y la sociedad en la situación actual. Queremos aclaramos que la AEPR y su
presidenta no ha sido parte de los economistas invitados por el gobernador para discutir la situación económica del país y que hemos estado dispuesto a ofrecer alternativas reales ante la situación económica de la Isla.

Creemos que ante los despidos había alternativas que tomar en consideración para no agravar nuestra situación económica y social. El paro tiene efectos
nefastos para la economía al contraer la demanda agregada. Los parados tienen menos poder adquisitivo y menos ingresos disponibles generando un efecto multiplicador negativo en el sector privado.  También hay que contemplar que una caída en el ingreso causa una disminución tanto impuestos directos como indirectos.

'Es la peor alternativa que no logra el objetivo primordial de salvar el crédito del país y estabilizar la economía, según el
BGF, afecta al pueblo que es, a mi entender, el importante actualmente, precipitándonos a una depresión' señaló Martha Quiñones, Presidenta.

Sobre el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 'Es desafortunado que después de tantos esfuerzos para establecer el Instituto de Estadística de Puerto Rico el gobierno quiere desmontarlo' señala el Dr. Ángel Ruiz. Señala a su vez José García 'Lamento mucho esta decisión, creo que el Instituto y
su Junta de Directores  estaban haciendo una gran labor durante estos últimos dos años.' Para la AEPR es preocupante que se quiere afectar las estadísticas del país en especial cuando el mundo está pendiente de las mismas como indicadores de salud financiera. 

Esta decisión puede afectar el
crédito del país que tanto se quiere defender, las posibles inversiones y la validez y confiabilidad de las estadísticas que se pretendan presentar a
nivel nacional e internacional.
En cuanto al lado humano de los despidos el mismo no ha sido considerado, señaló la Presidenta Dra. Martha Quiñones. 'Me parece que el lado humano ha sido ignorado, el paro tiene efectos en la salud emocional, física y mental
de los individuos y sus familias, que actualmente se sienten desprotegidas. Estas personas no cualifican para ayudas inmediatas del estado elevando su condición de pobreza a niveles de precariedad.'


(sigue...)

Martha Quiñones Domínguez, Ph.D. Universidad de Puerto Rico dijo...

(continua de anterior)

Las investigaciones sobre efectos del desempleo señalan que relaciones fuertes entre el nivel de desempleo y admisiones de hospital psiquiátrico, suicidio, homicida y la mortalidad total. De igual forma contribuye a elevar los niveles de depresión y de inestabilidad de la familia y la violencia de familia. 'Esto es nefasto para la sociedad en especial cuando han desmantelados las Agencias que trabajan con estos problemas, veremos más casos de violencia familiar (violencia doméstica, abusos a los niños y niñas, maltrato de envejecíentes)', señaló Quiñones. Por eso felicitamos la excelente labor
administrativa y de funcionaria pública comprometida con su pueblo de la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López, que se ha negado a entregar las cartas de cesantías. La Asociación de Economistas de Puerto Rico hace un llamado a reconstruir a Puerto Rico pero dentro de un consenso
social, 'donde todos seamos parte de la solución, sin diálogo no hay
solución' como señala Martha Quiñones. 'Es importante que se reconozca que para presentar alternativas con el fin de enfrentar la crisis fiscal en
Puerto Rico se debe diseñar un Nuevo Modelo de Desarrollo y Crecimiento Económico y Social para Puerto Rico con rostro humano, con objetivos claros (a corto, mediano y largo plazo) y que se lleve a consenso para que ningún político de turno pueda cambiar el mismo'.

El consenso que fue la clave en
economías exitosas asegura que todos seamos consientes de nuestro rol en la reconstrucción y podamos defenderla ante amenazas politiqueras. La AEPR se encamina en estos pasos promulgar el diálogo social para la reconstrucción.

Creemos que es necesario un análisis riguroso de los gastos e ingresos, con procesos de evaluación de los programas de gobierno para cumplir las funciones que el Estado tiene para con la sociedad. Hace falta una Reforma Fiscal que incluya la contributiva y que sea fruto de un colectivo social y no de un grupo particular.

La AEPR no ha sido incluida en la Reforma Contributiva que se elabora actualmente, al igual que otros grupos de la sociedad civil,
limitando la aportación que se pueda hacer que represente a la mayoría de los afectados.

Martha Quiñones Domínguez, Ph.D. Presidenta 2008-10

José Alameda dijo...

Nota de ROF.- Otra opinión aunque breve de un economista Alameda en contra posición a la postura de Villamil y Gutierrez:

El punto es la eficiencia
El economista José Alameda dijo que el problema ha sido que “este no es un plan de reorganización del gobierno, es un plan contable de reducción de nómina. Una reorganización requeriría estudiar las necesidades de la gente y tomar el modelo de administración pública que mejor responda a eso”.
Agregó que ese ejercicio resulta de la visión republicana de esta administración de que el gobierno es muy grande y que el gasto público es excesivo.
Dijo que el Gobernador comete un error cuando compara el presupuesto público con el de una familia o una empresa porque “son cosas diferentes con objetivos diferentes. La razón del estado es producir bienes y servicios públicos que, de otra forma, la empresa privada no quiere, no debe y no puede producir”.
“¿Por qué el servicio público tiene el 70% de nómina? Porque es de labor intensa. Cuando vas a Asume no le hablas a una máquina o computadora. El punto aquí es eficiencia. El ejemplo es Irlanda. Ellos tenían cuatro millones de habitantes y 318,000 empleados públicos y tuvo un crecimiento de sobre 10% y un ingreso per cápita de $23,600. Tenía más empleados públicos que Puerto Rico, que tiene 218,500”.

http://www.elnuevodia.com/retoalgobernador-622684.html

El nuevo dia dijo...

Definida la agenda económica
El Gobierno asegura que la Isla está en el momento “perfecto” para reinventarse
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
Luego de dar el “paso más difícil”, según afirma la alta oficialidad del equipo económico del Gobernador -en referencia a los despidos en el sector público- la administración de Luis G. Fortuño se propone reemplazar el tema de la crisis por el económico, con la expectativa de convertir a Puerto Rico en el lugar que prometió durante la campaña electoral.
La apuesta de la administración está contenida en el Modelo Estratégico para una Nueva Economía (MENE), un documento de 46 páginas que el propio Fortuño dio a conocer tres días después de que la Junta de Reconstrucción y Estabilización Fiscal (JREF) anunciara la reducción del 7% de la plantilla pública.
En su primera entrevista a profundidad con Negocios, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DEC), José R. Pérez-Riera, se muestra confiado en que pese a la oleada opositora, los puertorriqueños “sabrán anteponer su bienestar a los eventos de corto plazo” y optarán por hacer suyo el plan que sacaría a Puerto Rico de la peor situación económica que haya experimentado en casi un siglo.
“Estamos en el momento perfecto”, comenta Pérez-Riera. “Puerto Rico está pasando por muchos problemas, problemas que unos entienden y otros resienten, pero dentro de esta situación, tenemos la oportunidad de reinventarnos”.
De entrada, reconoce que será una jornada difícil. Habrá que trabajar con la Legislatura para lograr la aprobación de tres reformas adicionales a las Alianzas Público-Privadas (APP). Entre éstas, las reformas energética, contributiva y laboral, sin olvidar que quedan en el tintero legislativo, el proceso de permisos y aquel que explora un nuevo organigrama del Ejecutivo.
“Va a haber que modificar y negociar”, reconoce Pérez-Riera al agregar que está abierto a establecer un diálogo con el sector sindical, privado y no gubernamental.
¿En qué consiste?
En términos generales, el MENE es el mapa que utilizará la administración Fortuño para reactivar la economía local en los próximos cuatro años y el que sentará las bases de crecimiento del país hasta el 2017.
Pérez-Riera subraya que el plan no se da en el vacío sino que constituye uno de los tres componentes del Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible (PIDES) en el que trabaja la Junta de Planificación.
La propuesta se centra en cuatro estrategias particulares. La primera, lograr que Puerto Rico se mueva definitivamente hacia la economía del conocimiento mientras se facilita que la Isla sea participante activo en la economía global.
Además, el plan hace hincapié en los servicios avanzados, donde los puertorriqueños con pericias o particular destreza contribuirán a la creación de conglomerados (clusters), donde se cree propiedad intelectual y se desarrollen bienes exportables.
Al mismo tiempo, el plan posee estrategias a implementarse en el corto y largo plazo, y cuenta con criterios de cumplimiento o referencia, tales como el desempeño de la Isla en estudios independientes como el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).
Aparte de los planes de estímulo federal y local, el plan otorga particular énfasis a asuntos como el fortalecimiento y ampliación de la base industrial que opera en la Isla y dar curso a una reforma energética, que tendrá el efecto de reducir los costos operacionales para las empresas y la factura de energía eléctrica de los ciudadanos.

(sigue/ 1 de 3)

El nuevo dia dijo...

(continua de anterior/ 2 de 3)

A favor de las CFCs
Aunque el plan de la administración supone distanciarse de “la dependencia de estímulos del exterior y las ventajas artificiales de los incentivos contributivos”, Pérez-Riera indica que el Gobierno ha cabildeado en la Casa Blanca para que el tratamiento tributario que reciben las empresas foráneas controladas (CFC, por sus siglas en inglés) no se vea afectado.
“Ahora mismo, ese asunto no se va a tocar”, señala el funcionario haciendo constar la prioridad de la administración del presidente Barack Obama hacia la reforma de salud.
Según Pérez-Riera, el tratamiento contributivo federal, de la mano con un reenfoque en los esfuerzos de promoción de los incentivos que ofrece la Ley para el Desarrollo Socio-económico de Puerto Rico (Ley 73) servirán como complemento a los esfuerzos del Gobierno por promover la investigación y el desarrollo.
También servirían de contexto a alianzas estratégicas entre empresas locales y multinacionales. En términos técnicos, se trata del eslabonamiento de iniciativas para que la Isla ofrezca una cadena eficiente de valor agregado, desde la conceptualización de un producto hasta su manufactura y posterior distribución.
“Puerto Rico puede estar envuelto en generar ideas, en patentizarlas, llevarlas a cabo y exportarlas”, subraya el funcionario mientras agrega que un enfoque similar se adoptará en la exportación de servicios avanzados como los que provee el sector de seguros y la banca.
En tanto, el propio Fortuño revela que en conversaciones recientes con las principales farmaceúticas en los Estados Unidos, una de éstas expresó interés en traer una nueva línea de producción para una de sus plantas en el sureste de la Isla.
Energía verde
Según Pérez-Riera, este mes, el Gobierno presentará a la Legislatura su plan para reformar la producción energética en Puerto Rico. En la propuesta, se incluirá el Fondo de Energía Verde, un mecanismo que permitirá al gobierno local y federal, ayudar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la compra de energía renovable.
Dado que la producción de energía de fuentes renovables suele ser más costosa en términos de inversión que aquella de combustibles fósiles como el petróleo, el fondo haría factible que la AEE compre y revenda la energía a precios más favorables para empresas y consumidores.
A preguntas de este diario en torno al tiempo en que tales iniciativas darán fruto, Pérez-Riera asegura que a corto plazo, el Gobierno trabaja transacciones de cobertura de riesgo (hedging), cuando se trate de la compra de crudo por parte de la AEE y también en la conversión de las plantas generatrices existentes a gas natural.

(sigue/ 2 de 3)

El nuevo dia dijo...

(continua de anterior/ 3 de 3)

Señala también que la agencia que dirige tiene ante su consideración cinco proyectos de energía renovable, que se encuentran en la etapa final de evaluación. Y espera que antes de que concluya el cuatrienio, Puerto Rico tenga en funciones al menos una instalación de esa índole. El objetivo: que para el 2013, el precio de la energía se reduzca de 21.5 centavos por kilovatio hora a 18 centavos.
Otro tono para La Riviera
Aparte de las gestiones en materia de exportaciones y energía, la administración se ha propuesto dar continuidad a proyectos alrededor de la Isla. El objetivo, explica Pérez-Riera, consiste en crear una actividad que sirva de ancla para el desarrollo económico de cada región.
Según el funcionario, el Puerto de las Américas deberá comenzar operaciones a mediados del año entrante, mientras se avanza en los trabajos del Triángulo Dorado, la creación por ley del Distrito de las Ciencias. Además, pese a los traspiés de sus otrora funcionarios, La Riviera del Caribe o “Triángulo Verde”, continúa.
Aunque la autoridad a cargo del redesarrollo de Roosevelt Roads no tiene un jefe en propiedad, durante la presentación del plan, Fortuño ofreció otro enfoque al controversial proyecto y que parece guardar algo de tangencia con el reclamo comunitario.
Indica el mandatario que aparte del complejo turístico, el fin de La Riviera es propiciar empresas locales por parte de los ciudadanos de la zona, como restaurantes por ejemplo. Agrega que tendrá que haber cabida para empresas artesanales y que la referencia a un “triángulo verde” no sólo implica potenciar el valor eco-turístico entre la punta este de la Isla Grande y las islas municipios de Vieques y Culebra sino emplear proyectos que hagan más eficiente la zona como la generación de energía de fuentes renovables.
A preguntas de este diario en torno a la integración de pequeñas empresas y el fomento de fuentes renovables de energía en el redesarrollo de la otrora base naval, Fortuño señaló que esos elementos eran parte del plan, pero que “nunca, nadie me lo había preguntado”.
Metas realistas
De acuerdo a Pérez-Riera, la implementación del MENE hará posible 243,025 empleos, de los cuales 125,000 servirán para reemplazar los puestos de trabajo perdidos en dos años y medio. La economía crecería 1.8% para el 2013 y la tasa de participación apenas rondaría 46%. Al cabo de ocho años, en Puerto Rico debería haber una veintena de APP, de las cuales tres, vinculadas con carreteras, estarán listas para comenzar en junio entrante.
Pérez-Riera reconoce, que toda probabilidad, se necesitan más avances, pero reitera dos aspectos de la coyuntura actual. El primero, que la administración ha fijado metas realistas en torno al MENE. Y en segunda instancia, recuerda que la recuperación será más difícil de lo que se cree, pues en términos económicos, el país ha retrocedido literalmente una década.
Sobre todo, asiente en que el plan es ejecutable, pero sólo en la medida en que todos los sectores del país decidan, finalmente, trabajar en equipo.

http://www.elnuevodia.com/definidalaagendaeconomica-622418.html

Claridad dijo...

Lo peor está por venir
Cándida Cotto/ Claridad
Dos destacados economistas entrevistados por Claridad consideran que los despidos masivos de empleados públicos no deberían sorprender, no responden a los problemas fiscales del gobierno de Puerto Rico y que mucho menos resolverán la situación económica del país. Por el contrario, entienden que la situación será peor de lo que se trata de evitar.

El reconocido catedrático de Economía del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Alameda, hizo un breve recuento de las ocasiones en que el gobernador Luis Fortuño expresó de forma abierta su posición de que había que reducir el gobierno y traspasar sus funciones a la empresa privada, lo que es un pensamiento fundamentalmente de mentalidad Republicana. “En varias instancias en la campaña, Fortuño interpretó que el gobierno era muy grande y que eso era el problema. Eso es típico de los Republicanos, especialmente de Ronald Reagan. Se dice que el gobierno es muy grande pero nunca se llega a una conclusión de por qué y cómo el gobierno es muy grande”.

Alameda recordó que Fortuño se pronunció en ese sentido en el año 2007 en una asamblea de la Asociación de Industriales (AI), celebrada en el Club Rotario. Ante esa Asociación llegó a decir que el gobierno era el problema y que el sector privado tenía que subir la guardia frente al estado”, censuró Alameda, además de calificar de “insólitas”, estas palabras de Fortuño, al tomar en cuenta que se trataba de una persona que aspiraba a ser el Gobernador. Tras ganar las elecciones, en enero de este año Fortuño acudió a la asamblea del Partido Republicano en Estados Unidos donde se presentó como la esperanza para ensayar el modelo del ex presidente Ronald Reagan.

El catedrático y economista agregó que se hace difícil creer las palabras de Fortuño de que no habrá más despidos debido a que si según el Gobernador se va a reducir el número de agencias, es obvio que habrá nuevos despidos, e incluso el trasladado de trabajadores a otros pueblos, acciones que también tendrán consecuencias económicas tanto para los empleados como para las personas que reciben los servicios.

Reiteró que la lógica de esta ideología Republicana es que como el gobierno es grande hay que reducirlo y pasar los servicios a la empresa privada. “La empresa privada los coge, se le bajan las contribuciones, se eliminan las uniones obreras y se genera todo un esquema para que la economía crezca pero a base de las ganancias de las corporaciones. El ingreso bruto que crece es el de las empresas. La gente no se da cuenta de que este mecanismo de crecimiento no es uno distributivo. No hay ningún crecimiento porque el desarrollo no es crecer sino crecer con calidad”.

(sigue...)

Claridad dijo...

(continua de anterior)

Al reiterar que lo anterior es una indicación típica de los Republicanos, también recordó que cuando George Bush entró al gobierno bajó las tasas contributivas pensando en que iba a haber un “boom” en la economía y no fue así. Por el contrario, lo que sucedió fue que el sector privado “se echó ese dinero al bolsillo y es lo que aparentemente está haciendo el sector privado aquí. Su competitividad se resume en pedir más dinero”, expresó de forma severa.

Más aun, calificó de mentira la excusa del Gobernador de que los despidos responden a exigencia de los bonistas. “Standard & Poor no le dice a ningún estado, ni a ningún país, tienes que botar gente. Le dicen tienes un déficit, los gastos son mayores, o tienes unas prácticas que no nos gustan, dame un plan y se presenta el plan. Una de las cosas que están haciendo los estados, y que creo es lo más prudente, es aumentar los impuestos. La prerrogativa de gobernar no es de las casas acreditadoras y ellas lo reconocen, en ningún estado, ni en ningún país del mundo”.

Otro aspecto errado que señaló sobre la política de despidos es que el problema del déficit no viene por los gastos, sino por los ingresos. Alameda se refirió a que cuando se observa el producto nacional bruto (PNB) relativo a los recaudos del Departamento de Hacienda (DH), en 1989 de cada dólar se generaba entre 18 a 19 centavos de recaudo, Hoy ese mismo dólar genera 13 centavos lo que es una pérdida de 6 a 7 centavos de miles de millones. En 15 años, según sus cálculos, son $60 mil millones de dólares. Entre otros factores, atribuyó esa reducción a la evasión contributiva y las exenciones contributivas, las cuales no han generado la actividad económica que se esperaba. Recalcó que en lugar de reducir el gasto, cuando el problema es de ingresos, hubiese sido mejor aumentar los ingresos a través de las fuentes de ingresos contributivos. “Hay opciones pero Fortuño las cierra”.

http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=0C7B8EC3304856266FFC426A13B3DA50

Primera hora dijo...

"“La crisis la vamos a ver en diciembre. Las posiciones no se están generando, las compañías no están reclutando y las personas no están dejando sus empleos porque no hay de otra”, aseguró el consultor laboral de Business Professional Hirers (BPH), Carlos Mundo, quien describió como caótico el mercado de empleo.
A pesar de que apenas ha pasado una semana desde que se anunciaron oficialmente los casi 17,000 despidos en el sector público, las compañías de colocación de empleos ya empezaron a recibir personal desplazado del Gobierno.
“Han venido administrativos y gerenciales y se va a hacer difícil emplearlos porque sus trabajos no están disponibles en la empresa privada”, expresó Mundo, quien ofreció como ejemplos algunos puestos en el Consejo de Educación Superior que no tienen equivalencia en el sector privado, por lo que las opciones de empleo son bien limitadas.
La competencia, además, es mayor. Personas con preparación académica de un grado asociado que en otro momento cualificaban para ciertos puestos ahora tienen que competir con candidatos con bachilleratos y hasta maestrías.
Para este mes en otros años ya muchas compañías habían comenzado su proceso de reclutamiento para plazas temporeras. Ahora, ni eso.
“He trabajado con compañías que me dicen, 'necesito 50 personas para mañana'. Eso no ha llegado. Antes, por lo menos había trabajo desde octubre hasta San Valentín”, mencionó Mundo, quien explicó que las empresas tienen estadísticas y saben que no ha habido aumento en ventas. “Entonces, se ajustan a eso”.
Acerca de los beneficios marginales, el consultor laboral aclaró que la empresa privada no tiene el mismo “disfrute” que puede ofrecer el Gobierno. “Eso jamás y nunca. Eso ni pensarlo”, manifestó sobre otro de los enormes ajustes que tendría que hacer un empleado público al incorporarse al sector privado.
Y el salario, ni se diga.
“Los salarios son básicamente el mínimo. Hay uno que otro que pudiera pagar un poco más, pero relativamente bajos y solicitando muchas destrezas”, declaró. “Hay competencia, mucha gente desplazada y mucha gente con mucha hambre de trabajo”, observó.

(sigue...)

Primera hora dijo...

(continua de anterior)

Una de las dificultades que pueden enfrentar los miles de empleados públicos despedidos, según el profesor de economía Argeo Quiñones, es el estigma negativo que se tiene de ellos en la empresa privada.
“Si existiesen los empleos, la contratación iría al desplazado del sector privado”, afirmó el académico, a quien le parece una ironía que el Gobierno exija a los despedidos la misma creatividad que le faltó para evitar las miles de cesantías.
Para el economista, la duración de la crisis en Puerto Rico amenaza con ser aún más prolongada que en Estados Unidos, por lo que vislumbra un panorama sombrío para los miles que el Gobierno botó el 25 de septiembre con la excusa de que así se cuadrará el déficit presupuestario.
“La posibilidad de que se reincorporen depende de varios supuestos y esa posibilidad es cada vez más remota”, señaló Quiñones, quien entiende que con los despidos masivos se desmantela todo un régimen laboral de lo que es un empleo permanente con beneficios marginales definidos. “Lo que les espera a los del sector privado es la vuelta a los tiempos del cañaveral. La pregunta es si esas personas están dispuestas a aceptarlo”.
Para el consultor laboral de BPH, la gente está dispuesta a trabajar en lo que sea.
“Yo he ubicado gente profesional en trabajos técnicos. He tenido gente con puestos gerenciales en términos de responsabilidades grandes y ahora tienen que conformarse con puestos que pueden hacer con una mano”, observó sobre una tendencia que se ha incrementado en los últimos meses. “Bajas en ranking moral”, señaló sin pretender subestimar algún tipo de trabajo.
Quiñones considera que el Gobierno también cuenta con la emigración de parte de los cesanteados para que sean menos los que busquen trabajo en el país. Por eso, opina el académico, se incluyó entre los incentivos una aportación económica para la relocalización.
“Cuando la economía se recupere en Estados Unidos habrá otro brote migratorio”, anticipó el profesor.
Sobre la posibilidad de empleos cuando se pongan en funciones las ya famosas pero todavía no creadas Alianzas Público -Privadas (APP), Quiñones aclaró que transferir actividades públicas al sector privado no implica un incremento en el mercado laboral. “Eso no suma empleos. Eso no es crecimiento”, puntualizó."

Tomado de
http://www.primerahora.com/XStatic/primerahora/template/content.aspx?se=nota&id=335409

El nuevo dia dijo...

Sector privado sólo ofrece 230 puestos de trabajo de inmediato
Grupo de empresarios presenta propuestas para lidiar con el despido de 16,970 trabajadores
Por Laura N. Pérez Sánchez (AP)
SAN JUAN — Mientras una coalición de los sindicatos y la sociedad civil protestaba hoy frente al Capitolio contra los más de 20,000 despidos de empleados públicos, un grupo de empresarios que se reunió con el vicepresidente cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, sólo pudo ofrecer 230 puestos de trabajos disponibles de inmediato.
Contrario a muchos de sus colegas representantes, Rodríguez Aguiló aseguró que no es tiempo de ir contra la Ley 7 de emergencia fiscal, sino de identificar alternativas para ayudar a los trabajadores despedidos al amparo de ese estatuto.
“Si nos quedamos nosotros en la dinámica de vamos a enmendar la Ley 7... ¿qué vamos a hacer con la gente que ya tiene esa carta (de despido)? Estamos creando alternativas”, dijo en conferencia de prensa.
En la reunión, que el representante aseguró surgió por iniciativa de los empresarios, participaron la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas y las asociaciones de Bancos, de Compañías de Seguros, de Restaurantes, entre otras entidades.
El legislador indicó que el propósito principal del encuentro era transmitir al secretario del Trabajo, Miguel Romero, quien también estuvo presente en el cónclave, la inquietud de los empresarios que quisieran participar del programa de oferta de empleo para los cesanteados en el gobierno, pero que consideran el proceso demasiado burocrático.
Rodríguez Aguiló dijo que como parte de los acuerdos alcanzados, Romero se comprometió a revisar el reglamento para agilizar y simplificar el proceso que tienen que seguir las empresas para poder certificarse para participar del programa.
El vicepresidente cameral dijo que, además, se acordó crear un “grupo de apoyo” que lo compondrían representantes del sector privado, de la legislatura y el ejecutivo para identificar más alternativas para la creación de empleos.
Y aunque admitió que se desconoce cuál ha sido el efecto de la nueva ley de incentivos económicos, Rodríguez Aguiló no descartó que entre esas nuevas alternativas se incluyan más privilegios de ese tipo.
Antes de que se anunciara el despido de 16,970 empleados públicos el 25 de septiembre, el índice de desempleo en la isla rondaba el 16%. La Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF( ha dicho que con los despidos, la cifra aumentaría a 17.1%.
Mediante el programa de oferta de empleo, el gobierno pagaría la mitad del salario de los despedidos que sean contratados por la empresa privada. La aportación del gobierno sería hasta un máximo de $15,000 y sólo por el primer año.

http://www.elnuevodia.com/sectorprivadosoloofrece230puestosdetrabajodeinmediato-623062.html

Antonio Fernós dijo...

¿Ciegos? No, déspotas insensibles
El cinismo conque el Comité Fortuño de Ejecuciones Sumarias despachó sus claros y bárbaros errores de juicio fue nada menos que una expresión de descaro y desprecio. El proceso fue ciego, dijeron. ¿¡Ciego!? La ineptitud en el descargo de responsabilidades públicas es la peor. Ni en las dictaduras que he conocido se hacen estas burdas y torpes expresiones de justificación.

El desparpajo de arrogancia y soberbia se extendió al trato que dieron a jefes de agencias del Poder Ejecutivo creadas por la Constitución política del País. A algunas representaciones de esas agencias, incluso, las botaron de la reunión sin escuchar sus peticiones. Con ello se convirtieron en déspotas totalitarios, perjuros y reos de residenciamiento o destitución. ¿Cómo se atreven? Parece que creen que nuestra gente es su súbdita en una monarquía.

Han convertido la atropellante e innecesaria Ley 7 en un mecanismo supra constitucional y de destrucción del propio Gobierno del Pueblo. Creen que el Gobierno es de ellos. Es evidente que estos ignorantes ni han leído, ni entienden ni les importa la Constitución y las leyes laborales.

Aplicada de esta forma la Ley 7 resulta inconstitucional por arbitraria, caprichosa e irrazonable; viola a propósito y sin fin público, las protecciones de la Constitución al ciudadano.

Un gobierno que obra a ciegas y en desprecio de la legislación y de la Constitución es un gobierno golpista, ilegítimo y, además, inepto. Obrar a ciegas desde el poder público es la máxima irresponsabilidad pública bajo un Estado de Derecho. Cuando esto ocurre procede la destitución de los funcionarios y la restitución del orden normativo anterior conforme a Derecho y el régimen de Ley.

De no hacerlo con diligencia y prontitud el Primer Mandatario (pues tiene el mandato - agency in English boys) del Pueblo Soberano, se convierte en el máximo reo del delito de corrupción y Lesa Majestad. Habrá usurpado el Poder. Esto es despotismo.

Corresponde al Poder Legislativo, el principal representante del Pueblo, desfacer este entuerto; enderezar todo lo torcido, y volver a hacer lo recto, lo derecho. De no hacerlo serán igualmente responsables.

Tiene la iniciativa la Rama Legislativa; le corresponde investigar y legislar para derogar la festinada legislación de infamia y oprobio de enero de 2009, especial y específicamente la nefasta Ley 7, con ojo a las alianzas público-privadas y de banquete de ley de permisos.

Los pueblos no perdonan y aprendieron a no olvidar. En la tabla de la infamia y la ignorancia se escribirá entonces el juicio del Pueblo. A ese juicio deben someter y serán sometidos desde ya, los miembros del Directorio del Régimen del Terror; el País debe conocerlos por sus nombres y sus caras. El País tiene derecho a conocer a quienes cometen estos “actos a ciegas” en contra de sus vidas y bienestar.

Son malos americanos y peores puertorriqueños. Los gobiernos, dice la Declaración de Filadelfia de 1776, se crean en la faz de la tierra con el consentimiento de los gobernados, derivan de ello su poder, y su propósito es servir al Pueblo soberano. No es cuadrar cuentas, ni complacer inversionistas. El lucro no es gestión de gobierno. Pero peor aún, el Pueblo no tiene porqué pagar el fracaso terrible de una banca colmillúa, de una empresa privada ineficiente, de empresarios fracasados por su propia ineficacia e indolencia, incluyendo a los financieros irresponsables de los “constructores de mansiones” sin consciencia de país. ¡Idólatras del dios Mammón!

ANTONIO FERNÓS
CATEDRÁTICO DE DERECHO

http://www.elnuevodia.com/columna/623546/

El nuevo dia dijo...

Agricultores repudian despidos en ASDA
Los despidos en la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario dejó cojo al Programa que suple productos frescos a Comedores Escolares.
Por Aura N. Alfaro
Los despidos de empleados públicos en el Departamento de Agricultura (DA) desmanteló Ia división de Mercadeo, el enlace entre los agricultores y el Programa de Comedores Escolares de Ia Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario (ASDA), afectando directamente a agricultores de todas partes del País.
Así lo denunció el Presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Ramón González.
“Esto afectará tanto la producción como la inversión hecha por los agricultores, ya que la división de Mercadeo de ASDA garantizaba y procesaba la compra de productos frescos del País para los comedores escolares", dijo el líder de los agricultores., quien lamentó que “no se protegieron las posiciones claves dentro del DA”.
Por otra parte, González señaló que la Asociación de Agricultores desarrolla un plan para ofrecerles a los 16,970 empleados públicos despedidos efectivo el 6 de noviembre, opciones de trabajo en empresas agricolas, que espera presentar a fines de mes,
“La agricultura es la economfa del futuro y sin ella no podemos subsistir, y en Puerto Rico hay un concepto erróneo de lo que es trabajar la tierra y ésta es una oportunidad para ver la agricultura como lo que realmente es, una opción viable", manifestó González.
Sin embargo, señaló que para que el plan sea efectivo primero es necesario evaluar los despidos realizados en el Depaftamento de Agricultura (DA).

http://www.elnuevodia.com/agricultoresrepudiandespidosenasda-623783.html

El nuevo dia dijo...

Despidos alimentan la crisis, según trabajadores sociales
La Escuela Graduada de Trabajo Social se sumó a las entidades y grupos que repudian las masivas cesantías
Por Cynthia López Cabán
La Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico repudió hoy la política de despidos en el sector público por entender que provoca una seria crisis social y económica en el país.
La institución educativa reclamó que se dejen sin efecto los despidos de cerca de 17,000 empleados públicos.
Además, advirtió sobre la “táctica” del nuevo secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Emma para desalentar protestas.
“La política de despidos implantada lanza a un número incalculable de familias de los estratos medios bajos a las garras de la pobreza”, indicó en conferencia de prensa Carmen Sánchez, directora de la Escuela Graduada de Trabajo Social.
Sobre Rodríguez Emma, quien en principio tildó de terroristas a los propulsores de una protesta que paralizaría las operaciones portuarias, pero más tarde generalizó al referirse de esta forma a los trabajadores, Norma Rodríguez, coordinadora del programa doctoral de la escuela, dijo que se trata de una estrategia para frenar las manifestaciones y el movimiento de rechazo a los despido.
Indicó que el funcionario promueve el miedo con su discurso y ante esa retórica, las personas tienen que movilizarse y sumarse a todas las acciones en contra de los despidos.
A la conferencia de prensa asistieron, además de profesores y estudiantes de la escuela, personal no docente y trabajadores desplazados, quienes exhortaron a participar en la manifestación que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre.
El grupo señaló que quienes no puedan acudir al paro nacional en la citada fecha, muestren solidaridad con los despedidos al vestir de negro y/o coloquen lazos negros en sus casas y vehículos. La acción también representaría el repudio a la política gubernamental.
Rodríguez agregó que la Ley 7 también ha afectado a los trabajadores sociales y citó el ejemplo de unos seis estudiantes que laboraban en el Departamento de la Familia y ya recibieron cartas de despidos.

http://www.elnuevodia.com/despidosalimentanlacrisis,seguntrabajadoressociales-623808.html

WALDEMAR J. RAMÍREZ CONSULTOR dijo...

¿Quién gana?
Ante el avance del plan de despidos que vive el País puede uno preguntarse, ¿quién gana? El objetivo es que el gran ganador sea nuestra salud fiscal y, por ende, la clasificación del crédito de nuestro país. Pero, por otro lado, ¿quién pierde?

Los primeros y obvios perdedores son los empleados despedidos. Las batallas que tendrán que librar en la intimidad de su vida familiar son fáciles de anticipar. Pero también podrían ser grandes perdedores los que “se salvaron” de los cortes, quienes albergarán un complejo sentido de culpa por el privilegio de haber subsistido, combinado con rencor y desconfianza. Muchos se sentirán como verdaderas víctimas, agobiados y desamparados.

Pierden los usuarios de muchos servicios particularmente sensitivos, tales como estudiantes de educación especial, impedidos y envejecientes. Pero el propio Gobierno, llamado a ser procurador de estos y otros tantos servicios sociales esenciales para bienestar y seguridad de la ciudadanía, pierde en grande. La propia supervivencia del servicio civil está en juego, pues es difícil para cualquier organización recuperarse de esta experiencia. El desempeño del aparato gubernamental puede hundirse al punto de perder su viabilidad. Restituirlo puede conllevar costos inimaginables.

Pierde el propio sistema fiscal que se busca enderezar, pues seguirá viendo cada vez más menguados sus recaudos. Es elemental anticipar la reacción en cadena que disparará este golpe a la clase media, reacción que se traducirá en menos recaudos.

Pero el perdedor mayor es el sentido de solidaridad de pueblo que tan orgullosamente reclamamos nos caracteriza. Es trágico oír a un legislador expresar que está molesto porque “el compromiso” era despedir sólo empleados nombrados a partir del 2000, y admitir que esa condición no se incluyó explícitamente en la ley para que no los acusaran de “politiqueros”. Igualmente triste es escuchar a una senadora expresar lo indignada y angustiada que está por ver que los que se están despidiendo son los de su partido, y no los del partido contrario -como si unos fueran menos puertorriqueños. Si a esto le sumamos las pasadas controversias sobre “límber” y crápulas, es inevitable advertir un fuerte y peligroso olor a oligarquía. ¡Cuidado!

Sin dudas nuestro país se recuperará. Conozco el talento y capacidades que poseemos. Eso sí, antes tendremos que desatarnos las manos, y ejecutar potestades que todo país necesita para potenciar su crecimiento. Pero, ¿cuánto más hay que perder antes de esa recuperación?

WALDEMAR J. RAMÍREZ
CONSULTOR

http://www.elnuevodia.com/columna/623544/

Federico Cintrón Fiallo dijo...

La crisis colonial capitalista y dos visiones del estado

La visión de cuál debe ser la función del estado es uno de los elementos ideológicos que está presente, como eje conductor, en todas las discusiones sobre la situación actual de Puerto Rico. Para los sectores dominantes, representados por el administrador colonial de turno, Luis Fortuño, el estado debe ser lo más pequeño posible. Incluso para algunos opositores, incluyendo independentistas y socialistas, así debe ser. Sin embargo, estado pequeño quiere decir una cosa para unos y para otros quiere decir otra.

En el sector dominante, incluyendo los intereses económicos, políticos y militares del imperialismo norteamericano, se engloban los empresarios, los desarrollistas, los financieros, los banqueros, las farmacéuticas, el capital inversionista extranjero, la alta gerencia de las grandes empresas, los economistas defensores del capitalismo y los sectores políticos colonialistas que representan a estos sectores económicos, entiéndase políticos e intelectuales del PNP y PPD. En el otro sector están los trabajadores, los defensores del ambiente, los habitantes de las comunidades marginadas, los rescatadores de terrenos, los desempleados, los envejecientes de los sectores pobres, los luchadores por los derechos de los oprimidos y discriminados, como las mujeres, los negros, los migrantes dominicanos y la comunidad GLBTT.

Para los primeros el estado pequeño quiere decir que éste genere la menor cantidad posible de actividad económica y servicios públicos, que intervenga lo menos posible en lo que ellos llaman el mercado, que no regule a la empresa privada y que mantenga las fuerzas policíacas necesarias para su protección de las protestas del pueblo trabajador. Para ellos el gobierno podrá ser lo más pequeño posible porque no tendrá mayor actividad ni en la gestión económica ni en la prestación de servicios. Su lógica es que, mientras más pequeño sea el estado, mayor oportunidad tendrán ellos de ocupar ese espacio y lucrarse brindando la gestión pública que ahora hace el estado. Al estado le quedará su gestión policíaca de control del pueblo trabajador, oprimido y discriminado pero, además, de recaudador de ingresos para que pague por aquellos que no podrían acceder a los caros servicios privatizados.

Para el otro sector, el pueblo trabajador, los oprimidos y discriminados, el estado pequeño quiere decir una administración de la cosa pública eficiente y efectiva, no utilizada para prebendas políticas, cuyas agencias no sean un batatal para los partidos políticos que administran la colonia, que contribuya a los servicios básicos para el desarrollo humano –educación, vivienda, salud, trabajo- que controle el afán de lucro de los poderosos protegiendo el ambiente y apoyando los mecanismos que ayuden a salir de la opresión, la discriminación y la injusticia social. Incluso, para los más radicales, que se vaya extinguiendo y dando paso a una sociedad solidaria, de ciudadanos críticos y participativos, democrática, que se auto gestiona, se auto organiza, se auto administra, se auto protege, cuida de sus niños y sus ancianos, que reconoce, respeta y fomenta la diversidad, y está en lucha constante contra la opresión, la discriminación y la injusticia social.

(sigue...)

Federico Cintrón Fiallo dijo...

(continua de anterior)

Son dos visiones diferentes. De la primera se desprende el despido indiscriminado de miles de trabadores del sector público. El desmantelamiento de agencias públicas que brindan servicio en las áreas de salud y bienestar social. La política de privatización representada por, pero no sólo por medio de, las llamadas Alianzas Público Privadas (APP). El aumento de los recaudos por medio del IVU, la imposición de costos a servicios y el impuesto especial a la propiedad. La eliminación de los controles ambientales y de planificación de usos de tierra y desarrollo urbano, la eliminación de las comunidades especiales y el asalto a las tierras alrededor del Caño Martín Peña para que los desarrollistas se queden con las mejores y más bellas tierras. La derogación de derechos adquiridos por los trabajadores en sus luchas sindicales, incluyendo los contenidos en convenios colectivos. El asalto a la cultura y la identidad nacional del puertorriqueño promoviendo el adoctrinamiento americanizante, opresor, discriminatorio y fundamentalista como es el desmantelamiento del Instituto de Cultura, el asalto a la colegiación del Colegio de Abogados, la censura de libros en las escuelas, los cinco minutos de reflexión, la imposición del inglés en la rotulación pública y la asignación de funcionarios discriminando por razones de género y sexo.

El fortalecimiento de los aparatos represivos y de la persecución política contra la oposición mediante la designación de un agente del FBI –agencia especializada en la persecución y carpeteo de movimientos sindicales, de derechos civiles, independentistas, socialistas y de oposición política al gobierno norteamericano- como Superintendente de la Policía y ceder a éste la función de movilización de la Guardia Nacional. El control político partidista del Tribunal Supremo. La pretensión de imponer un plebiscito sobre el estado político colonial hecho a su medida. Y, para casi terminar, la conducta típicamente dictatorial, del ejecutivo y la legislatura PNP de no respetar las leyes vigentes negando oportunidad de expresión a sus oponentes, burlándose de los reclamos del pueblo tanto de palabra como de hecho –por ejemplo ofrecer trabajo como recogedores de café a los despedidos, subiéndose los sueldos, echándole la carga de la crisis que ellos mismos han creado al pueblo trabajador y pagándose contratos millonarios- claramente declarando que no van a escuchar propuestas contrarias a las de ellos, que su política está decidida.

(sigue...)

Federico Cintrón Fiallo dijo...

(continua de anterior)

Ante la crisis colonial capitalista los reclamos del pueblo tienen que plantearse, por necesidad de sobrevivencia, cubriendo tres áreas: 1) mantener derechos adquiridos, 2) bloquear las pretensiones del sector dominante de incrementar su poder y 3) abrir camino hacia una sociedad justa, solidaria, descolonizada, libre de opresión y discriminación.

Por eso las consignas del momento, entre otras, son: que la crisis la paguen los ricos; no al despido de empleados públicos; respeto a los derechos adquiridos por sindicatos, comunidades y sectores sociales específicos; no a la privatización de los servicios públicos; no a la americanización y respeto a nuestra cultura nacional; independencia y soberanía para integrarnos al mundo y regir nuestro destino como pueblo.

La crisis económica no es sólo de carácter transitorio producto de malas administraciones de la colonia, ni sólo el resultado de una situación mundial del capitalismo, tiene particularidades vinculadas al dominio colonialista de los EE.UU. Salir de la crisis está vinculada a librarnos de las trabas coloniales que no permiten una alternativa que beneficie a los trabajadores. Los reclamos del pueblo deben incluir la derogación de las leyes coloniales que, como las de cabotaje, permitiría bajar el costo de vida, y la independencia política, que es vital para integrarnos al mundo y poder negociar tratados comerciales que contribuyan a nuestro desarrollo económico.

Tomado de
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=30522621304856266FA46CD3322D9A99

Primera hora dijo...

Trabajadores sociales afectados indirectamente por la Ley 7
viernes, 9 de octubre de 2009
Actualizado hace 6 minutos (12:09 p.m. )
Mariana Cobián / Primera Hora

A pesar de que no se vieron afectados directamente por los miles de despidos a raíz de la Ley 7, los trabajadores sociales se afectan indirectamente porque no contarán con el personal necesario para trabajar en equipo los casos.

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, Gloria Rivera, aclaró que la mayoría de los trabajadores sociales no fueron cesanteados por ofrecer servicio directo, pero sí los sicólogos, abogados, choferes y el resto del personal que se necesita para hacer su labor.

"Entendemos que el efecto es totalmente adverso a los servicios de las clases más necesitadas de este país. Ha faltado terriblemente la planificación… El Estado ha elaborado un discurso de que no se afectarán los servicios. Desde nuestra perspectiva profesional, no le asiste la razón", indicó Rivera en su mensaje tras recibir la proclama de octubre, Mes del Trabajador Social, de manos del subsecretario interino de la Familia, Eddie A. García.

Rivera recalcó que apoyarán a los empleados públicos en el paro nacional del 15 de octubre y realizarán un foro el 17 de este mes en la Universidad de Puerto Rico para escuchar las necesidades de los aproximadamente 7,500 colegiados y elaborar una respuesta profesional ante la crisis.

http://www.primerahora.com/diario/noticia/politica/noticias/trabajadores_sociales_afectados_indirectamente_por_la_ley_7/336731

El nuevo dia dijo...

Necesarias 30,000 viviendas para personas de bajos recursos
Son una opción poco habitual entre los promotores inmobiliarios debido a la poca rentabilidad económica de esos proyectos
Por Agencia EFE
SAN JUAN - Puerto Rico necesita 30,000 viviendas sociales para satisfacer la demanda de la población con bajos ingresos de la isla caribeña que carece de la capacidad financiera para pagar los precios del mercado libre.
El secretario de Planificación del Departamento de la Vivienda, Carlos Ramos, dijo que en la isla existe una gran demanda de casas de bajo coste, durante una mesa redonda sobre vivienda asequible en Puerto Rico y España, encuentro organizado por el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR).
Ramos explicó que esas viviendas no pueden sobrepasar por ley un precio de venta de $110,000 -cantidad que se eleva a $140,000 en algunas localizaciones-, pero que, sin embargo, son una opción poco habitual entre los promotores inmobiliarios debido a la poca rentabilidad económica de esos proyectos.
Por su parte, el presidente de la CAAPPR, José Moreno, recordó que existen amplios sectores de población en Puerto Rico con problemas para la compra de viviendas, al no poder optar a las de protección oficial pero tampoco disponer de renta suficiente para acudir al mercado libre.
"La oferta y la demanda no se encuentran en Puerto Rico", sostuvo para ilustrar la situación inmobiliaria por la que atraviesa la isla caribeña.
Además, resaltó que Puerto Rico debe alejarse del modelo de viviendas unifamiliares imperante en la isla, que ha provocado daños al medio ambiente y modificado pautas de conductas típicas de la sociedad isleña.
El presidente de la Comisión de Proyección Social de la Arquitectura y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Álvaro de Torres, dijo que al igual que en Puerto Rico, en España los constructores huyen de los proyectos de vivienda social, debido a los bajos márgenes de ganancia de ese tipo de edificaciones.
De Torres subrayó que la vivienda es un problema capital de la sociedad española, lo que provoca que muchos jóvenes tengan que permanecer en el hogar familiar en contra de su voluntad.
El arquitecto español sostuvo que la solución al problema pasa por el alquiler, modalidad a la que en la actualidad sólo recurre el 11 por ciento de la población del país ibérico.
La mesa redonda celebrada hoy es parte del intercambio entre ambos colegios de arquitectos, que tiene como fin la formación de equipos conjuntos para el desarrollo de su actividad en mercados internacionales del sector inmobiliario y de la construcción.

ENRIQUE VÁZQUEZ QUINTANA dijo...

"La corrupción, la mala utilización de fondos públicos, la intromisión desmedida de la política partidista en la gestión de gobierno, el patronazgo político, el “panismo”, los honorarios excesivos a los asesores y la ineptitud administrativa explican la falta de credibilidad que proyectan los políticos de turno.
...
La pérdida de empleo es el segundo estresante más potente; el primero es la pérdida de un familiar cercano. El Gobierno actual, además de ser ineficiente, es inhumano. La percepción prevaleciente es que con los despidos se pretende destruir al adversario político y a sus seguidores o a los directores de agencias nombrados por períodos más allá del cuatrienio. Una administración responsable no despide a un matrimonio. El ejército cuya función es aniquilar al enemigo, no envía a dos hermanos a la guerra simultáneamente. La Administración actual no tiene sensibilidad, humanismo ni sentido de justicia al privar del sustento a toda una familia. La arrogancia o desidia y la propia Ley 7 les impide revisar este y otros errores.

Con los despidos se persigue ahorrarle al erario público. ¿Cómo se explica que despidan empleados de la oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada que son pagados con fondos federales? Eso cualifica como una imprudencia administrativa o intención de hacerle la vida imposible a Rossana López.

Igualmente, despidieron empleados de la Oficina de la Procuradora de la Mujer y de la Oficina de Comunidades Especiales, dejando prácticamente inoperantes a esas agencias. Otras agencias como las colecturías, el ICP, Educación, Estado, Policía, Salud, Corrección y el Consejo de Educación Superior están siendo afectadas.

La administración pública del Gobierno actual ha sido un fracaso rotundo..."
-ENRIQUE VÁZQUEZ QUINTANA

Tomado de
http://www.elnuevodia.com/columna/624811/

El nuevo dia dijo...

Expertos solicitan repensar los despidos
Dicen que la crisis laboral es peor que la emergencia fiscal
Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com
Si el gobierno no pone un freno al despido masivo de empleados públicos, colocará al País ante un escenario de confrontación que impedirá la estabilidad social y económica que dice buscar.
Al menos ese parece ser el consenso del grupo de trabajo de la Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que ayer publicó oficialmente un nuevo modelo de organización para la Rama Ejecutiva.
“El Gobierno tiene que ser responsable. Si su esencia es servir, el Gobierno debe ser responsable y dejar sin efecto esos despidos. Debe derogar el capítulo 3 de la Ley 7, de manera que se devuelva la estabilidad laboral al País”, indicó el doctor Carlos Alá Santiago, experto en relaciones laborales.
“Haciendo eso, entonces, se pueden tomar las más de 150 recomendaciones concretas que están en este estudio y que nos encaminarían a una sociedad más democrática”, sentenció el catedrático al cuestionarle la pertinencia del estudio en momentos en que el Gobierno ha iniciado una reforma gubernamental basada en la reducción de agencias y la eliminación de personal.
El estudio realizado por la EGAP fue costeado por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), pero se inició en 2006 a instancias del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, durante el periodo de crisis fiscal que llevó al cierre gubernamental. Sin embargo, pocos meses después el Gobierno le retiró el auspicio, para comenzar su propia reorganización.
El estudio parte de la premisa de que el tamaño del Gobierno no debe confundirse con la calidad de sus servicios y plantea que la movida debe ser hacia establecer una política clara de medición de productividad y descentralización de servicios para que estos sean provistos por las regiones o los municipios.
“La reducción de la plantilla es considerada por expertos en administración y en estudios organizacionales como una opción compleja y de dudosa efectividad para atender los problemas de productividad y fiscales”, planteó la profesora Yolanda Cordero.
“Tú no puedes quitarle el trabajo a una persona y pensar que eso no va a tener un efecto en la sociedad. Por cada empleo público que se pierde, van a haber dos desempleados en el sector privado. Nosotros todavía no comprendemos eso porque no hemos llegado al 6 de noviembre”, indicó Santiago.
El catedrático enfatizó que si se trastoca la estabilidad laboral, la confrontación será inevitable.
“Si no tomamos medidas para evitar eso, muy pronto nos estaremos confrontando unos a otros, unos por necesidad y otros por avaricia”, destacó Santiago.
Mientras tanto, la doctora Palmira Ríos dijo que “todos estamos de acuerdo en que la estructura actual no responde a las nuevas necesidades del Gobierno, pero lo que se ha propuesto no es la solución”.

http://www.elnuevodia.com/expertossolicitanrepensarlosdespidos-625006.html

El nuevo dia dijo...

Gobierno paga millones por los despidos
Contratadas siete compañías para manejar el proceso de cesantías
Por Mildred Rivera Marrero / mrivera1@elnuevodia.com
El gobierno le pagará más de $6 millones a siete compañías que contrató para manejar el proceso de cesantía de empleados públicos y la reestructuración de procesos en las agencias.
Al menos cinco de esas empresas fueron contratadas entre junio y agosto de este año por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), según los contratos, copia de los cuales tiene El Nuevo Día. El presidente del BGF, Carlos García, también dirige la Junta de Reconstrucción y Estabilización Fiscal (JREF).
De acuerdo con los documentos examinados, la empresa Hewitt Associates Caribe es la que tiene el acuerdo más jugoso, que puede llegar a los $2.8 millones. A esta empresa se le asignaron 15 agencias cobijadas bajo cinco sombrillas, que no se identifican en la parte principal del contrato. El servicio incluye una primera parte de evaluación y recomendaciones, por la cual recibiría un pago de hasta $1.2 millones. Una segunda parte, de implantación, tendría un pago de hasta $1.6 millones, cuyos pagos no excederán los $65,000 mensuales por agencia sombrilla.
El documento menciona -de forma similar para las otras compañías- el plan de emergencia fiscal establecido bajo la Ley 7 que pretende bajar gastos operacionales, incluyendo los de nómina, por $2,000 millones en este año fiscal. La empresa deberá “ofrecer servicios profesionales asociados con la reestructuración y reingeniería de algunas agencias”, indican los contratos.
La segunda empresa con la segunda compensación más grande es Maximus, Inc., de Virginia, a la cual se le pagarían $1.5 millones entre septiembre y enero del 2010 con pagos mensuales fijos de: $400,000; $275,000; $275,000; $275,000; y $100,000. Los primeros dos ya se deben haber emitido, según el contrato. A eso se suman $175,000 para gastos de transportación aérea. El documento señala que Maximus ofrecerá los servicios establecidos en una propuesta de consultoría de manejo de proyecto, sin especificar los mismos.
V2A, Inc. cuyo presidente es Manuel A. Calderón, recibirá hasta $960,000 por asistir en la implantación de la Ley 7 en siete agencias. También se le pagarán gastos como copias y gastos de viajes hasta $10,000.
Mohi H. Ex es una empresa incorporada en Puerto Rico, cuyo presidente es J. Thomas Hexner, residente en Massachussetts, a la que se le pagarán hasta $587,015, más el reembolso de gastos extras hasta $99,370.
La tarea de esta empresa será asistir en la transformación del Departamento de Hacienda para que tenga una respuesta efectiva ante la Ley 7, “en la que hayan ahorros significativos y/o aumento en los recaudos sin que se aumenten los impuestos”. El contrato estará en vigor hasta julio del 2010.
Algunas de las tareas que especifica el documento son: un plan organizacional para identificar y remediar efectos negativos en las operaciones por la cesantía de empleados; un análisis de la carga de trabajo y la costo-eficiencia en las colecturías; y un aumento significativo en el manejo electrónico de los documentos contributivos.

(sigue...)

El nuevo dia dijo...

(continua de anterior)

Mientras que Innova, una compañía incorporada en la Isla y presidida por Orlando Mercado, estaría a cargo de identificar oportunidades de reducir costos y ayudar en la implantación de las estrategias que sugiera para cinco agencias públicas. La primera fase consistirá del desarrollo de un “plan de mitigación” para cada agencia y, una segunda, de implantación. Por esos servicios, la compañía recibirá un pago máximo de $360,500 y una compensación adicional por gastos extras de hasta $5,500, indica el contrato. El pago de $162,500 por la primera fase ya debió haberse pagado, según el itinerario establecido en el documento.
García no contestó llamadas. El secretario de la gobernación, Marcos Rodríguez-Ema -quien lideró privatizaciones como la del sistema de salud y la Telefónica en la administración de Pedro Rosselló- justificó el gasto.
¿Si están en el ánimo de cortar gastos, por qué para el proceso de cesantías se contrataron compañías?
“Eso hay que hacerlo, son siete compañías. Es un andamiaje bien complicado. Todas las agencias son desastrosas, con muy raras excepciones, en sus oficinas de recursos humanos. Tuvimos que reconstruir toda la data para nosotros poder hacer una labor justa con las personas que han estado trabajando en todo esto. Es muy similar a cuando la venta de la Telefónica, cuando se tuvieron que contratar unas compañías. Se vendió en $2.3 billones (el valor de la compañía era de $2,250 millones, pero se vendió por $1,875 millones). Pero nos costó $15 millones hacer esa transacción y eso es normal. Eso ocurre. Ese el costo de hacer negocio”.
Si hubo siete compañías, ¿por qué hubo errores, de gente que no debió ser cesanteada?
Precisamente, porque los departamentos de recursos humanos de estas agencias de gobierno son enteramente desastrosos. En algún momento vas a encontrar que hay situaciones donde hay errores, pero también se les dio mucha oportunidad. Si te envío una carta donde te digo que tienes nueve años de trabajo y tienes 18 años trabajando con el gobierno y no hiciste nada, las probabilidades son de que te llegue una carta de despido”.

http://www.elnuevodia.com/gobiernopagamillonesporlosdespidos-625129.html

Claridad dijo...

El argumento del gigantismo gubernamental es falso
perla Franco/ Claridad

Durante varios años hemos escuchado diversos políticos y otros sectores que les han hecho coro alegando que el gobierno en Puerto Rico es “muy grande”, que el “gigantismo gubernamental” se evidencia en la nómina de los “empleados públicos”. Con ello han argumentado que hay que reducir el sector público. Utilizan de comparación estados de Estados Unidos para justificar que si en ellos es más pequeño el sector público, aquí también lo debe ser. Y se agarran de la alegada crisis fiscal para remachar el asunto.

Con esos argumentos de base hemos visto cómo el actual gobierno de Luis Fortuño ha desarrollado su Plan de Reestructuración Fiscal en el que el alegado gigantismo del gobierno se señala como uno de los problemas principales. Y por supuesto, la insistencia es que los que están de más son los empleados públicos, no los millonarios contratos externos que se siguen extendiendo en el gobierno, ni las subcontrataciones que van en aumento. En los pasados ocho meses Fortuño le ganó a la anterior administración de Aníbal Acevedo Vilá y a su Secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, quien se distinguió por ser el principal defensor de los empresarios y del argumento de que había que reducir el supuesto gigantismo gubernamental.

Pero Fortuño fue más allá y utilizando ese mismo argumento puso en vigor sus planes de eliminar en corto tiempo miles de plazas de empleados públicos, para así lograr lo que a todas luces también intenta su administración: entregar el servicio público a manos privadas. Su administración ha tenido incluso la ironía de pretender que a los que intenta tirar a la calle se crean que lo privado es más eficiente que lo público y por eso tienen que irse resignados. De paso encamina, también rapidito, un Plan paralelo de Transformación de Agencias con la intención de reducir el gobierno, eliminando de una vez la mitad de sus agencias públicas.
Pero la coartada no podía durar mucho y el gobierno de Fortuño, que como todas las administraciones PNP no oculta sus verdaderas intenciones desde que llega a Fortaleza, va quedando desenmascarado. Más aún, el tiempo le va dando la razón a algunos sindicatos que no han dejado de decir que el tal gigantismo es una mentira, un dato sin corroboración, pero sobre todo, que ocultaba tras de sí al menos las intenciones de la privatización en su modalidad de subcontratación.
Eso es lo que de algún modo quedó evidenciado con el estudio reciente que realizaron tres profesores de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, los doctores Leonardo Santana Rabel, Mario Negrón Portillo, y José A. Punsoda Díaz, “Análisis sobre el alegado gigantismo gubernamental en Puerto Rico” y que derrota precisamente ese alegato.

(sigue...)

Claridad dijo...

(continua de anterior 2/3)

El estudio
Para comenzar, los profesores señalan que compararon los datos de Puerto Rico con los de los 50 estados de Estados Unidos y otros 28 países europeos y del continente americano. Una de las primeras observaciones fue la más importante a la hora de la comparación: que en Estados Unidos “se desagregan los empleados del gobierno central y los empleados de los gobiernos locales (de los condados) y municipales”. Aclara el estudio que ese ejercicio de separar esos empleados es necesario toda vez que un número significativo de empleados públicos que en Puerto Rico son empleados por el Gobierno Central, tales como maestros, policías y bomberos, en Estados Unidos son empleados por los gobiernos locales y no por los gobiernos centrales de los estados, como sucede en Puerto Rico. Y añaden que “ignorar ese hecho distorsionaría el análisis del tamaño del gobierno en nuestro país”.

Los hallazgos principales del estudio incluyeron -con datos del año 2008- que 22 estados de Estados Unidos tenían la misma proporción de empleados públicos por población que Puerto Rico; 14 estados tenían un por ciento superior y otros 14 estados reflejaron una proporción menor a la de Puerto Rico. Los 14 estados con un empleo público superior a Puerto Rico fueron Wyoming, 12 por ciento más; Dakota del Norte, 11 por ciento; Alaska, 10 por ciento; Kansas y Nuevo México, nueve por ciento; Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Dakota del Sur y Vermont con ocho por ciento.

Los 14 estados con una proporción menor a Puerto Rico de empleados públicos por población fueron Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Nevada, Ohio, Tennessee, Rhode Island, Pennsylvania y Utah.

El estudio también encontró que en todos los estados de Estados Unidos el número de empleados estatales es inferior al número de empleados de condado, ésta última una estructura gubernamental intermedia entre el gobierno central y el municipal que en Puerto Rico no existe. “Contrario a dicha tendencia”, añade el estudio, “Puerto Rico tiene 3.4 empleados del Gobierno Central por cada empleado municipal”.

(sigue...)

Claridad dijo...

(continua de anterior 3/3)

El tercer hallazgo del estudio fue revelador. Con datos del año 2004 que según los académicos fueron los más confiables y comparables que están disponibles, en Puerto Rico el sector público “Central, local y Corporaciones Públicas” empleaba el 30 por ciento del empleo total, mientras que el 70 por ciento se encontraba en el sector privado. Para esa misma fecha, en Estados Unidos, un 84 por ciento de las personas laboraban en el sector privado. Según datos contenidos en el estudio provenientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el 2004 sólo seis países tenían una proporción menor a Puerto Rico de empleados en el sector privado. éstos fueron: Eslovenia y Hungría con un 69 por ciento; Dinamarca y Turquía con 66 por ciento; Noruega con 64 por ciento; y Cuba con 20 por ciento. Los países con un 80 por ciento o más de personas empleadas en el sector privado fueron: Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, Chile, España, Alemania, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Turquía y Estados Unidos.

Sin argumentos reales el gigantismo gubernamental
Para los profesores que realizaron este estudio, la conclusión es clara. “La evidencia analizada revela que cuando desagregamos los datos del empleo en los gobiernos centrales y locales, la proporción de empleados públicos en Puerto Rico compara favorablemente con sus contrapartes en los Estados Unidos de América y por ende no se sostiene el argumento del gigantismo gubernamental”.

Aún así, reconocieron que la composición del empleo público en Puerto Rico “es excepcional en dos dimensiones”. Se refirieron a que en Puerto Rico el empleo público está concentrado en el gobierno central y no en las instancias que típicamente ofrecen servicio directo a los ciudadanos. Igualmente apuntaron a la incapacidad del sector privado para emplear a la mayoría de la fuerza laboral en la Isla disponible para trabajar. Y ante esas “dimensiones”, los profesores aseguraron que “estas conclusiones preliminares validan las expresiones del presidente Barack Obama, quien en su discurso inaugural el 20 de enero de 2009 planteó que ‘la pregunta que nos hacemos hoy no es si nuestro gobierno es demasiado grande o pequeño, sino si funciona’”.


http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=A01E438B304856266F973416D3C1CE38

HÉCTOR MELÉNDEZ dijo...

Cambio estructural
La crisis presente va más allá del “error” burocrático de expulsar empleados públicos. Se remite a la estructura de la economía y presenta un reto no sólo a la lumpen-burguesía que gobierna la colonia, sino también a las clases trabajadoras.

La idea obsesiva de que es con inversiones privadas que el País se “desarrolla”, y la dependencia respecto al capital extranjero, limitan trágicamente el potencial productivo del pueblo. Las clases gobernantes locales suplican al capital privado que invierta, para el País “crecer”. Sin embargo procede que, en vez de los capitales particulares, el pueblo dirija el rumbo económico y regule las inversiones privadas. Para ello necesita crear nuevas instituciones. La fuerza trabajadora tiene la preparación y productividad para reconstruir la economía en función de los intereses del País y la sociedad, pero está impedida de hacerlo si se abstiene de convertirse en fuerza política dirigente.

Un ejemplo escandaloso es la Universidad de Puerto Rico, cuya dirección anda por un lado, ajustándose a los intereses que dominan el mercado, mientras las necesidades del País andan por otro. Anualmente se echan a perder innumerables contribuciones que podrían servir al País. Los intereses representados por el PNP y el PPD buscan abandonar el llamado modelo legado por los tiempos de Muñoz, en que el estado isleño se hizo tutor de ciertas áreas de la economía, especialmente las referentes a la reproducción de la fuerza de trabajo, y garantizó servicios a la población. Es decir, mantuvo el salario social relativamente alto.

Lo que quisieran ahora los neoliberales es destruir el salario social que se ha logrado. Lo expresan diciendo que el Gobierno de Puerto Rico es demasiado grande, pero lo que quiere el capital es explotar más la fuerza de trabajo. Satisfacer la gula sin fin del capital para que haya “crecimiento económico”.

Para estimular los capitales privados, el PNP lanza una estrategia brutal y errática, el “down-sizing” del Gobierno, que no ha podido explicar a la opinión pública y elogian solamente sus economistas a sueldo. El PNP tripea en la utopía de una libertad de empresa que imita los sueños de “laissez faire“ y Adam Smith, convertidos en pesadilla en los países de América y del mundo moderno.

La hegemonía de los capitales particulares conllevaría una reducción mayor de los salarios sociales y formales, abuso del espacio y del ambiente, mayor exclusión de los pobres y negros y una inseguridad más angustiosa que la actual.

Irónicamente, entorpecen la utopía del PNP las empresas norteamericanas que dominan en Puerto Rico en lo bancario, comercial, agrícola e industrial. Este gran capital impide el libre nacimiento y florecimiento de capitales locales con que sueñan unos estadistas que parecen haber leído muy poco sobre estas cosas.

De otra parte están las fuerzas productivas, obreras, populares, educadas; las clases trabajadoras, profesionales y medias cercanas a ideas de economía sustentable, ecología, socialización del poder económico y político, cooperativismo y una educación democrática en función del desarrollo de todos los miembros de la sociedad. Se inclinan a la cooperación en vez de la competencia caníbal del mercado.

¿Qué estructura económica proponen estas fuerzas para sustituir el desmadre actual, herencia de seis décadas?

Es indispensable detener los despidos y la Ley 7, pero además un intelecto colectivo que formule una estrategia alternativa de país diferente o, en cierto modo, para empezar a hacer aquí una nación.

El extremismo de la lumpen-burguesía del PNP es atropellante y despectivo, y su alternativa económica es intelectual y moralmente hueca. Urge una estrategia alternativa de los sectores trabajadores e informados.

HÉCTOR MELÉNDEZ

Asociacion de Economistas dijo...

“Sin base científica los despidos en el Gobierno”
miércoles, 14 de octubre de 2009
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

La Asociación de Economistas de Puerto Rico llamó a un “detente” del plan de despidos del gobierno de Luis Fortuño.


Según los expertos en economía, la cesantía de cerca de 17,000 empleados públicos se traducirá en la pérdida de 17,800 empleos adicionales del sector privado, agravará la recesión, tendrá un impacto detrimental en el mercado financiero y empeorará la desigualdad económica y social de los puertorriqueños.


La presidenta de la Asociación, Martha Quiñones, dijo ayer que “no es posible hablar de desarrollo económico cuando la política de la actual administración agrava los problemas del ya deteriorado cuadro existencial que vive el país.

La Asociación aludió incluso a un informe de la casa acreditadora de bonos Standard & Poor’s - del 22 de diciembre de 2008- que aconsejó no reducir el gasto público en la economía de la Isla hasta que el sector privado comenzara a crear empleos.

“La política de despidos en masa es errónea, se ha implantado de forma apresurada y descuidada. Va encaminada a generar no sólo una exacerbación del proceso recesionario debido a la pérdida de consumo, sino también a producir un severo debilitamiento de la calidad de los servicios que debe recibir la comunidad”, dijo Quiñones.

En cuanto al mercado financiero, la Asociación advirtió que éste se verá seriamente afectado por las quiebras, los préstamos morosos, así como por la disminución de la actividad comercial de los pequeños y medianos comerciantes.


La agrupación, que reúne a unos 150 economistas -la mayoría de ellos profesores universitarios sin ataduras contractuales ni con el Gobierno ni con el sector privado-, anticipó que a corto plazo el Gobierno podrá cuadrar su presupuesto, pero no solucionará la crisis estructural que sufre el fisco.

La organización lamentó que los ajustes macroeconómicos que implanta el gobernador Luis Fortuño recaigan asimismo “de forma desproporcionada sobre los hombros de los trabajadores del sector público, en particular sobre mujeres jóvenes”. Eso, se aseguró, provocará mayor desigualdad económica y social en la Isla.

El economista Santos Negrón Díaz concluyó que los despidos masivos se producen cuando ni siquiera hay un documento científico que sustente la política pública implantada.

La Asociación señaló que urge una reforma del sistema fiscal que incluya el aspecto contributivo desde el punto de vista de una distribución más equitativa de las aportaciones, que reestructure la Rama Ejecutiva y aumente los recaudos.

http://www.primerahora.com/XStatic/primerahora/template/content.aspx?se=nota&id=337386

Asociacion de Economistas dijo...

Solicitan estudio para determinar despidos en el gobierno
Asociación de Economistas cuestionan transparencia en el proceso. Alegan que el efecto será de sobre $1,600 millones en pérdidas para País.
Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com
La Asociación de Economistas solicitó hoy al gobierno que provea la información científica utilizada para determinar el despido de sobre 17,000 empleados del sector público.
Al cuestionar la falta de transparencia en este proceso, el economista Santos Negrón sostuvo que los análisis que ellos han podido realizar, apuntan a que estos despidos agudizarán la actual crisis fiscal del gobierno, además de la desestabilización laboral y social que afectará las posibilidades de un desarrollo sostenido a corto plazo.
Por su parte, economista José García sostuvo que el despido de estas 17,000 personas del sector público, se traducirá en 17,800 desempleados adicionales, como consecuencia indirecta o inducidos por la ola de despidos en el gobierno.
“A nosotros nos parece que esto no se ha ponderado adecuadamente, pero si se ha hecho, nos gustaría ver ese estudio”, sostuvo el también profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico.
García estimo que el efecto del despido de estos trabajadores públicos será de sobre $1,600 millones en pérdidas para todo el sistema económico del País.

http://www.elnuevodia.com/solicitanestudioparadeterminardespidosenelgobierno-625886.html