El abogado de la familia de Martin Luther King aporta a la causa española un exhaustivo informe para reforzar la querella.
ERE RUSIÑOL - MADRID - 09/05/2009 08:00
Un grupo de abogados de Estados Unidos, dirigidos por William F. Pepper, el veterano abogado de derechos humanos vinculado a la familia de Martin Luther King, ha irrumpido en la causa española sobre Guantánamo y las torturas de la Administración Bush. Pepper ha aportado al proceso un documento de 121 folios en el que defiende el derecho de España a investigar y sugiere que se amplíe el procedimiento y se impute directamente al ex presidente George W. Bush.
Pepper: "[Sin Bush] sería como procesar a Eichmann y no ir a por Hitler"
Los abogados de EEUU aportan también a la causa 45 documentos algunos, desclasificados recientemente; otros, de dominio público desde hace años que permiten "trazar el proceso de toma de decisiones" que llevó a la aplicación de métodos equivalentes a la tortura a los detenidos de la "guerra contra el terrorismo".
Toda esta documentación ya forma parte de la causa que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional contra seis abogados que construyeron el "andamiaje jurídico" que llevó a Guantánamo. Y también se se incorporarán al proceso gemelo que instruye Baltasar Garzón, en el que además de la imputación de los abogados se pide también que se actúe contra figuras políticas de la Administración Bush, como el ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld y su asesora de Seguridad Nacional y luego secretaria de Estado, Condoleezza Rice.
El extenso documento de los abogados estadounidenses solicita que la investigación se amplíe a Bush y a su vicepresidente, Dick Cheney. "Sería injusto no perseguir a los que ocupaban la posición última de autoridad. Sería como procesar a Eichmann y hacer la vista gorda con Hitler", escribe Pepper antes de argumentar jurídicamente su posición.
El abogado, de 71 años y formado en la Columbia University y la London School of Economics, cita al fiscal general español, Cándido Conde-Pumpido, para reforzar su petición de que se investigue también a Bush. Conde-Pumpido cargó muy duramente contra la querella inicial presentada sólo contra los juristas de Bush y la calificó de "fraudulenta" porque se dirigía contra los abogados y no contra sus responsables políticos.
Ahogamiento simulado y otras torturas
La doble investigación de la Audiencia Nacional sobre la legalización de prácticas equivalentes a tortura como el waterboarding (ahogamiento simulado) ya se ha instalado con fuerza en EEUU y no sólo en forma de editoriales de la prensa de referencia.
La Administración de Obama debe responder a una comisión rogatoria enviada por el juez Velasco interesándose por si hay alguna investigación en marcha en este país. Y el fiscal general estadounidense, Eric Holder, ha dejado clara la intención de colaborar con los requerimientos judiciales de otros países, pese a la virulenta campaña encontra emprendida por pesos pesados neocon como John Bolton.
Los abogados en EEUU también se han tomado muy en serio las causas en España. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), la gran ONG de derechos civiles que ha forzado la desclasificación de los memorandos secretos de la CIA, mandó a Madrid durante tres días al investigador Jameel Jaffer, que ha ofrecido todo el apoyo de la organización a los querellantes para que España siga adelante con el proceso.
En EEUU se creará una red de apoyo a la causa de la Audiencia Nacional.
Reclutando abogados
El grupo de Pepper está ahora reclutando abogados para ponerlos también a disposición de la causa y creará una red de apoyo que incluya a activistas y ONG. Él mismo ha redactado el informe que ya está a disposición de la justicia española. "Han sido muchas horas de trabajo pero creo que éste es el caso más importante de mi vida en el avance de la ley internacional de derechos humanos", explica a Público desde Washington, su base de operaciones junto a Londres.
El documento analiza la presunta responsabilidad criminal de Bush y su equipo a partir de los 45 textos oficiales aportados desde la declaración de emergencia nacional, el 14 de septiembre de 2001, hasta los memorandos ahora desclasificados, pero se centra en reforzar el derecho de España a aplicar la jurisdicción universal porque no hay ningún proceso en EEUU.
"Los crímenes que se han cometido son una violación clara de la ley internacional. Se han violado no sólo las obligaciones que la mayoría de naciones se imponen a través de tratados, sino las reglas básicas construidas durante siglos", concluye Pepper.
http://www.publico.es/internacional/224375/juristas/eeuu/senalan/bush/torturas
Favor ver:
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/04/memorandos-sobre-tortura-e.html
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10 comentarios:
Los derechos humanos, globalizados.
En un mundo que asume con naturalidad la globalización de la economía -y de sus crisis- y de la enfermedad -con sus gripes y pandemias-, resulta inquietante que desde los poderes públicos trate de frenarse o entorpecerse la creciente aplicación de la jurisdicción universal, favorable a la globalización de los derechos humanos, bajo protección judicial. Es la única globalización que causa molestias a los poderosos, pero la audacia de su aplicación y la creatividad jurídica de su ejercicio avanza hacia un espacio universal de jurisdicción compartida en interés de la humanidad, para evitar la impunidad de los verdugos y proteger la dignidad de sus víctimas.
En el caso de España, la previsión del legislador de 1985, al declarar competente a la jurisdicción española para conocer de los hechos atentatorios contra los derechos humanos, cometidos fuera del territorio nacional, que tardó más de diez años en ejercerse -contra el dictador Pinochet-, comienza a contemplarse como un peligro desde altos cargos políticos y judiciales, o desde el Ministerio Fiscal, que a veces se olvida de su misión constitucional de "promover la acción de la justicia". Incluso juristas de prestigio abogan por suprimir o reducir por ley esa justicia universal, que no es más que el corolario de la capacidad expansiva de los derechos humanos, que dejan de ser patrimonio del Estado y dominio reservado del soberano para administrar a sus súbditos, sin injerencias externas.
La jurisdicción universal ha roto las fronteras en beneficio de los titulares de los derechos humanos, en el camino hacia un orden público mundial, mediante un poder penal y judicial planetario. Dejar la protección de esos derechos universales en manos del Ejecutivo, para que a través de sus canales diplomáticos inste en los respectivos países infractores la persecución de las violaciones cometidas es, además de antiguo, tan utópico como ridículo. Está demostrado que las vías diplomáticas son utilizadas más bien para presionar en contra de la vigencia de los derechos humanos o para amenazar con que el ejercicio de la jurisdicción universal pueda dar al traste con la venta de armas o el comercio entre Estados.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/derechos/humanos/globalizados/elpepisoc/20090510elpepisoc_1/Tes
CIA Refuses to Turn Over Torture Tape Documents to ACLU Print
Written by Jason Leopold
Friday, 08 May 2009 14:16
By Jason Leopold
The CIA claims the integrity of a special prosecutor’s criminal investigation into the destruction of 92 interrogation videotapes will be compromised if the agency if forced to turn over to the American Civil Liberties Union detailed documents identifying the individuals responsible for destroying the material, the reasons for the purge, and the torturous tactics depicted on the tapes, according to newly released court documents.
In a May 5 letter to U.S. District Court Judge Alvin Hellerstein, Lev Dassin, the acting U.S. Attorney for the Southern District of New York, said the Justice Department recently had discussions with prosecutors working on the criminal investigation into the destruction of the interrogation tapes and was informed that “the production of documents...would conflict and substantially interfere with the [criminal] investigation” into the destruction of the interrogation tapes.
“As the court is aware, the scope of the tapes investigation includes the review of whether any person obstructed justice, knowingly made materially false statements, or acted in contempt of court or Congress in connection with the destruction of videotapes,” Dassin's letter says. “The Government thus respectfully requests that [a previous court order demanding the CIA turn over detailed descriptions of the contents of the destroyed tapes] be withdrawn or otherwise stayed until the tapes investigation has been completed.”
Amrit Singh, an ACLU staff attorney, said the move is “a classic CIA delay tactic.”
In court papers, she said the government is using the criminal investigation “as a pretext for indefinitely postponing” its obligation to produce documents related to the destruction of the videotapes.
“The Government makes no mention of an expected timeline for completion of [Special Prosecutor John] Durham['s] investigation,” the ACLU’s said in court papers. “Nor has Mr. Durham provided a declaration in support of the Government’s position.”
Hellerstein seemed to agree. He pointed out in a two-page order that Durham had not stepped forward to state that his probe would be hindered if documents related to the destruction of the tapes were turned over to the ACLU.
In fact, in a March court filing, Dassin noted that a stay of the contempt motion filed by the ACLU seeking release of the tapes was allowed to expire on Feb. 28 without a request for a continuation – signaling that Durham’s investigation was complete. In January, Durham had indicated in a court filing that he expected to wrap up his probe by the end of February.
Last month, however, Durham questioned the CIA’s former number three official, Kyle “Dusty” Foggo, about the destruction of the tapes. Foggo, who was sentenced to three years in prison for fraud for steering lucrative contracts to a friend, was due to report to federal prison but Durham asked for a delay so he could question him about the tape destruction.
In December 2007, the ACLU filed a motion to hold the CIA in contempt for its destruction of the tapes in violation of a court order requiring the agency to produce or identify all records requested by the ACLU related to the CIA’s interrogation of “war on terror” detainees.
Hellerstein ordered the Justice Department, on behalf of the CIA, to file legal briefs by May 27 justifying the reasons for withholding the documents. He added that those papers should include affidavits, including a declaration from the special prosecutor investigating the tape destruction
Those documents “may include also any reasons why the identity of persons involved in the destruction should not be disclosed,” Hellerstein wrote in a two-page order.
Several weeks ago, Dassin revealed in another court filing that the CIA has about 3,000 documents related to the 92 destroyed videotapes, suggesting an extensive back-and-forth between CIA field operatives and officials of the Bush administration. The Justice Department said the documents include "cables, memoranda, notes and e-mails" related to the destroyed CIA videotapes.
In last week's court filing, Dassin said "those 3,000 records included ‘contemporaneous records,’ which were created at the time of the interrogation or at the time the videotapes were viewed, ‘intelligence record,’ which do not describe the interrogations but contain raw intelligence collected from the interrogations, ‘derivative records,’ which summarize information contained within the contemporaneous records, and documents related to the location of the interrogations, that upon further review by the CIA, were determined not to relate to the interrogations or to the destroyed videotapes.”
The ACLU and the government have jointly proposed that the government describe the contents of the “contemporaneous” and “derivative” records, but not the intelligence records or the “other records that ultimately proved to be unrelated to the interrogations or the videotapes.”
Dassin said the Justice Department intends to turn over additional indexes next month and on May 18 will produce a list of “all contemporaneous records and all derivative records” related to the destruction of the interrogation tapes, but he added that quite a bit of information will be withheld.
In previous court filings, Dassin acknowledged that 12 videotapes, showed Zubaydah and Abd al-Rahim al-Nashiri, the alleged mastermind of the attack on the USS Cole in 2000, being subjected to waterboarding and other harsh methods. The 80 other videotapes purportedly show Zubaydah and al-Nashiri in their prison cells. Some of the videotapes predated the Justice Department’s Aug. 1, 2002 legal memo authorizing CIA interrogators to use 10 torturous methods against “high-value” detainees.
But it's unknown whether the interrogation tapes that predate the Aug. 1, 2002 "torture" depict "enhanced interrogation" techniques not yet approved by the Justice Department.
Last week, the CIA turned over to the ACLU documents that showed CIA interrogators at a secret “black site” prison provided top agency officials in Langley with daily "torture" updates of Abu Zubaydah, the alleged “high-level” terrorist detainee who was waterboarded 83 times in August 2002.
The documents included two sets of indexes [Part I] [Part II] totaling 52 pages that contained general descriptions of cables sent back to CIA headquarters describing the August 2002 videotaped interrogation sessions of Zubaydah. Those cable transmissions included a description of the techniques interrogators had used and the intelligence, if any, culled from those sessions.
The CIA and the Justice Department declined to turn over a more detailed description of the cables it’s field agents sent back to headquarters citing several exemptions under the Freedom of Information Act.
In a two-page letter accompanying the indexes, CIA Associate General Counsel John McPherson wrote that a “senior government official” would submit a declaration on May 22, “that more fully explains the justifications for withholding a more detailed description of the cables.”
Last Updated on Sunday, 10 May 2009 13:53
http://www.pubrecord.org/torture/891-cia-refuses-to-turn-over-torture-tape-documents-to-aclu.html
Unbelievably, there's a growing chorus to let the Bush torture team get off scot-free.
A draft report from the Justice Department’s Office of Professional Responsibility reportedly concludes that the lawyers who drafted the “torture memos” were legally sanctioning illegal interrogation methods. It asserts that they committed lapses of judgment but claims that they should not be prosecuted.
And now, according to the Washington Post, former Bush administration officials have launched a behind-the-scenes campaign to get the Justice Department to soften the ethics report even further.
We can’t hide the truth about torture, and enforcing the law is not a political decision. There must a thorough investigation, and if crimes have been committed, our legal system demands accountability.
Obama Reverses Position on Release of Photos of Detainee Abuse
By Michael D. Shear and Scott Wilson
Washington Post Staff Writers
Wednesday, May 13, 2009 1:25 PM
President Obama will oppose the release of several dozen photos depicting abuse of detainees held in U.S. military custody abroad, reversing his previous position on the grounds that the pictures could inflame anti-American sentiment and endanger U.S. troops.
In announcing the shift today, the White House said in a statement that Obama "strongly believes that the release of these photos, particularly at this time, would only serve the purpose of inflaming the theaters of war, jeopardizing US forces, and making our job more difficult in places like Iraq and Afghanistan."
Justice Department officials told a federal judge late last month that the U.S. government did not intend to fight a court order to turn over a total of 44 photos, which were sought by the American Civil Liberties Union under a Freedom of Information Act lawsuit.
A U.S. attorney was unequivocal in a letter to the judge on April 23: "The parties have reached an agreement that the Defense Department will produce all the responsive images by May 28, 2009."
But White House press secretary Robert Gibbs told reporters yesterday that Obama has "great concern" about the impact that releasing the photos would have on soldiers fighting in Afghanistan and Iraq. Asked whether the Justice Department's decision might be reversed, Gibbs declined to reaffirm the government's intentions. "I don't want to get into that right now," he said, adding a moment later that "I'm not going to add much to that right now."
The administration said today that Obama met last week with White House lawyers and informed them that he did not "feel comfortable" releasing the photos because of the reaction they could cause against U.S. troops and because "he believes that the national security implications of such a release have not been fully presented to the court."
At the end of the meeting, Obama directed the lawyers to object to the release of the photos. He informed Gen. Raymond Odierno, commander of U.S. forces in Iraq, of his decision during a meeting yesterday at the White House.
Gibbs's suggestion yesterday that the administration was reconsidering its position drew immediate criticism from a lawyer for the ACLU. "The suggestion that they may be reconsidering that decision . . . is deeply troubling to us," said Jameel Jaffer, director of the group's National Security Program.
Another ACLU lawyer handling the suit said that the photos will depict a pattern by U.S. officials of improperly treating detainees.
"We expect the government to hold true to their word," Amrit Singh said yesterday. "It is critical that they be released so that the full scope and scale of prisoner abuse can be examined by the public."
Sens. Joseph I. Lieberman (I-Conn.) and Lindsey O. Graham (R-S.C.) wrote Obama last week to urge him to fight the release of the photos.
"The release of these old photographs of past behavior that has now been clearly prohibited can serve no public good, but will empower al-Qaeda propaganda operations, hurt our country's image, and endanger our men and women in uniform," wrote Graham and Lieberman.
Questions about the photos come on the heels of Obama's decision to disclose memos from top Bush administration officials about the use of "enhanced interrogation techniques," which critics consider torture.
The memos have sparked a fierce debate about those techniques, with former vice president Richard B. Cheney accusing the Obama administration of undermining the country's safety by ruling them out of bounds.
The photos also stir memories of images from the former Abu Ghraib prison in Iraq, which fueled a firestorm of controversy about abuse of detainees. The current photos are from other prisons.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/13/AR2009051301751_pf.html
(Re Obama y su decisión sobre las fotos de tortura:)
Lo dije, no lo juzguen por el color, es un miembro del establishment vestido de izquierdista. Sigue siendo el jefe del imperialismo yanqui.
Guantánamo: prisioneros a la deriva
La promesa del presidente Barack Obama de cerrar la cárcel de prisioneros de la guerra de Estados Unidos "contra el terror" en la base naval de Guantánamo, Cuba, corre peligro de incumplirse, porque casi ningún país está dispuesto a recibir a los reos.
Nueva York. La promesa del presidente Barack Obama de cerrar la cárcel de prisioneros de la guerra de Estados Unidos "contra el terror" en la base naval de Guantánamo, Cuba, corre peligro de incumplirse, porque casi ningún país está dispuesto a recibir a los reos.
Los legisladores estadunidenses se resisten a aceptar la radicación en territorio nacional de algunos de los 240 prisioneros a ser liberados. Francia accedió a aceptar a uno que fue absuelto. Activistas continúan presionando para liberar a 17 chinos de la etnia uigur detenidos en la bahía cubana.
El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes (baja) de Estados Unidos ya aprobó el financiamiento de las guerras en Iraq y Afganistán, pero no la partida de 50 millones de dólares solicitada por Obama en el mismo proyecto de presupuesto para cerrar la prisión de Guantánamo y reubicar a sus reclusos.
Congresistas de ambos partidos reclamaron que el gobierno presente un plan para cerrar ese centro de detenciones y que detalle en él qué hará con sus residentes.
Legisladores republicanos dijeron que este problema revela la falta de capacidad de Obama en materia de seguridad nacional, y lo acusaron de poner en peligro a la ciudadanía.
Por eso, propusieron un proyecto de ley dedicado desde su título a "mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos", la cual impediría, de aprobarse, el traslado de prisioneros de Guantánamo a cualquier instalación en territorio nacional, a menos que la aprueben el gobernador y la asamblea legislativa del estado en cuestión.
"Nuestros votantes no quieren a estos terroristas en sus vecindarios", dijo el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, John A. Boehner, del opositor Partido Republicano.
Varios demócratas se han unido a los republicanos diciendo que rechazan a los prisioneros de Guantánamo.
Funcionarios del gobierno no han dicho a dónde serán conducidos los detenidos, pero rechazaron la idea de que los ciudadanos estadunidenses afronten riesgos por el cierre de la prisión, previsto para enero próximo.
"No pondremos en riesgo la seguridad de la población de este país", dijo el fiscal general Eric H. Holder Jr., en una audiencia parlamentaria.
Observadores evaluaron que los legisladores parecen haber dividido los prisioneros en dos grupos: los que fueron absueltos y no suponen amenazas para la seguridad nacional, y los que serán detenidos y procesados en tribunales estadunidenses o que no podrán ser juzgados pero son considerados demasiado peligrosos como para ser liberados.
En la primera categoría figuran los 17 uigures, que, según las autoridades, no suponen ningún riesgo, pero que hace siete años están detenidos en Guantánamo sin cargos en su contra. Un tribunal federal de distrito concluyó en enero que su detención era ilegal.
El tribunal ordenó la liberación de los uigures en Estados Unidos, porque no pueden ser devueltos a China, donde corren peligro de ser torturados, y porque ningún otro país accedió a recibirlos.
Pero un tribunal de apelaciones estadunidense revocó ese fallo, por entender que el Poder Judicial no tiene jurisdicción en cuestiones migratorias y, por lo tanto, carece de facultades para imponer la radicación de los prisioneros en territorio nacional, aunque su detención sea ilegal.
Los abogados de los uigures, algunos de los cuales revistan en el no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales, ya recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia.
En un informe presentado el día 8, la Unión para las Libertades Civiles Estadunidenses (ACLU) se unió a la solicitud del Centro.
"La Constitución requiere que donde un tribunal federal concluya que el encarcelamiento de un detenido es ilegal, el tribunal debe tener el poder para ordenar su liberación", incluso en Estados Unidos, "cuando sea necesario poner fin a la detención ilegal", dijo Jennifer Chang Newell, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
"Que el gobierno retenga indefinidamente a estos hombres contradice la Constitución y amenaza con convertir el habeas corpus en letra muerta", agregó.
Los uigures constituyen una minoría étnica integrada por musulmanes que hablan turco, y son originarios del noroeste chino. Viven en Asia oriental y central. El gobierno de China es acusado de reprimir sus derechos religiosos y sus libertades civiles.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció que dos antiguos detenidos en Guantánamo serán liberados en breve.
Como señaló el presidente francés Nicolas Sarkozy en la reciente visita de Obama a Europa, Francia aceptará a un prisionero radicado en Guantánamo desde 2002.
Lakhdar Boumediene, de 43 años, fue arrestado en 2001 en Bosnia-Herzegovina junto con otros cinco argelinos, bajo sospecha de haber participado en un atentado con explosivos contra la embajada de Estados Unidos en Sarajevo.
Un juez federal estadunidense dictaminó en noviembre que las evidencias contra Boumediene no eran creíbles y ordenó su libertad.
El otro detenido que Estados Unidos aceptó liberar es Ayman Batarfi, cirujano yemenita de 38 años que presuntamente trataba a los heridos de la red extremista Al Qaeda en Tora Bora, Afganistán.
La decisión del gobierno sobrevino como parte de una evaluación caso por caso ordenada por Obama para desalojar la prisión antes de su cierre en enero.
Batarfi declaró en 2005 ante una comisión militar que estaba presente en la batalla de Tora Bora, en 2001, en su carácter de trabajador humanitario. Según la transcripción del interrogatorio a cargo del Pentágono, el prisionero dijo no respetar al saudita Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, a quien calificó de "cobarde".
Éste es el tercer detenido cuya liberación ordena el gobierno de Obama, iniciado el 20 de enero. El primero fue el etiope Binyam Mohammed, devuelto a Gran Bretaña, país donde está radicado legalmente.
En cuanto a la liberación de Batarfi, la decisión del Departamento de Justicia (fiscalía general) se debió a que, según un juez federal, el gobierno había ocultado los antecedentes psiquiátricos de un testigo al que convocó para fundamentar numerosas acusaciones contra prisioneros en Guantánamo.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/05/12/guantanamo-prisioneros-a-la-deriva
Gracias, Pachi, estoy muy atento a la Administracion Obama, muy atento..
La razon por las cuales las fotos no se publican es porque no son tan sensasionalistas como las primeras. Hay que darle tiempo a Obama, el es definitivamente un presidente difereente.
De nuevo, no lo juzguen por el color, es un miembro del establishment vestido de izquierdista. Sigue siendo el jefe del imperialismo yanqui, salido de la misma universidad donde "estudió" Bush...
La CIA utilizó un taladro para interrogar a un jefe de Al Qaeda en 2002
EFE WASHINGTON
La CIA simuló varias ejecuciones para obligar a confesar a sospechosos de terrorismo y utilizó una pistola y hasta un taladro eléctrico durante el interrogatorio a un miembro de Al Qaeda, según un informe citado por The Washington Post. Esas prácticas se detallan en un informe que se prevé salga publicado mañana tras la demanda de la American Civil Liberties Union (ACLU), el mayor grupo de derechos civiles de EE UU.
Según el informe, la CIA usó la pistola y el taladro eléctrico durante un interrogatorio a quien se cree que fue comandante de Al Qaeda, Abd al-Rahim al-Nashiri, capturado en el 2002 y detenido en Guantánamo. Los agentes de la CIA colocaron el taladro en la cabeza de Nashiri y lo encendieron y apagaron en varias ocasiones. Nashiri fue también uno de los detenidos de la CIA sometido a asfixia simulada.
http://www.levante-emv.com/internacional/2009/08/23/internacional-utilizo-taladro-interrogar-jefe-qaeda-2002/623701.html
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