martes, 30 de octubre de 2007

noticias sobre reforma judicial en ciernes

Rama Judicial mira al futuro
Por: Obed Betancourt
EL VOCERO


La Rama Judicial se prepara para enfrentar el envejecimiento, el movimiento y diversidad poblacional, las transformaciones en la composición familiar, el avance de la ciencia y otra serie de asuntos que identificó mediante un estudio que comisionó para crear un plan estratégico con miras a encarar estas necesidades y controversias del futuro. El plan, llamado "Obra de justicia 2007-2011", recoge detalladamente las tendencias y retos que enfrentarán los tribunales, establece la misión y visión de la Rama Judicial y unos imperativos estratégicos, las metas, las estrategias específicas y los resultados deseados en ese periodo de tiempo.

En reunión editorial con EL VOCERO, el juez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton, junto a la directora de la Oficina de Administración de Tribunales, juez Sonia Ivette Vélez Colón, presentaron el plan, que viene a suceder el plan estratégico de 2002-2007, implantado por el entonces juez presidente José Andreu García. El plan "Obra de justicia", sin embargo, es más ambicioso y detallado que el anterior.

Hernández Denton, quien encabezó el comité timón de la Rama Judicial, convocó a una serie de funcionarios de los tribunales para diseñar el plan estratégico, comisión que presidió el CPA Rafael Martínez Margarida, asesor del Juez Presidente, y se asesoró con diversos componentes del sistema de justicia, como fiscales, abogados, alguaciles y, por supuesto, ciudadanos. "La Rama Judicial tiene la ventaja que puede planificar a más largo plazo, contrario a las ramas Ejecutiva y Legislativa, que lo hacen a más corto plazo, porque no estamos sujetos a los cambios electorales", indicó Hernández Denton en la entrevista.

Indepencia judicial como principal objetivo
La comisión identificó las áreas o "imperativos estratégicos" que el plan estratégico debe trabajar. El primero de estos es "fortalecer la independencia judicial", y cuyas metas son promover el compromiso de sus funcionarios con dicha independencia, erradicar las prácticas administrativas que la afecten, ampliar la autonomía fiscal y ampliar su participación en los procesos de renominación y ascenso en la judicatura. Otro imperativo es "mejorar la administración de la justicia", y las metas son atender con rapidez los asuntos y mejorar los servicios de la Oficina de Inspección de Notarías.

El tercer imperativo es "garantizar el acceso a la justicia", las metas son promover el acceso al sistema de justicia, brindar trato equitativo a las personas, mejorar la capacidad de los tribunales para atender asuntos sensibles y propiciar un mejor entendimiento sobre el funcionamiento de la Rama. El cuarto imperativo es "desarrollar la competencia y capacidad de su capital humano", y se busca mantener educado a su personal y promover y reconocer su excelencia. El quinto imperativo es "propiciar el fortalecimiento institucional y de las estructuras de apoyo".

Primeramente, sin embargo, el Poder Judicial debe establecer con claridad, su misión y visión. "Impartir justicia, resolviendo los casos, controversias y conflictos que se presentan ante su consideración, con independencia, diligencia, sensibilidad e imparcialidad, garantizando los derechos constitucionales y las libertades de las personas", indica el plan sobre la misión. La visión establece que la Rama Judicial "será accesible a toda persona, diligente en la adjudicación de los asuntos, sensible a los problemas sociales, innovadora en la prestación de los servicios, comprometida con la excelencia administrativa y su capital humano, y acreedora de la confianza del pueblo".

Pero el plan estratégico supone una idea clara de la realidad que enfrentará, los llamados "escenarios previsibles", como es el envejecimiento de la población y su mayor longevidad, que aumentará las controversias relacionadas con la prestación de servicios a los envejecientes, especialmente en áreas como salud y bienestar social, reclamaciones por pensiones, etc. Igualmente al identificar el movimiento poblacional de áreas urbanas y rurales le permitirá al Poder Judicial revaluar la distribución de sus recursos e incluso la localización de los centros judiciales. La mayor diversidad poblacional y cultural prevé un aumento en la litigación en torno a los derechos de los migrantes, y de sectores marginados o discriminados, como son los de género, impedimentos físicos y mentales y homosexuales y lésbicos. Igualmente se prevé que las transformaciones en la composición familiar impactará la naturaleza de las controversias en el derecho de familia y menores, lo cual puede implicar incluso el aumento de estas salas especializadas, además de prestar mayor atención a problemas como la violencia doméstica, para lo cual ya han empezado a destinar salas especializadas. Un claro ejemplo de una novedosa controversia de familia es el caso de William Elías, indicó Hernández Denton.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología influyen en los procesos evidenciarios de los tribunales y en los métodos de investigación y el mayor uso de la tecnología por la población hace revisar a la Rama Judicial sus procesos administrativos y judiciales. "Los desarrollos tecnológicos han ampliado a su vez los debates sobre el alcance del derecho a la intimidad, lo que ha motivado nuevos enfoques en materia constitucional", se indica en el Plan.

Otros asuntos que los tribunales esperan que cause impacto en la litigación son los que acarrea la sindicación pública; la diversidad religiosa, cuyo abanico se ha abierto y se esperan debates en torno a los límites del Estado frente a la libertad de culto; y un mayor reclamo sobre la protececión de los recursos naturales. Para estas controversias los jueces deben estar preparados.

Ajustes ante situación económica
Por otro lado, el Poder Judicial se prepara para una mayor demanda de servicios y aumento en la litigación, desarrollando métodos alternos de resolución de conflictos. También se prepara para enfrentar la inestabilidad de las finanzas gubernamentales, dando atención al control de gastos, incentivar la eficiencia y revisar sus propias estructuras administrativas. Igualmente, preocupa a la Rama Judicial el alza en el costo de los procedimientos legales y en ese sentido se está dirigiendo a facilitar los servicios legales gratuitos y la presentación de recursos por derecho propio (pro se).

Hernández Denton indicó que no está ajeno a las demandas salariales y de mejores condiciones de trabajo que se realizan en la Rama Judicial, y en estos años ha atendido las mismas con dos aumentos de $150 mensuales a sus funcionarios.

http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=102021

Prioritaria mayor independencia fiscal
Por: Ivis M. Negrón Pérez
EL VOCERO


La Rama Judicial cuenta con un borrador de proyecto de ley que busca ampliar su autonomía fiscal y evitar que se su estabilidad económica se vea afectada, como ocurrió durante la crisis presupuestaria del Gobierno el año pasado.

La medida, que será presentada a la Legislatura, es parte del plan estratégico que acaba de estrenar la Rama Judicial y que el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, presentó en exclusiva a EL VOCERO.

"Estamos buscando autonomía en el manejo de los fondos que nos corresponden", dijo el Juez Presidente, al insistir en su llamado a las otras ramas de Gobierno para que se le otorgue un mayor control sobre las partidas que se le asignan. Hernández Denton señaló que existe ambiente en la Legislatura para atender un proyecto como el que impulsa, y que los problemas que provocó el cierre gubernamental en el 2006 le dan la razón sobre la necesidad de fortalecer esa autonomía.

Ya esta rama cuenta con la autonomía presupuestaria, que se le concede a través de una fórmula que parte del total del presupuesto general del Gobierno. Pero, la Judicatura depende de las transferencias que le hace el Departamento de Hacienda como custodio del erario público. Durante la crisis presupuestaria, a pesar de que la Rama Judicial operaba dentro de su presupuesto, Hacienda retuvo sus remesas para los últimos dos meses del año fiscal. La legislación que propondrán pretende que la Rama Judicial pueda hacerse cargo de sus cuentas y que se establezca un mecanismo de cómo se le transferirá el dinero durante el año fiscal, explicó la directora de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez. Para el año fiscal corriente, el presupuesto de la OAT ascendió a $324 millones.

Una de las estrategias que contiene el plan para fortalecer la autonomía fiscal es ampliar su base de ingresos propios. La única manera fija de ingresos que tiene la OAT es el cobro de aranceles, que el año pasado generó unos $6 millones. Sin embargo, el proceso de ingresar los dineros producto del pago de aranceles es muy lento. Así que Hernández Denton confía en la aprobación de una medida en discusión legislativa para digitalizar los aranceles, que permitiría que el pago se registre automáticamente con el uso de tarjetas electrónicas. Además, el organismo ha puesto su empeño en la preparación de propuestas federales para la implantación de programas novedosos, como la sala de violencia doméstica, las cortes de drogas y los proyectos de inmigración.

El plan destaca entre sus proyectos prioritarios el inicio de la construcción de nuevos Centros Judiciales para Caguas y Aibonito, y continuar las mejoras al Negociado de Investigaciones Especiales y a la sede del Tribunal Supremo. También apunta hacia la inversión y adiestramiento en el área de tecnología, un recurso que dará agilidad al sistema. Ya se completó la fase que permite la compatibilidad tecnológica entre las secretarías de los centros judiciales, pero el plan pretende que éstas también realicen notificaciones de órdenes, resoluciones y sentencias de forma electrónica.. La Cámara de Representantes aprobó otro proyecto que dará paso a la digitalización del programa de la Oficina de Inspección de Notaría.

Vélez indicó que la OAT ha comenzado la evaluación del sistema de Clasificación y Retribución del personal que compone la Rama Judicial, un total de 5,300 trabajadores. El estudio debería completarse para el año 2010, indicó la administradora de la OAT. Al reclamo de los alguaciles de la rama que reclamaron aumentos de $500, Hernández Denton respondió que en los pasados dos años los empleados recibieron aumentos de $300.

http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=102023

nota de rof

nos complace que estas informaciones se hayan producido y que coinciden con aspectos reseñados en la segunda parte/entrada de nuestra serie 'Restaurando la justicia'. Adelantamos que la tercera parte/entrada está en camino de entrega.