Las críticas al llamado enfoque neoliberal de la educación superior no son nada nuevo.
En esencia, la acusación es que los administradores universitarios, seducidos por el "gerencialismo", han renunciado a defender un sistema de educación financiado con fondos públicos. En cambio, se han postrado en el altar de la privatización y, han afectado adversamente a los estudiantes y al personal por igual. Para taparlo todo, no dan importancia a los valores fundamentales de la academia y se contentan con ver la investigación (desde una perspectiva míope y "monetarizada") científica y subestimado la enseñanza humanística.
El profesor Christopher Newfield niega que haya existido una gran conspiración, identifica una "larga secuencia de opciones políticas anti-igualitarias". Se explican mediante un "ciclo de declinación" de ocho etapas. Las diferentes etapas van desde subsidios a patrocinadores privados, a través de aumentos en las tasas de matrícula, hasta recortes en la financiación que afectan particularmente a ciertos grupos minoritarios y desfavorecidos de la sociedad.
Newfield sostiene que la política neoliberal ha hecho a las universidades públicas vulnerables a los recortes de fondos. Las incómodas reflexiones de Newfield sobre el subsidio de la investigación y el deseo a veces insaciable por parte de los administradores de las universidades de posicionar mediante un valor (precio) de mercadotecnia el prestigio de sus instituciones son igualmente estimulantes a su descripción (antítesis) de las capacidades ideales que las universidades deben tratar de desarrollar en sus estudiantes.
Para tomar sólo un ejemplo, hay la opción de si las tasas de matrícula deben continuar siendo financiados en gran parte o completamente del presupuesto público. Se debe en parte a que las universidades públicas han sufrido años de recortes de fondos estatales. Pero también es porque los administradores y los políticos han abrazado una fascinación por mucho tiempo por un modelo de financiación privada que realmente no funciona.
Un doloroso ejemplo es el recorte propuesto de 18 por ciento de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que han afirmado que no perjudica la investigación, ya que se centra principalmente en recortar los gastos generales a las universidades. Un 18 por ciento de un presupuesto suena catastrófico.
Lo mismo ocurre con las universidades públicas: pocas no han tenido un recorte de esa escala en algún momento de los últimos 25 años, y todavía menos han admitido que esas pérdidas perjudican la calidad educativa.
¿Se mantendrían despiertos los ciudadanos desvelados por un recorte del 18 por ciento para la investigación médica?
Los directores de investigación responden que sería terrible: la Fundación Nacional de Ciencias, por ejemplo, ha dicho que los recortes propuestos ponen en peligro la economía, ya que "la mitad del PIB se debe a las inversiones en ciencia y tecnología".
Cuatro de cada cinco solicitudes terminan sin fondos, con resultados presumiblemente valiosos para el conocimiento médico posiblemente perdidos o al menos severamente atrasados.
Tales argumentos podrían funcionar para replantear el problema presupuestario de las universidades públicas si los votantes entienden que la ciencia necesita fondos públicos para llegar al público como beneficios, medicinas y adelantos. Pero el hecho desafortunado es que se ha comunicado de otra manera por muchos años. Las universidades y los políticos han enseñado a los votantes en general que las universidades pueden y harán frente a recortes de la financiación pública encontrando flujos de ingresos alternativos, casi todos privados, sugiriendo que se maravillen de sus proezas empresariales: han aumentado la matrícula más allá de la inflación, han buscado donaciones privadas, han formado asociaciones de investigación, subvencionado empresas de tecnología, subcontratado nuevos edificios con promesas de futuros ingresos de arrendamiento de empresas privadas, etc. Sí, los recortes son una vergüenza, las universidades parecen decir, pero los recortes no han dañado nuestra excelencia en absoluto. Y luego, es cosa de mal empleo de un sentido común generalizado: si no se ha perdido gran cosa pues se justifican los recortes. sin embargo este argumento es una falacia.
Tales declaraciones le dicen al mundo que el núcleo educativo público es un gasto de dinero mientras que el negocio universitario (un concepto que realmente es más un alegato o hasta una elucubración burguesa que una realidad) significa ganancias. Esto socava la comprensión de los electores sobre el papel especial que desempeña la financiación pública en las actividades de bien público como la enseñanza y la investigación universitaria, en las que pocos de los beneficios pueden captarse como beneficios monetarios de la institución. Agregando a la confusión, los administradores de la universidad insisten que su misión permanece igual.
Dado que la medicina es el icono del conocimiento transformado en negocio, ¿por qué no debemos recortar el apoyo tributario y sustituirlo con donaciones de empresas farmaceúticas?
El primer principio neoliberal del sector privado para la universidad pública es que la financiación privada sirve al interés público. Y la respuesta lógica es, en gran medida, deja que el interés público se defina por lo que el consumidor privado está dispuesto a pagar, en otras palabras que el concepto universitario sea un concepto de mercado.
El segundo principio pos-público es que el valor del conocimiento es importante si tiene valor de mercado que puede medirse como un retorno de la inversión. Aunque la mayoría de los académicos negaría esto en teoría, las universidades se adhieren a este criterio como la teoría en uso. Las instituciones de educación superior se han vuelto dependientes de argumentos de retorno sobre la inversión, aunque para ser honestos debemos estar conscientes de que es una máxima incuestionable que por ejemplo, la ciencia fundamental tarda décadas en generar lo que ellos llaman "ganancias".
Las universidades y funcionarios políticos han postulado que la ciencia tiene valor porque genera ganancias. Los cálculos de retorno de la inversión se usan para calibrar valor de uso científico, mérito intelectual y beneficios a largo plazo para la sociedad.
Si un proyecto no puede obtener patrocinio corporativo, probablemente no merece ser financiado, es el dorso del mensaje. Esta declaración ignora la distinción analítica entre una función pública de investigación para beneficio público y una investigación de financiamiento de negocios para su propio beneficio. Para propósitos de política neoliberal, toda buena ciencia debe tener un retorno positivo sobre la inversión y la calidad se puede medir por los rendimientos pecuniarios, es el neoliberalismo aplicado a las universidades.
Nuevamente, pocas personas aceptarían tal afirmación como una teoría económica válida, y ya los economistas desacreditaron este tipo de teoría en los años cincuenta. Pero la política engaña mediante discursos falsos pero oportunos para convencer que el valor intelectual puede medirse como valor de mercado. El prestigio monetario de las fuerzas del mercado, trabajando con la desinformación, evitan que se investiguen y estudien asuntos inútiles que no son "rentables". Por lo tanto, muchos asumen que si una universidad hace buena ciencia, entonces hace dinero, y podemos obtener un mayor retorno de la inversión universitaria: es una cuestión totalmente apropiada dentro del paradigma neoliberal del conocimiento público, ya que trata la financiación pública como la financiación privada y la juzga por los rendimientos pecuniarios.
De acuerdo a esta teoría las universidades gastan en asuntos periféricos como un pago de bonificación. Todos los recortes propuestos significarían, entonces, que reducirán los beneficios de la universidad.
Los costos indirectos son la infraestructura, no es grasa superflua. Costean las instalaciones y la administración que apoyan la investigación, que no podría tener lugar sin el personal, edificios, servicios públicos y todo lo demás que alberga la universidad. Todo esto cuesta más de lo que cualquier patrocinador de investigación quiere pagar. Por lo tanto, la realidad es que las universidades pierden dinero en costos indirectos.
Las universidades pagan en promedio más de 20 centavos de sus propios fondos institucionales para apoyar cada dólar de investigación. Un estudio de Nature confirmó una gran brecha entre la necesidad calculada y los reembolsos reales: "La tasa negociada promedio es de 53 por ciento, y la tasa promedio reembolsada es de 34 por ciento" - una diferencia de casi 20 puntos. Doscientos millones de dólares de gastos de investigación en una universidad cuesta a esa universidad $ 40 millones de su propio dinero.
"Perdemos dinero en cada pieza de investigación que hacemos", comenta Maria Zuber, vicepresidenta de investigación del Massachusetts Institute of Technology.
Tenemos que enfrentar el hecho de que las universidades han tratado los costos de investigación como un secreto comercial: ni los miembros del cuerpo docente, ni los legisladores, ni el público saben que la ciencia pierde dinero para las universidades o cuánto.
El estudio Nature obtuvo sus datos únicamente a través de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información. Las universidades públicas tratan las tasas reales de reembolso y el gasto de la misma manera que las empresas privadas - como propietarias.
¿Por qué las universidades no revelan información financiera que pudiera mejorar sus argumentos en favor de una financiación estable o incluso mayor?
La costumbre y el miedo a la reacción juegan sus papeles. Pero el factor decisivo es el marco del sector privado. Los funcionarios universitarios tratan la investigación como una actividad empresarial que se maneja como si fuera comercial. Las universidades están atrapadas en la trampa de la privatización que construyeron, y que será difícil de desarmar. Pero la deben desarmar.
Los elementos pueden resumirse. Primero, las universidades deben ir más allá de las categorías de informes para analizar y divulgar cómo usan los fondos. Esa divulgación hará que la sospecha y el resentimiento se conviertan en ira y recriminación. Pero es normal cuando se restablecen los asuntos que han sido removidos de la vida de una comunidad, y se necesita resolver varios agravios. Hasta que la revelación y la discusión ocurran, la mayoría de la gente continuará asumiendo que mucho puede ser cortado.
En segundo lugar, las universidades deben admitir que el viejo acuerdo terminó, y pedir un nuevo acuerdo. Deben solicitar una cobertura completa de los costos indirectos. Exigiendo que los patrocinadores dejen de esperar que las universidades los subvencionen con menos dinero de lo que realmente cuestan para evitar extraer cada vez más de los estudiantes.
Lo más importante es que las universidades deben adoptar la definición de investigación pública y educación superior que convierte las inversiones en ganancias públicas. Las universidades pierden dinero para beneficiar a toda la sociedad. Se pide legítimamente al Estado que pague por bienes comunes y bienes públicos.
Las universidades han intentado una privatización "suave" de los ingresos. Eso no ha logrado estabilizar las finanzas universitarias y ha mal educado a la gente sobre el valor social de la universidad. Las universidades también han desperdiciado el fundamento filosófico y social de sus beneficios públicos perdiendo mucha buena voluntad general de parte de la gente.
Pero no es demasiado tarde, para empezar a decir la verdad, toda la verdad. -pachi/ROF
Arte de Sara Ramos Sepúlveda, egresada de la UPR.
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