Puerto Rico; tras 50 años...

Ingeniero, profesor y servidor público. Roberto Sánchez Vilella fue el segundo gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico (su término fue de 1964-1968). Fue el último gobernador en dirigir el gobierno sin incurrir en deuda insostenible. Con la elección del primer gobernador estadista, Luis Ferré en 1968, la estrategia cambió hacia aumentar la dependencia de fondos federales y en utilizar el mecanismo del apalancamiento financiero para aumentar la cantidad de fondos destinados a la inversión pública.
"..El problema ha sido que, por décadas, se ha vivido endeudando las generaciones futuras y esto ya se acabó. No es posible”, explicó el economista Ramón Cao.
Se refiere a todos los gobiernos a partir de la administración de Roberto Sánchez Vilella (1964- 1968). Según Cao, esa fue la última administración que pudo cerrar sus presupuestos con sobrantes de manera recurrente.
Desde entonces, la práctica, en mayor o menor grado, ha sido tomar dinero prestado para cubrir los gastos ordinarios.
Sánchez Vilella renunció a la pensión a la cual tenía derecho como gobernador, y en su lugar, se quedó con una pensión más baja como servidor público, que complementó con un trabajo posterior como catedrático en la UPR.
Entre su obra destaca la Ley de la Universidad de Puerto Rico, que garantizaba 9.6% del total de ingresos del Gobierno para la institución académica y que creó mecanismos para dar mayor participación y autonomía a la comunidad universitaria. Durante su incumbencia, Sánchez Vilella también creó la Comisión de Derechos Civiles, propulsó la creación de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automoviles (ACAA), y destinó fondos para impulsar el transporte colectivo público a través de la creación de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).
Aunque en los sesenta el término gobernanza no era utilizado, su proceso directivo estuvo enmarcado en el mismo, se caracterizó por un estilo administrativo en el que la eficiencia y la excelencia eran esenciales, y por la importancia que dio a la participación del pueblo en los procesos decisionales.
De eso hacen 50 años.
La mayoría de los países del mundo dependen de la deuda soberana para financiar su gobierno y economía. Cuando la deuda pública se usa con moderación, puede posicionar una economía para crecer más rápidamente.
La sabiduría económica convencional dice que los gobiernos deben enfocarse en la relación entre la deuda pública y la economía en general, o el producto interno bruto.
La relación deuda / PIB está diseñada para determinar si un país tiene demasiada deuda. La relación deuda / PIB es una ecuación con la deuda bruta de un país en el numerador y su producto interno bruto (PIB) en el denominador. Por lo tanto, una relación deuda / PIB de 1.0 (o 100%) significa que la deuda de un país es igual a su producto interno bruto. Una alta relación deuda / PIB no es necesariamente mala, siempre y cuando la economía del país esté creciendo, ya que es una forma de utilizar el apalancamiento para mejorar el crecimiento a largo plazo. El problema es que la economía de Puerto Rico se ha estancado o está disminuyendo.
Estas no son ideas teóricas: un país con una relación de deuda pública / PIB superior al 80% enfrenta riesgos catastróficos, de manera que una relación de deuda pública / PIB mayor a 50% es de sumo cuidado, en cambio, una relación deuda pública / PIB inferior al 40% es buena, e incluso mejor si la relación de deuda está cayendo.
La crisis de la deuda pública puertorriqueña es una crisis financiera donde la supuesta deuda pública (las cifras no han sido auditadas) es aproximadamente igual al 68% del producto interno bruto (PIB) de Puerto Rico, la situación económica se está hundiendo, y no hay crecimiento ni asomos de cambios positivos.
El problema fundamental con Ley PROMESA y la Junta de control fiscal: para empezar, la administración o gerencia de la deuda pública es el proceso de establecer y ejecutar una estrategia para administrar las finanzas de los gobiernos a fin de aumentar el crecimiento económico.
Según lo manifestado por todas las principales organizaciones económicas (Banco Mundial, FMI, OCDE, etc.) es virtualmente imposible salir de una gran crisis financiera como la que sufrimos en Puerto Rico si no logramos reactivar nuestro motor económico.
Hasta este momento, y precisamente ahora, todo lo que la Junta de Control Fiscal ha propuesto va en contra de nuestro crecimiento económico, la Junta de modos abusivos, careciendo de transpariencia real y participación democrática han sido poco inteligentes en insistir en imponer medidas que empeoran nuestra situación.
Toda la controversia de la derogación de la Ley 80 (incluyendo la complocidad de RR) ilustra la ausencia de credibilidad de la Junta de control fiscal, mediante "mollero" proponen una medida que en absolutamente nada afecta positivamente las finanzas públicas y fracasan miserablemente en poder explicar sus motivaciones reales (lo que, sin dudas, fomenta sospechas razonables de motivaviones indignas).
Podemos afirmar que la Junta está cavando un hoyo mucho más profundo en lugar de proponer soluciones, un hecho que los datos recientes revelan.
Una pregunta importante es: ¿comprenderá un foro judicial adecuado que la Junta está fallando, incumpliendo sus obligaciones fiduciarias y siendo extremadamente negligente, y debido a esta realidad innegable merece ser removida de sus funciones de autoridad ...?
En este momento histórico, con la isla al borde de un caos económico mayor y tal vez destructible de generaciones venideras, ¿podemos darnos el lujo de esperar y ver de dónde la Junta pretende sacar el conejo, o estamos obligados a defender nuestro presente y futuro ...?
¿Qué haría o sugeriría Roberto Sánchez Vilella si estuviera entre nosotros frente a estos terribles dilemas ...?

NotaEd.: Varias y diversas fuentes han sido consultadas, edición y redacción adicional por pachi / ROF