El American Civil Liberties Union(ACLU), el Caucus Asiático de Leyes (ALC) y el periódico San Francisco Bay Guardian presentaron una demanda contra el FBI debido a que esa oficina no ha respondido a un pedido de información de hace cinco meses sobre su investigaciones a grupos islámicos en el área de la bahía de la occidental ciudad de San Francisco.
Los grupos buscan detalles de cuánta vigilancia ha realizado el FBI desde 2005 en mezquitas y centros islámicos, así como información sobre el reclutamiento de niños musulmanes en edad escolar para el Programa de Agentes Junior de la oficina.
"El FBI debería concentrar sus recursos en objetivos para los cuales cuente con hechos específicos que apoyen una razonable sospecha de actividad criminal, en vez de usar informantes encubiertos para espiar a personas en sus lugares de adoración", dijo a IPS la abogada responsable de la ACLU en el oriental estado de Carolina del Norte, Julia Harumi Mass.
"La demanda que hemos presentado procura obtener los registros, de manera que nosotros y el público podamos evaluar si las políticas y prácticas del FBI protegen la seguridad nacional sin socavar las libertades civiles", señaló.
Sin embargo, el FBI asegura que no necesita contar con sospechas para iniciar una investigación.
En una carta a los senadores Dick Dubrin y Patrick Leahy, del gobernante Partido Demócrata, enviada el 28 de julio tras el testimonio del director del FBI, Robert Mueller, ante la Comisión Judicial de la cámara alta del Congreso legislativo, la agencia explicó que no estaba obligada tener sospechas para iniciar un procedimiento de vigilancia, según sus propias reglas operativas.
"A la inteligencia le dio un ataque de locura", dijo Shahid Buttar, director ejecutivo del Comité para la Defensa de la Carta de Derechos (BORDC, por sus siglas en inglés). "El FBI está diciendo que puede iniciar una investigación sin tener una razón".
"Esto constituye un drástico paso atrás en la historia de los derechos civiles" de Estados Unidos, sostuvo.
"El FBI admitió lo que sabíamos desde el principio, que la agencia está autorizada a investigar sin contar con ninguna sospecha", dijo por su parte Nura Maznavi, consejera del Programa para Combatir la Persecución Racial y Religiosa de la organización Defensores Musulmanes.
La ACLU, el BORDC y Defensores Musulmanes acusan al FBI de basarse en la raza y en la religión para decidir el inicio de una pesquisa, lo que deriva en una persecución contra árabes y musulmanes.
No obstante, Mueller le aseguró al Comité Judicial del Senado que la raza y la religión no eran los únicos criterios para investigar a una persona u organización.
Maznavi y Buttar acusaron al FBI de iniciar pesquisas en hogares y sitios religiosos musulmanes denominadas "expediciones de pesca general", en procura de datos sobre otros miembros de la comunidad.
El FBI también visita a personas en sus empleos, dijo Maznavi, y señaló que esa práctica afectaba la reputación de las personas en su lugar de trabajo.
La agencia además envía frecuentemente informantes a mezquitas, indicó Maznavi, y citó dos casos destacados en los estados de California (oeste) y Florida (sudeste). Esa práctica provoca sospechas entre los fieles y promueve el temor en la comunidad, indicó.
La base del argumento del FBI no está clara. La Cuarta Enmienda de la Constitución protege a los ciudadanos contra vigilancias y confiscaciones sin una razón. Expresamente establece que las órdenes judiciales de arresto y de embargo deberán estar respaldadas por una causa probable.
La oficina de ACLU en Carolina del Norte fue la que realizó el primer pedido de respuestas al FBI en marzo, amparándose en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Los demandantes esperan persuadir a la justicia de que obligue al FBI a divulgar los registros de inmediato.
"Esta demanda tiene que ver con la transparencia", dijo Somnath Raj Chatterjee, abogado que trabaja en forma honoraria para las organizaciones no gubernamentales.
En 2009 se reveló que el FBI había usado a informantes y "agentes provocadores" (que instigan a cometer un delito) en mezquitas. La comunidad musulmana estadounidense señaló que esta noticia enviaba un mensaje devastador a los líderes comunitarios e imanes que habían trabajado en forma diligente para impulsar un mayor entendimiento entre las agencias del orden y sus comunidades.
Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, el Departamento de Justicia comenzó a acorralar a árabes y musulmanes, muchas veces incluso confundiéndolos con personas de la religión sij, de Asia meridional.
En los meses siguientes a los ataques, unas 5.000 personas fueron detenidas sin acusación formal, la mayoría sin que se les permitiera acceder a sus abogados o a familiares. Ninguna fue juzgada ni sentenciada. Algunas, a quienes se les había vencido al visa o habían cometido otras infracciones, fueron deportadas.
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