Grupos de derechos civiles demandaron al Gobierno de Barack Obama por un programa que afirman intenta asesinar ilegalmente a ciudadanos estadounidenses que se cree son militantes viviendo en el exterior, como el clérigo anti Washington Anwar al-Awlaki.
La organización American Civil Liberties Union (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales presentaron una demanda en nombre de Nasser al-Awlaki, el padre del clérigo musulmán, argumentando que los asesinatos planeados violan la Constitución estadounidense y las leyes internacionales.
Las autoridades estadounidenses relacionaron al clérigo con el fallido intento de hacer estallar una bomba en un vuelo comercial el 25 de diciembre del 2009 y con un mayor del Ejército que disparó contra sus colegas el año pasado, matando a 13 personas, en Fort Hood, Texas.
No se presentaron cargos públicamente contra al-Awlaki, quien nació en Estados Unidos pero abandonó el país a fines del 2001. Se cree que se encuentra en Yemen, donde la red Al Qaeda ha crecido.
"Un programa que autoriza el asesinato de ciudadanos estadounidenses, sin una supervisión judicial, un debido proceso o normas conocidas es inconstitucional...", dijo Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.
El Consejo de Seguridad Nacional del presidente Obama autorizó este año a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para matar a al-Awlaki, dijeron funcionarios.
Autoridades de la Casa Blanca dijeron también que estadounidenses que luchan con grupos como Al Qaeda son "blancos legítimos" para ataques letales.
El Gobierno declinó realizar comentarios sobre la demanda presentada por los dos grupos, pero dijo que la administración tiene el derecho de usar la fuerza para defender al país y derrotar a Al Qaeda.
"Estados Unidos tiene cuidado en asegurarse que todas las operaciones utilizadas contra esas fuerzas, incluidas las operaciones letales, cumplan con las leyes pertinentes, incluso las leyes de guerra", dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller.
"Este Gobierno está usando todas las medidas legales disponibles para derrotar a Al Qaeda, y continuaremos haciéndolo mientras sus fuerzas sean una amenaza para esta nación", añadió.
Los grupos por los derechos civiles argumentaron que los estadounidenses acusados de delitos deberían ser juzgados en una corte según lo establece la Constitución y que podrían ser un blanco sólo si existe una amenaza inminente y no hay otras vías de evitarlo.
Los grupos dijeron que las personas señaladas están lejos de los campos de batalla como Irak o Afganistán, lo que socava la justificación del Gobierno.
Pidieron que un juez federal emita una orden para evitar que el Gobierno mate a al-Awlaki y que lo obligue a revelar públicamente el criterio para determinar quién puede ser un blanco.
El portavoz de la CIA George Little dijo: "Esta agencia actúa de acuerdo estrictamente con la ley estadounidense".
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