Puerto Rico No Se Vende

Inspirados en el canto de resistencia comunitaria de los esforzados compañeros de Santurce que fueron de los primeros en recibir el embate de la ola de expropiaciones y exclusión social, los compañeros del Taller de Derechos Civiles de la Escuela de Derecho de la UPR se esfuerzan en desarrollar una magna actividad que adelante la causa de la justicia social y el derecho a la vivienda en Puerto Rico.

PUERTO RICO NO SE VENDE

El objetivo ahondar nuestros conocimientos y debates sobre los procesos injustos asociados a abusos de expropiaciones, el trato sistemáticamente discriminante y escalar el movimiento de solidaridad para defender nuestras comunidades.

R E S U M E N
El objetivo es la celebración de una serie breve de conferencias en torno a temas asociados al derecho a la vivienda, contando con la participación de representantes de la organización Institute for justice , estudiantes de derecho, grupos de defensa legal de intereses públicos tales como Pro Bono Inc. más participación ciudadana tal como representantes de comunidades implicadas, Prensa comunitaria y líderes comunitarios.

Trasfondo general
El derecho a la vivienda significa que cualquier ciudadano pueda acceder al uso de una vivienda digna de acuerdo con su modo de vida. Desde el punto de vista cualitativo debe ubicarse en un entorno que permita condiciones de vida adecuadas, y acceso a la formación, servicios y oportunidades de empleo, en barrios integrados urbana y socialmente, en un medio sostenible. La política de vivienda no puede, por tanto, entenderse dentro de una política urbanística que implique la exclusión social.
Un tema a debatir es el derecho al alojamiento de las familias y el derecho a la ciudad de los ciudadanos, entendiendo la vivienda como elemento prioritario de la ciudad.
Las necesidades de vivienda se están produciendo en las ciudades, no tanto por crecimiento demográfico como por cambios en el tamaño familiar, de las pautas de comportamiento social y en la demanda de tamaño de vivienda por habitante, que permiten prever una fuerte expansión en el número de viviendas en las próximas décadas. La política de vivienda debe centrarse en la mejora de las comunidades residenciales existentes, evitando la degradación de edificios y viviendas vacías.
Debe favorecerse el debate sobre las características de la previsible demanda de vivienda a medio y largo plazo y analizar la viabilidad de satisfacerla, en la mayor medida posible, mediante la rehabilitación del universo residencial existente y la reurbanización de áreas dando mayor diversidad y optimizando la utilización de la infraestructura existente o facilitando su modernización en caso necesario.

Trasfondo específico.
Un tema de debate es la necesidad de atemperar los movimientos de expropiaciones de espacios para ser destinados a usos que resultan ser de provecho privado mediante el subterfugio del concepto de desarrollo económico. Este debate debe contemplar el rol que corresponde al sector de los representantes legales del interés público en su lucha por detener este fenómeno discriminante.
Es necesario favorecer el debate sobre la vivienda y la sostenibilidad, analizando posibles actuaciones en favor de la mejora del universo residencial existente y no de las nuevas construcciones que producen la exclusión social y un recrudecimiento de la criminalización de la pobreza.

Fechas clave
15 de noviembre de 2007: Conferencia con estudiantes y facultad.
17 de noviembre de 2007: Conferencia con comunidades, organizaciones legales y de participación ciudadana.

Temas de debate sobre el derecho a la vivienda: expropiaciones, derechos y reclamos económicos y propuestas constitucionales:
1. Abuso del dominio eminente. IJ hizo recientemente un estudio que demuestra que las minorías y los sectores económicamente perjudicados son más propensos al abuso del dominio eminente. También han litigado un caso de los derechos de propiedad en California que implica a un club de boxeo para la juvetud y sin fines de lucro en la ciudad (sobre todo juventud hispana).
2. Los incentivos financieros del abuso del dominio eminente: destacando cómo el abuso del dominio eminente implica inevitable transferencias de capital de los pobres a los ricos, y generalmente por ejemplo grandes tiendas en cadena y condominios de lujo.
3. Tendencias recientes en ley constitucional y estatutaria federal y del estado. Que los derechos de propiedad federales y la jurisprudencia de Puerto Rico beneficia a los grandes intereses económicos y demendan cambios estatutarios para prevenir abuso del dominio eminente. Después de Kelo, IJ hace encabezado una de las respuestas estatutaria (reformas constitutcionales a la ley de expropiación) más comprensiva en la historia moderna.
4. Cómo las ciudades pueden fomentar el desarrollo moderno sin usar el dominio eminente para ganancias privadas exclusivamente.
5. Finalmente, fuera de los derechos de propiedad, IJ también litiga el derecho de ganar una vida honesta. Éste es parte del debido proceso substantivo bajo la enmienda 14. Hay muchas regulaciones económicas, que no responden a ningún propósito público legítimo. Estas leyes son típicamente el resultado de los intereses especiales que representan una industria que cabildea para leyes que eliminen la competenciae y permiten que el cártel de los sostenedores de licencia practique precios altos más elevados. El impacto de leyes que licencian irracionalmente y de regulaciones dificulta notablemente la capacidad de pequeños empresarios de pocos recursos económicos intentando conseguir un negocio simple. En IJ litigan casos para reestablecer el derecho de ganar una vida honesta libre de regulaciones que no responden a ningún propósito legítimo. No creen que es constitucional utilizar al gobierno para ayudar a hacer intereses especiales más ricos excluyendo a competidores.
- sugerencia inicial de Jeff Rowes de IJ.

Además habremos de abordar prioritariamente:
1- Una visión crítica de la propuesta constitucionalización de la autonomía municipal y los peligros que encierra según propuesta.

2- La necesidad urgente de una limitación al derecho de expropiaciones para fines de desarrollos privados mediante el subterfugio del alegado desarrollo económico.