Carta abierta. In re: privatización de la AEE

A todos y todas:
Hay una serie de argumentos en contra de seguir una secuencia rígida de políticas para insistir en la privatización de la AEE. 
Adelanto lo que es para mi la razón fundamental para oponerme a la privatización: cuando un gobierno recurre a empresas privadas para administrar servicios básicos, los clientes más pobres a menudo pierden en lugar de ganar. ¿Por qué? 
(1) Sus servicios empeoran. 
(2) La privatización le cuesta más. 
(3) No pueden responsabilizar a las empresas privadas. 
(4) La privatización crea una sociedad dividida. 
(5) No tenemos una voz democrática en un interés social vital. 
(6) Los servicios públicos son monopolios naturales basados ​​en el principio de que todos y todas tenemos los mismos derechos a los servicios públicos. 
(7) Las empresas privadas eligen servicios de acuerdo a sus ganancias y no de acuerdo a las necesidades públicas.
La AEE se compone de dos cosas: generación de energía y distribución de energía. Es cierto que, en gran medida (a los grandes consumidores les gusta mucho menos definitivamente), la distribución de energía es un monopolio natural. 
Pero alimentar las líneas no es un monopolio de ninguna manera. Está bien tener un mercado abierto y competitivo en la generación de energía: es la parte de distribución que debemos observar. El control regulador tiene que ser sobre la parte que realmente es el monopolio. Y esta es una verdad general. 
De hecho, someto que un estudio estructurado sobre el tema sugiere que la utilidad eléctrica es un monopolio natural que abandonado a un destino totalmente libre de mercado no funciona bien, si entendemos que funcionar bien significa el mejor desempeño colectivo.
Es sorprendente que las comparaciones internacionales sigan favoreciendo la propiedad pública, dado que la ideología dominante de nuestros tiempos ha vilipendiado al gobierno y al sector público, al tiempo que celebra la supuesta superioridad del sector privado. En este ambiente, ha sido fácil olvidar que la propiedad pública significa que todos somos dueños de algo, en comparación con la propiedad privada, donde solo un grupo selecto es propietario.
Bajo la propiedad pública, una empresa eléctrica puede tomar iniciativas ambientales importantes, como la instalación y la aceleración de enlaces a fuentes de energía eólica y solar.
Es poco probable que una empresa eléctrica privatizada tome tales iniciativas si interfieren con las ganancias. Y las ganancias privadas, no el interés público, gobernarán en la nueva cultura corporativa. 
En la privatización, un gobierno deja de lado las políticas públicas siendo difícil imaginar un área en la que ceder el control sea más riesgoso que la energía.
La lógica de la privatización se basa en gran medida en dos hipótesis: (I) la hipótesis fiscal y (II) la hipótesis de la eficiencia. 
La hipótesis fiscal (I) sugiere que la privatización aliviará al gobierno de la carga del financiamiento de la inversión, particularmente en el contexto de las presiones fiscales. La hipótesis de eficiencia, por otro lado, sugiere que el rendimiento de los servicios públicos mejorará bajo propiedad privada porque es "obviamente" más eficiente que el sector público.
Si examinamos la evidencia a nivel internacional, debemos concluir que la privatización de los servicios públicos ha sido un fracaso.
La esencia del argumento fiscal es que los gobiernos y las empresas públicas raramente producen costos de servicios de manera efectiva ni pueden generalmente obtener la financiación necesaria para expandir la provisión de servicios. La evidencia: una revisión empírica exhaustiva y profunda de la evidencia sobre la hipótesis fiscal ha desacreditado sistemáticamente el mito de que la privatización aliviará a los gobiernos de la carga del financiamiento de la inversión. En primer lugar, la mayoría de los contratos privados no implican ninguna inversión por parte de la empresa privada en extensiones a hogares no conectados. Los contratos de concesión implican inversiones de empresas privadas para ampliar la red; sin embargo, los compromisos acordados cuando se hicieron estos contratos son invariablemente revisados, abandonados o pasados ​​por alto. Por ejemplo, alrededor del 37% de todas las inversiones privadas en el sector de servicios públicos en todo el mundo se vieron afectadas (se cancelaron o renegociaron), incluidas las concesiones más importantes que representaban el 80% de estos compromisos (Banco Mundial).
En segundo lugar, en la mayoría de los contratos de privatización, la inversión real sobre el terreno, particularmente en la conexión de los hogares pobres, a menudo requería financiamiento público y / o garantías del gobierno. En la mitad de estos proyectos, las concesiones finalmente se dieron por terminadas, mientras que un tercio se vieron afectadas y disputadas.
En tercer lugar, las empresas privadas no necesariamente aportan nuevas fuentes y volúmenes de financiación de inversiones, sino que dependen en gran medida de las mismas fuentes que están disponibles para el sector público. El capital privado rara vez es utilizado por inversores privados.
En cuarto lugar, la contribución de las empresas multinacionales en las inversiones de servicios públicos es insignificante y es poco probable que aumente. En general, como proporción de las inversiones en infraestructura en todo el mundo, la participación de la inversión privada en los servicios públicos no es significativa. Por ejemplo, de 1990 a 2001, solo el 5% de la inversión privada total en todos los proyectos de infraestructura se destinó a inversiones en servicios públicos.
La hipótesis de la eficiencia (II): otro argumento ampliamente utilizado en apoyo de la privatización es la hipótesis de eficiencia que sugiere que el rendimiento mejorará bajo propiedad privada porque es "obviamente" más eficiente que el sector público. 
Las raíces intelectuales del argumento de la eficiencia se derivan en gran parte de las teorías del comportamiento del gobierno. Desde este punto de vista, el bajo rendimiento de los servicios públicos puede atribuirse a cuatro (4) problemas fundamentales: 
Primero, los gobiernos a menudo sucumben a las presiones populistas para mantener los precios por debajo del costo incluso cuando los subsidios no benefician a los pobres. 
En segundo lugar, las empresas públicas se enfrentan a conflictos de intereses porque el propietario también es el mismo que el regulador y, como resultado, los contratos de desempeño no se pueden aplicar con credibilidad. 
En tercer lugar, las empresas públicas se enfrentan a incentivos organizativos perversos derivados de los problemas de medición del rendimiento. 
En cuarto lugar, las empresas de propiedad estatal no están sujetas a la disciplina del mercado. 
Podemos estipular, existe una amplia evidencia de problemas de eficiencia que plagan los servicios públicos. Sobre la base de estos supuestos, gran parte de los debates sobre políticas de infraestructura y servicios supone que lograr el funcionamiento del sector privado es un objetivo en sí mismo y siempre es un resultado deseable.
La evidencia: ¿cuál ha sido la evidencia sobre la hipótesis de eficiencia? Recientemente, ha habido una corriente de evidencia empírica consistente y repetidamente muestra que no existe una diferencia sistemática significativa entre los operadores públicos y privados en términos de eficiencia u otras medidas de desempeño.
Vea, si está interesado: 
Estache, Perelman, y Trujillo, (2005, febrero). Rendimiento de la infraestructura y reforma en las economías en desarrollo y en transición: evidencia de una encuesta de medidas de productividad (documento de trabajo de investigación de políticas del Banco Mundial 3514).
http://wdsbeta.worldbank.org/…/000…/Rendered/PDF/wps3514.pdf
No hay una conclusión que apoye la llamada hipótesis de la superioridad del sector privado en un gran número de estudios sobre la cuestión de la eficiencia privada versus la pública en países desarrollados, en desarrollo y en transición. Concluyen que, con base en la evidencia empírica, un cambio de propiedad del público a privado no es necesariamente una panacea para una organización de bajo rendimiento.
Para los servicios públicos, parece que, en general, la propiedad a menudo no importa tanto como a veces se argumenta. La mayoría de los documentos sobre servicios públicos no encuentran diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de eficiencia entre los proveedores públicos y privados. Este hallazgo es particularmente significativo.
El flujo constante de evidencia empírica ha mostrado consistente y repetidamente la ausencia de una diferencia sistemática y significativa entre los operadores públicos y privados en términos de eficiencia u otras medidas de desempeño. 
Por ejemplo, el FMI, en un documento de política sobre la asociación público-privada (PPP), admite que "gran parte de las asociaciones público-privadas se basa en la eficiencia relativa del sector privado. Si bien existe una amplia literatura sobre este tema, la teoría es ambigua y la evidencia empírica es mixta "
Tomado de:
FMI, Fondo Monetario Internacional 2004. Asociaciones público-privadas 12 de marzo de 2004
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
Como lo muestra la revisión de la literatura analítica, la evidencia empírica no respalda la suposición con respecto a la eficiencia superior de los servicios públicos privatizados.
Mi propósito es examinar la validez de las hipótesis fiscales y de eficiencia que se han utilizado para justificar la ola de privatización. Se pueden sacar dos conclusiones principales:
En primer lugar, contrario a las expectativas, la privatización no ha aliviado a los gobiernos de la carga de la financiación de la inversión y es poco probable que la financiación privada desempeñe un papel importante. Además, en la mayoría de los contratos de privatización, las finanzas públicas y / o las garantías del gobierno son de importancia central para la realización de inversiones reales sobre el terreno, particularmente en la conexión de hogares pobres.
En segundo lugar, los reclamos de eficiencia de la privatización son ambiguos, como lo indican numerosos estudios de casos y pruebas econométricas. 
Estos hallazgos impugnan las dos hipótesis fundamentales que sirven de premisas a la propuesta de privatización, como el FMI y el Banco Mundial, también lo han admitido.
Parece ser la opinión del consenso internacional.
Docenas de gobiernos se han embarcado en el camino hacia la privatización de la electricidad. La privatización de la electricidad se conoce como "liberalización" para disfrazar lo que en esencia es un cambio masivo de propiedad y control de la electricidad de manos públicas a privadas, en nombre de la eficiencia económica y causa de las ganancias privadas. Esto significa que la función de planificación de las autoridades eléctricas se ha abandonado a las fuerzas del mercado. Debido a las fuerzas del mercado, los precios de la electricidad se basan, no en el costo de producción, sino en cuán desesperadamente los consumidores (demanda) quieren electricidad.
¿Por qué confrontamos una propuesta privatizadora que carece de evidencia empírica de apoyo y que se basa en supuestos sin validar y mitos neoliberales? 
Es parte de la fórmula de política neoliberal que implica recortes del gasto público, la privatización de los servicios y activos del gobierno y la desregulación de las actividades comerciales; todo en nombre de los mercados libres, la competitividad, la eficiencia y el crecimiento económico. 
Esta fórmula a veces se conoce como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington deposita fe exagerada en los mecanismos del mercado para resolver problemas económicos y le da prioridad a las metas económicas sobre las metas sociales, destruyendo las tradiciones socialmente beneficiosas y los aspectos deseables de las culturas (lo común). 
Pero la supuesta ineficiencia de los proveedores públicos, en este caso de electricidad, es una retórica infundada utilizada para obtener y mantener el control privado, es una narrativa promocional en lugar de un constructo racional y como hemos intentado someter, se ha desmentido por la evidencia acumulada de años de suministro de electricidad en todo el mundo. 

-pachi/ROF

posdata- La AEE es una empresa cuya burocracia gerencial es simplemente inefectiva, es igual importante señalar que la AEE tiene una nómina que se compone de 50% empleados gerenciales. Luce escandaloso esta distribución que podemos explicar mediante una analogía : imagina un ejército donde cada soldado raso - empleado asalariado- tiene a su lado un oficial. Simplemente impensable. Es FALSO que la privatización per sé sea un recurso tan ampliamente aceptado y de hecho cifras de organizaciones como el Banco mundial y el FMI han tenido que aceptar sus constantes fracasos.