En las semanas pasadas, el mes de agosto, nos han ocupado una cantidad grande e intensa de noticias a todos los niveles. Suele ocurrir cuando estos panoramas convulsos ocupan nuestros espacios de atención que se escapan cosas que debemos saber o por lo menos anotar para investigar. Hoy me ocupa una de esas noticias que como dicen voló debajo del radar, realmente desconozco si alguno de nuestros miles de 'analistas' radiales lo destacó de alguna manera pero para romper con la inercia inicio una mirada hacia la tendencia de activar la división de derechos civiles del Departamento de Justicia que ha anunciado sin ambages el Secretario Eric Holder y voy a puntualizar en la figura de la persona que ha sido nominado para dirigir este esfuerzo de renovación: el profesor Thomas E. Pérez.
Para añadirle digamos sabor local a este tema les voy a adelantar que para efectos de, por ejemplo, las controversias en Villas del Sol como muestra del discrimen xenofóbico contra la comunidad dominicana, este nombramiento debe ser altamente llamativo y espero que resulte esperanzador (valga la redundancia).
Lo cierto es que Pérez es dominicano. Pérez creció en Búfalo, N.Y., donde sus padres se mudaron después de salir de la República Dominicana. Su padre, un doctor, trabaja en el ejército (EUA) y en la Administración de Veteranos. El padre muere cuando Pérez tenía tan solo 12. La madre de Pérez dirigió el hogar tras morir su marido, ella obtuvo un grado en literatura inglesa de la universidad de Búfalo.
Veamos, cuestión de hechos: El presidente Barack Obama ha designado a Thomas E. Pérez, 47, Secretario Auxiliar de Justicia ('Assistant Attorney general for the Civil Rights Division of the Justice Department'). Actualmente el Secretario del Trabajo de Maryland, Pérez es conocido como un experto en derechos al voto y crímenes de odio. Además de sus credenciales académicas indiscutibles (Harvard, Brown, escuela posgraduada Kennedy), Pérez ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la universidad de Maryland, fiscal federal de la división de las derechos civiles de DOJ, y, Asistente del Secretario de Justicia para derechos civiles en una carrera prolongada de servicio publico en temas y aspectos de derechos civiles. Acreditan a Pérez con tomar parte importante en algunos de los recientes casos más difíciles de derechos civiles, incluyendo un caso de crímenes de odio en Tejas que implicaban a un grupo de partidarios de la supremacía blanca que cometieron una racha de crimenes mortales racialmente motivadaos.
El Departamento de Justicia tiene un poder enorme bajo el título VI del Acta de derechos civiles de 1964 para combatir la discriminación en cualquier institución o programa que reciba fondos federales. Esta autoridad es más importante que nunca ahora con el flujo federal de dinero del estímulo (los llamados fondos de Obama). La división debe implementar un programa agresivo para asegurarse de que las escuelas públicas, los hospitales, los sistemas de transporte, los sistemas de viviendas (atención Anibal Vega Borges) y otras instituciones no discriminan.
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece que: "Ninguna persona en los Estados Unidos, por causa de su raza, color o nacionalidad, deberá ser excluida de participar en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal, ni se le negarán los beneficios ni será discriminado en dichos programas o actividades."
Otras cosas que debo citar del expediente de Pérez es que sirvió como asesor especial del senador Edward Kennedy en derechos civiles, derecho penal y temas constitucionales. Durante los dos años finales de la administración Clinton, Pérez sirvió como el director de la oficina para derechos civiles del departamento de Estados Unidos de servicios de salud ('United States Department of Health and Human Services').
Poco después de que el presidente George W. Bush tomó oficina, Pérez dejó al gobierno federal (donde trabajaba en distintas capacidades desde que se gradúa de abogado) y trabajó como asesor por los seis años próximos. Él también comenzó a dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland. En Maryland, enseñó una variedad de cursos desde derecho penal a derechos civiles. Él también se encargó de las clínicas en las cuales los estudiantes de Derecho trabajaron, bajo Pérez, en casos verdaderos en los que defendían a residentes de ingresos bajos en casos de derechos civiles, penal y asuntos laborales. Durante ese tiempo, Pérez también desempeñó servicios profesionales en 'Casa de Maryland', grupo que aboga para la comunidad de latinos en Maryland en coordinación con el ACLU.
Aspectos relevantes para Puerto Rico. Rogelio Clegg, antiguo funcionario en la división de derechos civiles, dijo al Los Angeles Times. "Ambos lados (en referencia a los demócratas y republicanos) sienten fuertemente sobre los temas que la división maneja." Abogados del Departamento de Justicia dijeron esperar que el número de procesamientos de oficiales de policía por violaciones de derechos civiles aumentara debajo de Pérez. Al pedirle que enumere las 10 materias más significativas en las cuales él participó, Pérez nombró solamente casos de la división de derechos civiles. Presidente Barack Obama ha apoyado procesamientos cada vez mayores de la discriminación de empleo y de vivienda, que caerían bajo jurisdicción de Pérez, y el presidente aumentó los fondos para estos procesamientos en su presupuesto.
Como vemos temas importantes y recientes en la isla como los abusos de las autoridades policiales, Villas del Sol, los roles del FBI y la fiscalía federal en la isla (por ejemplo en el asesinato de Filiberto) y otros problemas de derechos civiles tienen una gran vigencia en el temario que se avecina para la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Para ver documentos referentes al proceso de consideración del nominado favor ver:
http://judiciary.senate.gov/nominations/111thCongressExecutiveNominations/AssistantAttorneyGeneralCivilRights-TomPerez.cfm
El compromiso del gobierno de Obama y del Secretario Holder con el tema de los derechos civiles es manifiesto. Igualmente el compromiso con Thomas E. Pérez es férreo. Debo indicar que hasta la fecha los republicanos han hecho lo imposible por detener este nombramiento. El retraso en la llegada de Pérez, igual ha retrasado los planes de revisar a los empleados federales instalados por el equipo de Bush, incluyendo varios mirados con suspicacia por los grupos de derechos civiles (como repetimos en Puerto Rico). Su esposa, Ana Marie Staudenmaier, trabaja como abogado en la clínica legal de Washington para los desamparados llamada 'Washington Legal Clinic for the Homeless'.
Las repercusiones o las aperturas que este nombramiento puedan tener para Puerto Rico son materia de ponderación, análisis y debate, igual su puesto abre canales de comunicación y tal vez hasta más importante, ilumina aspectos vigentes del discrimen racial y los abusos de derechos civiles existentes como en Villas del Sol y los abusos policiales recientes. Veremos.
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2 comentarios:
En un proceso independiente pero dentro del tema de los derechos civiles y en Puerto Rico:
ACLU apela fallo a favor del FBI en caso de la prensa
jueves, 10 de septiembre de 2009
Actualizado hace 17 horas (04:29 p.m. )
Prensa Asociada
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) apeló hoy la sentencia del juez federal José A. Fusté, quien desestimó la demanda civil presentada por periodistas contra el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por violaciones de derechos constitucionales y civiles.
En su sentencia del 14 de agosto, Fusté determinó que, aun cuando había suficiente evidencia para probar que los agentes del FBI violaron los derechos constitucionales garantizados por la cuarta enmienda a los periodistas al atacarlos sin provocación, los oficiales involucrados tienen inmunidad y no tienen que responder civilmente a los periodistas.
La cuarta enmienda de la Constitución estadounidense protege a los ciudadanos de registros irrazonables y de daños a su integridad física por parte de las autoridades.
El incidente en el que los periodistas fueron agredidos y rociados con gas pimienta por los agentes del FBI, bajo el mando del ahora superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, ocurrieron en febrero de 2006.
"Aun cuando el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico determinó que la evidencia demostraba que se podría evidenciar una violación a los derechos constitucionales de los periodistas, la corte (Fusté) determinó que este derecho no estaba claramente establecido al momento del ataque como para hacer responsables a los agentes envueltos", dijo en parte de prensa Catherine Crump, abogada del ACLU First Amendment Working Group.
La representante legal de los periodistas agredidos criticó la decisión de Fusté a favor del FBI porque reconoce que cometieron fallas, pero no los penaliza.
"Esta decisión hace claro que el FBI no puede desplegar fuerza excesiva y acudir a la intimidación cada vez que quiere evitar el escrutinio público. Como surge de la decisión, los reporteros tenían el derecho de acercarse a los agentes federales sin miedo y sin ser hostigados", dijo Crump.
"Desafortunadamente, esta decisión permite que los agentes del FBI que violaron la ley queden impunes de tener que responder por sus actos. Se cae de la mata que cualquier agente del orden público tiene que saber claramente que el uso de fuerza bruta contra reporteros que meramente hacen su trabajo no sólo es inaceptable, sino también ilegal", destacó.
En junio de 2008, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston ordenó a Fusté celebrar una vista evidenciaria, pero el juez optó por resolver el litigio civil sin celebrar la vista.
"La violencia sistémica y sin provocación en contra de periodistas en Puerto Rico es un problema continuo que debe detenerse. Intimidar periodistas para impedir que estos realicen su trabajo es una grave violación de sus derechos constitucionales", sostuvo el director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez.
"Esta decisión es un buen primer paso para establecer normas dirigidas a proteger los derechos constitucionales de los reporteros, pero será un gesto vacío si los agentes no se les hace responsables cuando violan la ley", añadió.
Los licenciados Aden Fine, Josué González Ortiz y Nora Vargas Acosta son parte del equipo de abogados que trabajan el caso en representación de los periodistas.
http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras/noticias/aclu_apela_fallo_a_favor_del_fbi_en_caso_de_la_prensa/330161
En un proceso independiente pero dentro del tema de los derechos civiles y en Estados Unidos:
Piden silencio sobre torturas de la CIA
Ex directores dicen que la pesquisa ayudaría a grupos terroristas
Agencia EFE
Siete ex directores de la CIA le pidieron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que detenga las investigaciones sobre las torturas perpetradas por agentes de la Agencia Central de Inteligencia durante el mandato de George W. Bush.
Los siete ex máximos responsables de la CIA, tres de ellos bajo el mandato del propio George W. Bush, remitieron el viernes una carta a Obama en la que sostienen que las investigaciones podrían desanimar a los agentes en el empleo de tácticas agresivas en la obtención de información en la lucha contra el terrorismo.
Los firmantes de la misiva, que han servido tanto en administraciones demócratas como republicanas, añaden que esa investigación iniciada por el Departamento de Justicia norteamericano podría igualmente inhibir a gobiernos extranjeros en la cooperación con Estados Unidos.
Según el texto, publicado ayer en la página web de la cadena ABC, los ex directores de la CIA afirman que “la difusión de antiguas operaciones de inteligencia sólo puede ayudar a Al Qaeda a eludir al espionaje estadounidense y a preparar futuras operaciones”.
Michael Hayden, Porter Goos y George Tenet, que ocuparon el cargo con George W. Bush; John Deutch y James Woolsey, que trabajaron para Bil Clinton; William Webster, que desempeñó el cargo con George H.W. Bush; y James R. Schelesinger, que lo hizo con Richard Nixon, son los firmantes de la carta, que hasta ayer no había recibido respuesta.
El diario “The Washigton Post” publicó ayer en su edición digital que el Departamento de Justicia estadounidense se centrará en un muy limitado número de casos de abusos y torturas, incluido uno en el que un prisionero afgano murió en un centro secreto, según fuentes conocedoras del caso citadas por el rotativo.
Según el diario, un hombre de 35 años fue torturado en el centro conocido como Salt Pit, al norte de Kabul, donde falleció en noviembre de 2002.
No obstante, el propio secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, precisó hace un mes que la reapertura de investigaciones cerradas por la Administración anterior no necesariamente significa que los responsables de las torturas sean incriminados.
Aunque algunos informes referían la existencia de una decena de casos sometidos a revisión, una fuente no identificada por el rotativo revela que el número será mucho menor.
http://www.elnuevodia.com/pidensilenciosobretorturasdelacia-617292.html
Favor ver:
http://ortizfeliciano.blogspot.com/2009/04/memorandos-sobre-tortura-e.html
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