martes, 19 de junio de 2018

Derogación y delincuencia patronal: una realidad basada en investigaciones y hechos.


Tras la derogación de la Ley 80 un delito corporativo espera para amontonar ganancias ilegales, si te quejas te botan. Es una realidad documentada: El robo de salarios es la denegación del salario o de los complementos salariales debidos a un empleado. Las maneras más habituales de efectuar este robo son: no pagar las horas realmente trabajadas, no pagar las horas extra, no pagar el salario mínimo, no pagar según la categoría real del empleado, descuentos indebidos en la paga, obligar a trabajar fuera del horario acordado en el contrato, obligar a trabajar en vacaciones, etc. Cada año, innumerables trabajadores son víctimas del robo de salarios: el pago incompleto o la negación de pago de sueldos por uno o varios servicios prestados. 
Muchos trabajadores, por miedo a las represalias o temor a perder el trabajo o a meterse en más problemas, dejan que esto suceda aún sabiendo bien que es una gran estafa patronal, derogar la Ley 80 sólo empeora la situación. El robo de salario es toda estrategia o artimaña que resulta en que un empleador no le pague a un empleado el dinero que le corresponde, una queja puede provocar un despido.
En Nueva York, por ejemplo, aproximadamente 2.1 millones de trabajadores les roban un monto acumulado de $3,200 millones en salarios y beneficios, según documentó recientemente el informe “By A Thousand Cuts: The Complex Face of Wage Theft in New York” del Center for Popular Democracy.
Interesado, favor ver:
https://populardemocracy.org/news/publications/thousand-cuts-complex-face-wage-theft-new-york
Desastre y robo de salarios. En la zona de Houston, Texas, fueron cruciales trabajos de limpieza, demolición y el inicio de la reconstrucción de casi 200,000 viviendas dañadas o destruidas, según un sondeo de expertos de la Universidad de Chicago, más de una cuarta parte de los trabajadores reportó que les robaron parte de su salario; el problema no es exclusivo de lo que ocurre en momentos de emergencia, un 44% reportó que les robaron salario en los tres meses previos al sondeo y 57% en el año previo.
Algunos resultados del sondeo: Un 57% reportó haber sufrido robo de salario durante el último año. El 44% lo experimentó en los últimos 3 meses antes del sondeo y 26% en las semanas posteriores a Harvey. El 73% dijo que ha sufrido robo de salario trabajando en Houston. La cantidad promedio de dinero que no recibieron varía entre 212,48 a 2,700 dólares. El sondeo calculó que en las cuatro semanas posteriores al huracán, el grupo de trabajadores perdió cerca de 20,000 dólares en robo salarial.
Interesado, favor ver:
https://greatcities.uic.edu/wp-content/uploads/2017/11/After-the-Storm_Theodore_2017.pdf
El problema es extendido y crece: las víctimas de robo de salarios en Illinois jamás ven un centavo porque el sistema no funciona. La situación ha ido de mal en peor para los miles de trabajadores, mayoritariamente de bajos salarios, quienes han llenado reclamos por unos $50 millones ante el estado desde 2014. Los trabajadores que reportan robo de salarios enfrentan periodos de espera largos, un porcentaje mayor de despidos y más burocracia, según arroja una revisión de The Chicago Reporter. Menos de uno de cada cuatro trabajadores recupera el salario perdido por robo patronal.
The Chicago Reporter encontró: más  reclamos son anulados: 58 por ciento en el 2014, más del 41 por ciento que el 2010. El estado no da seguimiento a por qué los casos son anulados, pero la mayoría son desechados al inicio, antes de que los trabajadores tengan la oportunidad de avalar el mérito de sus casos.
Interesado, favor ver:
http://www.chicagoreporter.com/wage-theft-victims-have-little-chance-of-recouping-pay-in-illinois/
http://www.chicagoreporter.com/how-we-investigated-wage-enforcement-at-the-illinois-department-of-labor/
Good Jobs First, un centro de recursos de políticas centrado en la rendición de cuentas del gobierno y las empresas, realizó recientemente una investigación de un año sobre el robo de salarios por grandes empleadores, compilando información de demandas colectivas presentadas por grupos de trabajadores estafados, así como acciones iniciadas por el departamento de trabajo y las agencias reguladoras específicas del estado. Los resultados, reunidos en un informe publicado esta semana titulado Grand Theft Paycheck: las grandes corporaciones que cambian el salario de sus trabajadores, son reveladores: 4,220 casos desde el cambio de milenio con sanciones por un total de $ 9,2 mil millones. En realidad, casi todos los nombres corporativos conocidos llegaron a la lista de casi quinientas compañías que acumularon multas de más de $ 1 millón.
En la parte superior (por el momento) está Walmart, con un asombroso valor de $ 1.4 billones en arreglos y multas de solo treinta y seis casos.
Ninguna industria está exenta. Hay carga y logística (FedEx, segundo detrás de WalMart en multas totales con $ 502 millones); productos farmacéuticos (Novartis); alimentos y restaurantes (McDonald's, Starbucks, Coca-Cola); tecnología (Microsoft, Apple, Alphabet), y la lista sigue. Podría decirse que el mejor representado es el sector financiero, con cinco de los principales doce infractores como bancos y compañías de seguros. 
Tal vez el aspecto más llamativo del informe es cuán rentables son los peores delincuentes. Diez de los doce más penalizados tienen un total de ganancias de miles de millones, a veces decenas de miles de millones.
Esta realidad en Puerto Rico solo será peor, mucho peor si derogan la Ley 80.
Interesado, favor ver:
https://www.goodjobsfirst.org/sites/default/files/docs/pdfs/wagetheft_report_revised.pdf
https://portside.org/2018-06-16/corporate-wage-theft

Conclusión. Como una declaración de cierre preliminar basada en la investigación, los informes evalúan la prevalencia y la magnitud de una forma de robo de sueldo: violaciones de salario mínimo (los trabajadores reciben un salario por hora efectivo por debajo del salario mínimo obligatorio). 
En los 10 estados más populosos de EE. UU., encontramos que en estos estados, 2.4 millones de trabajadores pierden $ 8 mil millones anuales (un promedio de $ 3,300 por año para los trabajadores durante todo el año) por violaciones al salario mínimo, casi una cuarta parte de sus salarios ganados. Esta forma de robo de sueldo afecta al 17 por ciento de los trabajadores de bajos salarios, y los trabajadores de todas las categorías demográficas son estafados de su derecho a ser pagados justamente.
Interesado, favor ver:
https://www.epi.org/publication/employers-steal-billions-from-workers-paychecks-each-year-survey-data-show-millions-of-workers-are-paid-less-than-the-minimum-wage-at-significant-cost-to-taxpayers-and-state-economies/

Llamado: como hemos podido ver la tendencia al hurto y estafa de salarios es una realidad, y es una realidad desgraciadamente en crecimiento. Como igual hemos visto la fragilidad de las protecciones de los derechos laborales incrementa exponencialmente este tipo de delincuencia patronal y corporativo a gran escala. Es evidente y lógico que derogar la Ley 80 igual que otras medidas que debilitan los derechos laborales es incentivar la delincuencia, estimular el robo de salarios y afecta de modo negativo e injusta la realidad económica de los y las trabajadoras.

-  pachi/ ROF

Otras referencias disponibles:
https://theconversation.com/cheating-workers-out-of-wages-is-easier-than-ever-96758
https://yjolt.org/when-timekeeping-software-undermines-compliance
http://wagejustice.org/wage-theft-facts/
https://www.nelp.org/publications/




1 comentario:

Roberto Ortiz-Feliciano dijo...

La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, mediante amenaza o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo o tercero. Estipulamos: la extorsión NO es un acto democrático, es un acto ilícito que atenta contras las libertades constitucionales y el buen gobierno. Amenazar a empleados públicos (legisladores son empleados públicos) con perder una compensación legal para que decidan en contra de un derecho de empleados privados puede entenderse como proponer un grave conflicto ético. No olvidemos que un despido injustificado es un acto que NO se apoya en una decisión razonable sino arbitraria.